viernes, 20 de agosto de 2010

¿Hasta cuándo?
Santiago José Castro Agudelo

Los cierto, sin embargo, es que el país se ve abocado a reelegir unas corporaciones públicas que están totalmente desacreditadas. Tanto los cabildos, como las asambleas y las dos cámaras se han mostrado como entidades ineficientes, de las que nadie espera nada bueno
Álvaro Gómez Hurtado, 1978.

(…) la forma de presión social que es el poder público funciona en toda sociedad, incluso en aquellas primitivas donde no existe aún un órgano especial encargado de manejarlo.
José Ortega y Gasset, 1937.

Me he tomado un tiempo que considero prudente antes de hacer una breve aproximación a los primeros días del nuevo gobierno de Colombia que encabeza el otrora Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien se presentó como el candidato de la política de seguridad democrática del ahora ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Este último no tenía más opción que apoyar la candidatura de su ex ministro, tras la derrota, sorpresiva para algunos, de Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura, en la consulta del Partido Conservador, frente a la pre candidata Noemí Sanín.

Arias, sin duda, representaba la continuidad de Uribe en el poder al mejor estilo de Putin, sin ningún reparo en aceptar que seguiría a ciegas las instrucciones del ex presidente. Sin embargo, ganar la consulta conservadora hubiese implicado además que Uribe entraría a manejar los hilos de la política conservadora, siempre cercana pero a la vez distante de la idea de convertirse en un partido “uribista”. Esto no podía menos que generar una reacción de malestar frente a la figura de Arias al interior del Partido Conservador, que optó por rodear una candidatura que no tendría ninguna posibilidad en una primera vuelta presidencial.

Con Arias por fuera de la contienda, Noemí Sanín siguió, ¿sin darse cuenta?, el mismo camino ante la sorpresiva “ola verde” que pocos lograron anticipar pero que, no obstante, demostraría no ser más que una ola, es decir, chocó contra un muro de contención y se desvaneció dejando un leve manchón de humedad que no afecta para nada a aquello contra lo que se estrelló: el poder político en Colombia. Ese que expuso y denunció Guillén en libro que hoy sigue reimprimiéndose, ya que la historia en ese sentido parece haberse detenido.

La ola verde, con su mezcla de ingenuidad e incoherencia; la candidatura de Gustavo Petro, más no del Polo Democrático Alternativo; y la candidatura de Germán Vargas Lleras alegando tener el programa de gobierno mejor estructurado, difícil decir que el mejor mostraron, no obstante, que empezaba a haber una reacción contra lo que representaba el gobierno Uribe Vélez, particularmente en su segundo periodo, logrado mediante las peores artimañas que este país recuerde, irrespetando ese acuerdo por el que tanto sufrió y luchó Colombia que fue la Constitución Política de 1991, y desatendiendo la posibilidad de pasar a la historia como uno de los Presidentes más queridos de su tan anhelada “patria”.

De Uribe a Santos

Uribe había logrado confundir a la opinión pública y evitado una reacción popular contra los actos de gobierno, o que desde el gobierno se orquestaban, en contra de la oposición, las altas cortes, las ONG de Derechos Humanos, los movimientos de víctimas y los sectores más pobres de Colombia, que cuando no tenían que marchar hacia los centros urbanos más importantes por culpa de la invasión de sus tierras, debían llorar a sus muertos vestidos de guerrilleros en la escena de los “falsos positivos”. Todo ello era “culpa” de “otros”, del gobierno, de los militares, de los políticos, del ateísmo, de no aguantarse el gustico, nunca de un Presidente que consagrado a la Virgen de Fátima había llegado para salvar a este pueblo ignorante que estaba dispuesto a la penitencia con tal de amortizar al menos la caída al abismo.

