miércoles, 27 de diciembre de 2006

CIEN DÍAS DE REELECCIÓN: PARAPRESIDENCIALISMO, TERROR Y TLC.

Miguel Ángel Herrera Zgaib

Director Grupo de Investigación Presidencialismo y Participación

Instituto Unijus. Departamento de Ciencia Política. Universidad Nacional

“Y así como las verdades son singulares e incomparables, así también los acontecimientos azarosos, en los cuales hallan su origen, deben ser múltiples y separados por el vacío. El azar es plural, hecho que excluye la unicidad de la tirada de los dados. Es por azar que nos sobreviene este azar. En definitiva, la contingencia del Ser sólo se cumple verdaderamente si también existe el Azar de los azares. Alain Badiou. Deleuze. El clamor del ser, p. 110.

La reelección permitió que Álvaro Uribe Vélez continúe siendo el mandatario de una república aérea, mientras la abstención crece sin cesar en el jardín yermo de una democracia marchita por la corrupción política abonada por diez años de narcotráfico y el terror. Esta es la república sujeta al régimen para presidencial autoritario cuya genealogía estudiamos en un libro colectivo anterior.[1]

Sin embargo, la reelección y su régimen no es más la noticia,[2] cuando el baile de máscaras del ciclo electoral pasado descubre por azar los rostros de quienes fueron sus artífices y cómo movilizaron a la minoría más numerosa,[3] es decir, los empresarios del Colombian Dream de una regeneración perversa apalancada en la parapolítica, y la euforia oligárquica debida a “la recuperación, que siguió a la recesión económica de 1999, la más profunda de los últimos setenta y cinco años de la historia colombiana”.[4]

Aquí y ahora, la caída del velo de la ignorancia nacional que muestra el reino bestial de la realpolitik del bloque en el poder, le mata el sueño al más caracterizado de sus publicistas y a la corte de sus áulicos civiles y militares inmediatos, aunque el Neo-presidencialismo permanezca resguardado por el antifaz del Estado comunitario inoculado como el modelo de convivencia y desarrollo desde las regiones en reemplazo del paraíso de la igualdad prometida por el Estado social de derecho..

El verdadero libreto es la guerra corporativa prolongada, amplificada por el oligopolio mediático que la mercadea como portadora de la seguridad para las ciudades asediadas por ‘los bárbaros narcoterrroristas’. Desde la sombra se chantajea con el terror de los falsos positivos a la sociedad del espectáculo para convertirla en un sujeto homogéneo: la ciudadanía del miedo pastoreada por el biopoder en red que acude al uso sistemático de la radio y la televisión pública y privada al servicio de un profeta armado.[5]

Reelección, Multitud y Parapolítica regional.

“Yo viví todo eso y jamás se me va a olvidar. Las motosierras, los muertos, las extorsiones y las vacunas. Ahora lo que estoy haciendo es limpiando mi alma”. Jairo Castillo Peralta, exparamilitar de Sucre, en entrevista con revista Semana, noviembre 20, 2006. Bogotá, p. 64.

Un azar revelador es el colofón de los cien días de la segunda presidencia de Álvaro Uribe Vélez. El azar de los azares fue la incautación del computador de Jorge 40,[6] cuyos archivos encriptados documentan y descubren la parapolítica como estrategia paralela de gobernación en cuatro departamentos costeños donde se impuso una relación de dominación de hecho entre terratenientes, agroempresarios y políticos, eficaz aunque no sea legal, ni legítima políticamente. [7]

Ella es el modelo que gobierna como para-Estado las regiones de máximos contrastes entre pobreza y riqueza durante las tres últimas presidencias, y con cruenta parsimonia teje la contrarreforma política que conquiste a las ciudades, fundada en el credo constitucional neoliberal. Es el programa estratégico que juntó en dos tiempos, con un paréntesis de simulacros de paz,[8] el esfuerzo de los césares y álvaros de la decadencia como siervos voluntarios de la economía de libre mercado imperial.[9]

Ahora, el desmonte judicial truculento de este reality show tiene como antecedente una rivalidad en la cúpula de la rama jurisdiccional del poder público que creyó dirimir el presidente reelecto en su discurso de posesión el pasado 20 de julio, cuando a propósito de la tutela contra sentencias judiciales dijera: “La Corte Constitucional, como guardián específico de la Carta, debe conocer las acciones de tutela”. Esta conjetura la negó el presidente de la sala penal de la Corte, Mauro Solarte preguntado por María Isabel Rueda, a lo que contestó: “es una versión absolutamente perversa…Nada más alejado de la realidad”.[10]

Esta acción sorpresiva de activismo político explícito de la Corte, según el dicho del mismo magistrado, tuvo en cambio como causa eficiente: “un filón probatorio, que sólo se vino a presentar desde hace poco con la denuncia formulada por la doctora Clara López Obregón”, una perdedora en las elecciones para Congreso del 14 de marzo.[11] Sin embargo, el hilo conductor que unifica las relaciones entre política y paramilitarismo empieza a descubrirse con el aseguramiento que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó contra dos senadores, Álvaro García Romero y Jairo Merlano,[12] y un representante, Eric Morris Taboada,[13] oriundos del departamento de Sucre, presuntos asociados del jefe paramilitar Jorge 40.

Este acontecimiento de apariencia azarosa ocurrió a los pocos días del sonado debate del Polo Democrático Alternativo (PDA) contra el gobierno recién reelecto. Aquel miércoles 18 de noviembre, el senador Gustavo Petro como vocero de la bancada del PDA destapó con extrema cautela “esa olla podrida de la política amangualada con el paramilitarismo”.[14] El coro trágico de los tres congresistas citantes revisó los últimos episodios de la saga parapolítica recitando cifras macabras: 3.004 asesinatos cometidos por los paramilitares[15], el secuestro de 300 personas, el crecimiento de la producción y comercio ininterrumpido de cocaína en las zonas de control para, amén de cómo se infló de 15.000 a 31.000 la cuenta de los desmovilizados de las Auc durante la negociación de la paz neurótica que encauza los oficios pagados de un consejero psiquiatra.

Por su parte, la pírrica defensa de la paz rocambolesca con las Auc, a cargo del ministro del Interior, el vallecaucano Carlos Holguín Sardi, ex jefe conservador de la coalición uribista en el poder, tan solo atinó a esgrimir como gran argumento que en la reducción de 30 mil a 18 mil homicidios de los últimos cuatro años, las autodefensas jugaron un papel fundamental.[16]

En los críticos cien días de la crisis institucional, Mario Iguarán Arana, primero viceministro de Justicia y ahora Fiscal General, reconoció la nociva acción de Armando Martí, el Rasputín caído de la burocracia que vigila la seguridad del país.[17] Repuesto del escándalo, el Fiscal escuchó a Rafael García, jefe de informática del Das para esclarecer las relaciones de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40 con políticos y funcionarios; y llamó a indagatoria al ausente ex director del Das, Jorge Noguera, a quien la Procuraduría General ya había acusado por la entrega de información secreta y supresión de antecedentes criminales a paramilitares. A Noguera lo defendió siempre el presidente Uribe, y lo mantuvo en el cargo durante tres años. Ahora entre “mentiras y silencios”, él mismo pide que se presente ante la citación que le hace Fiscalía.[18]

El debate del PDA en el Congreso produjo, en medio de la farsa del terror el segundo acto eficaz de la oposición legal catapultada por el empuje democrático de la multitud que ha resistido por todos los medios biopolíticos a su alcance. La contra ola democrática de la ciudadanía multitud contribuyó a la seguidilla de éxitos electorales del Polo hasta obtener la segunda votación presidencial para Carlos Gaviria Díaz, y antes darle el triunfo a Luis Eduardo Garzón en la Alcaldía de Bogotá; y en dos escenarios de poderío paramilitar, los departamentos del Valle y Antioquia, donde Angelino Garzón obtuvo la gobernación del Valle, y la ciudad de Medellín, donde ganó el independiente Serio Fajardo.

