domingo, 12 de enero de 2014

DESPUÉS DEL 10 DE ENERO: 

¿QUÉ SIGUE?

Miguel Angel Herrera Zgaib
Director Grupo Presidencialismo y Participación
Ciencia Política, Unal, Bogotá
presid.y.partic@gmail.com

                                                 El alcalde Petro, desde el balcón del Palacio Liévano, que de ser un pasaje comercial, dicen los estudiosos, se convirtió en el edificio gemelo de la Casa del Florero, no solo alertó a Bogotá y a Colombia, de un golpe de Estado en curso, sino que emplazó a su vecino cotidiano, el Presidente, que habita la Casa de Nariño, para que detenga el curso casi ineludible de su destitución e inhabilidad por  15 años.

Los asistentes de la noche del 10 de enero, en su mayoría jóvenes, que llenaban tres cuartos de plaza, escucharon de su propia voz, que el propio alcalde reconoció que había cometido errores, pero, que aquí lo que estaba en entredicho abierto era la voluntad popular, de quienes lo elegieron con más de 700.000  votos.

El giro dado a la administración de la ciudad es el lema "Bogotá Humana", y si se llega a la votación del 2 de marzo que es lo que ansía el burgomaestre, cada ciudadano podrá evaluar y expresarse por el sí o por el no, por el cual se juega  el alcalde y los defensores de sus realizaciones.

En la plaza de Bolívar, junto a la aldea Bakatá, y a la estatua envuelta con la bandera del Distrito estaban también observando y comentando que se sepa los concejales Carlos Vicente de Roux, quien podría, eventualmente, reemplazar al Alcalde, y Angélica Lozano, antes progresistas, quienes hacen ya parte de de Alianza Verde.

Ella aspirando a ser representante por Bogotá. Con Guillermo Jaramillo y Jorge Rojas, son parte del equipo que se bate en la defensa de la obra del alcalde, enfrentados con el oligopolio de las basuras, entre otras dolamas que parasitan la Capital al servicio del Capital.

Lo nuevo

                                                A los cargos instruidos contra Petro, por un joven viceprocurador, quien ha hecho parte del Movimiento Reconstrucción Nacional, y es miembro de la Asociación de juristas católicos, elogiado por el expresidente Uribe; luego que la recusación fue rechazada por la viceprocuradora  Castañeda Curvelo, sigue durante la entrante semana la respuesta del exmagistrado del Consejo de Estado, y Procurador en funciones, a su recusación, y despacho de la reposición impetrada por el equipo que defiende al alcalde mayor.

Así las cosas, la ciudadanía toda, puede tener resueltos los dos asuntos anteriores, y, eventualmente, el fallo definitivo, al  desestimar la autoridad disciplinaria también la apelación. Puede ocurrir, y no parece a simple vista, que la CIDH se anticipe al exmagistrado Ordóñez y decrete medidas cautelares que blinden provisionalmente al Alcalde, y dejen todo a la suerte de las urnas, el próximo 2 de marzo.

Un dilema presidencialista

"le tocaría al presidente de la República consultar al Consejo de Estado sobre si debe o no acatar esas medidas (de la CIDH). Carlos Patiño Villa, internacionalista de la U. Nal.

                                De lo contrario, ejecutada la decisión legal, pero inconstitucional, por lo  que ya dije en anterior escrito, si el presidente hace oídos sordos al pedido de Petro, tendrá que nombrar un reemplazo, y convocar nuevas elecciones.

Pero, de otro lado, también puede tocarle a Santos - en vísperas de las elecciones -  acatar o contrariar lo que disponga la CIDH. Es un dilema que también tiene con anterioridad a esta disposición, pues, él mismo puede, no darle ejecutoria a lo decidido por la Procuraduría. A lo cual se ha rehusado con la equivocada cobertura del actual Minjusticia, Alfonso Gómez Méndez.

No es cierto, como afirma el profesor Patiño, que Santos tenga que consultar al Consejo Estado, y si lo fuera, ninguna consulta así surtida obliga. Tampoco es cierto, lo que Ricardo Avello, de la U. del Rosario señala, que las medidas cautelares "no son obligatorias".

Para los signatarios de la instancia internacional CIDH las medidas cautelares son obligatorias. Otra cosa es que su cumplimiento se pueda imponer de manera coactiva, como, por ejemplo, sí ocurre en la justicia civil ordinaria, acudiendo a las fuerzas de policía, y otras fórmulas sucedáneas.

Conviene aquí recordar lo que pasó con el gobierno de Estados Unidos, cuando se falló en favor de Nicaragua, su responsabilidad en la acción terrrorista adelantada en sus costas, en los tiempos de Reagan. Al final de cuentas, este gobierno tuvo que pactar y pagarle una indemnización a este país centroamericano.

Soberanía, derecho y democracia

                                        En el orden global, que Negri y Hardt, califican de imperial, también el derecho internacional anterior se ha reforzado, y ha mutado en la medida en que han emergido instituciones de justicia con alcances globales, que constriñen voluntaria u obligatoriamente la soberanía de los Estados, que arranca con los inicios del orden jurídico político burgués, que tiene los ilustres antecedentes de Maquiavelo, Bodino y Hobbes.