Juan Manuel Santos, otrora liberal samperista, luego cuasi-golpista, pastranista, anti-reeleccionista y ahora ultra-uribista, representaba, paradójicamente, la única posibilidad de lograr una imagen, al menos, de que Colombia le agradecía a Uribe lo que hizo y que no quería por nada del mundo dejar de lado la seguridad democrática, lo que sea que esta signifique. Uribe no tenía otra opción que comprender lo que venía y aceptar su derrota. Santos no concebía la política como un ejercicio de vaquería sino más bien como un ejercicio de acuerdos y delegación de funciones. Si ello implica un cambio de régimen o no está por verse.

No puedo negar que no me he sentido incómodo con los primeros días del gobierno de Juan Manuel Santos. Es más, tengo que aceptar que por momentos he dejado salir una sonrisa de esperanza ante lo que leo:

Reunión con el Polo para acordar un estatuto de la oposición, reunión con los verdes para acordar un estatuto contra la corrupción, reunión con las cortes para garantizar que nunca más un funcionario del ejecutivo cuestionará en público sus fallos; reunión con Hugo Chávez para poner las cartas sobre la mesa y definir que lo primero es el bienestar de la Nación; declaración del Ministro de Hacienda afirmando que el gobierno saliente no dejó ni para un puente peatonal colgante, y declaración del Ministro de Transporte alegando que no hay razón para no construir rápidamente un nuevo aeropuerto, entre otras.

¿De nuevo a votar?

Todo suena muy bien hasta que recuerdo que en poco más de un año saldremos de nuevo a votar, esta vez por ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. Es el momento ideal para que los honorables Senadores y Representantes aceiten sus maquinarias políticas pensando en su propia reelección en 2014. La política en Colombia no ha podido dejar de ser eso: el punto de convergencia de diferentes organizaciones electorales que buscan apropiarse de los recursos públicos e instaurar en la ya saturada e ineficiente burocracia estatal a sus siempre leales capataces, perfectos ejemplos de lo que Ortega y Gasset llamó el hombre masa, ese que “tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones”.

Me pregunto entonces, hasta cuándo la ciudadanía se negará a comprender que el Estado le pertenece, que la democracia implica que todos gozamos de igualdad de ley, es decir, de los mismos derechos de participación política, y que por tanto somos propietarios de lo público y guardianes de lo común. Sigo sin entender cómo hemos permitido que la política sea hoy sinónimo de corrupción, el Estado de opresión y lo público de suciedad.

Juan Manuel Santos ha dado muestras de que su gobierno, al menos en la forma será distinto y ello no niego que me complace gratamente y me deja pasar los días algo menos intranquilo. Sin embargo, ¿hasta cuándo seguiremos creyendo que el cambio en la forma es un cambio en el contenido? ¿Hasta cuándo seguiremos respirando un breve aire de tranquilidad al inicio de cada gobierno, pensando que ahora sí llego el redentor?

Va siendo hora que la ciudadanía se active y que rodee al Presidente de la República, sí de la REPÚBLICA, esa que es de todos y todas; no para criticarlo, insultarlo, negarlo o ignorarlo; sino para potenciarlo, empujarlo y sostenerlo, en aras de obligarlo a hacer los cambios que este país urgentemente necesita y a que impulse la apropiación del Estado por parte de la ciudadanía y no por parte de esas macabras organizaciones que se han apoderado de los partidos políticos y del poder público para saciar los más inescrupulosos intereses.

¿Hasta cuándo podré seguir soltando una que otra sonrisa de esperanza? Hasta que vuelva la desilusión de saber que el régimen, ese que tanto denunciaron Pardo Leal, Jaramillo, Pizarro, Galán, Cepeda y hasta el mismo Gómez Hurtado, sigue intacto y que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de Colombia somos sus despreciadas unidades de producción.

martes, 17 de agosto de 2010

Con anterioridad publicamos un texto remitido por Alberto Acosta desde el Ecuador sobre el tópico que ahora trata el profesor Immanuel Wallerstein, exponente de la teoría del sistema-mundo, y de un nuevo entendimiento de las ciencias sociales. Aquí nos invita a incorporar un nuevo verbo al vocabulario de la izquierda "yasunize". Averigüe por qué. N de la R

"Contradictions in the Latin American Left"

Latin America has been the success story of the world left in the first decade of the twenty-first century. This is true in two senses. The first and most widely-noticed way is that left or left-of-center parties have won a remarkable series of elections during the decade. And collectively, Latin American governments have taken for the first time a significant degree of distance from the United States. Latin America has become a relatively autonomous geopolitical force on the world scene.