En lo regional, Carlos Gaviria pudo arrebatarle el triunfo a Uribe Vélez en dos departamentos estratégicos, Nariño y Guajira. La resistencia democrática movilizada avanza simultáneamente desde el norte y el sur recuperando poblaciones de manos de los señores de la guerra. Así, el nuevo polo de izquierda consuma el quiebre histórico del bipartidismo desde abajo,[19] organizando a parte de la base social de trabajadores y pobres controlados antes por la consociación oligárquica del Frente Nacional.

Sin embargo, la disolución del antiguo bloque en el poder también ocurrió arriba, la recomposición de su dirigencia, que tomó un curso perverso bajo las banderas de la disidencia liberal que triunfó en el 2002. Este rumbo degenerado lo documenta bien la parapolítica cuya historia el presidente Uribe, luego de un silencio calculado, pide que sea contada[20]. El primero en ‘confesarse’ fue el senador uribista Miguel de la Espriella,[21] quien contó apartes de la reunión seminal con medio centenar de políticos y empresarios costeños convocada por los paramilitares en Santa Fe de Ralito en 2001, donde por ‘coincidencia’ se situaron luego las negociaciones de paz con las Auc.

El senador de Colombia Democrática, quien dijo no ser paramilitar, sí reveló con vacíos que: “Ahí estuvieron congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y en ese momento nos hablaron (Carlos) Castaño y Mancuso y (dos) profesores venidos de la Sorbona”. La reunión terminó con la firma de un documento que los comprometía a defender “la tesis de las autodefensas” creando un movimiento comunal y político que “propendiera por un proceso de paz con las autodefensas”.[22] Lo dicho es confirmado el mismo día por Julio Manzur, jefe actual del Conservatismo, quien supo de la reunión, y la exrepresentante Eleonora Pineda,[23] quien no sólo firmó el documento, “sino otros porque los consideré importantes para la paz del país”.[24]

El segundo en hablar a medias, Luis Carlos Ordosgoitia, a quien el presidente Uribe le dijo: “cuente toda la verdad”. Él obró como puente entre los paramilitares dirigidos por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño y los presidentes de la transición reaccionaria. Andrés Pastrana, en su libro La palabra bajo fuego, consignó la verdad oficial: los paramilitares a través del representante Ordosgoitia y el ganadero Rodrigo García Caicedo solicitaron hablar con el gobierno en 1999, y aquel les puso entonces dos condiciones: no más masacres ni narcotráfico. Estas conversaciones terminaron en Cancún a finales de 2000, cuando intervinieron Felipe González y Gabo.

De otra parte, las figuras de la oposición al gobierno actual, el senador liberal Juan Fernando Cristo resaltó que la reunión de 2001 coincide “con el comienzo de la desbandada de congresistas liberales hacia la campaña del presidente Uribe”. Mientras que el senador Gustavo Petro les pidió a los congresistas y demás implicados renunciar de inmediato a sus cargos y curules, y la senadora Piedad Córdoba exigió la renuncia del presidente y la revocatoria del congreso actual elegidos fraudulentamente. Otro senador del Polo, Jaime Dussán, en cambio, al unísono con el senador de la Espriella, propone conjurar el desastre del país político con una ley de punto final que trabaje basándose en una Comisión de la Verdad, y aquellos que resulten responsables paguen condenas entre 5 y 10 años para cauterizar las venas abiertas de Colombia.

Excepcionalidad de hecho y terror urbano.

“Que la Fiscalía haya confirmado que al menos una de las denuncias sobre “falsos positivos” había resultado cierta es un hecho de inmensa gravedad para las Fuerzas Armadas. Y debe provocar reflexiones serias y de fondo –más allá de la consabida disculpa de que hay ‘algunas manzanas podridas’-, que permitan revisar desde el sistema de ascensos militares hasta lo que se entiende por inteligencia militar”. Editorial de El Tiempo, 23 de noviembre de 2006, p. 1-20.

“En el aspecto interior, las doctrinas de ‘la guerra justa’ y ‘la guerra contra el terrorismo’ informan un régimen orientado a un control social prácticamente total, que algunos autores han descrito como el paso del Estado del bienestar al Estado de guerra…Estas nuevas formas de poder y control actúan en contradicción cada vez más flagrante con la nueva composición de la población, y sirven únicamente para bloquear las nuevas formas de productividad y de expresión de la ciudadanía”. Michael Hardt y Antonio Negri, Multitud, p. 39.

Al filo de los cien días, cuando el debate congresional catalizó la crisis política abierta por la votación electoral a favor de la izquierda legal, la estrategia del terror paraestatal detonó una nueva carga, ahora en las barbas de la nueva cúpula cívico militar. Aunque no se esclarece aún quiénes fueron los autores determinantes del bombazo del Cantón Norte, el día en que el general Mario Montoya se reunía con prestantes ejecutivos en la sede de la Universidad militar, éste hecho indica el cierre de una cadena de acciones criminales, que objetivamente nutren el lado oscuro de la política, el estado de excepción de hecho con que la seguridad autoritaria que estimula el poder neo-presidencial buscó una estabilidad para la gobernación del sistema político.

El terror y parapolítica en lo regional operan conjuntamente desde la década de los 90. Está probado, por ejemplo, que el departamento de Sucre es un nodo de la red de clientelismo armado que cubre a todos los departamentos de la Costa. Los ‘paras’ controlan esa red como nuevos señores de la guerra y guardianes del disfrute ‘pacífico’ del poder económico y político de las elites locales.[25]

El presidente tiene allí propiedades, y en Córdoba es dueño de su finca más preciada: El Ubérrimo.[26] La otra cara de Sucre muestra que 8 de cada 10 personas son pobrísimas, el 64 por ciento de la población tiene necesidades insatisfechas, el ingreso diario per cápita es menor a $835, y el alcantarillado sólo llega al 30 por ciento.[27] En menos de seis años esta población campesina y semirrural, que tiene como uno de sus padrinos al senador Álvaro García desde 1989, sufrió 16 masacres para someterla a la gobernación de un estado de excepción de facto, o a padecer el más cruel de los desplazamientos para proteger sus vidas del régimen del terror.

