Juego de Presidencias en Los Andes.

Oficios de la Oposición en Colombia y América.

miguel angel herrera zgaib

                                    Por fin, tenemos a una oposición variopinta, que no atiende los dictados del bipartidismo en Colombia. Este es, sin embargo, el tiempo de la degeneración democrática, de la de-democratización, que estudiara el último Paul Tillich, cuando fijó su atención en las democracias populares del este, luego del derrumbe del llamado bloque soviético, a partir de 1989.

En Colombia, con una oposición viva hoy, con los resultados de Gustavo Petro y Colombia Humana, sin registro electoral, una población ciudadana heterogénea, convencida de la paz que elimine los privilegios, para cumplir el art. 13 sobre la igualdad real y efectiva, el desafío es mayúsculo, frente al anunciado fracaso del posconflicto convertido en un haz de burlas del presidente Duque para abajo.

Ahora, entre la exguerrilla de Farc, se cruzaron cartas Iván Márquez y Timochenko, el primero arrepentido de haber entregado las armas, y el segundo haciéndole una requisitoria, a la cabeza de las negociaciones en La Habana. Entre bambalinas le espetan en público la responsabilidad de su sobrino, Marlon Marín, el encubierto agente de la DEA, y contratista de la paz.

Él es protagonista del video con Santrich, donde hablan “en clave” de compra de televisores. La audiencia en privado es con los agentes encubiertos, mexicano-americanos, que pretextan después ser enviados por el capo Caro Quintero, y entregarle al Tiresias criollo un millonario pago en dólares por la entrega de 5 kilos de cocaína. Lo que afirma el mismo Marlon que se consumó aquel día.

Después de la espectacular revelación del nuevo video de siete minutos, de las presiones a Whitaker a la Corte Constitucional, ésta falla una tutela, con Lizarazo como ponente, que abre la caja de Pandora a la segunda instancia a procesos ya resueltos desde concejales para arriba, pasando por Andrés Felipe Arias, quien rehuyó a la justicia nacional como varios personajes del kínder reaccionario de Álvaro Uribe.

Puesto que no se establece un límite de tiempo, permitiría apelaciones hasta 1991, inclusive. El exmagistrado, Jaime Córdoba Triviño, hizo reparos, pero no al fondo de la sentencia, que aparece como “coima judicial” de gran calado.

¿Por qué?

Porque abrirá puertas a los terceros procesados y condenados por parapolítica, y los que tendrían que concurrir a la JEP, entre ellos, eventualmente, los hermanos Uribe Vélez. Quieren sembrar desde ya el camino de garantías para ser exculpados, si después de las indagaciones e investigaciones llegan hay sentencias condenatorias, y mayorías favorables en las Cortes.

Si prospera el recurso de apelación, el modelo presidencialista autoritario amplía la vida del régimen para-presidencial, que tampoco desmontó el gobierno del nobel de la paz. La respuesta de la oposición se juega en las calles y en las elecciones de octubre próximo. Una labor de intensa pedagogía política y de organización de los grupos y clases subalternos, para detener el quehacer reaccionario en el congreso, y ganar las elecciones locales y regionales donde es posible.

Por lo pronto, volverá a ser ponente Antonio José Lizarazo, objeto ya de presiones indebidas, por la embajada del procónsul Whitaker. Veremos, en muy corto tiempo para dónde va la justicia en materia de pesos y contrapesos. Porque seguimos en el tiempo de los “articulitos,” la judicialización de la política, y la vuelta a los “falsos positivos.”

Estos hechos fueron reconocidos y denunciados por el corresponsal de New York Times, y el consejo editorial del mismo diario con llamado urgente al gobierno Duque, que cae en popularidad al 32 por ciento. 