But there has been a second way in which Latin America has been a success story of the world left. Movements of the indigenous populations of Latin America have asserted themselves politically almost everywhere and have demanded the right to organize their political and social life autonomously. This first gained world attention with the dramatic uprising of the neo-Zapatista movement in the Mexican state of Chiapas in 1994. What has been less noticed is the emergence of similar kinds of movements throughout Latin America and the degree to which they have been creating an inter-American network of their local organizational structures.

The problem has been that the two kinds of lefts - the parties that have achieved power in the various states and the indigenista movements in the various states - do not have identical objectives and use quite different ideological language.

The parties have made as their principal objective economic development, seeking to achieve this objective at least in part by greater control over their own resources and better arrangements with outside enterprises, governments, and intergovernmental institutions. They seek economic growth, arguing that only in this way will the standard of living of their citizens be enhanced and greater world equality achieved.

The indigenista movements have sought to get greater control over their own resources and better arrangements not only with non-national actors but also with their own national governments. In general, they say their objective is not economic growth but coming to terms with PachaMama, or mother earth. They say they do not seek a larger use of the earth's resources, but a saner one that respects ecological equilibrium. They seek buen vivir - to live well.

It is no surprise that the indigenista movements have been in conflict with the few most conservative governments in Latin America - like Mexico, Colombia, and Peru. Increasingly, and quite openly, these movements have also come into conflict with the left-of-center governments like Brazil, Venezuela, Ecuador, and even Bolivia.

I say even Bolivia because that is the one government that has elected an indigenista president with massive support from the indigenista population of the country. And nonetheless, there has been a conflict. The issue, there as elsewhere, is whether and how natural resources are developed, who makes the decisions, and who controls the revenue.

The left parties tend to accuse the indigenista groups that come into conflict with them of being, wittingly or not, the pawns (if not the agents) of the national right parties, and of outside forces, in particular of the United States. The indigenista groups who oppose the left parties insist that they are acting only in their own interests and on their own initiative, and accuse the left governments of acting like the conservative governments of old without real regard for the ecological consequences of their developmentalist activities.

Something interesting has recently happened in Ecuador. There, the left government of Rafael Correa, which had won power initially with the support of the indigenista movements, subsequently came into sharp conflict with them. The most acute division was over the government's wish to develop oil resources in an Amazonian protected reserve called Yasuni.

Initially, the government ignored the protests of the indigenous inhabitants of the region. But then President Correa invented an ingenious alternative. He proposed to the wealthy governments of the global North that, if Ecuador renounced any development in Yasuni, these wealthy governments should compensate Ecuador for this renunciation, on the grounds that this was a contribution to the world struggle against climate change.

When this was first proposed at the Copenhagen climate summit in 2009, it was treated as being a fantasy. But after six long months of negotiations, five European governments (Germany, Spain, Belgium, France, and Sweden) have agreed to create a fund to be administered by the U.N. Development Program to pay Ecuador not to develop Yasuni on the grounds that this contributes to the reduction of carbon emissions. There is talk of inventing a new verb, yasunize, to denote such deals.

But how many such deals could one make? There is a more fundamental issue at stake. It is the nature of the "other world that is possible" - to use the slogan of the World Social Forum. Is it one based on constant economic growth, even if this is "socialist" and would raise the real income of people in the global South? Or is it what some are calling a change in civilizational values, a world of buen vivir?

This will not be an easy debate to resolve. It is currently a debate among the Latin American left forces. But analogous situations underlie much of the internal strains in Asia, Africa, and even Europe. It may turn out to be the great debate of the twenty-first century.

by Immanuel Wallerstein

[Copyright by Immanuel Wallerstein, distributed by Agence Global. For rights and permissions, including translations and posting to non-commercial sites, and contact: rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 or 1.336.286.6606. Permission is granted to download, forward electronically, or e-mail to others, provided the essay remains intact and the copyright note is displayed. To contact author, write: immanuel.wallerstein@yale.edu.