Una de tantas masacres impunes, el asesinato de 15 personas en Macayepo, vincula al senador Álvaro García Romero y al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, contra quien se libró orden de captura después del debate del PDA, y también fue ya detenida la ex congresista Muriel Benito Revollo, objeto de denuncias como integrante del 30% de congresistas elegidos por voluntad de la parapolítica. Este macabro porcentaje lo reveló Vicente Castaño en la escandalosa audiencia ante el Congreso, no aceptó recluirse en el Centro vacacional de la Ceja junto a 19 comandantes paramilitares, y adujo que el gobierno no cumplió lo que las Auc pactaron con el comisionado de paz en Santa Fé de Ralito, cuando se desmovilizaron, después del asesinato de Carlos Castaño.

La Fiscalía que investiga los montajes terroristas encontró el 22 de noviembre evidencias suficientes para imputarle al mayor Javier E. Hermida, y al capitán Luis E. Barrero su participación en el primer falso atentado del sur de Bogotá, el 14 de julio pasado. El juez de control de garantías rechazó su aseguramiento porque los indicios son insuficientes. Antes el presidente y el ministro de Defensa defendieron a los mismos oficiales negando la existencia de falsos positivos, después de una rueda de prensa en la que el ministro y el comandante del Ejército afirmaron lo contrario. El quinto acto terrorista el presidente lo atribuyó a las Farc, y le sirvió para cancelar ipso facto, sin pronunciamiento judicial previo, la negociación del Acuerdo Humanitario con la guerrilla. La Fiscalía anuncia que contra Hermida y Barrero formulará acusación en 30 días.

Entretanto, el supremo comandante de las FF.MM., al filo de practicar el estado de excepción permanente,[28] ordena en un consejo de seguridad que se judicialice al secretario de Gobierno de Buenaventura por presuntos actos delictuosos; y antes arengando en el sitio del último atentado demanda fortalecer la inteligencia en los operativos militares para rescatar a los secuestrados y la persecución frontal a Vicente Castaño para capturarlo, cuyo colofón fue cuestionar la indagación de los falsos positivos, que derivan en acusaciones injustas que sólo buscan eliminar las redes de informantes que han ayudado a evitar actos terroristas.[29]

Hoy, al caer la máscara de la parapolítica es la paz y la verdad las que sufren un desgarrador aplazamiento, y la biopolítica de la sociedad, esto es, la posibilidad de una real democracia experimenta una nueva amenaza. El Neo presidencialismo, descubierta su contracara oculta, suena y truena para continuar en el sucio juego de la guerra civil no declarada.

Para que esta batalla crucial con la regeneración reaccionaria favorezca la construcción de la democracia hay el signo esperanzador del éxito obtenido por el PDA que eligió a la mayoría de delegados al Primer Congreso Nacional con una votación de 555.302 ciudadanos, de los cuales algo más de 95.000 lo hicieron en Bogotá. Según su presidente, existen tres objetivos claros: consolidar la unidad, “ser una opción real de poder en el 2010 y ganar mayor poder local en el 2007.”[30] Hay nubarrones en esta trayectoria, cuando se auscultan los intereses de sus dirigentes Lucho y Angelino, los Garzones, porque con ellos “hay mucha gente que tiene que tomar una decisión: pertenecer al Polo o no pertenecer al Polo”. El mismo Gaviria advierte: “Hay que evitar la ambigüedad. Nuestra propuesta es tan sólida, seria y tan responsablemente formulada que muchos sectores del liberalismo, hasta del conservatismo o no alineados van a venir a reforzar al Polo”.[31]

Entretanto, en la dirección del otro polo, el Partido de la U, ápex de los movimientos uribistas, contrasta en los resultados de su primer congreso con los del polo de la izquierda. Se declaró una disidencia de cinco, que se disminuyó con la defección del representante Mauricio Lizcano, y de la que son parte Gina Parody, Martha Lucía Ramírez, Armando Benedetti y Nicolás Uribe. Estos amenazan con demandar el congreso que hizo una reforma a los estatutos, y la cual permite que la mayoría de 49 congresistas, a través del senador Carlos Fierro manifieste que “se podrían ir con su curul y con su voto”.

El jefe del partido en reemplazo de Juan Manuel Santos es ahora Carlos García, y la senadora con mayor votación, Gina Parody, crítica de la relación con los paramilitares y de la ley de Justicia y Paz señala: “preferimos ser disidentes cuatro años y no borregos”. En este mismo campo, el partido Cambio Radical dirigido por Germán Vargas Lleras también celebró su congreso pero son deliberaciones pasaron sin pena ni gloria. Y poco y nada se ha escuchado de la segunda fuerza en importancia del resquebrajado bloque uribista en relación con el escándalo de la parapolítica.

Luz y sombras de la seguridad imperial

“Un indicador del nuevo carácter activo y constituyente de la guerra es el desplazamiento de la política de ‘defensa’ a la política de ‘seguridad’ que el gobierno de Estados Unidos viene promoviendo, en especial como elemento de la ‘guerra contra el terrorismo’, desde septiembre de 2001…La seguridad obliga a configurar activa y constantemente el entorno mediante la actividad militar-policial…Esta noción de seguridad es una forma de biopoder, en el sentido que asume la tarea de producir y transformar la vida social en el plano más general y global”. Michael Hardt y Antonio Negri, Multitud, pp. 42-43.

“En los municipios de Colombia donde ejercen su dominio, los jefes de las autodefensas son los dueños absolutos del Estado…Durante más de una década la expansión geográfica de estos ejércitos de señores de la guerra ha ido en ascenso, hasta llegar a convertirse en parte importante de la estructura de poder político en las zonas semiurbanas y rurales del país. Gustavo Duncan. Los señores de la guerra: del campo a la ciudad en Colombia, en Revista Foro N. 54, agosto de 2005, p. 3

Álvaro Uribe Vélez, una figura mediática hecha de amor y miedo no deja de seducir en público y privado, enfrenta además, el revés electoral interno y militar en Irak de su principal socio, el presidente George W. Bush, con quien comprometió la causa del TLC y el Aptdea, y la política de la seguridad nacional. La derrota republicana forzó su visita a Washington para defender la prórroga del Aptdea que vence el 31 de diciembre. El efecto de perder frente a los demócratas de Nancy Pelosi y Barack Obama, [32] fue manifiesto al solicitarle al Ejecutivo que aplazara la firma del Tratado de Libre Comercio. Al final el tratado lo firmaron el delegado John Verenau y Jorge Humberto Botero, ministro de Comercio, el pasado 22 de noviembre.

En el mismo tiempo y lugar, la visita del presidente casi coincidió con la anulación del primer juicio al guerrillero Ricardo Palmera, Simón Trinidad, acusado de participar en el secuestro de tres contratistas del Plan Colombia, lo que puede significar el cierre de la estrategia anti subversiva del Plan Patriota.