A la denuncia

 Siguió la carta de 72 congresistas norteamericanos protestando contra la barbarie posconflicto, para juntar el horizonte local y global frente a predicamento de la paz y la guerra colombiana. Y a esto se sumó la columna de Daniel Coronell "Explicación Debida" en la revista Semana, que recordó cómo ésta tenía desde febrero de este año, los mismos documentos que sirvieron al corresponsal del NYT, para que en algo más de una semana, pusiera en cuestión la política pública de guerra de las FF AA. 

El gobierno de dientes para afuera dijo que rectificaría la política, y Coronell fue despedido sin explicaciones de la revista en la que estuvo cotribuyendo como columnista durante 14 años. Entre tanto, la promoción del general Nicacio Martínez sigue su marcha en las bancas del senado. A la vez que, después de 14 meses, Jesús Santrich recupera su libertad, y la posibilidad de ocupar su curul según lo decidido en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia. 

A su turno, el derrotado gobierno de Duque truena; el presidente se indigna en público ante el auditorio de industriales, en número superior a 500. Él repite que acata las decisiones de la justicia, pero, en cambio, de inmediato insiste en que continuará defendiendo la legalidad, y espeta contra su enemigo declarado y condenado, el excomandante guerrillero Jesús Santrich, porque sin pruebas legales insiste que es un mafioso, y debe ser extraditado a los Estados Unidos.

Se va el caimán, y torrente de “pruebas”

“Pues ya están las 7.000 has aquí, en un mes. Y las otras 3.000 has, en un mes y una semana más (…) Dice Marín a los dos agentes encubiertos en el video recién filtrado a la opinión pública por desconocidos.

                                    El “inesperado” resultado de libertad para el guerrillero de las Farc-Ep fue contestado por la renuncia irrevocable del Fiscal general, quien fuera interlocutor directo de los acuerdos de La Habana. 

Luego Néstor Humberto, el caimán de los Andes, cerebro descubierto de la continuación de la guerra por otros medios; prolongó el asedio a la paz mediante el memorando de 6 objeciones, repetidas por el presidente Duque alegando conveniencia; y así no firmar la reglamentación de la JEP, luego de las marrullas de Ernesto Macías, presidente del Congreso.

Antes, dos magistrados que no desayunaron con el procónsul Kevin Whitaker, fueron “tallados” con la supresión de sus visas, Antonio José Lizarazo, ponente del fallo de exequibilidad; y Diana Fajardo, compañera de Corte. La táctica de los desayunos se destapó por los representantes López de Cambio Radical, y David Racero de Colombia Humana, el 2 de abril.

A “fundamentar” las objeciones presidenciales dedicó los días el fiscal renunciante, mientras de noche escribía cartas en defensa de Sarmiento Angulo frente al caso Odebrecht, según decir de Gustavo Petro. La embajada de Estados Unidos, en cabeza del procónsul Whitaker, continuaba un afanoso y puntilloso lobby institucional.

Antes, el 1o. de abril, los senadores en el desayunadero Whitaker, con la excepción de Iván Marulanda, le hacían la voz segunda. Él pensó que no la tendría “fácil” con la cámara baja, donde la correlación de fuerzas es desfavorable a la reacción y la derecha conservadora sumada con algunos “independientes”.

Con posterioridad, se supo que a tres magistrados les habían retirado la visa previamente. El primero, Antonio José Lizarazo, ponente en la Corte Constitucional del fallo de exequibilidad de la JEP, se acercó a los servicios consulares, y recuperó su visa.Una vez “visitaron” la sesión consular, a dos de los tres les restituyeron el paso a la sede imperial. Sin embargo, hubo un tercer magistrado, Eyder Patiño, presidente de la sala penal de la Corte Suprema, quien no aceptó se quedó sin visa.

 La punta del iceberg

“Es pretencioso decirlo así. Pero dado que tengo el privilegio de mantener diálogo con todos los sectores de la vida nacional, puedo servir de puente entre ellos”... Entrevista de Néstor Humberto Martínez con Yamid Amat, en ET, 19/05/19, p. 17.7.