These commentaries, published twice monthly, are intended to be reflections on the contemporary world scene, as seen from the perspective not of the immediate headlines but of the long term.]




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Becky Dunlop
Secretary, Fernand Braudel Center
Binghamton University
PO Box 6000
Binghamton NY 13902
http://fbc.binghamton.edu

miércoles, 11 de agosto de 2010

Hola a todos. A propósito del bicentenario, el grupo Presidencialismo y Participación los invita a unirse al curso: "Subalternidad y Hegemonía en Colombia" a cargo del profesor Miguel Angel Herrera Zgaib que se realizará en este semestre de 2010 los días lunes y jueves de 2PM a 4Pm en el ed. Manuel Ancizar, Salón 1018.

Atrévete a unirte a esta magnífica oportunidad y ayúdanos a mantener abierto el curso.

Para los interesados, favor inscribirse vía virtual. Si necesitan información del programa, favor solicitarlo al correo: ultimate_saga_gd@hotmail.com

martes, 10 de agosto de 2010

Adjuntamos la carta dirigida al Secretario General de la ONU. N de la R.

August 9th, 2010

Your Excellency

Ban Ki-Moon

Secretary-General

United Nations Organization

1 United Nations Plaza

New York, NY 10026

Your Excellency:

We, the undersigned – a number of international and domestic human rights and peace organizations, human rights defenders, journalists, and professors – would like to express our concern for the appointment of former President of Colombia, Álvaro Uribe, to the panel of inquiry on the May 31st Flotilla incident.

We are convinced that Mr. Uribe is not qualified to defend international law and would like to submit the following examples for your consideration:

Violation of the territorial integrity of a neighboring State – On March 1st, 2008, the Colombian Armed Forces bombed the camp of “Raúl Reyes”, a leader of the Armed Revolutionary Forces of Colombia, known as FARC, in Ecuador. This transgression of one of the pillars of the international order – the respect for territorial integrity – led to the break-off of diplomatic relations with the neighboring country, which have not yet been restored.

Resolution 930 (1632/08) of March 5 2008, of the Permanent Council of the Organization of American States, established that the act constituted “a violation of the sovereignty and territorial integrity of Ecuador and of principles of international law”. The Government of Ecuador placed a complaint against Colombia before the Inter-American Commission of Human rights for these facts.

Extrajudicial executions – During the two presidential terms of Mr. Uribe, extrajudicial executions increased dramatically.

In the words of Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, “the phenomenon of so-called “false positives” (falsos positivos) — unlawful killings of civilians, staged by the security forces to look like lawful killings in combat of guerrillas or criminals — are well known to Colombians. While there are examples of such cases going back to the 1980s, the evidence indicates that they began occurring with a disturbing frequency across Colombia from 2004... There have been too many killings of a similar nature to characterize them as isolated incidents carried out by individual rogue soldiers or units, or «bad apples».” (A/HRC/14/24/Add.2).

Moreover, in his press statement in Bogota, Philip Alston, sustained that «false positives» constituted a practice “more or less systematic”. (Press statement of Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Mission to Colombia from 8 to 18 June 2009).

Confrontation with the judicial branch – The Government of Álvaro Uribe harassed the high courts and, with constant public disqualifications, put at risk the independence of the judicial branch. In its last report, the United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights in Colombia stated:

Tension and public disputes between the executive and judicial branches during 2009 may have undermined the independence of the judiciary. OHCHR-Colombia documented public statements by high-level government officials and social and political actors discrediting the Supreme Court and its magistrates, as well as undue interference, direct or indirect, into their functions through lobbying, pressure and threats. These acts could constitute a violation of the United Nations principles of judicial independence4 and raise concerns over some magistrates’ personal security.” (A/HRC/13/72)

Use of intelligence agencies against human rights defenders, political opponents, and magistrates – According to the testimonies of detectives assigned to the Administrative Department of Security, at least from 2003 on, orders for the illegal wiretapping of journalists, judges, and congressmen originated in the Presidential Palace. The investigations of the Attorney-General show a criminal machinery set up by the intelligence agency – DAS - , under the control of the President.

