viernes, 27 de julio de 2012


Paola Camacho, estudiante de maestría en el Departamento de Ciencia Política

 en la Universidad de los Andes, comparte con nosotros esta remembranza

 del sarcasmo político de Jaime Garzón, quien fuera estudiante de la Facultad

 de Derecho de la Universidad Nacional. Aquí el tema es la propuesta de 

constitución uribista ante la cual  se devanan los sesos el presidente y el vicepresidente

 convaleciente. N d la R.

Historia

imprimir
Godofredo Cinico Caspa

¡Exclusiva!: texto de la Constitución Uribista

Por: Godofredo Cínico Caspa
Voy directo y al grano. ¡Esta vaina la refundamos como sea! Ya tenemos en el Puro Centro Democrático la letra de la nueva y breve Constitución, que haremos aprobar en la inminente Constituyente que vamos a convocar. En exclusiva les entrego el sagrado texto que nos regirá muy pronto.
En nombre de Uribe y de Dios, fuentes supremas de toda autoridad, la Asamblea Nacional Constituyente decreta, sanciona y promulga la siguiente:
CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 1. Colombia es un Estado de Opinión, organizado en forma de Convivir descentralizada, fundada en el respeto al negocio y en la prevalencia del interés del capital.
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la clase empresarial y terrateniente. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas de estrato 6.
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Artículo 3. El derecho a la justicia privada es inviolable. Habrá pena de muerte.
Artículo 4. Se garantiza el derecho a la desaparición forzada, los falsos positivos y la tortura.
Artículo 5. Solo los blancos y católicos nacen libres e iguales ante la ley.
Artículo 6. La soberanía reside exclusivamente en la militancia del Puro Centro Democrático.
DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES
Artículo 7. La familia producto del matrimonio católico es el núcleo fundamental de la sociedad. Solo los hijos habidos en el matrimonio católico tienen iguales derechos y deberes. La pareja no católica solo podrá tener un hijo, ojalá varón. Dejan de existir la unión libre y el matrimonio civil. Los gays serán conducidos al reformatorio.
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE
Artículo 8. La ley no responderá por servicios públicos y de salud generales. Proveer dichos servicios vendrá exclusivamente de la iniciativa privada o del rebusque.
Artículo 9. El Estado no se responsabiliza de un ambiente sano. La industria, la minería y el agro prevalecen sobre lo ambiental.
Artículo 10. El Estado entregará al sector privado nacional y extranjero los recursos naturales, renovables o no, y evitará el embeleco del desarrollo sostenible.
Artículo 11: Nadie será perseguido por causa del deterioro ambiental.
DE LA PROTECCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS
Artículo 12. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados del oportunismo y la plutocracia.
Artículo 13. Queda abolida eternamente la acción de tutela.
DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES
Artículo 14. Nadie elegido por voto popular está obligado a cumplir las leyes. Los demás, si.
Artículo 15: Frente al derecho divino e histórico de quienes manejan la nación, quedan relegados y suspendidos los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
Artículo 16. La paz no es un logro de la sociedad. El ciudadano se debe al logro y mantenimiento de guerra.
DE LOS HABITANTES Y DEL TERRITORIO
Artículo 17. Son nacionales colombianos quienes puedan demostrar afiliación a un club.
DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Artículo 18. El pueblo en ejercicio de su soberanía puede únicamente votar por el Puro Centro Democrático. Quedan suspendidos indefinidamente el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
Artículo 19. Alcaldes y gobernadores serán nombrados por decisión autónoma del ejecutivo.
Artículo 20. Es estrictamente ilegal y subversivo fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos distintos al PCD.