La anterior situación política, el frustrado juicio al militante de las Farc y la visita presidencial de urgente cabildeo en Washington resumen bien la conexión y el compromiso de los ejecutivos gemelos con la seguridad imperial, económica y política, en la estrategia de consolidar un aliado en la subregión para la guerra preventiva y el monitoreo policial de los gobiernos de centro-izquierda del cono Sur, en especial, sobre el vecino Venezuela, cuyos amagos de autonomía y disposición generosa de la renta petrolera impacta los ánimos de trabajadores y pobres al interior de los mismos Estados Unidos.

La guerra imperial que conduce la dirección político militar estadounidense ha sufrido un revés considerable en Irak, donde es inminente la guerra civil interna entre la minoría Sunita y la mayoría Chiíta con el ataque a Ciudad Sadr en Bagdad el 23 de noviembre, donde murieron 203 personas y fueron heridas 257. A pesar que la capital bajo toque de queda siga bajo la autoridad de un ejército de ocupación. El fracaso moral de la cruzada global contra el terrorismo la refuerza la tortura a extranjeros en Abu Ghraib y los sitios de reclusión secretos en Europa, y del irrespeto a las libertades civiles en los Estados Unidos.

Tal confluencia de factores propició la derrota electoral interna, y la caída inmediata del secretario de Estado, el halcón Donald Rumsfeld,[33] que golpea a los ejecutores de la doctrina de guerra preventiva; y afecta la continuación del Plan Patriota en Colombia. Previendo este riesgo, el actual ministro de la Defensa anunció que el Plan cumplió su objetivo, aunque es vox populi que no se logró la anunciada derrota estratégica de la guerrilla de las Farc. Ahora, en lugar de aniquilarla, el gobierno busca es debilitarla para obligarla a una negociación. Al tiempo el ministro publicita ya un nuevo plan destinada a combatir el comercio del narcotráfico en el Pacífico, donde el infierno de Buenaventura y el orden público crítico de Cali en estas semanas están en relación directa con el problema.[34]

La seguridad social y la urgente democracia de los muchos

“Las tasas de crecimiento del PIB de los dos últimos años, 4,8% y 5,1% respectivamente, corresponden a la fase creciente del ciclo actual de la economía, que coincide con la notable expansión de varias de las principales economías del mundo. Aún cuando el resultado es bueno, creemos oportuno advertir al país que este crecimiento es insuficiente, inequitativo e insostenible. Jorge I. González, Ricardo Bonilla. Bienestar y Macro-economía 2002-2006, UN, de julio de 2006, p. 8.

La cura espiritual del patrioterismo que distrae la miseria de las multitudes al prometerles la seguridad a través de la guerra, vendida como condición sine qua non para promover la igualdad real para el conjunto de la sociedad, en vez de aplacar atiza ahora la resistencia creciente de trabajadores y pobres tanto en Colombia como en los Estados Unidos, cuyo gobierno quema billones de dólares en sus frentes de guerra en Irak y Afganistán para controlar las fuentes naturales de petróleo y gas.

Pero el riesgo de la política económica mayor sigue si se frustran las preferencias arancelarias de Aptdea, y se bloquea al resto del trámite del TLC, a no ser que se satisfagan drásticas exigencias en derechos humanos y asuntos laborales. La negativa frenará la recuperación mediocre y contradictoria del crecimiento económico a favor del capital financiero y los bancos que ganaron $5,5 billones de pesos, superando el 50% al año 2004. Pero la Misión de Pobreza MERPD, señala que los pobres bajaron al 49,2% de la población; pero las cuentas del CID son otras: los pobres llegan ya al 60%. La diferencia responde al valor que cada quien asigna a la medida de la pobreza. Estos son los costos comparados de la canasta de pobres medidos por el MERDP: $224.586, 13, y el CID: $267.128,28; mientras que la línea de indigencia es para el MERDP: 90.801,52, y el CID: $107.867,85. [35]

El rumbo imperial tiene que variar, cuando la receta policial compartida por los ejecutivos reelectos en el norte y el sur de América sufre la suerte del Titanic. Así lo entendió el presidente Uribe Vélez de lobby en Washington, donde abogó por el futuro del capital glocal con la explosiva carta de lo social, para rescatar del naufragio 600.000 empleos que perderá el país si el Atpdea no se prorroga más.

El argumento de lo social es resguardo del beneficio capitalista, porque el ingreso de los trabajadores en dos años se deterioró de $755.000 a $675.000 en las trece principales ciudades del país, siendo los grupos más afectados los hombres, los profesionales y los trabajadores del agro y la minería; y es importante resaltar que los trabajadores que más sufrieron son los de servicios financieros, donde laboran 9 de cada 100, para quienes su ingreso cayó en un 17,43 %, y los profesionales con carrera universitaria con una reducción del 16%. Estos, según los datos de la encuesta de hogares del Dane y el DPNacional al finalizar 2005, apenas obtienen un ingreso promedio de $ 1.592.000.[36]

Lo anterior explica bien cómo el voraz capital financiero incrementa más y más la parte del león en la bonanza del neoliberalismo tardío. A julio de 2006, la tasa de subempleo era del 31,8 por ciento, es decir, 6.607.000 que son subempleados, y la de desempleo es de 13,1 por ciento, y la tasa de ocupación bajó de 54,1 a 53,9 por ciento. En el mismo mes de julio se rompió la tendencia de incremento en el empleo, perdiéndose 183.000 puestos de trabajo, y cayo también la tasa global de participación, es decir, que menos personas salieron a buscar empleo.

La cuenta de la seguridad social del primer gobierno Uribe muestra un altísimo saldo rojo para la multitud de pobres y miserables, asegurado por las reformas de las leyes 797 de 2002 y 860 de 2003 que flexibilizaron el ingreso laboral,[37] y la enmienda constitucional de 2005, que desmontó el régimen pensional anterior ganando cerca de 20 puntos porcentuales del PIB, y cubriendo tan solo al 25 por ciento de los colombianos que se jubilan.[38]

En la fila están la reforma tributaria que pretendió penalizar a los deudores morosos, y la de las transferencias hacia departamentos y municipios que ya fueron reformadas en 2001. Estas transferencias son el alimento de las raquíticas políticas de igualdad social, así como de la voracidad de los grupos al margen de la ley, y el complejo sistema político de clientelas que se traslapan como la retaguardia del régimen neopresidencial.

Las transferencias aún abonan el mito de la descentralización que contrapesaría el poder neopresidencial centralizado, y financian los objetivos del Estado social de derecho, cuyo desmonte acelerado anuncia el Plan del Estado comunitario: desarrollo para todos. Éste, en pos del país de propietarios promete para este cuatrenio bajar el desempleo en Colombia a 8,6 por ciento; y anuncia un presupuesto de $222 billones con una participación de 54 billones del sector privado. Eso sí, la seguridad y la defensa llevan la voz cantante enfrentadas a las urgencias del gasto social[39]. Aunque el lema sea el desarrollo para todos, el hambre, miseria y exclusión de las multitudes puede esperar. Las mieles de la recuperación económica engordan las egoístas ganancias del capital financiero y las empresas transnacionales.

