martes, 25 de diciembre de 2012

LAS CUENTAS CLARAS PARA LOS "PAGANINIS"

miguel.herrera@transpolitica.org

                                                          El maestro Julián Bonilla, partícipe del grupo presidencialismo y participación, quien revisa con regularidad la coyuntura internacional, envía el artículo en que Daniel Samper revela el listado aproximado de costos de la defensa pírrica intentada en la causa de la delimitación de áreas marinas y submarinas de Colombia. 


Los pagos recibidos por el grupo de extranjeros y colombianos, partícipes en esta victoria pírrica están aquí discriminados, y permiten concluir que ellos fueron los "verdaderos" ganadores, en una causa que la excanciller Angela María Holguín anticipó que sería "una decisión salomónica".

Lo que aún sigue en el misterio con posterioridad a la natividad católica es de dónde obtuvo la canciller tal "iluminación", o quién se la susurró al oído como cuentan que ocurrió para otros menesteres la historia sagrada en otro embarazo histórico.

Aquí está la lista preliminar de beneficiarios:

Extranjeros:

Stephen M. Schwebel (estadounidense; expresidente de la CIJ): US$ 637.924 ( $ col: 1.141’882.000).
Prosper Weil (francés; experto en delimitación marítima): US$ 586.397 ($ col: 1.049’651.000).
Sir Arthur Watts (internacionalista inglés): US$ 527.466 ($ col: 944’164.000).
Robert Smith (geógrafo): US$ 36.209 ($ col: 64’812.000).
International Mapping Nicaragua: US$ 686.850 ($ col: 1.229’461.000).
James Crawford (jurista australiano): US$ 490.782 ($ col: 878’500.000).
Marcelo Cohen (jurista suizo-argentino): US$ 300.461 ($ col: 537’825.000).
Rodman Bundy (internacionalista; EE. UU): US$ 707.677 ($ col: 1.266’742).

Colombianos

Eduardo Valencia Ospina: US$ 531.508 ($ col: 951’398.000).
Luis I. Sánchez Rodríguez: euros 9.000 ($ col: 21’330.000)
César Francisco Moyano: $ col: 20’000.000.
Ricardo Vargas Taylor: $ col: 5’000.000.
Patricia Elvira Quiroz: $ col: 2’500.000.
Franz Dieter Hensel: $ col: 3’125.000
Germán Cavelier: $ col: 8’900.823.
Álvaro Tirado Mejía: $ col: 23’200.000.
Rafael Nieto Navia: $ col: 8’000.000
Enrique Gaviria Liévano: $ col: 44’000.000
Andelfo García González; $ col: 163’983.333
Guillermo Fernández de Soto (excanciller): $ col: 69’600.000
Julio Londoño Paredes (funcionario; no cobró).

En cifras, según contabilidad del propio Daniel "el travieso" para los colombianos contribuyentes, e ignorantes de lo que se hacía, defender el caso colombiano en la CIJ costó casi $ 8.500 millones.

domingo, 23 de diciembre de 2012

Carlos Medina, docente e investigador de la Universidad Nacional, corresponsable en el equipo coordinador del Foro Agrario realizado en Bogotá, durante tres días, con el patrocinio económico del PNUD, e institucional de la Universidad escribió este artículo divulgado con posterioridad al Foro mismo, y en él refiere con el balance del año 2012  una condena explícita a la estrategia de los planes B, que habrían sido en el pasado inmediato la clave evidente del fracaso. Él, igualmente discurre como lo anuncia desde el comienzo de su ensayo en torno a tres ideas centrales. Lo novedoso gira en torno a la tercera, que habla de una victoria táctica en lo político que atribuye a las Farc-ep.

Desde nuestra lectura, influida por la intuición y análisis de inspiración gramsciana, esa tercera idea, en verdad, lidia con el problema de la hegemonía, esto es, la dirección, la disputa por el consenso de la sociedad civil para la reforma, que tiene a la vista, cuando menos dos opciones cada vez mejor dilineadas. Este es el tiempo, de nuevo, después del paréntesis de diez años, cerrado provisoriamente en el Caguán, de "la guerra de posiciones", donde la democracia es el centro de la cuestión.