According to the United Nations Office of Human Rights in Colombia, “information was made public in 2009 that DAS (the national civil intelligence agency reporting directly to the President) had conducted widespread and systematic illegal intelligence operations going at least as far back as 2003. These operations targeted, inter alia, human rights defenders, political opposition leaders, journalists and high-level Government officials, such as the Vice-President. Furthermore, disturbing information appeared in the public domain that even magistrates of the Supreme Court were subject to surveillance. The Inter-American Commission on Human Rights, a United Nations Special Rapporteur and OHCHR-Colombia itself were targeted as well. These actions, in many cases, had the objective of invalidating the work of the victims, who were considered as “legitimate targets” for being potential opponents to Government policies”. (A/HRC/13/72)

To the extent that the United Nations system in the field has witnessed and even been a victim of the facts described, we would like to protest the decision taken by your Excellency. As can bee seen, the Government of Mr. Uribe has been condemned for its behavior of disrespect towards international law, which is the necessary point of reference for the analysis of the Flotilla incident.

Therefore, we respectfully request Your Excellency that, for the credibility of the inquiry panel and the good of the United Nations and international law, the appointment of Mr. Uribe be reconsidered.

Cordially,

Organizaciones Derechos Humanos Internacionales

Centro América por el Diàlogo -CAD- (espacio centroamericano)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL

Colombia Human Rigths Committee

Fellowship of Reconciliation FOR

Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos FEDHU

Movimiento Tzuk Kim-pop (Guatemala).

Red para la infancia y la familia

Stichting Play Fair Europe Amsterdam

TEJE (Travailler Ensemble Jeunes et Engagés). Francia.

The Presbyterian peace fellowship

The United Methodist Church

Us Office on Colombia

Defensores Derechos Humanos Internacionales

Philippe Texier, Magistrado honorario, experto de Naciones Unidas. Francia.

Carola Iñiguez Zambrano

Chloe Schwabe

Cristina Espinel

Henry Morales

Ildefonso Finol

Janeth Muñoz

Kelly Nicholls

Kimberly Stanton

Luci Faria Pinheiro

Raúl Zibechi

Rosa Lía Chaica S.

Susana Pimiento

Académicos

Álvaro Camacho Guizado

Andrés Felipe Ortiz Gordillo

Carlos Rodríguez Mejía

Carlos Vidales

César Giraldo

Emmanuel Rozental

Fé David Rodríguez (Francia)

Felipe Gómez

Fernando Arellano Ortiz

Flor Edilma Osorio

Francisco Guerra

Giovanny Leal R

Jaime Zuluaga Nieto

Juan Guillermo Ferro

Juan Tokatlián

Laura Gil

Leopoldo Múnera

Luis Mejía

Orlando Iregui Rumazo (Colombia)

Ramiro Garcia Arias

Ricardo Sánchez Ángel

Columnistas y Periodistas

(Nota de O.D.—Lamentable que no aparezcan las firmas de Héctor Abad y de Wiliam Ospina) (Ver sus últimas columnas en El Espectador del domingo)

