martes, 30 de abril de 2013

LA CRISIS POSPRESIDENCIAL EN VENEZUELA




LA  CRISIS POSPRESIDENCIAL EN VENEZUELA


Nuestro corresponsal en Venezuela, el profesor investigador Justo Soto comparte con nosotros esta información suministrada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. N de la R.


Tomado de la página del PSUV

Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en cadena de radio y televisión


Un saludo a toda Venezuela. Hemos decidido hacer esta cadena nacional para informar sobre las decisiones que el Consejo Nacional Electoral ha tomado en relación con la ampliación de la Verificación Ciudadana, fase II.
El pasado 18 de abril, este Poder Electoral aprobó esta ampliación, luego de una solicitud hecha a esta institución. Desde entonces hemos estado trabajando para garantizar el buen desenvolvimiento del procedimiento aprobado. Es importante resaltar que las organizaciones con fines políticos auditaron en cada una de las fases del proceso electoral todos los elementos que conforman el sistema automatizado, certificando el buen funcionamiento e integridad del sistema.
Allí están las actas de cada auditoría con la firma de sus técnicos, las cuales pueden ser consultadas en el sitio oficial del CNE por quien quiera hacerlo.
Adicionalmente, en el lapso previo a la elección, el equipo del ciudadano Capriles solicitó otras garantías que fueron sumadas al resto de auditorías que ya forman parte integral del sistema electoral, y que el Poder Electoral aprobó luego de constatar que se trataban de solicitudes razonables y dentro del marco de la ley, todo con el ánimo de generar un ambiente favorable para el evento.
Solicitaron en ese momento la incorporación de un testigo por candidato en la sala de transmisión del Sistema de Información al Elector (SIE). Se aprobó.
Solicitaron la inclusión de un testigo en la sala de contingencia de miembros de mesa. Se aprobó.
Solicitaron una nueva auditoría a la memoria removible con datos de las máquinas de votación. Se aprobó.
Estas garantías adicionales, incluyendo la nueva auditoría que mencionamos suman un total de 18 procesos de auditorías. Estas auditorías ahora son desconocidas y silenciadas. Con ese desconocimiento se busca lesionar el proceso electoral aludiendo a temas que ya fueron revisados y certificados por sus propios técnicos. Tal y como lo demuestran unas actas que son de conocimiento público. Un sistema electoral que ha sido reconocido elección tras elección en sus fortalezas, en la confiabilidad de los resultados electorales que han favorecido a unos y otros, y cuya credibilidad se ha demostrado con la alta participación en las elecciones.
A quienes manifestaron inconformidad cuando se anunciaron los resultados electorales, se les advirtió que las vías para recurrir los actos del Consejo Nacional Electoral están en la Constitución y la ley. Les asiste el derecho de impugnar la elección, pero también es su deber presentar las pruebas de ello. Esa ha sido nuestra posición tanto en declaraciones públicas como en las reuniones que hemos sostenido con ellos.
Ante nuestra insistencia para que se introdujera una solicitud formal, finalmente, fue en la tarde del miércoles 17, cuando recibimos una comunicación por parte del ciudadano Capriles con una serie de solicitudes.
Luego de un largo análisis en el Consejo Nacional Electoral, pudimos constatar que es imposible aprobar la solicitud en los términos planteados, ya que no están previstos en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el Poder Electoral, en la búsqueda de una vía para la conciliación, les propuso a los interesados la ampliación de la única auditoria que restaba para culminar con el cronograma de una elección que ya terminó
La decisión fue comunicada al país en cadena nacional al término de la cual se pudo escuchar del ciudadano Capriles su conformidad. No obstante, en sus posteriores declaraciones públicas y la de sus voceros, dijo que lo aprobado ya no era suficiente y que ahora habría que desarrollar una revisión del proceso electoral distinta a la decidida.
Se manipuló para generar falsas expectativas con el procedimiento, incluso haciendo ver que la consecuencia de la verificación ampliada afectaría el resultado electoral.
Lo dijimos ayer y lo repetimos hoy: la verificación ciudadana fase II que fue ampliada, tiene como objetivo definido en la ley el de verificar el buen funcionamiento de la máquina, allí se comprobará la correspondencia entre el comprobante del voto, y el acta emitida por la máquina, en ningún caso se trata de un nuevo escrutinio y por ningún motivo afecta los resultados electorales emitidos por este Poder Electoral la noche del 14 de abril.
Días después de aprobada la ampliación, voceros del equipo del ciudadano Capriles introdujeron un documento distinto al primero, en donde solicitan revisiones impracticables porque están fuera del rango de lo que comprende una verificación ciudadana y de lo aprobado en sesión, y otras que ya habían realizado ellos mismos, como es la auditoría al registro electoral y a la producción de los cuadernos de votación, tal y como consta en las actas de esos procesos.
La solicitud entregada
El documento que recibimos el miércoles 17, firmado por el ciudadano Capriles, constituye, por sí mismo, un intento de impugnación, para el cual tiene legítimo derecho, cosa que ha sido nuestra insistencia. Sin embargo, el documento carece de dos condiciones para ser respondido por el Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, no le corresponde al CNE recibir solicitudes de impugnación en estos casos. Expresamente la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 202 establece que le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia conocer cualquier recurso sobre los actos emitidos por este Consejo Nacional Electoral. Y en segundo lugar, el documento es acompañado de unos anexos que no le permitirían al Poder Electoral realizar ninguna investigación a propósito de lo denunciado porque no señalan de forma clara y precisa cuáles son los hechos que supuestamente vulneraron las normas; cuáles son las mesas electorales; cuáles son las actas; cuáles son las personas involucradas; cuál es el posible daño producido a las electoras y los electores. El que hace una denuncia de esta magnitud debe aportar un mínimo de elementos necesarios para que se pueda constatar que esas denuncias son realmente supuestos de hecho establecidos en la norma y así poder establecer su veracidad.
Ejemplo de ello son los siguientes: el llamado “relación de denuncias” que es en realidad un inventario de reportes, en el que resaltan informaciones como las siguientes:
· En la parroquia San Pedro en Caracas se reportó “asistencia al voto por parte de miembros de mesa a ancianos”;
· En el paraíso “no quieren poner el sello que indica que el elector votó, al libro” (Es importante decir que habla de un sello que no existe desde hace por lo menos 4 procesos electorales).
· En Aragua “la máquina se apagó, se solucionó inmediatamente”; en ese mismo estado ¨la testigo betsy no se presentó”
· Y en Barinas, al reportar que el tipo de problema era testigo limitado en sus funciones, se aclaró que estaba “solucionado. La incidencia nunca sucedió”.
Informaciones como estas son las que abundan en el inventario presentado como prueba. Son datos sin precisión alguna sobre el posible daño al voto, sin descripción de posibles irregularidades en las actas, y en algunos casos, sin ninguna relación con el funcionamiento del sistema electoral y menos aún con un supuesto fraude a la voluntad soberana de las electoras y los electores.
Está conformado por un conjunto de láminas con fotografías y otras con texto y números diversos. Sobre esto, nos gustaría presentar los siguientes ejemplos:
· Se muestra una fotografía de baja calidad en la imagen, de la que se asegura corresponden a una “persona con cédulas no verificadas”. Esta lámina no está acompañada de ninguna denuncia ante el Ministerio Público, ninguna referencia a acta de mesa donde hayan sido utilizadas estas supuestas cédulas y no explica con precisión a qué se refiere con la calificación de “no verificadas”.
· En otra: se muestra una fotografía de baja calidad, con una imagen de la fachada de una casa de la que se asegura corresponde con “casa con máquina de votar. Maracaibo, sector Ziruma. Tienen una máquina y han metido 10 buses con gente votando”. En este caso, la imagen no muestra ninguna máquina de votación, ni los autobuses a los que se hace referencia. No se incluye denuncia ante el Ministerio Público o ante los organismos de seguridad; no hay referencia alguna a cuál centro de votación corresponde esa máquina y cómo se sumarían esos votos a algún centro electoral.
· Una tercera lámina registra 535 máquinas dañadas que afectarían a 189.982 electores. No indica cómo los afecta ni qué sucedió con la mesa de votación donde se encontraban. No específica a qué se refiere con esta calificación: si se trata de máquinas sustituidas por la contingencia, como efectivamente pasó y la votación continuó de forma automatizada, de acuerdo con los protocolos establecidos.