Artículo 21: Queda derogado el derecho de huelga, el derecho de organización social o sindical y la libertad de reunión o de participar en eventos políticos.
Artículo 22: Las tribus pre colombianas y los afro descendientes, deberán entregar la propiedad de tierras y resguardos a sus legítimos dueños blancos.
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
Artículo 23. Son Ramas del Poder Público, la legislativa y la ejecutiva. La judicial desaparece en su totalidad a partir de la promulgación de esta carta.
DE LA RAMA LEGISLATIVA
Artículo 24. Los senadores y los representantes serán elegidos para un periodo indefinido, mientras dure en el poder el PCD.
Artículo 25. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa no representan al pueblo, y deberán actuar consultando el bien particular.
DE LAS LEYES
Artículo 26. Corresponde al Congreso deshacer las leyes.
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Artículo 27: El vitalicio Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, simboliza la unidad nacional.
DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN
Artículo 28. Se declaran como norma permanente el Estado de Sitio, el Estado de Paranoia y el de Guerra.
DE LA FUERZA PÚBLICA
Artículo 29. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Nuevo DAS, las Nuevas Convivir, Las Autodefensas Unidas, la Milicia Nacional de Celadores y Guachimanes y las Bacrim.
Artículo 30. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas permanentemente para auto defenderse.
Artículo 31. La Nación tendrá unas Fuerzas Militares con la finalidad primordial de la defensa de la soberanía, la independencia, y la integridad de la ANDI, FENALCO, FEDEGAN y demás gremios.
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Artículo 32: Quedan prohibidas hasta el fin de la historia las relaciones con la República Terrorista de Venezuela
DE LA RAMA JUDICIAL
Artículo 33. La Administración de Justicia es función pública privada. Desaparece en su conjunto toda la rama judicial, salvo la Fiscalía cuando esta sea afecta al Ejecutivo.
DEL SUFRAGIO Y DE LAS ELECCIONES
Artículo 34. En todas las elecciones los ciudadanos votarán secretamente por el PCD en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación
Artículo 35. Se garantiza el derecho a la compra de votos y el clientelismo, pilares fundamentales de nuestra democracia.
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
Artículo 36. El control fiscal es una función privada que no ejercerá la desaparecida Contraloría General de la República.
Artículo 37. El Ministerio Público continuará en sus funciones, siempre y cuando sea reelegida su cabeza, el doctor Alejandro Ordóñez.
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE LA HACIENDA PÚBLICA
Artículo 39. El Estado ya no es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Se traslada automáticamente dicha propiedad al sector privado nacional o multinacional.
DE LA FINALIDAD SOCIAL DEL ESTADO Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
 Artículo 40. Los servicios públicos son materia de rebusque. La única finalidad social del Estado es garantizar el orden público.
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo 41. El Presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, podrá ser elegido de manera consecutiva todos los periodos hasta su desaparición física.
Artículo 42. La Constitución Política no podrá ser reformada por el Congreso, No se podrá convocar jamás a ninguna Asamblea Constituyente ni a referendo popular.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Artículo transitorio 1. Convócase a elecciones generales inmediatas del Congreso de la República y a elección de nuevo Presidente de la República.
Artículo transitorio 2: Mientras se posesiona el electo Presidente Álvaro Uribe Vélez, se designa transitoriamente como Jefe del Estado al doctor Álvaro Uribe Vélez.
Hasta acá el magno texto. ¡Viva la refundación de la Patria!