Tenemos también en ayuda para esta reflexión un ejercicio sintético sobre la violencia pública, escrito por el historiador político, el ex rector Marco Palacios, con quien el propio Carlos Medina fue competidor años atrás por la rectoría de la Universidad Nacional. Con respecto al libro de Palacios hay algunas breves notas en Facebook, y la promesa de un escrito in extenso sobre el mismo. Pero, apreciada ciberaudiencia téngalo en cuenta para el balance de este año, y en particular para valorar el desenlace de la coyuntura de la transición política en su fase degenerativa que abarcó una década y algo más, la que va de 1999 hasta el 2010, inclusive. N de  la R.


 EL  DEBATE DE LA GUERRA  Y LA PAZ .  TERCER  CICLO



LAS FARC-EP
Reingeniería militar y política
-Un balance del 2012 -

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente – Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa  


Una nueva dinámica adquirió el conflicto armado en el país durante el 2012 en los aspectos militar y político, generando un punto de inflexión, que hoy en medio de un optimismo moderado y un escepticismo extremo, adquiere forma en la dinámica con que se vienen desarrollando la mesa de conversaciones de la Habana, entre el gobierno Nacional y las FARC-EP. Un balance sobre lo ocurrido durante el año ayuda a entender las razones por las cuales, gobierno y guerrilla,  deciden contra todo pronóstico iniciar de manera tan temprana, en la administración Santos, acercamientos discretos y conversaciones.

Quisiera desarrollar en este artículo tres ideas centrales:

1. La ofensiva militar desarrollada por la fuerza pública a través de la política de la seguridad democrática, inicialmente,  y luego, con los ajustes que ésta tuvo en el modelo de la seguridad para la prosperidad del presidente Santos, le proporcionaron al Estado Colombiano una victoria táctica sobre la insurgencia de las FARC, pero no lograron, a pesar de la importancia de la misma, consolidar una victoria estratégica que hicieran efectivo el anunciado fin del fin de la confrontación, por la vía militar, destruyendo la capacidad operativa y organizativa de la insurgencia.

2. Las FARC vieron transformarse la modalidad táctica y operativa de la fuerza pública y sintieron estremecer sus estructuras organizativas y de mando en una ofensiva que modifico sustancialmente la correlación de fuerzas en el campo militar y transformó en lo esencial las lógicas organizativas y de autoridad interna, así como su modelo de operatividad.

3. El inicio de las conversaciones representa para las FARC una victoria táctica en el campo político frente al gobierno y, para éste, una apuesta a la consolidación de la victoria militar estratégica en el escenario político. La guerra vuelve a asumir su forma política.
Victoria táctica sin consolidación estratégica.

Comencemos por formularnos unas preguntas orientadoras: ¿cuál es el estado actual de la guerra que “obliga” a las partes a pensarse en términos de un proceso de solución política al conflicto armado?; ¿Por qué el gobierno del presidente Santos, desiste de la idea de la victoria militar sobre la insurgencia y decide establecer relaciones y conversaciones con la FARC-EP colocando todo su capital político y su posible reelección, en ese proceso?; ¿En qué estado se encuentran las FARC-EP que resuelven atender el llamado del gobierno nacional de explorar una camino de solución política para el conflicto?

Existen distintas explicaciones a estas preguntas; las que acá se dan son el resultado de los trabajos de investigación y seguimiento que hacemos al conflicto armado desde el Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia, que se ha dedicado en los últimos años a estudiar cada uno de los actores armados y las dinámicas propias del conflicto colombiano.