· También se presentan unas láminas con dos textos calificados como denuncia en los que se dice que el presidente Maduro obtuvo entre 95% y 100% en un número de mesas de votación. No sabemos cómo esto supone una irregularidad porque ésta es la expresión de comportamientos del electorado. Fíjense que Capriles obtuvo más de 95% de la votación en 58 mesas.
· Por último, se muestra una lámina donde se afirma que fueron retirados los testigos en 286 centros. Este Poder Electoral no recibió una sola denuncia en este sentido el día de la elección, pero además en la lista de reportes que constituye el anexo A solo aparecen 6 registros referidos a esta situación y en ninguno de estos casos se aportan los elementos mínimos para constatar la veracidad de estas informaciones.
Estos anexos se presentan como las pruebas de un supuesto fraude electoral y como sustento de solicitud para una revisión como si se tratara de irregularidades masivas que afectan los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral.
Esta solicitud desconoce incluso la naturaleza misma del comprobante de voto: Cerca de 15 millones de electores y electoras votaron el 14 de abril y verificaron en ese comprobante que su voto había sido registrado en la máquina tal como fue su voluntad. Este Poder Electoral no recibió una sola denuncia en la que un elector o electora dijera que el comprobante mostraba una opción distinta a la escogida.
Los anexos de la solicitud no constituyen prueba alguna de cómo hubo la supuesta afectación de un número significativo de votos, en un número específico de centros y mesas con nombres y códigos, y como pudo alterar un resultado que cada uno de los candidatos obtuvo en detalle de manos de esta institución para que lo analizaran y contrastaran con sus actas. Resultados que tienen en actas y fueron transmitidos a través de la red de datos que auditaron al día anterior y el día siguiente de la elección y sobre la cual no hubo observación alguna ni evidencia de fallas en la misma. Tal como se evidencia en el hecho de que no existe registro alguno de irregularidades en las actas refrendadas por los testigos.
La auditoría. Cómo la haremos
Antes de hablar de cómo realizaremos esta ampliación de la auditoria es importante recordar que la auditoria de verificación ciudadana fase I, se realizó en 54% de todas las mesas, es decir 20.800, incluso hemos estado revisando los reportes y hemos verificado que en algunas regiones esta verificación se extendió a 60% de las mesas de votación. Este procedimiento se llevó a cabo en absoluta normalidad y dentro de los parámetros usuales, es decir con error cero.
Asimismo, el jueves 18 de abril se realizó la auditoria fase II que es el 0,5% de las mesas electorales con un resultado de error cero.
Este viernes, hemos aprobado en sesión los parámetros que serán utilizados para la ampliación de la verificación ciudadana, en su fase II. Antes nos gustaría recordar que incluye esta auditoría.
El artículo 162 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales indica que la verificación se efectuara mediante la revisión de los comprobantes de votación con relación a los datos contenidos exclusivamente en el acta de votación elaborada por los miembros de mesa. El alcance de esta auditoria es claro. El artículo 437 del Reglamento de esta ley advierte que bajo ningún concepto la verificación ciudadana se considerara escrutinio, ni forma parte de ese acto.
Bajo estas condiciones, el Consejo Nacional Electoral en su sesión del viernes 26 de abril definió los aspectos que serán desarrollados en esta verificación, con lo que cumplimos con el artículo 163 de la ley. Estos aspectos son:
1. Se sacará una muestra aleatoria obtenida del 46% de las mesas que no fueron auditadas el domingo 14 de Abril. La misma será definida en una mesa de trabajo con los técnicos de las organizaciones políticas.
2. Se hará una auditoría durante 10 días continuos al término de los cuales se deberá hacer un informe. Se repetirá la operación hasta llegar al mes.
3. Se realizará en un ambiente seguro y técnicamente controlado
4. Se procurará auditar diariamente la mayor cantidad de mesas de acuerdo a la capacidad instalada en el Galpón de Mariches.
5. Los técnicos de las organizaciones políticas participaran en el proceso.
Desde el mismo momento de la aprobación, este Conejo Nacional Electoral comenzó a prepararse para garantizar el buen desenvolvimiento de esta verificación ciudadana. Se han acondicionado las instalaciones de Mariches, y se han llevado todas las cajas de resguardo, siguiendo los protocolos acostumbrados, a fin de garantizar su realización en el menor tiempo posible. La auditoría se llevará a cabo con el equipo auditor de la Universidad Central de Venezuela, que ha acompañado nuestros procesos desde hace muchos años.
Recurso humano que participará en la auditoria:
Auditores (24); Asistentes de auditoria externos (60); asistentes del CNE (60); coordinadores externos (6); coordinadores del CNE (12); técnicos de las organizaciones políticas (30).
Venezuela sabe que esta institución defiende la voluntad de las electoras y electores, que nuestra labor es garantizar la expresión libre y transparente de la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos. Así lo hemos demostrado en estos años. Hemos asumido con gran responsabilidad y seriedad los acontecimientos que se desencadenaron luego del evento del 14 de abril.
Aseguramos desde un primer momento los derechos que le asisten a la personas e insistimos hasta el día de hoy en que todo desacuerdo con los resultados debe canalizarse a través del marco jurídico que rige el Estado de Derecho venezolano.
Seguimos trabajando con seriedad, para culminar la Verificación Ciudadana y continuar con actividades pendientes, entre ellas reactivar los lapsos suspendidos de la elección municipal que estábamos organizando antes del evento sobrevenido. A las venezolanas y venezolanos les decimos: es la hora de la sensatez, de apostar a la racionalidad y al respeto a la Constitución y la ley. Es obligación ineludible de cada ciudadana y ciudadano de este país, aportar al mantenimiento de la paz nacional y construir la convivencia en sociedad.
Continuemos, haciendo democracia verdadera.
  • © 2013 Microso