El presidente y su Minhacienda siguen aferrados al evangelio del difunto Milton Friedman, y la receta del extinto Consenso de Washington que inspiró la devastadora parábola neoliberal, cuyo mejor ejemplo fue el Chile próspero de la dictadura de Augusto Pinochet. Tres eran sus mandamientos, y su praxis se extendió respaldada por los sucesivos Planes Colombia y Patriota, después del auto fracaso de la negociación de paz en San Vicente del Caguán, que de concretarse impondría una reforma social –económica y política de efectivo contenido subversivo.

La estructura de privilegios crecida y reproducida a la sombra de la encomienda y la extensión del régimen hacendario centro-andino con su lógica de mando premoderno sobre el país nacional engendró “el proceso de industrialización inducida desde el poder público para la sustitución de importaciones” [40]. La caída del modelo anterior sacudido por la urbanización, la dependencia de la innovación tecnológica y la liberación planetaria del capital financiero, animó una economía de los cultivos ilícitos sostenida por multitudes de pobres del campo y la ciudad en procura de su subsistencia. En 1985, por ejemplo, la producción de la cocaína alcanzaba a ser el 5% del PIB, descendió al 0.8% en el 2004, generando unos $ 800 millones de dólares; para experimentar una nueva expansión de 30.000 has con utilidades cercanas a $ 1.100 millones de dólares en el 2005, según los estudios realizados por Ricardo Rocha.

Los resultados de política económica fueron desalentadores. Las estadísticas de catorce años, incluido el primer periodo de Uribe Vélez, prueban que “el producto nacional creció a la tasa más baja del siglo, el desempleo alcanzó la tasa más alta y la pobreza y el índice de Gini de la distribución del ingreso regresaron a los niveles de mediados del siglo XX”.[41] Los TLCs nos ponen en la senda del Estado mercado, y dejan atrás el ‘capitalismo político.[42]

El investigador Eduardo Sarmiento recalca que los beneficios de la liberación económica no se cumplirán en Colombia porque las ventajas comparativas responden a productos que carecen de demanda mundial; y el desmonte del capitalismo proteccionista, de modo perverso en países como el nuestro, no sólo desplaza la producción industrial y agrícola, sino que también debilita severamente la demanda efectiva y destruye el empleo. Este es el trasunto económico del florecimiento de la parapolítica y la ruta perversa hacia el parapresidencialismo como el instrumento de la contrarreforma reaccionaria.

En la encrucijada del Estado mafioso y el Para presidencialismo

“El paramilitarismo empezó en Medellín con Pablo Escobar”. Alonso Salazar, escritor y candidato a la Alcaldía de Medellín. Entrevista en Caracol Radio, noviembre 28, 2006.

“Enrique Osorio y yo recibimos la orden de parte de José Gamarra (congresista por el Magdalena, junto con Alfonso Campo y Jorge Luis Caballero) de presentarnos en el comando de la campaña presidencial del doctor Álvaro Uribe Vélez…Enrique Osorio junto con Pepe Sierra (otro funcionario de la registraduría regional) propusieron que para la campaña presidencial se hiciera el fraude en un número menor de municipios, con el propósito de las votaciones no fueran escandalosas”. Testimonio de Rafael García, jefe de Informática del Das.

En la coyuntura presente, la fórmula ilegal de existencia entre las Auc y el sistema del clientelismo que reproduce por otros medios el orden político en crisis parece precipitarse a una solución, dando piso cierto a la manida afirmación de no pocos estudiosos, que el colombiano es un Estado mafioso, porque ahora el régimen que sustenta al Estado reformado en 1991 mutó de una forma neopresidencial y participativa consagrada en la Constitución a un gobierno parapresidencial autoritario.

A la vista está la denuncia pública de la parapolítica y la persecución circunstancial que sus componentes más visibles sufren por la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones judiciales como la Fiscalía y la Procuraduría. Ahora se indaga a un nutrido grupo de congresistas y funcionarios del gobierno, que involucra también al Das, al Ejército y a la Policía, por acción o por omisión, así como a los Consejeros de Estados de la Sección Quinta, y al expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Luis Alfredo Escobar Araujo, reconocido amigo de Giorgio Sale, quien negó ser juez o favorecedor de la mafia de la D’rangheta (Naggetha) a la que el exitoso comerciante en ropa y vinos y Salvatore Mancuso están vinculados.[43]

El desmonte de esta perversión del Estado social de derecho ha ocurrido en la transición de la paz a la guerra, pero cuya genealogía se remonta históricamente al ataque al cuartel general de las Farc, el mismo día que se iniciaba la elección de delegados a la Asamblea Constitucional. Esta iniciativa inter elites tenía la utópica pretensión de llegar a ser un pacto político viable e incluyente, pero sin tocar las estructuras del poder real, legal e ilegal. Con una parte de este poder se hizo un acuerdo provisorio, que llevó a la Catedral a Pablo Escobar y sus lugartenientes, después de prohibida la extradición apoyada por una conveniente retórica nacionalista.

Después de más de veinte años ha pasado tres generaciones de narcotraficantes. A través de ellos se ha repetido y ampliado el ejercicio paralelo de la parapolítica en alianza con las elites de los partidos tradicionales y la asociación corporativa de micropartidos. Es una alianza dispuesta a defender la propiedad y sus privilegios, y a combatir por todos los medios las iniciativas autónomas de los grupos y clases subalternas en la ciudad y el campo.

La estrategia política comenzó con la vinculación al partido Liberal del propio Pablo Escobar en compañía del representante liberal Jairo Ortega, luego del fracaso de un intento independiente, el Movimiento Latino que impulsaron Carlos Ledher y sus pares del llamado cartel de Medellín. De entonces se pasó al proyecto MAS, cuyo animador principal era Gonzalo Rodríguez Gacha; y muerto éste se recompuso como el movimiento político Morena desde el Magdalena Medio. Ahora, el antiguo asociado al cartel de Medellín, Ernesto Báez es uno de los 19 comandantes recluido primero en la Ceja, la réplica de la Catedral, ahora se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Cómbita, donde espera su turno para contar toda la verdad.

El proyecto contrainsurgente se implantó legalmente bajo la fórmula de las Convivir en el Departamento de Antioquia y en la región de Urabá. Ernesto Báez, conductor intelectual del laboratorio “cívico paramilitar” de Puerto Boyacá, un modelo contraguerrillero exitoso contra las bases sociales del Eln y la UP, lo transportó con la connivencia de los bloques de poder regional durante la presidencia de Ernesto Samper. El siguiente banco de prueba fue el Urabá antioqueño y chocoano, donde extirpó los experimentos político-sindicales del EPL y populares de la UP. Entonces fueron perseguidos y desaparecidos los simpatizantes tanto de la izquierda legal, los sindicatos y los movimientos cívicos y sociales como de los proyectos guerrilleros.