Alfredo Molano

Álpher Rojas Carvajal

Carlos Jiménez Moreno

Carlos Lozano

Clara Nieto de Ponce de León

Claudia Julieta Duque

Constanza Cuetia

Constanza Vieira

Dawn Paley

Fernando Garavito

Javier Darío Restrepo

Jesús Abad Colorado

Laureano Monroy

León Valencia

Ramiro Bejarano Guzmán

Vladimir Flórez, Vladdo

Yurani Mena

Organizaciones Derechos Humanos Nacionales

Alianza Social Continental

Andas Valle

Asamblea Permanente por la Paz

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES

Asociación Minga

Asociación Origen común

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CCAJAR

Colectivo Otra Colombia Es Posible

Colombia Human Rights Commitee

Comisión Colombiana de Juristas CCJ

Conciudadanía

Consejería de Proyectos PCS

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos

Corporación Nuevo Arcoíris

Corporación Reiniciar

Corporación Viva la Ciudadanía

Cultura Democrática

Derechos Humanos y Democracia

Foro Interétnico Solidaridad Chocó

Foro Nacional por Colombia

Fundación Guagua

Fundacion Mujer Sola

Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos ILSA

Manovuelta

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE

Organización Femenina Popular y Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra

Pensamiento y Acción Social, Pas.

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Capítulo Peruano, Capítulo Argentino.

Red de Acción contra el ALCA – Recalca

Red de Mujeres

Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra REDEPAZ

Red Nacional de Mujeres

Red Nacional de Mujeres Nodos: Barranquilla, Bolívar, Bucaramanga, Cauca, Chocó, Manizales, Medellín, Pasto, Risaralda, San Andrés y Providencia, Tolima, Tunja, Valle.

Ruta Pacífica de mujeres

Sisma Mujer

Taller Abierto

Tejido de Comunicación y de Relaciones Externas para la Verdad y la Vida, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN

Defensores Derechos Humanos Nacionales

Agustín Jiménez

Alirio Uribe

Álvaro Villarraga

Amaury Padilla Cabarcas

Antonio Madariaga

Astrid Flórez

Aurelino Quejada

Bibiana Ortiz

Carlos Salgado Araméndez

Carolina Jiménez

Diana Sanchez

Diego Pérez

Enrique Daza

Fabio Lozano

Gloria Florez

Gloria Luz Gómez

Héctor León Moncayo

Hernán Darío Correa

Jahel Quiroga Carrillo

Jorge Eliécer Molano

Jorge Peralta de Brigard

Jorge Rojas

Juan Acevedo G

Julia Ines Madariaga

Larry Castillo

Luis Emil Sanabria Durán

Luis Sandoval

Luz Miryam Moncayo

Magdala Velásquez

Marco Romero

Maria Elena Unigarro Coral

Maria Ruth Vera Vera

Marina Gallego Zapata

Mauricio Garcia Duran

Miguel Antonio Cruz González

Mildrey Corrales Ch.

Nancy Sanchez

Olga Amparo Sanchez

Otoniel de Jesús Mejia Londoño

Pedro Santana

Pilar Trujillo

Rafael Vargas

Reinaldo Villalba

Ricardo Esquivia

Richard Moreno

Rosaliano Riascos R.

Salomé Oliva

Tatiana Montaña

Tito Augusto Gaitán

Sindicatos y Sindicalistas:

Alex Fabián Espinoza

Asonal Judicial

Central Unitaria de Trabajadores CUT

Gerardo Cajamarca Alarcon

Sinaltrainal Mision Internacional

Tarsicio Mora

Partidos Políticos:

Partido Polo Democrático Alternativo

Dirigentes políticos

Carlos Naranjo Ossa

Clara López Obregón

Gloria Cuartas

Iván Cepeda

Más firmantes

Alvaro Jimenez Millán

Amalia Caro

Ana Marcela Bueno

Ana María Gómez

Ana María González Valencia

Ángel Beccassino Jugovac

Beatriz Montoya

Brayan E. Cárdenas Posada

Carlos Eduardo Perez Corredor

Cira Vila

Ciro Ramirez

Claudia Mejía

Dairo Alberto Ospina

Diana Patricia Salazar

Fernando Gredelmann

Gilberto Herrera Stella

Gladys Jimeno

Guillermo Segovia Mora

Imelda Daza-Cotes

Jairo Espinosa Gutiérrez

Jairo rojas

José I. Nieto

Juan Manuel Roca

Julia Adriana Figueroa

Lucely Orozco Soto

Manuel Antonio Velandia

María Eugenia Rodríguez

Miguel Montoya

Myriam Montoya

Nancy Ruth López Flórez

Néstor Camilo Garzón

Noemí Lafuente Redón
Santiago Pérez Bartolomé
Florentina Redón Delmiro

Nubia Pedraza

Paola Marcela Murillo

Patricia Ariza, dramaturga, actriz

Viviana Cárdenas

Viviana Sigrid Cárdenas Cardona

domingo, 8 de agosto de 2010

Un escrito de la revista virtual Sin permiso que dirige el intelectual español Antonio Doménech, destacado discípulo del filósofo e investigador social Manuel Sacristán ya fallecido. N de la R.


Colombia y las bases

de datos basura

Laurent Jones

Laurent Jones es una joven jurista francesa actualmente radcada en Bogotá y colaboradora en Colombia de la Revista Sinpermiso.

Sinpermiso

Agosto 1 de 2010

La reciente decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de negar la solicitud de visado a uno de los periodistas más reconocidos por la denuncia de la vulneración de los DDHH en Colombia, Hollman Morris, le da la razón a los activistas que en múltiples oportunidades han manifestado el intolerable nivel de persecución al que el actual gobierno ha sometido a todo lo que huela a oposición.

Quizá lo primero que haya que decir es que Colombia se ha convertido en un patético país-prisión en el que sus ciudadanos no pueden trasladarse prácticamente a ningún lugar del mundo, salvo importantes excepciones como Brasil, sin haber sido previamente sometidos a un humillante cacheo en su vida financiera, profesional y familiar en aras de satisfacer las exigencias que a cada país se le antoje imponer, lo que en ningún caso garantiza la obtención del visado.

La amplia potestad de los estados de negar el visado sin que medie ni la más minina justificación, permite que la discrecionalidad encubra vulgares criterios discriminatorios. Esta lamentable situación ha establecido una cómplice vulneración global de los DD.HH. a sus nacionales.

El origen de esta realidad ha sido producto de una combinación de dos aspectos, primero, la actuación del gobierno de Estados Unidos que en los 90, en el marco de su lucha antidrogas, incluyó a Colombia en la lista de los parias del mundo; y segundo, la gran debilidad de sus gobiernos, que, pese a ser excluidos de los grandes réditos del turismo y comercio internacional; y verse aislados social y políticamente, no han sido capaces de controvertir en forma seria dicho estatus.

De hecho si bien el origen del veto a los nacionales colombianos fue la lucha antidrogas, la misma no tenía ningún sustento cuando con los cambios políticos estadounidenses hacia el polo del antiterrorismo, se propició una profunda alianza entre el gobierno de Bush y Álvaro Uribe. Al parecer las dos veces que Uribe vino al rancho tejano de Bush no fueron suficientes para que este tema se ventilara.

En este contexto, el ascenso del presidente Obama fue recibido por la izquierda democrática como una esperanza de cambio en Colombia y en especial, de mayor control al gobierno de extrema derecha de Uribe inflado por el discurso antiterrorista tras los ataques del 11-S.

De hecho la apuesta de Uribe con el partido republicano llegó a tal nivel que recibió en Cartagena de Indias, y con honores de estado, al apenas candidato republicano John McCaine, cuando éste se encontraba en plena contienda política. Por lo que en sus inicios, el triunfo de Obama parecía una verdadera cachetada al mandatario del sur.

No obstante, las cosas no necesariamente se enrumbaron por el camino más evidente. Durante el gobierno de Obama las relaciones con USA han permanecido en una zona de turbulencia y constante ambigüedad, por una parte la distancia marcada por el mandatario estadounidense frente a la potencial reelección de Uribe con la célebre frase de que “dos periodos de gobierno son suficientes” fue leída como un gesto de rechazo a la gestión del presidente colombiano y de alguna manera un veto a las múltiples denuncias de 8 años de escándalos por extralimitaciones y abusos en las actividades de los organismos de inteligencia y de seguridad, dentro de los cuales se encuentran los conocidos como los “falsos positivos”, el desplazamiento masivo y forzado de la población campesina e indígena hacia las ciudades, y las allí denominadas “chuzadas” telefónicas: un plan de espionaje organizado por el mismo gobierno en contra de altos funcionarios de la rama judicial, congresistas de la oposición, periodistas críticos y prácticamente toda persona que se le interpusiese al entorno de unanimismo que pretendió crear el saliente gobernante.