SOBRE  EL POT  DISTRITAL Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DE LOS PREDIOS DE LA NACIONAL  SEDE BOGOTÁ.
En fechas recientes, y durante la asamblea de trabajadores, hubo discusiones y aproximaciones al tema de lo que pudiera ocurrir con los predios contiguos al CAN, y que son parte integral del campus universitario. Desde entonces casi ha habido una solicitud de documentos, por vía de derecho de petición, firmado por un conjunto de profesores, para que la documentación disponible en la dirección de la Universidad sea entregada y hecha pública. Por lo pronto, el Rector nacional  rinde este comunicado que desmiente especies en dirección contraria. Estamos atentos a cualquier información y a la discusión foral de esta y otras materias. N d la R. 

COMUNICADO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Y EL VICERRECTOR DE LA SEDE BOGOTÁ

Ante la creciente especulación de algunos integrantes de la comunidad universitaria en Bogotá que, a través de comunicados y mensajes, desorientan y desinforman generando especial preocupación respecto al proyecto de renovación urbana del CAN, cuando se afirma que la Universidad Nacional de Colombia perderá los terrenos de la Clínica Santa Rosa, así como los predios ocupados hoy por el edificio Uriel Gutiérrez y las construcciones de la Unidad Camilo Torres, nos permitimos precisar que estos bienes no han sido cedidos, negociados o incluidos como parte de dicho proyecto.

La Universidad Nacional de Colombia, en cabeza de sus actuales directivas, se opondrá a cualquier iniciativa que contemple tomar espacios físicos que están reservados única y exclusivamente al servicio de la educación superior pública de calidad que desarrolla  la Universidad Nacional de Colombia desde hace 146 años.

Por el contrario, estamos trabajando con el Congreso de la República, el Gobierno nacional y muchos aliados de la sociedad colombiana para obtener mayores recursos que nos permitan mitigar el impacto del actual desfinanciamiento.