Lo que nos está mostrando la investigación y los análisis es que el conflicto se encuentra en un punto de inflexión importante en el cual los actores deben tomar decisiones transcendentes, relacionadas con sus proyectos políticos estratégicos y los mecanismos y medios para alcanzarlos: la guerra ha llegado a un lugar en donde las partes han entendido que no se van a derrotar mutuamente, que ninguno va a alcanzar la victoria definitiva sobre su adversario y que, intentarlo, significa conducir al país a un siglo más de guerra, con un agravante: ni social, ni política, ni económica, ni militarmente el país aguanta un periodo más largo de confrontación, con un alto costo en vidas, desarrollo, inversión social y democracia.

La idea de la victoria definitiva sobre la insurgencia ha cedido terreno durante la administración Santos, porque este ha visto llegar a su agotamiento los logros de la política de seguridad democrática y de la prosperidad. Sus estadísticas han comenzado a mostrar un creciente reactivamiento de la capacidad operativa de la insurgencia, como resultado de los aprendizajes que han adquirido para confrontar las nuevas modalidades operativas en los campos de la inteligencia militar y técnica y, el combate aéreo.

Con el comparativo de hechos, vemos que entre enero y octubre del 2012 no hubo un solo mes en donde los actos de guerra de la insurgencia no hubiesen superado los realizados en el año anterior; comienzan a disminuir cuando se hacen públicas las conversaciones y seguramente llegaran a su punto más bajo de parangón por la decisión unilateral de las FARC-EP, de hacer un cese al fuego a partir del 20 de noviembre y hasta el 20 de enero de 2013.

Entre enero y octubre, en las estadísticas de logros del Ministerio de Defensa se reporta un incremento de las acciones de la insurgencia en un 53%, en relación con el año inmediatamente anterior. Esto significa que se paso de 472 acciones de guerra, para el este periodo en el 2011 a 716 acciones en el 2012. Las estadísticas oficiales igualmente muestran un incremento de las acciones de la insurgencia contra la infraestructura y en particular contra la industria petrolera, la que vio afectar sus oleoductos con 142 acciones en el 2012,  en relación con los 52 atentados del año anterior, lo que representa un crecimiento de 173%.

Los partes de guerra de las FARC-EP informan de las acciones de hostigamiento, sabotaje, ataques a patrullas del ejército y la policía, voladura de oleoductos, detonación de minados, prácticas de francotiradores, maniobras antiaéreas, entre otras acciones de guerra, desarrolladas por las estructuras de los Bloques Sur, Alfonso Cano, Jorge Briceño, Magdalena Medio, Martin Caballero y sus correspondientes columnas móviles, en los departamentos de Arauca, Meta, Vichada, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Guajira y Bolívar, con distintos grados de intensidad e incidencia. Los reportes muestras que la mayor intensidad del conflicto se localiza en el sur-occidente del país, en Nariño y Cauca, que se han convertido en el laboratorio de guerra de las FARC-EP.

Las estadísticas oficiales muestran una variación significativa en los resultados de las acciones de la fuerza pública en los indicadores de la confrontación; disminuyeron las desmovilizaciones en un 28%, pasando de 1.314 entre enero-octubre de 2011 a 943 en el mismo periodo en el 2012; las capturas y los muertos en combate apenas crecieron ligeramente durante el presente año en un 18% y 11%, respectivamente. La situación de las Fuerza Pública en términos de bajas, si bien mejoro, no deja de ser preocupante, durante el 2012, entre soldados, policías, oficiales, suboficiales arrojo como resultado 336 muertes en cumplimiento del servicio y, dejo 1.983 bajas vivas (heridos), de los cuales 211 producto de minas antipersonales y explosivos abandonados que afectaron igualmente a 151 civiles. En general, el incremento de bajas vivas fue del 9% en comparación con el año anterior.

La fuerza pública también ha tenido que enfrentar una creciente presión jurídica como consecuencia de las formas “anómalas” de las operaciones militares que afectan profundamente la situación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lesionando gravemente los derechos de la población civil; los falsos positivos, son solo una de las muchas formas anómalas que han colocado a oficiales, suboficiales, soldados y policías frente a los tribunales y en las distintas cárceles militares y administrativas del país. Se dice, por parte de los organismos de derechos humanos, que se adelantan más de 1850 procesos contra miembros de la fuerza pública que involucran a más de cuatro millares de militares. Es tal vez de esta situación crítica que surge la idea de la ampliación del fuero militar.                  

