LA DISPUTA POR EL PODER LOCAL
EL DUELO ENTRE PROGRESISTAS Y EL URIBE CENTRO DEMOCRÁTICO.
Ya pronto saldrá humo de la sacristía, donde el propio Petro contribuyó a entronizar una figura de la ultraderecha ideológica que se pertrecha de instrumentos jurídicos, avalados por la actual Corte Constitucional, para combatir ejercicios políticos que favorecen la participación de representantes de sectores de grupos y clases subalternas de diferente origen.
El procurador general borra, valiéndose de instrumentos del poder constituido, lo poco que de ejercicio democrático se ha podido cosechar en estos 22 años abiertos por la Constitución de 1991, que el propio M-19 y la Alianza Democrática ayudaron a establecer, enfrentándose con la centenaria y reaccionaria Constitución de 1886, y con el pasado inmediato del holocausto del Palacio de Justicia, donde Álvaro Fayad y Luis Otero, quisieron forzar cum manu militarii el juicio al presidente Betancur, por su "traición" al proceso democrático que abría con las negociaciones de paz y la reforma política municipal iniciada con la elección popular de alcaldes.
3 NOV 2013 - 11:00 PM
La destitución de Petro
NO ES FÁCIL DEFENDER A PETRO. Sus
frecuentes cambios de equipo y gabinete, la escasa participación de técnicos y
administradores, pero en especial de financistas, en su gestión, y sus
erráticas decisiones lo llevaron a desperdiciar una gran oportunidad heredada,
no producida por él mismo.
Por: Salomón Kalmanovitz
En efecto, Petro pudo haber disfrutado
de la terminación de muchas obras que estaban trabadas por la corrupción y la
negligencia de anteriores administraciones y que se pudieron dar al servicio.
No propuso, sin embargo, una visión futurista, productiva y emprendedora para
cambiarle la cara a Bogotá y sacarla del caos en que vive.
El tema de las basuras, por el que la
Procuraduría lo acusa de dolo y culpa gravísima, fue manejado con desparpajo,
aunque la motivación pudo ser loable: reducir los costos del servicio privado,
entregado sin puja a unos contratistas que financiaban las campañas políticas
del nivel nacional y municipal, uno de ellos muy cercano al ex presidente
Uribe. Se trató entonces de mantener la cruzada anticorrupción que mantenía en
el Senado y sus denuncias contra los hermanos Moreno, que condujeron a su
salida del Polo Democrático, y a recuperar votos de la izquierda en su campaña
por la Alcaldía.
La indignación que produjo la deficiente
recolección de las basuras al principio del intento de municipalizarla es lo que
el procurador quiere explotar para producir su destitución. La flexibilización
de los contratos con algunos de los privados y la llegada del equipo
correspondiente han permitido regularizar el servicio, o sea que la falta no
fue tan grave como gusta de prejuiciar el procurador.
En el pliego de cargos contra Petro, la
Procuraduría aduce que hay falta contra el ordenamiento jurídico que establece
la libertad de empresa en lo que la Alcaldía procedió de manera improvisada y
tardía, recurriendo a la Empresa de Acueducto, cuya misión no es precisamente
recoger basuras, cuando se produjo el vencimiento de los contratos vigentes. Es
extraño que un personaje fundamentalista, que defiende el corporativismo
falangista y el monopolio religioso, esté a favor de la libertad económica que
tendería a socavarlos.
Está el tema de que el procurador, que
no es juez superior y niega el derecho a la defensa, tenga la autoridad para
destituir a personas en cargos que surgen de la soberanía popular. Ordóñez ha
demostrado que se guía por el concepto de soberanía derivada de su dios, o sea
que burla la Constitución de 1991.
Lo más grave es que la Corte
Constitucional sentenció que sí tiene la autoridad para destituir a senadores
como Piedad Córdoba y a alcaldes como Samuel Moreno y Alonso Salazar, o sea que
también burla a los cientos de miles de ciudadanos que los eligieron como sus
representantes, por el hecho de ser sus enemigos políticos. Es así como lo que
no se logra por la política se consigue por medio de actos administrativos.
Petro ha dicho que su destitución provocaría un segundo movimiento 19 de
abril, algo que ha sido descalificado como que no se puede justificar el
retorno a la lucha armada en desacato a un fallo del Ministerio Público. Pero
quizás el mensaje que quiso dar a entender es que no tiene sentido participar
en la competencia política, ganar y ser entonces derrotado por un sistema
cargado a favor de la extrema derecha. No vale la pena, entonces, para los que
escogieron el camino de la insurrección frente a un régimen político cerrado,
negociar una paz sin oportunidades
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