A raíz del restablecimiento de las Convivir por el presidente Ernesto Samper, Álvaro Uribe Vélez coincidió como gobernador de Antioquia en el tiempo y lugar con el despliegue legal del modelo parapolítico a escala regional. El desarrolló en paralelo la depuración administrativa y estímulo industrial y una política de seguridad contrainsurgente eficaz. Allí contó con la fachada de ‘un laboratorio de paz’ y el auxilio encubierto de la preexistente alianza entre narcotraficantes y grandes propietarios de tierras y ganados, quienes participaron de las Convivir hasta que fue derogada la ley que las creó en los años 60. Después renacían extendidas como autodefensas rurales en la zona costeña de colonización antioqueña contra las acciones extorsivas y los controles ejercidos por los frentes guerrilleros establecidos en las regiones y municipios más conflictivos de Antioquia y de la Costa.

Después, durante los años 90s , florecen diversos frentes paramilitares, los cuales se unifican en las Autodefensas Unidas de Colombia en 1998, bajo la jefatura militar de Carlos y Vicente Castaño, y deciden incursionar como movimiento político nacional. Las Auc han consolidado ‘la recuperación’ de un sinnúmero de municipios y corregimientos rojos, de control o simpatía guerrilla, la base regional de un para Estado. Esta fuerza militar hace tránsito a una alianza política con el bipartidismo que se constituye entre los años de 1999 y 2001, como ahora se documenta a partir de las revelaciones de algunos políticos costeños. Así lo prueban las confesiones vergonzantes del liberal Miguel De la Espriella, y el conservador Luis Carlos Ordosgoitia, autorizadas previamente por el presidente Álvaro Uribe Vélez.

El laboratorio del Paraestado de Excepción

La alianza bipartidista y empresarial non sancta con paramilitares y/o narcotraficantes se fortaleció primero de modo clandestino, por los temores que levantó el triunfo de Andrés Pastrana en la reñida segunda vuelta con Horacio Serpa, favorecido como aquel lo fue en su triunfo por la pre-negociación de paz con el jefe histórico de las Farc a través de los buenos oficios de Álvaro Leyva; y por la promesa de revocatoria del Congreso con el grupo Oxígeno verde de la senadora Ingrid Betancourt. En la reunión de fundación del Movimiento Comunitario Nacional, Carlos Castaño la señaló como justificación para lanzar esta alianza estratégica clandestina, la contracara del Movimiento Bolivariano: “Nosotros también necesitamos un proceso de paz” para contrarrestar el posible desenlace de las negociaciones en San Vicente del Caguán.

Andrés Pastrana, antecesor del presidente Uribe, después de renunciar a la embajada de Washington, en La palabra bajo fuego, no se resistió a comparar años después los procesos de San Vicente del Caguán y Santa Fe de Ralito: “La diferencia de Ralito y el Caguán reside en que en el primero no se conocieron las conversaciones pero se pactó, mientras en el Caguán la agenda y las discusiones eran de cara al país pero se rompieron las conversaciones. No hubo acuerdo, ni pacto, ni concesiones posteriores”,[44]

Después corrió la nueva elección presidencial, precedida por las legislativas del 2002, en las cuales se cometió un nuevo fraude, de igual o superior en magnitud al denunciado durante la farsa del proceso 8.000. Ahora el denunciante es Rafael García, el jefe de informática del Das en testimonio ante la Corte Suprema de Justicia que duró tres días. Cuando menos cuatro fueron los departamentos objeto de la operación electoral conducida por el jefe paramilitar Jorge 40 y sus aliados, políticos,ganaderos e industriales: Magdalena, Cesar, la Guajira y Bolívar fueron los territorios de caza de votantes, donde los registradores hicieron efectiva la máxima acuñada por el sociólogo Camilo Torres: el que escruta elige en Colombia.

Esta estrategia electoral arrancó en 1999, con el triunfo orquestado por el Bloque Norte dirigido por Jorge 40, en las alcaldías y concejos que se coronó con la elección del gobernador José Domingo Dávila Armenta a quien le aportan 80.000 votos. Después vino el fraude electoral en marzo de 2002 en Cesar y Magdalena, donde el Movimiento Provincia Unida alterando los tarjetones de la elección. Así lo confesó el exfuncionario del Das ante la Corte.

En aquella diligencia, Rafael García, además, señaló los detalles del fraude: “luego de las elecciones legislativas de 2002, Enrique Osorio y yo recibimos la orden de parte de José Gamarra (congresista por el Magdalena, junto con Alfonso Campo y Jorge Luis Caballero) de presentarnos en el comando de la campaña presidencial del doctor Álvaro uribe Vélez…Enrique Osorio junto con Pepe Sierra(otro funcionario de la Registraduría regional) propusieron que para la campaña presidencial se hiciera el fraude en un número menor de municipios, con el propósito de las votaciones no fueran escandalosas”.[45]

Ayudado positivamente por el escrutinio electoral ilegal de 2002, fue elegido el hoy reelecto presidente de Colombia, con o sin conocimiento de causa. De modo voluntario o involuntario, la presencia activa de algo así como el 35 % de los congresistas electos en 2002, a quienes el ex ministro Fernando Londoño denominó con cinismo greco-caldense el Congreso admirable antes de su renuncia, con el concurso de las Auc, son parte clandestina del proyecto contrainsurgente del Movimiento Nacional Comunitario. Desde su proclamación clandestina en Santa Fé de Ralito a finales de 2001, se extendió a Antioquia, en la reunión de Arboletes, y de allí a otras regiones aún no documentadas, convirtiéndose en la fuerza política que garantizó el doble triunfo del actual presidente de Colombia.

Con la tercera parte del Congreso influida por las Auc, con una estructura local que reconoce una penetración legal e ilegal del paramilitarismo en algo más de 400 municipios y sus regiones, con ocasión de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz, es evidente que no sólo el régimen neopresidencial sino el sistema de la participación/representación establecido en la Constitución de 1991 está penetrado y pervertido por las fuerzas y los aliados del paramilitarismo. De ahí que no le faltara razón a la periodista Claudia López, quien ha sido una acuciosa analista de este proceso, para exigir con optimismo: “Verdad judicial para desmontar el para- Estado”. Ella misma denunció desde septiembre de 2005 la verdad de las elecciones en la Costa, corolario de aquello que encontró en su investigación pionera divulgada también por la revista Semana.

En rigor teórico, hablar de para-Estado hoy alude a su forma actual: el modelo del Estado comunitario, que tiene una odiosa coincidencia con el Movimiento Nacional Comunitario de las Auc. Puesto que la forma Estado debe ser preservada en el nivel nacional para reproducir el capital, y ello concuerdan Claudia López y la mayoría de los críticos liberales de Uribe Vélez, entre los que se cuenta el analista Pedro Medellín, quien, sin embargo, esgrime la hipótesis que el presidente de la reelección se encuentra sitiado.

La nieve del Parapresidencialismo

Hay en Pamuk una frase que podría explicarnos la función obsesiva de la estrella hexagonal de seis puntas: “…la nieve parecía extraordinariamente suave: quizás fue por esa extraña y mágica suavidad de la nieve, que absorbía los disparos efectuados en las calles de Kars, por lo que Ka pudo dormir esa noche tranquilo”. Alfredo Molano, en Nieve de Mentiras. El Espectador, 24 al 30 de diciembre de 2006, p 16ª.