En síntesis, lo que se nota es que hay un claro reactivamiento de la capacidad operativa de la insurgencia, que hace evidente los aprendizajes en la confrontación militar y la puesta en práctica de nuevos laboratorios de guerra en el suroccidente, centro y oriente del país.

Sin embargo, la mayor preocupación que existe en el desarrollo de la confrontación por parte del gobierno, no solo son los resultados obtenidos que comienzan a precarizarse en la relación costo-beneficio, sino los limites de crecimiento y modernización que enfrenta el sector de la defensa en materia presupuestal para el manejo de la economía de la seguridad. De continuarse la guerra, esta aumentara, sin mayores resultados definitivos, los costos y el mantenimiento del conflicto a un sacrificio cada vez mayor del presupuesto destinado a inversión social.

Existe una nueva percepción de los altos mandos de la fuerza pública en relación con el conflicto armado; sectores importantes de la institución militar han contemplado la idea de la necesidad de encontrar una salida negociada. Hay una tácita aceptación de la imposibilidad de la victoria militar estratégica. Esto no significa que su discurso y práctica de guerra contra la insurgencia no mantenga el vigor que adquirió en los últimos años.  Resulta saludable para el país, la actitud asumida por la fuerza pública en relación con el proceso en curso del gobierno con las FARC-EP,  así el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, mantenga su radicalidad verbal frente a los medios cada vez que la fuerza pública recibe un golpe.

Ningún analista se atrevería a decir hoy que los esfuerzos realizados por el gobierno nacional y la fuerza pública contra la insurgencia no han sido exitosos y cambiaron significativamente la correlación de fuerzas en la confrontación armada; pero, son muy pocos los que se arriesgan a decir que se puede alcanzar la victoria militar definitiva contra las FARC-EP y  persisten obstinadamente, en llevar el país a una nueva guerra augurándole un estruendoso fracaso al proceso de la Habana. El gobierno nacional parece haber entendido que el desarrollo superior de la guerra está en el escenario político y es allí donde se alcanza la victoria estratégica de una paz duradera y estable para el país y le ha apostado a ello.

Las FARC-EP : de mandos verticales a direcciones colectivas

Uno de los mayores avances que tiene un ejército en el desarrollo de la guerra es saber exactamente cuál es su situación en relación con la dinámica de la misma y tomar las decisiones pertinentes para superar las adversidades y garantizar el logro de sus propósitos en la justa proporción que le posibilita la confrontación.

Las FARC-EP han reconocido la capacidad de su adversario, han aceptado la dureza de los golpes recibidos, han ajustado sus estructuras de mando y organización a las nuevas modalidades de combate que están enfrentando y han hecho los aprendizajes de guerra a un costo altísimo en vidas y experiencias de conducción.

Diez años de confrontación, con grandes pérdidas en hombres en una modalidad de guerra en donde la mayor parte de los muertos nunca entra en combate y donde dirigentes históricos desaparecieron bajo el accionar de la fuerza pública, obliga a la organización a desarrollar una reingeniería organizativa, militar, política y social para poder sobrevivir a la ofensiva y colocarse en un lugar de no aniquilamiento y re-oxigenación. Ese aprendizaje, las FARC-EP, lo hace en un ambiente de deslegitimación nacional e internacional agenciado por el gobierno anterior y actual, con ayuda de los medios de comunicación y, en parte, por su propio comportamiento erróneo.

Pero la ofensiva institucional no solo obliga a la organización a hacer las transformaciones y ajustes organizativos y tácticos para enfrentarla, sino que origina un nuevo orden de legitimidades en la conducción de la misma, que se comienza a notar durante la comandancia de Alfonso Cano y se evidencia en la actual comandancia de Timoleón Jiménez.