martes, 17 de julio de 2012

SOBRE  EL RUMBO DE LA PAZ Y LA SITUACIÓN REGIONAL

A finales de junio, Caracol entrevistó a Antonio García, del COCE, del Eln. Aquí están los apartes de dicha entrevista, a propósito de la discusión en torno a la paz de Colombia. N de la R.

ENTREVISTA
 
Caracol Radio, versión completa

¿Cómo está hoy el ELN, cual es la proyección política y social del grupo armado? ¿Consideran que se puede hablar de posconflicto?

El ELN somos mucho más de una organización armada, somos una fuerza social y política con su corazón y su mente colocados en el presente y futuro de la nación, en las mayorías excluidas, marginadas y oprimidas, que quieren una sociedad justa, democrática y que encare los riesgos de la humanidad y el planeta, que el capitalismo neoliberal no hace más que agudizar, como acontece hoy en Europa. El ELN trabaja por que Colombia cambie en un rumbo que beneficie a las mayorías y que ellas puedan participar en la construcción de un Nuevo Gobierno de nación, paz y equidad.

El conflicto es una realidad inocultable, el mismo Juan Manuel Santos lo ha reconocido.

¿Fracasó el proyecto político, social y militar de la insurgencia armada en Colombia?

El conflicto tiene unas profundas raíces económicas, sociales y políticas, que durante más de 50 años el Estado colombiano no ha logrado atender, y la dirección política de una sociedad que no es capaz de resolver dicha crisis, o se derrumba o aparece un nuevo sistema. Hoy estamos en esa disyuntiva. Pues un Estado que con todo su aparato militar y todos los recursos económicos no ha podido derrotar a la insurgencia armada ni resolver los problemas del país, es porque se requiere otro tipo de  solución. A eso es lo que se ha llamado la solución política.

¿Qué propuesta tiene el ELN para el país y las autoridades? ¿Insisten en que la sociedad civil tenga una mayor participación en una eventual negociación?

Nuestra propuesta es trabajar por la solución política. Es una propuesta para el país, pues el gobierno ha demostrado y manifestado que sólo le interesa la victoria sobre la insurgencia, y entiende la paz como la victoria del Estado sobre la insurgencia. Esta decisión equivocada nos hundirá para siempre en la guerra. Persistiremos entonces, por la solución política, por la paz, desde la resistencia militar, junto a la lucha y movilización popular, porque ambas expresiones buscan una Colombia mejor y para todos.

De darse un eventual proceso de paz, cosa que está difícil en el actual gobierno, necesariamente ha de ser con la amplia participación de todos los sectores de la sociedad.La salida negociada y política debe estar acompañada de la comunidad internacional

¿Qué países incluirían?

En este complejo e incierto panorama, la comunidad internacional puede ayudar mucho, hoy tiene más posibilidades América Latina y el Caribe. Por la crisis actual del viejo continente y sus inclinaciones por promover intervenciones militares en los actuales conflictos, habría que examinar mejor qué países europeos podrían hacerlo.

¿En una eventual negociación con el gobierno nacional exigen la condición de delincuentes políticos y el reconocimiento del derecho político de elegir y ser elegido?

El reconocimiento del conflicto ha sido tan necesario para el gobierno, pues si no existiese, cómo se justificaría el incremento del pie de fuerza en el aparato militar gubernamental y el incremento de su presupuesto para la guerra. En un eventual diálogo, como ha sucedido en con otros gobiernos, se hará con el reconocimiento político de la insurgencia.

Tratar de imponer una "paz romana", que es el sometimiento del oponente, ha sido un hecho histórico que los mismos acontecimientos han replanteado. No existen vencedores ni vencidos para la eternidad. Eso conduciría a que los conflictos jamás se superaran.

¿Cómo analizan el proyecto de Ley de marco jurídico para la paz, qué observaciones tienen? ¿Qué aspectos debe tener en cuenta?

El marco jurídico para la verdadera paz, es un tema que los contendientes deberán acordar en un escenario de paz, acuerdos que deben ser acompañados o complementados por procesos de participación popular, como una Asamblea Nacional Constituyente.

¿Qué opinan sobre las condiciones políticas y sociales del país, y la administración de Juan Manuel Santos?

La crisis de la salud lo dice todo, colapsó la privatización de este derecho fundamental. Podemos seguir con el desastre de la infraestructura vial, la restitución de tierras produce más víctimas que soluciones, el país sigue desindustrializándose, se profundiza la pérdida de la soberanía alimentaria, pues crecen las importaciones de alimentos, los recursos naturales se entregan a la voracidad de las transnacionales. La impunidad continúa, el país sigue esperando la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado y de los paramilitares. Promesas no solucionan problemas. Las soluciones no las proporcionarán ni gobiernos ni legisladores de la naturaleza de los que tenemos en Colombia.
¿Hay acuerdo de dialogo con la FARC en asuntos políticos, militares o territoriales?

Seguimos en permanente comunicación con las FARC, los acuerdos nacionales se han venido extendiendo a las regiones y se avanza de manera constructiva, esa es la voluntad de ambas organizaciones.

¿Qué análisis hacen de la situación de América Latina, de la situación política en Venezuela?

La realidad del continente es otra. Hace 10 años no existía. Hay un conjunto de países que le apuntan a un proyecto de sociedad democrática, incluyente, que rescatan el papel del Estado como regulador de la economía y que ella esté más al servicio de sus respectivas naciones y no a las transnacionales. Han ido demostrando que hay una alternativa diferente al neoliberalismo, y que al apostarle más a la inversión social sus economías nacionales se han fortalecido, muy distinto al camino europeo o norteamericano, que entre más recortan la inversión social para darle prioridad al rescate de los bancos, más se profundiza la crisis y se acercan al abismo. Venezuela hace parte de este esfuerzo de búsqueda y construcción, donde otro aspecto importante es la amplia participación política de las mayorías.