“91 excombatientes y 26 familiares de las Farc asesinados entre 24/11/16 y 23/04/2019, reporta la Fundación Paz& Reconciliación, mientras que las Farc reporta 131 asesinatos de guerrilleros con última fecha 14/05/2019.

                                              La extradición de Santrich es el chivo expiatorio para desacreditar la JEP, y así cumplir de carambola las “promesas” hechas por Iván Duque. El exfiscal Martínez es el alfil jurídico de esta maniobra, y cobrará caro, mientras lo anuncia con cinismo:

 “No estoy en el proselitismo político y hoy mucho menos. No tengo ambiciones de esa naturaleza.”

Sin embargo, otra cosa piensan las fuerzas de la oposición, y observadores neutrales, su fiscalía ha sido la más politizada de todas. En goce pleno de la renuncia orquestada con el bloque reaccionario, corrobora a Yamid Amat la estrategia en la disputa hegemónica de la sociedad civil: “Es curioso: uno habla con todos los sectores y todos dicen “queremos la paz”. Bueno, empecemos por la paz política para que la institucionalidad de la paz funcione” (ET, 19/05/19, 1.6).

Este decir, ¡qué duda deja! El señor Martínez no solo quiere escabullirse de las trapisondas que armó por interpuesta persona, en defensa de Odebrecht, sino que da los primeros pasos como primer aspirante a la candidatura presidencial.

Él quiere asegurar su puesto en la sucesión, a través de un “nuevo” acuerdo nacional, que parecía fracasar en el primer convite a manteles con el presidente Iván Duque.

Para que avance, el nuevo acuerdo nacional, este Frente Nacional tiene que sellar la Pax romana, es decir, pasar de la paz neoliberal impuesta por Juan Manuel Santos a la guerrilla,―a cambio de justicia transicional y curules ―, a la paz reaccionaria, pretextando que el bloque reaccionario derrotó en el plebiscito por algo más de 42.000 votos, sin contar la abstención superior al total de votos emitidos.

(continúa)

Conejo a la Justicia

“La extradición es efectiva en la medida en que se reconozcan las decisiones judiciales de un Estado…Poner en entredicho su validez es el inicio del fin de la extradición como un instrumento fundamental en la lucha contra el crimen organizado.” Procuraduría general, en ET, 19/05/2019, 1.2.

                                                      Hace un año, que el Tiresias criollo, Jesús Santrich está en la cárcel La Picota, por cuenta del indictment presentado y acordado por el gobierno estadounidense durante la Fiscalía de Néstor Humberto. Para pescar en el río revuelto de la paz, mediante la afirmación sin pruebas, que el exguerrillero estaba incurso en tráfico de drogas con posterioridad a la firma del acuerdo del Colón, el 1o. de diciembre de 2016.

El indictment (la sindicación) lo autoriza un acuerdo administrativo de cooperación judicial binacional para el ejercicio express de la extradición, que permite trasladar en un santiamén a nacionales para ser juzgados en las cortes estadounidenses.

Este caso se llevaría ante una corte de New York, que enjuiciaría desembuchando las pruebas,” al “narcotraficante” de la Farc, cuya conducta supuestamente delictuosa ocurrió en Colombia, ante un gran jurado de extranjeros que no hablan castellano. Algo parecido a una ordalía cristiana en los tiempos de la inquisición colonial imperial española.

Conviene recordar que está acción administrativa no la respalda ninguna ley de extradición, sino que invoca la extradición, que luego de prohibida en el artículo 35 de la Constitución de 1991, la reincorporó una reforma constitucional express, “patinada” por el expresidente Ernesto Samper sin visa a raíz de la descertificación estadounidense.

Entonces él inició la entrega de los hermanos Rodríguez Orejuela, para congraciarse con el imperio vengador, y de paso, literalmente, “taparle la boca” a los financiadores de elecciones, hasta el solo de los venados. Asistíamos así a los comienzos del régimen para-presidencial por interpuesta persona. El modelo se cocinaba en la gobernación del Departamento de Antioquia, y su genealogía la trazó con elocuencia cuasi-suicida el congresista Gustavo Petro.