 El régimen de autoridad se transforma; la estructura de mando vertical que prevaleció durante la hegemonía de Manuel Marulanda y habían podido sostener enfoques tradicionales como los de Reyes y Briceño, llega a su fin con la desaparición de éstos; la nueva generación de mando se coloca frente a la organización con un orden de legitimidades mas horizontal, donde si bien, se respeta la estructura de mando jerárquico, la dirección de las FARC-EP se hace más colectiva, porque las cabezas visibles se hacen equivalentes y no resulta sencillo, dar órdenes a un similar sin correr el riesgo de que se fracture la relación mando-obediencia y se produzca una federalización de la organización. Para decirlo de manera directa, todas las cabezas visibles del Secretariado se encuentran en la misma línea de legitimidad y se consideran en una relación de iguales. En esta guerrilla se ha producido el paso de mandos verticales a mandos colectivos por el fenómeno de horizontalización de legitimidades...

Esta situación de dirección colectiva genera una nueva dinámica en la organización en la cual empiezan a expresarse matices, diferencias de enfoque e incluso contradicciones sin que por ello se produzcan rupturas, pues en su conjunto la dirigencia entiende la fortaleza de la organización en su cohesión interna, pero debe ensayar nuevos modelos de relacionamiento democrático, de acuerdos y consensos. En estas condiciones, un valor agregado del proceso, es que la dinámica política se viene imponiendo sobre la militar.

Las FARC-EP se están transformando realmente, a su interior se están produciendo innovaciones organizativas, convergencias unitarias, nuevos imaginarios políticos, direccionamiento y disciplinamiento social y político de sus bases, unidos a una relativa ortodoxia política y a un profundo pragmatismo político y operativo en el marco de un nuevo enfoque táctico que sitúa al centro la acción política.

En los últimos meses del 2011 y durante el primer semestre del 2012, la organización logra ubicarse en un lugar lo suficientemente seguro como para tomar la decisión de involucrarse en un proceso de paz, que guardando todas las reservas que se quiera, les pude permitir argumentar que el conflicto se encuentra en un empate positivo en el cual las partes se pueden dar cita para conversar sobre un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

El Acuerdo General un reflejo de la correlación de fuerzas en la guerra

La etapa de acercamiento discreto, la elaboración de una agenda y el inicio de un proceso de conversaciones resulta para ambas partes una victoria política y la expresión de ese empate positivo, el que hay que entender, no como la equivalencia en la correlación de fuerzas en el campo militar, sino como la confluencia de circunstancias, propósitos e iniciativas en el escenario político en torno a un interés común: la PAZ.

Entre el 23 de Febrero y el 26 de Agosto de 2012,  comisiones del gobierno nacional y de las FARC-EP, se reúnen en la Habana con la participación de los gobiernos de la República de Cuba y Noruega como garantes y, el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como facilitador de logística y acompañante. De esa fase exploratoria sale el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que dota al proceso de un manifiesto de voluntades, agenda de conversaciones y  reglas de funcionamiento básicas, que el gobierno y FARC-EP, dan a conocer ampliamente al país.

El18 de Octubre del 2012 se da la instalación formal de la Mesa de Conversaciones en Oslo, Noruega, con la intervención del representante de la delegación del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle Lombana y, el jefe de la delegación de las FARC-EP, Iván Márquez. Los discursos plantean lo que tenían que decir y van dirigidos a distintos auditorios para llenar de confianza el proceso y de seguridad a la nación. No obstante, las posturas extremas de inmovilidad absoluta de los modelos y de cambios absolutos de las estructuras, los discursos y las ruedas de prensa lo que reflejan son las razones del conflicto y las urgencias de su superación.