Ante la crisis de cobertura y calidad por la que atraviesa el sistema en general, la Universidad Nacional de Colombia ha liderado la iniciativa de reforma de la actual ley de educación superior, no solo para obtener los recursos que permitan alcanzar el objetivo de tener en Colombia una universidad de talla mundial, sino también para que la Institución pueda brindar un mayor acceso a poblaciones sociales cuya única oportunidad de educarse con calidad es preparándose muy bien para ser admitido en la Universidad Nacional de Colombia.

Finalmente, y por ser de interés académico para la Universidad, los invitamos a participar en el Foro sobre Renovación Urbana del CAN: Políticas y Efectos, que se realizará el próximo jueves 2 de mayo en el Auditorio Principal del Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de nuestra Universidad y se transmitirá en directo por el canal web Prisma TV  y por UN Radio (98.5 FM).

Dado en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de abril de 2013.

(original firmado por)
IGNACIO MANTILLA PRADA
Rector           
(original firmado por)
DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ LOSADA
Vicerrector Sede Bogotá

sábado, 20 de abril de 2013


Tejido de Comunicación 
 y de relaciones externas para la verdad y la vida
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BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL
Comunicamos para reflexionar, decidir y actuar
NUESTRA PALABRA

El asesinato del The Wala – Médico Tradicional, Benancio Taquinás, no tiene justificación. Este hecho de crueldad desarmoniza el territorio indígena nasa. Los The Walas – Médicos Tradicionales siempre han orientado a las comunidades en el proceso organizativo, ellos y ellas enseñan a cómo estar en constante relación con la Madre Tierra. Mientras avanzan en los diálogos de paz, los grupos armados legales e ilegales siguen matando y sometiendo a nuestros pueblos al terror y a la zozobra. Cada día militarizan más nuestros territorios, causando intranquilidad con los estruendos de los combates, retienen y agreden físicamente a los comuneros indígenas, matan líderes y sabios espirituales de nuestras comunidades. Mientras tanto la política de las locomotoras da vía libre a los intereses de las transnacionales para que desarrollen grandes proyectos de exploración y extracción de recursos naturales que siguen ocasionando desplazamiento a las comunidades y daños ambientales a nuestra Madre Tierra. Todos estos proyectos asistenciales, extractivistas e ideológicos que llegan desde afuera, siguen avanzado con el firme propósito de romper nuestros Planes de Vida.

Autor:  Autoridades Tradicionales del Resguardo y Municipio de Jambaló - Cauca - Colombia

Nuevamente seguimos siendo víctimas del conflicto armado en nuestro territorio indígena de Jambaló
“Una vez más las armas de fuego enlutan el territorio de Jambaló”
 
Comunicado a la opinión pública, 18 de abril del 2013
 
altLa Autoridad Tradicional Nejwesx de Jambaló comunica a la opinión pública nacional e internacional, que nuevamente somos víctimas del conflicto armado. El día jueves 18 de abril del 2013, siendo a las 7.30 am, tres personas encapuchados llegaron en la vereda Barondillo, sitio el Asio en donde vivía el señor Benancio Taquinás, obligándolo a que los acompañara a salir fuera de la vivienda y una vez sosteniéndose a no acatar las órdenes de ellos. El señor Benancio sale de su vivienda dirigiéndose al sitio del trabajo y es allí en donde los infractores le disparan en dos ocasiones con armas de corto y largo alcance. Estos hechos ocurridos son ocasionados por las milicias de las FARC.
 
Teniendo en cuenta estos nuevos acontecimientos, las autoridades tradicionales, los Kiwe Thegnas y Khambu Wesx del Resguardo y Municipio de Jambaló, nos vemos en la obligación de continuar el proceso de investigaciones sobre los casos ocurridos de nuestros comuneros asesinados en el territorio. 
 
altBenancio Taquinás tenía 49 años, era padre de siete hijos, cuatro de ellos mayores de edad y tres menores. Era muy orgulloso cargando su bastón de mando en la guardia indígena por eso era Kiwe Thegnas, un guardián de su territorio desde el año 2001. Fue presidente de la junta de acción comunal de la vereda Barondillo en el año 2001 – 2004.  Además era khambuesx – cabildante de su vereda en el 2003. También estuvo a su cargo la coordinación de la guardia indígena en la vereda y en la zona media de este resguardo, en los años 2005 y 2007. En estos momentos tenía el cargo de conciliador veredal que venía ejerciendo desde el 2012 hasta la fecha.
 
Con estos hechos de crueldad, da cuenta que los actores armado continúan violentando los Derechos Humanos al Pueblo Nasa y Misak del territorio. Con estas acciones buscan debilitar nuestro proceso organizativo.
 
Cabe recordar que desde el inicio de este año 2013, han sido asesinados ocho personas. De las cuales cuatro comuneros indígenas son asesinados dentro del territorio de Jambaló y los otros cuatro por fuera del Resguardo. 
 
La autoridad tradicional Nejwesx del Resguardo de Jambaló, da a conocer los hechos ocurridos y la posición política organizativa frente a los hechos ocurridos:
 
1-Denunciar a nivel nacional e internacional, el asesinato de BENANCIO TAQUINÁS por parte de las milicias de las FARC que son hechos de violación a los Derechos Humanos. 
 