La encrucijada de Álvaro Uribe Vélez y el bloque en el poder que lo respalda se expresa en un dilema, desmonta el modelo del Estado mafioso que creció bajo el cobijo de su proyecto de Estado comunitario o renuncia, para darle paso a una reconstrucción democrática del orden político colombiano. Este dilema tiene un triple referente literario, un título famoso de una novela del amante de la monarquía, el consagrado Alvaro Mutis, La nieve del almirante, la novela Nieve del premio Nobel turco, Orhan Pamuk, a quien recordara el cronista socioliterario del paraestado, Alfredo Molano Bravo, de quien tomé el epígrafe para el cierre de este análisis de los cien días, que estremecieron a Caconia, Nieve de Mentiras.[46]

Ahora bien, en materia de régimen, más allá de esta crucial decisión, el régimen neopresidencial creado en la Constitución de 1991 tiene que ser, igualmente, desmontado drásticamente, para dar paso a una nueva institución que propicie una verdadera transición democrática.

Por lo pronto, las elites, paramilitarizadas o no, han puesto sobre la mesa dos fórmulas teóricamente trilladas: el semipresidencialismo y el parlamentarismo. Y un expresidente, ya nonagenario ha vuelto a jugar a cobijo del Jockey Club esta carta, paralela al impulso del Acuerdo Humanitario, que es la ventana a trabajar una nueva negociación de paz con la Farc, la oposición armada que está al comienzo de esta historia que revienta quince años después de la existencia de la Constitución de 1991.

Sin embargo, para una postura democrática consecuente no bastan los remedios de cambio de régimen que se proponen en la vena del difunto Alvaro Gómez Hurtado. Hoy, el palo no está para cucharas. Ahora tiene que haber una reforma estructural del sistema económico y social que hagan inviables los más groseros modelos de dominación clientelar y neoclientelar ilegal y terrorista, que se afincan en últimas en las condiciones de pobreza y miseria, que no palia en nada el último registro optimista del censo del Dane de 2005, cuando dice que los colombianos con necesidades básicas insatisfechas bajaron de 11,8 millones a 10,8 millones.

Estas transformaciones sólo pueden lograrla la revolución democrática que como corriente subterránea irrumpe en el panorama nacional y regional, cuya marcha alimenta el fenómeno de precaria unidad de la izquierda, de la cual el PDA es por lo pronto un tímido oficiante sujeto a los vicios de la representación política antidemocrática.

Los días porvenir, regional y globalmente definirán la tesitura y los alcances de este despertar democrático contrario al biopoder del capitalismo. Por lo pronto, la insurgencia democrática en algunas ciudades y regiones no ha podido detener a la parapolítica local, frenada ahora por el espejismo de la judicialización de la política ilegal y el terrorismo para estatal, sujeta como está aún al andamiaje institucional del Estado comunitario, cuyo cancerbero es el régimen parapresidencial emergido de esta transición perversa y traumática.



[1] El libro se titula Gobernabilidad y Seguridad Democrática. Neopresidencialismo y Participación en Colombia (1991-2003). Unijus/DIB. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Unal. Bogotá, 2005.

[2] El tópico de la reelección inmediata fue estudiada en un segundo libro, La reelección presidencial inmediata en el Sistema político colombiano, que aparecerá publicado en la Colección Gerardo Molina del Instituto UNIJUS. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2006.

[3] El presidente fue reelecto con 7.363.297 votos escrutado el 99,82 % de las mesas. El obtuvo el 62,2 % frente al 53 % del año 2002. Comparado con cuatro reelecciones en Suramérica, Álvaro Uribe Vélez tiene el mayor incremento porcentual, 9,2 %, seguido por el 8 % obtenido por Alberto Fujimori en su reelección. Sin embargo, la votación a su favor es apenas el 27,5 por ciento del potencial total de electores colombianos.

[4] Jorge I. González y Ricardo Bonilla. Bienestar y macroeconomía 2002-2006.

[5] Ver al respecto el artículo de mi autoría La contracara real de un presidente virtual, aparecido en el sitio de Internet a cargo de Actualidad Colombiana en el mes de julio de 2006.

[6] Su nombre verdadero es Rodrigo Tovar Pupo, hijo de una familia de terratenientes costeños, comandante hasta su reclusión en La Ceja, del Bloque Norte de las Autodefensas bajo control de la región de Cesar, y donde los cultivos de coca se incrementaron en un 24 por ciento el último año. Ver el artículo de Daniel Coronell, El Mapa del fracaso, revista Semana, septiembre 4 de 2006, p. 17.

[7] El vocablo proviene del latín gobernaculum que designaba el timón del barco, y por extensión connota la acción de dirigir o conducir; y ésta en últimas remite a la palabra griega kubernetes, el timonel de navíos, y que en el Gorgias lo usa para designar el arte de gobernar a los hombres. Consultar Barrera Delgado, Armando. La historia como sistema adaptativo. Cibernética e historia. Universidad Inca Gracilazo de la Vega. Lima, 2002, p. 4.

[8] Este periodo correspondió a las presidencias de Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango. Uno intentó negociaciones de paz con el Eln, cuando los paramilitares minaban su retaguardia estratégica; mientras que el otro gobernante se empeñó en la paz con las Farc, cuando éstas eran una amenaza estratégica en términos político-militares hasta el desmonte de su ofensiva estratégica en la batalla de Mitú.

[9] Ver un útil inventario descriptivo de la construcción del económico jurídico del orden neoliberal a partir de 1990, en el ensayo del profesor Jairo Estrada Álvarez, Orden neoliberal y reformas estructurales en la década de 1990. Un balance desde la experiencia colombiana, en revista Ciencia Política No. 1, Departamento de Ciencia Política, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional. Bogotá, enero-junio 2006.

[10] Entrevista en Semana, noviembre 27, 2006, p. 76.

[11] Ídem, p. 76.

[12] Contra Álvaro García se abrió indagatoria en julio de 2002, por la masacre de Macayepo, pero la Procuraduría archivó este proceso. Ver El Tiempo, noviembre 15 de 2006, pp. 1-4.

[13] Dos de los congresistas, Morris y García, pertenecen a Colombia Democrática, y Jairo Merlano, al Partido de la U, partidos integrantes de la coalición Uribista, quienes apoyaron la reelección presidencial.

[14] D’Artagnan. Gustavo Petro: el mejor, en Páginas editoriales de El Tiempo, 14 de noviembre de 2006.

[15] Estas son cifras de la Comisión Colombiana de Juristas. La Fiscalía investiga de éstos 1497 asesinatos, en tanto que la oficina del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, dice que son 252 las muertes ocurridas a partir del año 2004. El computador incautado a Jorge 40, jefe de un solo frente de las Auc, reporta 558 asesinatos perpetrados en 17 municipios del Atlántico y su capital, Barranquilla. Ver El Tiempo, 20 de octubre de 2005, p. 1-4.

[16] El Tiempo, ídem., p. 1-4.

[17] “Todos los informes confidenciales que Martí reportó durante 13 meses están plasmados en papelería oficial…El, dentro de un equipo de trabajo, se ocupó de aspectos relacionados con la convivencia e integración del recurso humano de la Fiscalía”.Ver El Rasputín de la Fiscalía, en Revista Semana, septiembre 11 de 2006. Bogotá, p. 50.