Ante el fallo de la sala de revisión de la JEP, instrumento de la justicia transicional, el ministerio público que lidera el procurador Carrillo, uno de los impulsores años atrás de la 7ª papeleta, a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán, apela lo decidido en favor de Santrich, valiéndose de una nueva prueba, un video de 7 minutos hecho a su gusto por Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, informante de la DEA.

El decir de la Procuraduría no repara en los hechos que prueban la conducta delictiva atribuida a Santrich, que la JEP tuvo que revisar con los instrumentos a su alcance, para determinar si la conducta ocurrió después del 1o. de diciembre. No sirven los argumentos jurídicos solos, pero, en todo caso, la Procuraduría apeló el lunes 20/05719.

En cambio, se presenta un argumento de autoridad, que no tiene validez para la justicia transicional: “Tenemos argumentos jurídicos bastante sólidos…La extradición es efectiva en la medida en que se reconozcan las decisiones judiciales de un Estado.”

La garantía de los exguerrilleros desarmados

“No me vengan con leguleyadas”. Palabras de reproche del procónsul estadounidense

 Kevin Whitaker contra el representante López de Cambio Radical, durante el desayuno de abril 2.

“La sentencia “demuestra” que los acuerdos con las Farc crearon un cogobierno con el narcotráfico.” El Centro Democrático, CD.

“El acuerdo de paz ya llevó a este tribunal al límite de los beneficios que puede conceder.” Procuraduría general.

                                                       Para hacer la dejación de armas, con el antecedente de la paz con el M19, que Antonio Navarro cada vez que puede recuerda, - nunca hubo “entrega” de las mismas -, las extintas Farc-Ep elaboraron, en discusión primero con el gobierno, la justicia para transitar de la guerra a la paz.

Es el fruto de la discordia con las fuerzas coaligadas de la reacción y la derecha conservadora, que no quieren justicia sino venganza contra “sus enemigos,” a quienes quisieron liquidar en la guerra lanzada durante los dos gobiernos de Uribe Vélez.

Para hacer la paz, después de 52 años en armas, la comandancia de las Farc-Ep se asesoró de la mejor manera. Incorporó al equipo de La Habana al jurista español, Enrique Santiago, comunista, diputado electo por Unidas Podemos, y secretario de su partido; y al hijo de Jorge Leyva Urdaneta, ―laureanista disidente del Frente Nacional, candidato presidencial en 1958 y 62―, el conservador Álvaro Leyva Durán.

Álvaro, confidente del sacrificado Gómez Hurtado, se inmiscuyó en procesos de paz con Belisario Betancur, y luego con Andrés Pastrana al negociar con las Farc en el Caguán. Para salvar su vida, se exilió en Costa Rica, entre los años 1998 y 2006.

Con la rejilla de las garantías, para prevenir extradiciones sin fundamento conocido como las de Sonia y Simón Trinidad, la guerrilla desarmada, con los fierros convertidos en piso del anti monumento de Doris Salcedo, la supuesta actuación criminal de Santrich tenía que pasar el filtro de la JEP.

 La comisión de revisión, con una votación 3 a 2, dictaminó que no hubo prueba del hecho que Santrich incurriera en conducta susceptible de extradición. Ahora de la apelación conocerán los magistrados Linares, Gamboa, Rojas, Cifuentes y Arango.

En el ínterin el presunto sindicado intentó suicidarse, cortándose las venas, en la celda de la Picota. Pudo ser atendido con prontitud, luego que Santrich, recluido un año, supo que su libertad sería impedida de nuevo, por un dispositivo montado por la Fiscalía con la expedición de una orden de recaptura avalada por una juez que desestimó el argumento de su defensa de no ser competente, al ser Santrich congresista a raíz de lo pactado en los acuerdos de paz.

(continúa)