2-Solicitar a los organismos de Derechos Humanos, Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Cruz Roja Internacional, Derecho Internacional Humanitario, Iglesia Católica y otros organismos que incidan en la protección dentro de las Sentencias T- 025 de 2004 y el Auto 004 del 2009 para prestar la ayuda inmediata y humanitaria.
 
La autoridad tradicional indígena de Jambaló ratifica su posición política de autonomía y de lucha por la defensa de la vida y del territorio. Hace un llamado a las autoridades tradicionales de la zona norte del Cauca - ACIN, al Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC y a la Organización Indígena de Colombia, a la unidad y a la solidaridad. En el marco del fortalecimiento de los planes de vida de los Pueblos Indígenas, de las organizaciones sociales y populares, para la resistencia pacífica en todo el territorio colombiano.
 
Finalmente, la autoridad tradicional de Jambaló como máxima autoridad del territorio, rechaza la actuación de los actores armados en conflicto y demás intereses económicos político e ideológicos en el territorio, que con su actuar pretenden desestabilizar la dinámica organizativa y colocar en riesgo la vida, el territorio, la cultura, el gobierno propio y a la Madre Tierra.


Las voces de Colombia


CRIC: Condenamos asesinato de líder espiritual en el Resguardo de Jambaló
La Consejería Mayor del CRIC, una vez más rechaza y condena los permanentes hechos de amenazas y asesinatos a comuneros indígenas de los territorios.  No podemos permitir que los enemigos de la vida sigan rondando nuestros territorios y causando daño a las comunidades indígenas, dejando en desarmonización y desolación a familias y comunidades, víctimas de las acciones de exterminio. http://www.cric-colombia.org/portal/condenamos-asesinato-de-lider-espiritual-en-el-resguardo-de-jambalo/

viernes, 19 de abril de 2013


LA NACIONAL, TERRITORIO PARA LA PAZ  Y LA IGUALDAD SOCIAL

Miguel Angel  Herrera Zgaib

Proyecto @utonomistas


                                                               Hoy ha empezado el Congreso por la Paz, en los predios de la Universidad Nacional, lo organiza el Congreso de los Pueblos, y tiene el apoyo del Centro de Pensamiento. Hay una rectificación, positiva, en el sentido de lo ocurrido cuando se inició el proceso de reflexión con ocasión de las negociaciones de paz. Estaba pensado para realizarse en la Nacional, pero, en cambio, se trasladó al Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada.

No hay duda que vendrán otras oportunidades, y eventos, en que las organizaciones ciudadanas, de diverso tipo contribuirán con sus reflexiones en los espacios y predios de la nación que son los de la Universidad Pública; y se garantizará que el debate fluya más allá de las consideraciones de las dos interlocuciones, con coincidencias y disensos, hasta que a propósito de la paz, llegue el momento de decidir la liberación de la guerra, sin exclusiones, en una magna constituyente, que no podrá dejar de ser una constituyente social.

 Y como componente fundamental de ella la Constituyente Educativa que le cambie el rumbo a la Ley General de Educación en términos de garantizar la gratuidad de toda la educación pública, y las medidas complementarias que la hagan practicable. Para efectivamente, compartir la prosperidad de los pocos.

Por la conquista de la igualdad social

Para quebrarle las vértebras a la miseria y a la pobreza, cuya asfixiante condición es la desigualdad que crece, y que puso a Colombia en el segundo peor lugar en América Latina, y en el sexto peor lugar en el mundo hasta el año 2012.
Ahora, dice Santos,  que la pobreza cayó 1,4 puntos, y 4,5 en los dos últimos años. Y se señala que ahora la pobreza es del 32,7 por ciento, una insultante y denigrante cifra, que hace comprensible por qué Colombia no es todavía una democracia viable, y en cambio sea un jardín en el que florece todo tipo de clientelas y corrupciones políticas y privadas.
Ahora nos dice el DANE, que la desigualdad pasó de 0,548 a o,539, y que en consecuencia ahora está Colombia ascendió del sexto lugar al diecinueve en una lista de 48 países que miden la igualdad de sus sociedades. Esperemos los comentarios y los ejercicios desagregados de la nueva metodología.
Para entonces, amanecerá y veremos.

domingo, 7 de abril de 2013

En la experiencia de la lucha por liberarnos de la guerra, que tendrá un episodio emblemático este 9 de abril, es útil y significativo reproducir este Boletín, "Nuestra Palabra", como lo hemos hecho en otras oportunidades. Aquí, en particular, el tema es el conflicto armado y la minería.  Los invitamos a visitar el blog: plataformaabiertaparalapaz.  N d la R.

BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL
Comunicamos para reflexionar, decidir y actuar
NUESTRA PALABRA
Autor:  Tejido de Comunicación - ACIN

El Norte del Cauca desde hace muchos años ha sido un territorio geo-estratégico donde los grupos armados se disputan el territorio para implantar su política guerrerista entre los grupos étnicos que habitamos en estas tierras fértiles y de grandes riquezas naturales como el agua, la biodiversidad y los diferentes metales que se encuentran en el sub suelo.

Ante las múltiples batallas realizadas por las guerrillas y las fuerzas militares del establecimiento, las comunidades indígenas que habitamos aquí hemos logrado resistir al sometimiento armado e ideológico. Gracias a la conciencia de las comunidades que han optado por caminar el Plan de Vida con el ánimo de defender los territorios ancestrales, espacio donde se tejen los pensamientos colectivos.