¿Fracaso la estrategia del Estado para responder a la problemática del narcotráfico?

La política norteamericana y del Estado colombiano fracasaron hace rato. Estados Unidos reprime afuera, y es permisivo adentro, además se beneficia de los dineros que produce el negocio del narcotráfico. Persistir en lo mismo fortalece el negocio. El ELN siempre ha sido partidario de una salida distinta a la represión y penalización.

Qué mensaje tienen para el país.

Llamamos a todos los colombianos a ser creativos, a buscar salidas a la crisis del país, en nuestras manos están las posibilidades de un futuro en paz, que ella venga con democracia, equidad, justicia y una manera de gobernar escuchando a los que protestan y no comparten las equivocaciones de los gobernantes y legisladores.

Finales de Junio de 2012

lunes, 16 de julio de 2012

Discurso íntegro de Andrés Manuel López Obrador.

 

Jueves 12 de julio de 2012
 
     AL PUEBLO DE MÉXICO
     
Empiezo diciendo que la minoría que domina en el país, decidió de tiempo atrás, para mantener el régimen de corrupción que les beneficia, imponer a Enrique Peña Nieto como Presidente de México.

     La estrategia que pusieron en práctica consistió en utilizar sus medios de comunicación y mediante la publicidad introducirlo al mercado para hacerlo figura nacional.

     Televisa, Milenio y muchos otros, se dedicaron a proyectar una imagen de Peña Nieto que no corresponde a lo que es y representa.

    Con esa fórmula, durante mucho tiempo, Peña Nieto mantuvo una gran popularidad, pero en la campaña las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco, la gente se fue enterando por las redes sociales y por otros medios no convencionales, que se trataba de un engaño, de una farsa.