Por otra, el aplazamiento de la discusión del Tratado de Libre Comercio –TLC- con Colombia, que definitivamente ha quedado de último en la lista de espera de los países en vías de desarrollo que buscan el supuesto beneficio (lo que por lo demás no está nada claro), quedando detrás de los recién llegados.

Esto mostró otro gesto de rechazo, aunque el mismo no resultaba obvio con la actitud del ex embajador de Estados Unidos en Colombia, muy cercano a Uribe y prácticamente indiferente a los escándalos, lo que pareció evidenciar que su gobierno no tenía directrices claras.

Quizá lo único que pueda afirmarse con relativa solidez es que para Obama, el país preferido de Bush en A.L., es realmente irrelevante y tal relajamiento ha permitido que se lleve a cabo el refrán de que “cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta”.

Así, pese a no contar con su apoyo, Uribe ha hecho fiesta con la ausencia de un mayor seguimiento a sus movimientos por parte del gobierno del norte.

Ahora bien, es posible suponer que ante la inicial presión con el TLC, Uribe se haya visto obligado a ofrecer ciertos beneficios al gobierno estadounidense, el primero de ellos pudo ser la aceptación de las bases militares teniendo a todos sus vecinos en contra, el segundo pudo ser la entrega de la bases de datos de los organismos de inteligencia y contrainteligencia creada con chuzadas realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, claro, totalmente contaminada.

Con lo que Uribe mataba dos pájaros de un tiro: quedaba bien con Obama y, de paso, le daba un escarmiento a sus contrincantes.

Así el gobierno demócrata de Obama le presta, sabiéndolo o no, un invaluable servicio al gobierno de derechas colombiano. El problema ahora es que hará el Presidente estadounidense con el titular del Nuevo Herald en Miami que dice “Polémica por visa de periodista colombiano” y en sus páginas interiores “niegan visa a fuerte crítico de Uribe”.

En palabras del Director de la división para las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, quien justamente había premiado a Morris en el 2007 por su destacado trabajo a favor de los DD.HH. “Aquí hay que asegurarse que la administración de Obama no se deje usar o manipular por el gobierno y los servicios de inteligencia de Colombia”. (Nuevo Herald, 13 de julio 2010).

Para terminar vale la pena anotar que la ley de inteligencia y contrainteligencia (1288 de 2009) que permite el espionaje a cualquier persona por los cifrados conceptos de seguridad nacional, terrorismo, orden democrático, por parte de los organismos de inteligencia colombianos, prácticamente sin ningún control institucional, ha sido recientemente demandada por la organización de defensa de DDHH -Asociación Colombiana de Juristas- y la Fundación Reiniciar, conformada por los sobrevivientes del genocidio al partido político de izquierda, la Unión Patriótica.

En el Concepto que en dicho trámite debe rendir el Procurador General de la Nación se solicitó a la Corte Constitucional declarar inconstitucional la integridad de la ley por vicios de fondo al no haber sido tramitada como ley estatutaria pese a comprometer el pleno ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre, al habeas data, la honra, entre otros.

Así, la Corte Constitucional tiene la palabra en Colombia, pero lo que no queda claro es quién parará esa rueda suelta de las bases de datos basura, creadas con datos falsos y con el único propósito de estigmatizar y perseguir a los defensores de derechos humanos en países con graves vulneraciones de estos derechos.

Lo que está sucediendo en la embajada de Estados Unidos en Colombia nos alerta sobre esta nueva arma de la información creada con espionaje, mentirosa y secreta, recopilada, guardada e irresponsablemente negociada entre países en detrimento de los ciudadanos.

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www.sinpermiso.info, 1 agosto 2010