Con el pasar de los años, y, a través de asambleas, congresos y foros comunitarios; nos hemos dado cuenta de que dichas disputas territoriales obedecen a intereses económicos externos que han mirado en nuestra casa grande un lugar ideal para hacer sus inversiones económicas con el propósito de aumentar sus ganancias a costa de la destrucción de la Madre Tierra, tal cual como viene pasando en el territorio nacional. Uno de los casos más conocidos e ignorados por el gobierno colombiano ha sucedido en el departamento del Huila con la construcción de la represa del Quimbo, donde las comunidades han manifestado el descontento desde hace mucho tiempo, pero la respuesta del gobierno ha sido la represión por medio de las fuerzas militares que están al servicio de las transnacionales.

Otro de los casos ejemplares de lucha organizada es la batalla que están librando los campesinos de Ituango en Antioquia, donde la ambición de la Empresa de Servicios Públicos de Medellín ha llegado con la propuesta de supuesto desarrollo a través de la construcción de la represa Hidrohituango. Estas comunidades se han manifestado ante la imposición, pero lo que ha hecho el gobierno departamental y nacional es reprimir al pueblo que reclama sus justos derechos. 

Lo mismo viene pasando con la explotación de oro que se lleva en los diferentes departamentos de Colombia tal cual como La Colosa en Cajamarca - Tolima,Cerrejón en la Guajira y un sinnúmero de minas grandes que se camuflan con la reforma del código minero que le abre la puerta a los de afuera y reprime con la fuerza pública a los mineros artesanales que buscan el sustento diario de sus hijos.

Ante la preocupación, en el año 2009 las autoridades ambientales de ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca), realizaron la Primera Minga Territorial Económico Ambiental con el fin de alertar a las comunidades sobre la problemática que estaba llegando en ese tiempo a los territorios indígenas. En esta importante minga de pensamiento uno de los invitados como ponentes fue el investigador Cesar Padilla del Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica, quien hizo hincapié sobre la problemática minera en países como Guatemala, Bolivia, Perú y otros. Textualmente le habló a la asamblea diciendo “La minería no aporta a las economías locales. Al contrario, empobrece a las comunidades porque los minerales se acaban para siempre y solo quedan los desechos tóxicos que perduran por muchos años causando graves enfermedades a la población que habitan dichas tierras. Tampoco es cierto que la minería genera ingresos para el país. ¿Qué pasa con el pasivo ambiental? ¿Es el país o las comunidades quiénes pagan los daños ecológicos?”.

“El problema es que particularmente en América Latina se ha generado un proceso impulsado por el mito del desarrollo, es decir que si tenemos minerales tenemos que explotar porque no podemos ser mendigos estando sentados en un saco de oro y que hay que ser ricos y para serlo tenemos que explotar. Eso ya está demostrado que no sirve. Pero es algo que está metido en la cabeza de la gente y en la mente de los políticos porque todo político tiene mentalidad extractivista, es decir, su lógica es que nuestros recursos hay que explotarlos sin importar quien se perjudique", continuó Padilla y terminó con la siguiente reflexión, “Podemos vivir sin oro; pero no podemos vivir sin agua y aquellas comunidades a las que les falta agua, es probable que le sobre minería”.

altPor otra parte, a pesar de la concientización que se viene generando en los diferentes espacios de debate frente a la minería, algunos comuneros de los resguardos de Canoas, Munchique los Tigres y en las riberas de los ríos en Toribio, Jambaló y Caloto, ha demostrado que la necesidad de la gente ha sido más fuerte que la misma conciencia porque a pesar de los diferentes debates y vías de hecho para tapar los socavones, no han generado los resultados esperados debido a que algunas personas continúan con sus labores de destrucción de la Madre Naturaleza.

Ante esta situación y en aras de continuar moviendo conciencias a nivel local, nacional e internacional, el Tejido de Comunicación, al inicio de este año 2013, terminó una producción documental titulada “Y siguen llegando por el oro”. Trabajo audiovisual que narra la problemática minera en el norte del Cauca, la militarización del territorio y las múltiples estrategias que busca el gobierno por medio de las reformas de las leyes con el ánimo de seguir implementando una de sus locomotoras del supuesto desarrollo.

Esta y muchas situaciones que acontecen a diario en nuestro país nos hacen ver que las justas luchas en Colombia se siguen dando por medio de la organización de los sectores sociales del país que han levantado su voz de protesta ante las diferentes negativas del gobierno nacional.

Por otra parte entendemos que el proceso de paz nos es tan bueno como lo pinta el gobierno nacional a través de sus medios masivos de comunicación porque mientras él habla de paz, las comunidades afros, campesinos e indígena sentimos lo contrario. Nos siguen matando, así lo ha demostrado el último hecho en el municipio de Caldono, donde el ejército nacional asesinó a un comunero indígena.

También es claro que al gobierno no le interesa la verdadera paz, porque es lamentable que pensando en el posconflicto, luego de la negociación en la Habana - Cuba, haya destinado de los recursos públicos 18 billones de pesos para implementar el pie de fuerza militar. Esto nos deja mucho que pensar ¿si hay paz, para qué tanta inversión en lo militar? Entonces no es cierto que se está negociando la paz, de lo contrario vemos que se están es repartiendo el país para seguir la guerra en contra de los que se oponen a las políticas que nos arrebatan la soberanía y convierten los territorios en mercancía para exportar.