Entre tales instituciones están la CIDH, la Corte de la Haya, y el art.9, de la Derechos Constitucionales Acciones Popularesión de Colombia recuerda en su texto, que "Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia."

La soberanía estatal está limitada, hoy más que nunca. Por supuesto, que se pueden protagonizar golpes de Estado también. Así calificaron Hardt y Negri, lo que el gobierno de Estados Unidos hizo en Iraq, pretextando una amenaza, contrariando los dictados del Consejo de Seguridad, y del orden imperial global.

Otro tanto podría ocurrir ahora, en las condiciones de Colombia por la negativa, a  acatar, si  la CIDH declarara oportunamente, las medidas cautelares pedidas, para defender la Carta Democrática de la OEA. Aunque lo dicho ya por esta instancia del orden internacional es indiciaria de no querer provocar tal salvaguarda.

En todo caso tendrá que pronunciarse, y deberá hacerlo en esta semana crucial para el rumbo de la democracia en América Latina. La tensión en la ecuación que tiene por extremos democracia y guerra, vuelve a ser el escenario de disputa.

De nuevo se pone a prueba el constitucionalismo liberal, y en el orden nacional, la validez del art. 4. de la Constitución, que establece: "La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales".

Para insistir en que lo normado en materia de competencias del Procurador es inconstitucional en materia de destitución e inhabilidades de autoridades políticas elegidas por voto universal y directo, pues contraría los valores supremos y principios fundamentales de la Constitución vigente. Conviene, igualmente, recordar que la actual constitución sancionada y promulgada en 1991 no fue refrendada democráticamente.

Un colofón en el marco de la paz

                                               Así las cosas, el poder constituyente ciudadano no está atado a ella, y puede ejercerse libremente, sin cortapisas constitucionales, como pareciera derivarse de lo dispuesto en el art. 3o., que señala que la soberanía popular queda constreñida "en los términos que la Constitución establece", esto es, lo que dispuso en su contra el poder constituido.

Es como si, en virtud del artículo citado, se hubiera regresado a la anti-democracia dispuesta en el Plebiscito de 1957. Luego, en últimas, será la ciudadanía la que resuelva el rumbo de la guerra por medios legales, sin desentonar con los propósitos manifiestos en La Habana, de adelantar negociaciones de paz, con otro actor, insurgente en este caso. 

No es el caso del alcalde Gustavo Petro y el M-19, quienes se incorporaron a la vida civil, y fueron signatarios de la Constitución de 1991, para hacer la dejación de armas que, en efecto hicieron, hasta el día de hoy.

jueves, 9 de enero de 2014

LA BATALLA DE AMYLKAR

"En otros años se denunciaba y no había receptividad. Alejandro Arias, abogado ambientalista, residente en Santa Marta.

El exdirigente de la Jupa en el 71, Amykar Acosta, cuando era el líder estudiantil de la U. de Antioquia, y que según su propio recuerdo, lo enfrentaba con los liberales, y en particular con el pichón de abogado, el liberal de entonces, Álvaro Uribe Vélez, ya hace unos meses está al frente del Ministerio de Minas.

Hace menos de 15 días, Amylkar, que recuerda en su nombre al padre de Aníbal, el guerrero cartaginés que venció a los romanos en Cannas, patinaba frente al asunto de la consulta previa, donde las comunidades indígenas y afro, se manifiestan frente a los grandes proyectos energético-mineros que afectan sus territorios y formas de vida ancestral y actuales.

El regreso de Capri

                                                             Vivía Amylkar  una especie de retiro  "capriano". Ahora que el gobierno nacional se ha dispuesto, por fin, a sancionar a la Drummond que por años depreda el ambiente y alrededores de Santa Marta, y las bahías y ensenadas más bellas del Caribe colombiano.

 Acosta pone a prueba su disposición crítica, anterior a la participación este gobierno del liberal J.M. Santos, siendo el mismo un liberal afecto a los planteamientos del ex Ernesto Samper. Es tiempo de elecciones, y  la aseveración de Santos, que Drummond "está incumpliendo la ley", compromete a todo el gobierno. Y fija un horizonte de mínima decencia frente a la desvergonzada explotación de los recursos naturales, el carbón en este caso, por años.

No es pequeña la batalla del "legendario" Amylkar, a quien también lo entusiasmaba la música del cacique de la Junta. Ahora Colombia quiere escuchar su canto, el de ministro, y que sea claro y sostenido. Los oídos de millones están alertas. Y la ciudadanía y campesinos y pescadores de Santa Marta aspiran a que lo dicho por el gobierno nacional no sea en vano. Alejandro, el ambientalista samario está celebrando  desde ahora.

sábado, 4 de enero de 2014

LOS ORÍGENES DEL PODER , LA PROSPERIDAD Y LA POBREZA SEGÚN ROBINSON Y ACEMOGLU: 
EL CASO COLOMBIA ( Parte II)

Las elecciones antes: ¿un estado fracasado?