     El 6 de mayo se celebró el primer debate y, aun cuando no se transmitió en los canales de mayor audiencia, millones de mexicanos se percataron de que Peña Nieto perdió el debate y quedó evidenciado como el candidato del grupo más corrupto de México.
     Posteriormente, el 11 de mayo, Peña Nieto asistió a la Universidad Iberoamericana. Los estudiantes lo encararon y su torpe y autoritaria respuesta, secundada por los políticos que lo rodean, así como la distorsión de los hechos en los medios de comunicación, en particular de Televisa, dio lugar al movimiento #YoSoy132.
     A partir de entonces, esta expresión estudiantil, con la demanda del derecho a la información y de no permitir la imposición de Peña Nieto, empezó a despertar a otros jóvenes en todo el país y a sacudir las conciencias de los ciudadanos, sobre todo, de las clases medias de México.
     Después de este importante acontecimiento, empezó a crecer el rechazo hacia Peña Nieto y se precipitó su desplome en cuanto a las preferencias electorales. El jueves 31 de mayo, el periódico Reforma dio a conocer una encuesta en la cual la diferencia entre Enrique Peña Nieto y mi candidatura era de apenas 4 puntos. Días después, del 31 de mayo al 4 de junio, nuestro equipo técnico levantó otra y el resultado ya nos daba 2 puntos de ventaja.
     Al percatarse sus patrocinadores que Peña Nieto se estaba cayendo, desesperados buscaron reforzar su estrategia mediática y consiguieron el apoyo del ex presidente Vicente Fox. Al mismo tiempo, iniciaron la guerra sucia en mi contra, en contubernio con los personajes que ejercen más influencia en el Partido Acción Nacional.
     Sin embargo, lo más perverso e ilegal, fue la determinación de reclutar y alinear a los gobernadores del PRI para encargarles que se ocuparan de obtener votos a como diera lugar, sin escrúpulos morales de ninguna índole.
     El 12 de junio, en Toluca, en la casa oficial del gobernador del Estado de México, se reunieron 16 gobernadores del PRI con Peña Nieto y su equipo de campaña. Ahí, se asignaron cuotas de votos por mandatario.
     Por ejemplo, Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, se comprometió a conseguir 2 millones 900 mil votos que, casualmente, fue lo que obtuvo Peña Nieto en el Estado de México.
     La confabulación de los gobernadores en el Estado de México se tradujo en utilizar recursos del presupuesto público de los estados para comprar millones de votos en todo el país.
     Una prueba bien documentada de lo anterior fue el modo en que operó el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, el cual asignó a sus principales colaboradores, por distrito y municipio, y está demostrado que manejaron chequeras con millones de pesos para la compra de votos.
     En la práctica, en todo el país, el sufragio se adquirió con dinero en efectivo, con tarjetas para la obtención de mercancías, con despensas, materiales de construcción, fertilizantes y otras dádivas.
     A los cuantiosos recursos económicos de procedencia ilícita que se ejercieron para la compra de los votos, habría que sumar miles de millones de pesos gastados en publicidad, en encuestas hechas a modo y en el pago a qui nes ejecutaron y apoyaron directa o indirectamente este vergonzoso plan. Todo ello, obviamente, rebasa con creces el tope de gastos de campaña establecido en la ley.
     El operativo masivo de compra de votos se llevó a cabo antes y durante el día de la elección. Un caso emblemático es el de los monederos electrónicos de las tiendas Soriana, comercios que fueron vaciados por multitudes d l Estado de México, que canjearon tarjetas al día siguiente y en los días posteriores a la elección.
     Aunque la compra del voto se dio prácticamente en todo el país, fue más acentuada en las zonas donde viven los más pobres de México, en especial en el medio rural. En estos lugares se registró el mayor nivel de participa ión ciudadana del país, contrario a lo sucedido en las anteriores elecciones presidenciales y superior a la media nacional registrada en los actuales comicios.
     Por ejemplo, en los tres distritos con más población rural de Yucatán, se registró una participación promedio del 86 por ciento. En Chiapas, la participación ciudadana, con respecto al 2006, se incrementó en 118 por cien o y el PRI consiguió 506 mil votos de más.
     Asimismo, en las casillas no urbanas, que son el 35 por ciento del total, Peña me gana, entre comillas, con 2 millones 801 mil 042 votos, lo que representa el 85 por ciento de su supuesta ventaja a nivel nacional.
     No puede dejar de indignar y entristecer, el constatar, que los responsables de la desgracia de millones de mexicanos, encima de todo, utilicen a sus víctimas, en particular a los más pobres y desinformados, para sostene su funesto poder económico, político y mediático.
     Además, fueron introducidas a las urnas ilegalmente infinidad de boletas marcadas a favor de Peña Nieto.
     Las pruebas y testimonios que hasta ahora tenemos, nos permiten sostener que se compraron 5 millones de votos, aproximadamente. Tan solo en el Estado de México, Veracruz y Chiapas se adquirieron alrededor de 2 millones d votos.
     En razón de lo anterior, y sin tomar en cuenta otras violaciones flagrantes a la Constitución y a las leyes en la materia, podemos resumir que en elecciones libres, la mayoría de estos ciudadanos no hubiesen votado por Peña Nieto.
     Estamos ante un hecho completamente atípico. Baste decir que en las 902 casillas especiales que se instalaron en todo el país, donde sufragaron libremente los ciudadanos, el resultado fue completamente distinto: por Josefina Vázquez Mota 27.8%, por Enrique Peña Nieto 28.1%, por mi candidatura 41.0%, por Gabriel Quadri 1.6%, por candidatos no registrados 0.2% y los votos nulos 1.2%. En este tipo de casillas Peña solo gana en 4 estados de las 32 entidades de la República.
     En suma, el sesgo que significó la compra y manipulación de millones de votos, no permite dar certeza a ningún resultado ni al proceso electoral en su conjunto.
     En el terreno estrictamente legal, se violó el Artículo 41 de la Constitución, que establece que las elecciones deben de ser libres y auténticas.
     En consecuencia, el día de hoy, en los términos que establece la ley, presentaremos el juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial.
     Llamo a todos los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la Constitución y se cancele, en los hechos, la vía democrática.
     Proceder de otra manera sería renunciar a nuestros derechos fundamentales y admitir la antidemocracia como forma de vida y como sistema de gobierno.
     A mediados de la semana próxima, daremos a conocer el Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México.
     Todo lo que hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución.
     En especial, reitero que siempre actuaremos por la vía pacífica. No daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos.
     No aceptemos que la corrupción domine por entero la vida nacional. Luchemos por el renacimiento moral de México.
     Ciudad de México, 12 de julio de 2012.