En ese sentido los pueblos indígenas estamos seguros que la paz será una realidad cuando se mejoren las inversiones estatales en la salud, en la educación, en vivienda y cuando no privaticen los servicios públicos. De la misma manera la paz será todo un éxito cuando nuestro territorio esté libre de la minería, de la militarización y de los TLC. De lo contrario la sociedad solo verá la paz en discursos vagos de quienes confunden al pueblo por medio de la propaganda.

Lo  cierto es que si dejamos que en nuestro territorio se siga trabajando la minería, vamos a tener “pan para hoy y hambre para mañana” así lo han expresado las personas de la comunidad que se oponen a estos proyectos de muerte.

Le conflit armé et l'exploitation minière vus de l'intérieur - Traducido al francés
Le Nord du Cauca est, depuis de nombreuses années, un territoire géo-stratégique que les groupes armés se disputent pour imposer leur politique guerrière aux groupes ethniques, habitants de ces terres fertiles pourvues de grandes richesses naturelles comme l'eau, la biodiversité et les différents métaux que l'on trouve dans ses sous-sol. http://www.nasaacin.org/documentos-nasaacin/5582-le-conflit-arme-et-lexploitation-miniere-vus-de-linterieur
  



viernes, 5 de abril de 2013



El colega Francisco Hidalgo, investigador de la cuestión agraria y sus procesos políticos en Ecuador, y coequipero en el proyecto seminario internacional A. GRAMSCI, nos comparte ahora las resoluciones tomadas por la FENOCIN, en el marco de la nueva presidencia de Rafael Correa. Todo lo cual resulta de interés especial en las negociaciones de Paz, que se adelantan en Colombia. N d la R.

RESOLUCIONES DEL XI CONGRESO DE LA FENOCIN

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STA LUCIA –GUAYAS- ECUADOR- MARZO 2013
FENOCINLas campesinas, campesinos, indígenas, montubios y  afrodescendientes de la Costa, Sierra y la Amazonía ecuatoriana, organizados en uniones y federaciones que conforman las bases de FENOCIN, junto con invitados de organizaciones fraternas,  nacionales e internacionales nos convocamos a este  nuestro  XI Congreso Nacional de la FENOCIN denominado Mardoqueo León. Nuestro objetivo  es articular de manera democrática y colectiva una agenda de lucha, a corto y largo plazo, la cual  orientará  el rumbo de nuestra organización  frente a la actual coyuntura política y que pone como centro  de su accionar  las demandas históricas  de los sectores campesinos. 
Es así que, reunidos en la ciudad de Santa Lucía provincia del Guayas, los días 15 y 16 de Marzo de 2013 proclamamos nuestros acuerdos luego de un debate profundo y colectivo que evidencia el trabajo de estos dos días de Congreso.
Que si bien el Gobierno del economista Rafael Correa ha impulsado aspectos positivos como la infraestructura  vial, la educación, salud  y otros sectores; el actual régimen  mantiene una DEUDA AGRARIA con las campesinas y campesinos de Ecuador. En estos 8 años de revolución ciudadana, no se ha logrado revolucionar el campo,  se sigue favoreciendo a la agricultura para la exportación y el agronegocio y no para los pequeños productores sin tierra, campesinas y campesinos. Se intensifica el acaparamiento de tierras, no existe una real redistribución, no hay acceso al agua, no se impulsa el crédito ni se crean mecanismos para comercializar de manera justa nuestra producción.
En ese sentido,  rechazamos la posibilidad de modificar la Constitución vigente con la intención de fomentar los transgénicos y agroquímicos, que atentan contra la Soberanía Alimentaria y el Sumak Kawsay de los pueblos de nuestro país. Definitivamente, estos son temas que distanciarían a nuestra organización  FENOCIN del Gobierno. La revolución no se hace con reformas sino con cambios estructurales del Estado, por lo tanto:
RESOLVEMOS:
  • •Que la FENOCIN  lleve las propuestas y resoluciones  aprobadas en este XI Congreso,  que confirman las demandas  y preocupaciones desde las bases de nuestra Organización y desarrollar un mandato o resolución para su cumplimiento en el margen constitucional. 
 
  • •Defendemos la autonomía de las organizaciones y rechazamos toda intromisión, cooptación de nuestros cuadros e intenciones de dividir e ilegitimar procesos de lucha de organizaciones como la nuestra.
  • •Manifestamos  la unidad  férrea de todas las estructuras, organizaciones de base, organizaciones regionales y en general de toda la FENOCIN, en contra de cualquier interés externo por desunir a la militancia y dividir a la Organización.
 