En el caso de las FARC-EP, el discurso de Iván Márquez, se dirige a la comunidad internacional para posesionar el carácter político y revolucionario de la organización, al país para señalar las razones y los retos del conflicto y a sus propias militancias para disipar inquietudes y fortalecer la cohesión organizativa interna. La intervención del Gobierno, no es por diplomática menos radical, en particular su defensa irrestricta de los modelos económico y de seguridad. Pero más allá de esos discursos que fueron lo que tenían que ser, esta la agenda de conversaciones que constituye un acuerdo político sin precedente, con un alto grado de racionalidad y pragmatismo político que refleja en profundidad, la correlación de fuerzas de la confrontación militar.

Siete meses de conversaciones preliminares en más de medio centenar de reuniones van  depurando el Acuerdo General, no solo en su contenido y alcances, sino en el sentido de cada uno de sus términos, de tal forma que el mismo adquiere la justa dimensión de los intereses de las partes como reflejo de las posibilidades reales de lo que el estado del conflicto les permite. El acuerdo es el término medio necesario en el cual Gobierno y FARC-EP, ceden hasta quedar tranquilos, sin haber quedado satisfechos, pero con la certeza de no haber  renunciado a los principios esenciales y haber puesto por encima el interés supremo de la paz.

El Acuerdo General recoge las experiencias y aprendizajes de los procesos anteriores dados  entre Agendas Abiertas y Cerradas y conversaciones en medio del conflicto. Tiene un punto de agenda abierta que busca englobar la solución de los problemas estructurales del conflicto articulado al desarrollo agrario y cinco puntos de agenda cerrada relacionada con la terminación del conflicto y la normalización institucional y política del mismo.

El acuerdo contiene la totalidad de la agenda social y reivindicativa de las FARC-EP, desde el programa agrario del 1964, acompañado por una propuesta de ampliación y profundización de la democracia política,  unido al plan desarrollo del gobierno Santos y la responsabilidad del estado de atender los derechos de las víctimas. Es un acuerdo pragmático, que surge en marco de una realidad nacional e internacional que favorecen la finalización del conflicto armado.

La sociedad colombiana tiene que hacerse a la idea de las posibilidades reales de este proceso y no llenarse de expectativas que posteriormente conduzcan a desilusiones colectivas. La mesa de conversaciones de la Habana no es una mesa de negociaciones. Allí de lo que se trata es de establecer acuerdos políticos lo suficientemente claros y asumidos como compromisos para que tengan curso en la definición de una política pública reformista, adquieran la forma de leyes y decretos, planes y programas de desarrollo y, proyectos productivos y de bienestar. Un acuerdo que contribuya a la profundización de la democracia y a la convivencia política y social, sin las incertidumbres y zozobras que actualmente vive la población.

Todos los procesos se mueven entre la esperanza y el escepticismo, la primera tiene que sobreponerse al segundo, los amigos de la paz a sus enemigos, el interés público general al particular.

La fortaleza del gobierno se mide en su convicción para sacar adelante el proceso, sin sentir que está renunciando a nada y sin atender la retorica opositora que sindica al gobierno de estar entregando lo logrado y claudicando ante la subversión. La de las FARC-Ep en entender el momento histórico y adoptar las decisiones correctas para mantener en alto sus banderas sin renunciar a su conquista en el camino de las revoluciones democráticas.

Un proceso de paz exitoso es aquel que se da en el marco de un cortejo de seducción política en el cual las partes terminan enamorados del propósito común de la paz trabajando juntos; es un acuerdo para la reconciliación y la convivencia pacífica en un universo de transformaciones democráticas.

Lo peor que le podría pasar al país, es que cada una de las partes tuviese un PLAN B.

 

viernes, 21 de diciembre de 2012


Los colegas de la revista peruana Ideele envían el texto de esta entrevista con un notable economista japonés que aventura sus análisis y pronósticos sobre la coyuntura global, y en particular, lo que se puede desencadenar con el irresuelto asunto del "abismo fiscal" estadounidense.  N  de la R.