jueves, 5 de julio de 2012


Humala y la represión de los conflictos sociales: ¿Qué hacer y qué no hacer?
Por: 
http://www.revistaideele.com/ideele/sites/default/files/styles/500px/public/roque%20ben%20y%20humala.JPG
Ollanta Humala en Japón, acompañado por Roque Bevavides.
A puertas de cumplir su primer año de gestión, el presidente Ollanta Humala tiene que preocuparse: en estos casi 12 meses se ha metido en la cárcel a cerca de 12 mil personas, la misma cantidad que los recluidos durante los cincos años de la gestión anterior. También se ha duplicado el número de muertos producto de los conflictos sociales: de fines de junio del 2006 a igual fecha del 2012 los muertos por esta causa han pasado de 6 a 12.
Humala sabe que los conflictos aumentarán en los meses siguientes, en especial los relacionados con la minería. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, cerca del 13,59% del territorio del Perú ha sido concesionado a la minería, no obstante lo cual  solo en el 1,07% se desarrolla actividad minera. Existe una gran oportunidad para la inversión y para los enfrentamientos, especialmente si se considera que la Ley de Consulta Previa, promulgada y reglamentada, no es retroactiva, lo que quiere decir que las zonas ya concesionadas no se revisarán. A esto habría que sumar que, después de mucho tiempo, los precios de los minerales han empezado a bajar ligeramente y la crisis —aunque de modo lento— se empieza a sentir, de lo que se colige que hoy más que nunca se necesitará que los proyectos se pongan en marcha y se garantice la tranquilidad de los inversionistas.

El Presidente tiene conciencia de que no le bastará con llevar programas sociales a las zonas de posible conflicto y de que, a pesar de la habilidad de la “progresista” ministra Trivelli, en algún momento el enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas del orden será inevitable, como los serán también los heridos de ambos bandos. (Es de esperar que no haya muertos, como anuncian cada vez que hay un conflicto los congresistas de la república y muchos medios de comunicación.)

¿Qué hacer para que estos vaticinios no se cumplan? La recomendación de la mayoría de “especialistas” viene con la alerta temprana: incentivar la labor proactiva y preventiva del Estado; anticiparse a los conflictos desde las diferentes instituciones estatales encabezadas por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social; potenciar el trabajo de los servicios de inteligencia de la Policía, las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Inteligencia, entre otras medidas. Todas las recomendaciones y cambios que se puedan dar —porque en este Gobierno ha quedado claro que lo posible está señalado por las empresas privadas y la gran prensa nacional— no impedirán, sin embargo, el enfrentamiento entre policías o militares y manifestantes.

 ¿Qué hacer, entonces?

Las reformas policiales de fines de la década desarrolladas en la mayor parte de Latinoamérica, a las que algunos llaman “democratizadoras”, buscaron profesionalizar los cuerpos policiales poniendo énfasis en desmilitarizar a la Policía, crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, fomentar la doctrina de policía comunitaria, combatir la impunidad y aminorar la corrupción transversal de los cuerpos policiales. No obstante, por diferentes factores, que van desde severas resistencias de los policías hasta límites presupuestales o el desconocimiento de la materia de los reformadores, el qué no hacer prima en estas reformas sobre el qué hacer. Por ejemplo, qué hacer frente a la “violencia social” o la “violencia política”, cómo controlar a los manifestantes, cuándo usar armas letales y cuándo no, son temas que la Policía peruana, como muchas otras en la región, ha ido resolviendo a su manera, en la práctica, con miles de heridos y ya casi 200 muertos desde que se pusieron en práctica tales reformas en el gobierno de Alejandro Toledo.

Qué se debe hacer en el momento del enfrentamiento para ocasionar la menor cantidad de heridos y evitar las muertes, es un problema que se vive no solo en el país sino también en otros de América del Sur, aunque con considerables diferencias. El 15 de junio pasado, en el departamento de Canindeyú, al noreste de Paraguay, un desalojo de campesinos sin tierra produjo un enfrentamiento que ocasionó la muerte 12 campesinos y 6 policías. A diferencia de lo que suele ocurrir en el Perú, allá se produjo la renuncia inmediata del Ministro del Interior, y el presidente, Fernando Lugo, asfixiado por la presión política, anunció en un mensaje a la nación que no renunciaría al cargo y asumiría los procesos judiciales correspondientes. 