[18] En la columna Mentiras y silencios, Daniel Coronell cierra diciendo: “El Presidente rara vez responde a un cuestiononamiento…y cuando los hechos lo ponen en evidencia: guarda silencio. Ahora que está invitando a sus aliados a reconocer la verdad, debería empezar con el ejemplo”. Semana, noviembre 27, 2006, p.23

[19] Por que el quiebre de este pacto oligárquico también provino de una corriente antipolítico de derecha, liderada por el independiente liberal Álvaro Uribe Vélez, ahondando en la operación de guerra iniciada por su inmediato antecesor, Andrés Pastrana, en la transición de la regeneración reaccionaria.

[20] Luis Carlos Ordosgoitia, hoy director de Inco, y antes representante conservador por Córdoba, fue desde 1999 el canal entre los paras y el gobierno de Andrés Pastrana. En tal calidad asistió a finales de 2001, a la reunión de fundación del Movimiento Nacional Comunitario, en la que fue uno de los firmantes de la proclama de 12 hojas. El expresidente Pastrana dijo: “Nunca supe de esa reunión”, y aquel dice que nunca informó de ese encuentro. El Tiempo, 28 de noviembre de 2006, p. 1-6.

[21] El senador distribuyó en Córdoba en 1993, los dineros que el tesorero del Partido Liberal, Santiago Medina remitió para financiar la segunda vuelta en la candidatura de Ernesto Samper. El fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. El también intercedió por la liberación de Piedad Córdoba en el Nudo de Paramillo, quien fuera secuestrada por los paramilitares.

[22] Ver entrevista en El Tiempo, 26 de noviembre de 2006. Bogotá, p. 1-16.

[23] Eleonora junto con Rocío Arias fueron excluídas de las listas de Colombia Democrática, el partido fundado por Álvaro Uribe y su actual director Mario Uribe en 1985 como disidencia liberal con el nombre Sector Democrático. Hoy tiene 35 alcaldes, 396 concejales y 19 diputados en el país.

[24] Más políticos confirman pacto, en El Tiempo, 27 de noviembre de 2006. Bogotá, p. 1-2.

[25] La información decomisada a Edgar Ignacio Fierro Flórez, ‘Don Antonio’, al servicio de Jorge 40, y quien siguió operando en el Atlántico, a los pocos días de haberse desmovilizado en El Copey (Cesar), el 11 de marzo de 2006 fue capturado por el CTI de la Fiscalía en Santa Marta, prueba que la red paramilitar no se desmontó después de julio de 2005, cuando se aprobó la Ley de Justicia y Paz. Como lo registra el informe de Semana, la Fiscalía luego de decodificar los archivos de uno de los dos computadores de propiedad de Jorge 40, ha podido “conocer por primera vez las entrañas de un grupo paramilitar”, así como, el “informe de inteligencia de objetivos dados de baja”. Semana, septiembre 4,2006, pp. 3 0,31.

[26] Duncan, Gustavo. Los señores de la guerra: del campo a la ciudad. Revista Foro N. 54. Bogotá, agosto de 2005, p. 3.

[27] Datos complementarios tomados de Semana, noviembre 27,2006, p. 66.

[28] Ver al respecto los desarrollos teóricos de Carl Schmitt, Walter Benjamín, y recientemente, Giorgio Agamben y Antonio Negri.

[29] Ver El Espectador, 22 a 28 de octubre de 2006. Bogotá, p. 2ª.

[30] Reportaje con Carlos Gaviria, El Tiempo, noviembre 26, 2006, p. 1-13.

[31] Ídem., p. 1-13.

[32] El economista de Princeton, Paul Krugman,, en su columna El gran viraje, le pone cifras a la derrota. “Los demócratas ganaron 24 de 33 sillas del Senado, ganando siete millones de votos más. En la cámara, los demócratas recibieron un 53% de los votos bipartidistas, un margen más del doble superior al triunfo de 2,5 puntos porcentuales que Bush calificó como un “mandato” hace dos años…Gracias a un gran realineamiento regional, en el cual el sólido noreste ha reemplazado al sólido sur, el control demócrata ya no depende del bloque de Dixiecrats (el ala sureña del Partido Demócrata, muchas veces aliada de los Republicanos).” Ver El Espectador, 12 al 18 de noviembre de 2006. Bogotá, página 17ª.

[33] Hoy, él es objeto de una demanda en Karlsruhe, Alemania, como responsable de crímenes de guerra cometidos en Abu Ghraib y Guantánamo, que se denunció Fernando Botero en su última serie pictórica..

[34] La violencia actual presenta 1.219 homicidios, se asesinaron 16 policías, y la combinación criminal de paras del Norte del Valle, delincuencia común, y a ellos el ex gestor de Paz del Valle añade la presencia de la guerrilla proveniente de Caquetá y Putumayo. Ver El Tiempo, 23 de noviembre de 2006, p. 1-4.

[35] Consultar Informe Bien-estar y macroeconomía: 2002-2006: el crecimiento inequitativo no es sostenible, en periódico UN, 2 de julio de 2006. Bogotá, p. 8.

[36] Ver El Tiempo, 4 de septiembre de 2006. Bogotá, p. 1-10.

[37] Los ingresos laborales redujeron los recargos nocturnos, las horas extras, domingos y festivos, y la jornada diurna llega hasta las 10 de las noche; y conjuntamente están las modalidades de contratos de prestación de servicios, a término fijo, los trabajadores temporales y las cooperativas de trabajo asociado.

[38] Restrepo, Juan Camilo. Cuatro retos para un mejor país, en El Espectador, 6 al 12 de agosto de 2006, p. 2 A.

[39] El presupuesto para las FF.AA se calcula en 8.5 billones para gasto militar, junto al mantenimiento del aporte de $ 700 millones de dólares anuales como aporte del gobierno norteamericano prometido hasta el año 2009.

[40] Guillén Martínez, Fernando. El poder político en Colombia. Planeta Colombiana . Bogotá, 1996

[41] Idem., p. 5.

[42] El primer tratado de libre comercio lo firmó el actual presidente con Chile, el primer país de América Latina que recorrió la senda de los Chicago Boys durante el tiempo de la dictadura de Pinochet, ahora gobernado por la socialista Michelle Bachelet, quien sufrió las torturas de aquel gobierno de facto.

[43] Entrevista en El Tiempo, noviembre 28, 2006, p. 1-4. Ver Semana N. 1282. Bogotá, noviembre 27-diciembre 4, 2006, pp. 47-48.

[44] Vuelven críticas de Pastrana, en El Tiempo, 17 de octubre de 2006, p. 1-3.

[45] Ver Informe de Semana, noviembre 27, 2006, p. 42.

[46] Dice Felipe Zuleta, que Caconia era el nombre con que Ricardo Samper, su padrastro rebautizó a la Colombia de los últimos 25 años, parafraseando la Kakania de la obra maestra, Berlin Alexander Platz en los albores del Nazismo.