"El 35 por ciento del Congreso fue elegido en zonas en las que había bloques de los grupos de Autodefensa; en aquellos departamentos, nosotros éramos los que recaudábamos impuestos, los que impartíamos justicia y los que teníamos el control militar y territorial de la región..." Salvatore Mancuso, entrevista. Ver "Por qué fracasan los países", p. 445.

                                               Sacando provecho de lo dicho por Robinson y Acemoglu, el pacto para la "refundación del país" tuvo su banco de pruebas electoral. Un ejemplo lo ofreció  San Onofre, cuyo alcalde fue signatario del pacto de Santa Fe de Ralito (2001). Es importante recordarlo en prospectiva, porque estamos ad portas de un nuevo ciclo electoral que elige congresistas y presidente, en marzo y mayo de 2014.

Entre otros, fueron firmantes y animadores de primera línea del Pacto, los jefes de las Auc, Jorge 40, Adolfo Paz (Don Berna), Diego Vecino y Salvatore Mancuso, todos extraditados por orden de Uribe Vélez en su segunda presidencia. Además los senadores William Montes y Miguelito de la Espriella, quien comentó al respecto con dos expresidentes, primero a Pastrana, dicen; y después a Uribe Vélez, cuando se incautó el computador de Jorge 40.

Los autores del libro contemplan la probabilidad, que en efecto, una tercera parte de representantes y senadores fueron electos en 2002 con el apoyo paramilitar (p. 444). Ellos incluyen el mapa 20 que grafica la "Presencia paramilitar en Colombia, 1997-2005", que cubre la mayor parte del territorio andino, y deja relativamente libres la Amazonia, la Orinoquia, las zonas más despobladas del país. En proporción física se aproxima a la tercera parte de Colombia.

En los territorios que gobernaron, un caso ilustrativo es el departamento de Casanare, que controló Martín Llanos (Héctor Germán Buitrago), cubriendo los municipios de Tauramena, Aguazul, Maní, Villanueva, Monterrey y Sabanalagra. Sus alcaldes cumplían las órdenes impartidas por la organización de bolsillo llamada "Campesinos Paramilitares de Casanare", CPC. Estas eran, según el libro comentado, "Por qué fracasan los países", "PxQFP",  algunas de las reglas escritas e impuestas por Martín Llanos:

Dar el 50 por ciento del presupuesto; el 10 por ciento de cada uno de los contratos del municipio; asistencia obligatoria a todas las reuniones, inclusión de los CPC en todos los proyectos de infraestructura, afiliación al nuevo partido de CPC, y cumplimiento de su programa de gobierno. (ps. 445, 46).

Con este caso se ilustra el papel de las instituciones extractivas, aquí, sujetas al poder de un jefe de las AUC, con la complicidad del bloque dominante, en el departamento colombiano con la mayor renta per cápita de Colombia, por tener los yacimientos petrolíferos más ricos entonces. De este modo se expropiaba la riqueza social en beneficio de la causa privada de la parapolítica.

Este ejercicio a cargo de instituciones políticas y económicas extractivas, legales e ilegales, no hicieron, dicen Acemoglu y Robinson, de Colombia un estado fracasado, pero sí prueba que era "un Estado sin centralización suficiente y con una autoridad lejos de ser completa sobre todo el territorio... existen partes significativas del país en las que proporciona pocos servicios públicos y prácticamente ninguna ley y orden." (p. 446)

En esos territorios anidaron los "huevitos de la serpiente", del que el grupo PyP denominó Régimen Parapresidencial ( El 28 de mayo y el presidencialismo de excepción, libro publicado en 2007). Este régimen obró como la palanca para el desmonte del proyecto de Estado social de derecho, para la entronización del Estado comunitario de los propietarios privados de la tierra, legales e ilegales. 

Tal fue el "fruto prohibido" de la expropiación y el despojo de casi 4,5 millones de habitantes rurales desplazados internamente, según cifras del IDMC, del Consejo Noruego de Refugiados (Citado en: PxQFP, p. 445).

Ahora bien, para Acemoglu y Robinson, A y R. el análisis de la situación política colombiana, muestra un notable contraste, así:

"En algunas partes del país, las instituciones económicas funcionan bastante bien, y hay niveles elevados de capital humano y habilidad emprendedora; no obstante, en otras partes, las instituciones son muy extractivas, y n siquiera proporcionan un mínimo nivel de autoridad estatal." (p. 446)

Lo dicho conduce a la siguiente caracterización del régimen, aunque los autores de PxQFP hablen de Estado, que en rigor categorial tiene otras implicaciones tanto lógicas como heurísticas. Esto señalan A y R:

"La situación tiene una lógica propia, un tipo de círculo vicioso. La violencia y la falta de instituciones  estatales centralizadas de este tipo inician una relación simbiótica con políticos que dirigen las partes funcionales de la sociedad. Esta relación simbiótica surge porque los políticos nacionales explotan la falta de ley de las zonas periféricas  del país, mientras el gobierno nacional deja en libertad a los grupos paramilitares." (ps. 446, 47)

Continúa: Ver blog seminario.internacional.gramsci  para recuperar la Parte I de este ensayo.