Qué hacer aquí para evitar los muertos es una pregunta que, parece, no tiene respuesta, aunque, a juzgar por los hechos de Cajamarca y Espinar, el Gobierno de Ollanta Humala nos ha demostrado qué no hacer.

El Presidente tiene conciencia de que no le bastará con llevar programas sociales a las zonas de posible conflicto y de que, a pesar de la habilidad de la “progresista” ministra Trivelli, en algún momento el enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas del orden será inevitable, como los serán también los heridos de ambos bandos. 
http://www.revistaideele.com/ideele/sites/default/files/styles/250x/public/MINEROS_0.jpg
Espinar: No es más de lo mismo, aunque lo parezca
¿Qué cosa somos para que nos mate? Hasta un animal tiene vida. Usted ha dicho en su campaña: te vamos a defender a los pobres de la mina, sus vidas defenderás has dicho. Ahora no queremos esa mina. ¡Que se vaya esa mina! (Video aquí)

Cuando apreciamos las imágenes de lo ocurrido en los enfrentamientos entre Policía y población en Espinar, pareciera que la situación no ha cambiado mucho en relación con los enfrentamientos producidos durante el gobierno aprista: manifestantes lanzando piedras a policías, policías lanzando piedras a manifestantes, uso de armas de fuego por los policías, policías heridos, muerte de manifestantes, denuncias contra dirigentes y manifestantes, estado de emergencia. No hay responsables policiales ni políticos.

En Espinar el enfrentamiento empezó el 21 de mayo, cuando cientos de policías llegaron a la comunidad de Tintaya Marquiri, a la entrada y alrededores de donde se suscitaría el principal enfrentamiento: la mina Xstrata Tintaya. Al día siguiente los choques se suscitaron en la comunidad de Alto Huancané, donde hubo ciudadanos heridos por arma de fuego. El 23 se desató el primer enfrentamiento en los alrededores de la mina: piedras, balas de goma, plomo y sangre volverían a tener una participación en el conflicto. Cinco días después, cuando el diálogo se había truncado una vez más, los manifestantes hicieron el intento, otra vez, de tomar la mina; como consecuencia, quedaron dos muertos y cientos de heridos entre policías y manifestantes. El 29 de mayo, con la provincia de Espinar en estado de emergencia, la Policía arremetió violentamente en la Municipalidad de Espinar y capturó al alcalde Oscar Mollehuanca, quien aún mostraba en el rostro las huellas del enfrentamiento. Con el alcalde, dirigentes y personal de la Vicaría de Sicuani detenidos, la confrontación violenta no se repitió.

¿Cuál es la diferencia?

El ejercicio del poder policial en la zona: la forma violenta como fue sacada la autoridad municipal, los dos muertos por uso de arma de fuego, y el control que han ejercido los policías en la zona antes, durante y después del estado de emergencia, marcan la diferencia con el gobierno anterior.

El reclamo de la ciudadana que citamos párrafos antes, sobre el porqué ese trato con ellos, refiere no solo a los muertos sino también a toda la actuación de la Policía en la zona de conflicto. Sus miembros entran en domicilios, repelen con palo y gas lacrimógeno a quienes consideran revoltosos, y así crean un clima constante de violencia. Las denuncias contra miembros de la Policía por sembrar pruebas incriminatorias al personal de la Vicaría de Sicuani y en las camionetas de Serenazgo de la Municipalidad son muestras del comportamiento policiaco en la zona. Este poder genera malestar, frustración y rabia en la población; incluso muchos de los que no participan de la protesta terminan involucrados, con lo que se genera que más gente se una a ella, en este caso para protestar contra los abusos policiales. Éste fue el caso del SUTEP en Espinar.

Por otro lado, el accionar de la Policía no solo se relaciona con el Gobierno, sino principalmente con la empresa minera, lo que debilita aún más la ya reducida confianza de los pobladores con la empresa, al punto que se ha acusado a los policías de estar financiados por la empresa. Luego de terminado o apaciguado el conflicto, el diálogo tiene que hacerse con muertos y heridos a cuestas, así como con una relación aún más difícil entre la mina y la población.