  • •Exigir al Gobierno nacional y su mayoría parlamentaria, el desarrollo de políticas, leyes y la suficiente inversión pública para transformar las actividades en el campo: Ley de Tierras, Agua, mercados, empleo, semillas, tecnología, vías de segundo orden; de tal manera que se fortalezca a los pequeños y medianos agricultores y a la agricultura familiar.
  • •Exigir al Gobierno promover e implementar las políticas de Soberanía Alimentaria, Participación, Control Social e Inversión pública en agricultura sin  vulnerar la cultura, las costumbres y los modos de vida de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y negras dentro del país. Exigimos que los campesinos y campesinas controlemos el buen uso de esta inversión estatal en nuestros propios espacios
  • •Advertir a todos los sectores de la  sociedad ecuatoriana de los perjuicios que significarían para el país la implementación del uso de cultivos transgénicos y el desarrollo de una industria de agrocombustibles. Defenderemos lo conseguido en la Constitución en la que se declaró al Ecuador libre del cultivo de semillas transgénicas. Haremos ver al Gobierno nuestro sentido rechazo en caso de que se llegue a aplicar estas políticas transgresoras de la vida.
  • •Es necesario proteger los espacios de cultivo de alimentos que van a ser  arruinados y desplazados por estas propuestas. Igualmente mostramos nuestra apertura a generar un gran debate nacional. Asimismo, nos sumamos a la carta de la Vía Campesina enviada a Rafael Correa donde se argumenta por qué los transgénicos nos son una alternativa.
  • •Este XI  congreso de FENOCIN apoya y legitima las 9 propuestas de Ley construidas participativamente por la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria como son: Ley de Tierras y Territorios, Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agroecología, Ley de Comunas, Ley de Pesca, Acuacultura y Manglar, Ley de  Agroindustria y Empleo Agrícola, Ley de Sanidad Animal y Vegetal, Ley de Consumo, Ley de Comercio para la Soberanía Alimentaria, Ley de Crédito, Seguros y Subsidios para el sector Agropecuario
  • •Fortalecer las Organizaciones de base e impulsar la Interculturalidad en las entidades públicas.
  • •Rechazar la criminalización de la protesta social y exigir  la eliminación de ésta como parte de las reformas del nuevo Código Penal Integral.
  • •Institucionaliza el intercambio de productos y creación de redes de comercialización comunitaria entre las organizaciones integrantes de FENOCIN.
  • •Legalizar la nueva directiva en el MIES elegida en este XI Congreso y realizar los trámites pertinentes para que se reconozca como la única directiva vigente.
  • •Elegir dirigentes que tengan trayectoria reconocida en la dirigencia de sus bases y garantizar la equidad de género.
  • •Hacer un inventario de las organizaciones que legalmente pertenecen a FENOCIN  y realizar su respectivo seguimiento a las organizaciones que siendo filiales legalmente no han asistido a este Congreso.
  • •Fortalecer nuestro proceso de autonomía organizativa para evitar la intromisión externa de partidos políticos e interés electorales individuales.
  • •Requerir que los jóvenes que han recibido formación por parte de la FENOCIN apoyen a las organizaciones de base por lo menos 2 años consecutivos de manera obligatoria.
  • •Analizar desde las bases la selección de becarios para recibir formación, considerando su condición económica.
  • •Continuar nuestra vocación internacionalista  fortaleciendo nuestra articulación CLOC-VIA CAMPESINA. Apoyando sus campañas, movilizaciones y participando activamente en todas las iniciativas que en esta unión latinoamericana se viene trabajando.
  • •Defender y ratificar la tendencia socialista de nuestra organización que contribuya a la transformación social de campesinos, indígenas, negros y montubios.
  • •Exigir el debate y una propuesta de Ley para definir los alcances y limitaciones de la aplicación de la Justicia indígena.  Analizar y discutir en qué casos es válida la declinación de la competencia, en temas de violencia contra las mujeres y delitos penales.
  • •Exigir el cumplimiento de la Constitución y la participación activa en la definición del nuevo  Plan Nacional del Buen Vivir.
 
De la elección de nuestra directiva:
El sábado 16 de Marzo del 2013 con la presencia de representantes de las siguientes organizaciones de Base: FOCAO, UOCAME, UNOSCAL, UOCQ, FOCAZNOM, UCAZUM, UNOCAM, UNORCAC, FICAPI, UNIOCIAE, UNOCC, UCOPEM, UCICAQ, MIT, CORPOANDES, ACOSL, FUPOCPS, UNOCYP,  ASOAC y  las organizaciones fraternas: ALCALUNA, PACAT, COUNORCUR, FOCNER, UACH y UNOCANE, se procedió a la elección del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional de la FENOCIN 2013-2017.
Se nombró una Comisión Electoral conformada por:
Francisco García, Delegado de la Secretaria operativa de la CLOC LVC
Sr. Luis Lita Saraguro y Adelina Jiménez, quienes se encargaron del conteo de votos.
En el proceso electoral se eligió a los siguientes compañeros y compañeras, en las siguientes dignidades: para conformar el consejo ejecutivo para el periodo 2013-2017.
 
Santos Villamar
Unión de Organizaciones Campesinas de Santa Lucía
Presidente del Comité Ejecutivo FENOCIN
 
Carlos Moreta                                                                  Alexandra Chávez
PACAT - MIT                                                                             UNORCAC
Vicepresidente                                           Secretaría de Actas y Comunicaciones
 
 
Segundo Inlago                                                                Irma Chalacán
UCCOPEM                                                                               FICAPI
Dirigente de Organización                                     Dirigente de Educación
 
 
Franklyn Columba                                                             Byron Shuño
Taytas y Mamas Yachaks                                                   UOCQ
Dirigente de Salud y Seguridad Social                   Dirigente de Finanzas
 
Elizabeth Rosillo                                                                      Manuel Morales
     FOCAO                                                                                  UACH
Dirigente de Tierras y Territorios                        Dirigente de Comunicación
 
Luz María Andrade                                                                     María Sarango
     UNORCAC                                                                               ACOSL
Dirigente de la Mujer                                                      Dirigente de Jóvenes
 
   Malaquías Santos
     UNOCYP
Dirigente de Asuntos Jurídicos