Cajamarca: La militarización del orden interno
¿Qué te hacen mis ollas, ah?/ ¡Las calles son del pueblo y no de las mineras!  (Video aquí)
La situación que se vive en Cajamarca es diferente. Aquí el gran enfrentamiento aún no se ha producido, pues se prevé que ocurrirá cuando Yanacocha reactive el proyecto Conga. Sin embargo, no es necesario que se produzca el intento de tomar las instalaciones del proyecto para que estalle la violencia, porque ésta es una constante en todo Cajamarca como resultado del paro indefinido. No obstante que hay allá solo policías, la zona está militarizada: en la práctica, es la unidad de la Policía más militarizada, la DINOES, la que se ha hecho cargo del orden interno en Cajamarca.

Decenas de policías se aproximaron a donde estaban las señoras y las ollas, las rodearon y aseguraron la zona. Los gritos de la gente no se hicieron esperar: “¡Abusivos!”. “¡las calles son del pueblo y no de las mineras!”. En respuesta, un grupo de policías provistos de escudos y varas comenzaron a acercarse a los ciudadanos. En ese momento se apreció a una joven haciendo un gesto de tranquilidad, pero ya era tarde: el enfrentamiento había comenzado. En grupos de más de 5, los policías empezaron a desplegarse por la plaza; un grupo de manifestantes les respondió, los policías corrieron provistos de varas, insultando y golpeando, mostrando su actitud más autoritaria y represiva. 

En pequeños grupos, la Policía golpea a los manifestantes, los rodea de a uno y luego los mueles a palos; en algunos casos, como el de un periodista cajarmarquino, lo humilla y lo deja semidesnudo, para luego atacarlo otra vez con palos y, luego, subirlo a una camioneta policial. Entre gritos y gases lacrimógenos, un policía patea las ollas de comida. Ése era, al parecer, el propósito principal de este operativo.

En Cajamarca el enfrentamiento es constante y se torna cada vez más violento. Los policías toman la iniciativa: a la menor sospecha, a la menor concentración, se produce una acción policial cada día más violenta conforme transcurren los días del paro. No existe la posibilidad de hacer una protesta pacífica: las concentraciones de ciudadanos son repelidas con balas de salva, gas lacrimógeno y mucho palo.

Como en Espinar, la población de Cajamarca culpa a la mina del accionar policial; la acusa no solo de comprar a la Policía sino también de pagar a un grupo de personas disfrazadas de policías para que se paseen por la ciudad haciendo las labores de ésta. Si bien esta última aseveración no se puede comprobar, las acusaciones son verosímiles; por ejemplo, las camionetas en las que se trasladan los policías no pertenecen a la institución sino son particulares.

Según un trabajo realizado por el ex ministro del Interior Gino Costa en el 2009 para la mina Yanacocha, el sistema de seguridad de la empresa está compuesto por tres componentes: un equipo de seguridad de la propia empresa, la Policía Nacional del Perú y la empresa privada de seguridad Forza. En lo que se refiere a la Policía, existe un convenio no público entre ésta y la empresa por el que, por una bonificación especial a los policías y un aporte a la institución, la PNP se compromete a la protección de las propiedades y la integridad de sus miembros, al cuidado de las residencias de sus altos directivos y al acompañamiento de las unidades vehiculares que transportan bienes y equipos, entre otros. Además, la empresa cuenta con un contingente de efectivos de élite policial destacado en las instalaciones de la mina. 

Otro aspecto de esta militarización del orden interno consiste en la poca información que transmiten los medios de comunicación nacionales con respecto a Cajamarca. Estos medios han olvidado que el abuso de autoridad también es un delito, y no muestran estas imágenes o las presentan completamente distorsionadas. Es la misma población la que, cámaras en mano, registra e identifica los abusos y protesta por el grado de insania e impunidad. El otro registro del conflicto constante de lo acontecido es el de la Policía: en cada acción hay policía filmando. Este registro de lo que sucede en pleno conflicto ha causado golpes y agresiones a periodistas y ciudadanos cajamarquinos por parte de la Policía.