Richard C. Koo: “Las crisis siempre son producto de la codicia”

Richard C. Koo, jefe del Nomura Research Institute (Foto: CNN Money).
Richard C. Koo es jefe de Nomura Research Institute y uno de los economistas más prestigiados del mundo. Predijo la crisis japonesa y asesora a diversos Estados respecto a cómo enfrentar la crisis económica. A diferencia de otros expertos, Koo recomienda profundizar el gasto fiscal para reactivar el crecimiento económico. También considera que el Estado de bienestar, con algunas correcciones, es positivo para la sociedad. El economista estuvo en Lima invitado a participar en el seminario anual del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).  
Finalmente el tiempo le dio la razón y la crisis mundial se ha prolongado.Yo predije que iba a durar muchísimo tiempo porque tenía las mismas características que la burbuja japonesa, así que pienso que va a ser una crisis bastante prolongada.
¿Qué tanto más?La burbuja japonesa fue gigantesca. Las burbujas europea y norteamericana no son tan grandes, así que no deberían durar tanto. Pero están cometiendo los mismos errores que cometió el Japón; es decir, una austeridad fiscal prematura. En consecuencia podría prolongarse más allá de lo previsto.
¿Podría explicar un poco en qué consiste esa austeridad fiscal prematura?Cuando el sector privado todavía está pagando sus deudas, el gobierno no debería estar tratando de reducir su gasto. El sector privado tiene que pagar su deuda y reparar su balance antes que el gobierno. En otras palabras, el gobierno tiene que seguir gastando,. 
Algunos dicen que la crisis económica mundial es producto del sistema y otros que   es, más bien, causada por el  Estado del bienestar ¿Qué es, para usted, lo que la crisis revela? Las crisis siempre son producto de la codicia y por lo general el sector privado es muy cuidadoso. Se suele decir que el sector privado gasta la plata mejor que el gobierno. Pero cada 50 años, más o menos, el sector privado pierde su disciplina, se vuelve loco, entonces aparecen estas burbujas que luego estallan y se cae en este tipo de recesión. Así que sea Estado del bienestar o cualquier Estado que sea, siempre puede suceder ese tipo de cosas.
Algunos piensan en el Estado del bienestar como algo obsoleto ¿lo es?De repente en algunas partes el diseño puede no ser el mejor, porque es probable que alguna gente gane más plata sin trabajar, que trabajando, y hay que corregir este tipo de problemas. Pero si estos llamados Estados del bienestar están bien diseñados, son saludables para la sociedad. 
¿Las burbujas son inevitables? ¿Lo que se tiene que aprender a hacer es administrar la burbuja?Sí, las burbujas siempre empiezan por una razón que todo el mundo piensa que es correcta. Pero empiezan a crecer y crecer, y se convierten en un problema que se autoalimenta. Lo que tenemos que tener cuidado, más bien, es si esas burbujas están financiándose con efectivo o con deuda. Si se está financiando con efectivo, no es tan malo, pero si lo financias con deuda, entonces cuando estalle la burbuja se pierde un gran número de años del futuro. Así que lo importante es que no se financie con deudas y que en todo caso que el Banco Central trate controlar la relación entre los préstamos y el valor del activo que lo sustenta, de tal manera que si hay un estallido de la burbuja, no se pierda tanto valor.
¿Podría explicar el concepto de recesión de balance?Cada cierto número de décadas, el sector privado pierde el control, se crean estas burbujas y como han tomado muchísimos préstamos para invertirlo en todo tipo de activos: casas, carros, fábricas; luego sucede que estalla la burbuja y el sector privado tiene un montón de deudas y no tiene activos que pueda vender. Entonces tiene que empezar a reparar su balance pagando la deuda. Pero todo el mundo empieza a pagar la deuda al mismo tiempo, nadie compra, todo el mundo paga, entonces ningún agente económico va a estar tomando créditos y gastándolos, sino que todo el mundo va a estar ahorrando y la economía entra en esta recesión de balance general de las empresas.
Cada 50 años, más o menos, el sector privado pierde su disciplina, se vuelve loco, entonces aparecen estas burbujas que luego estallan y se cae en este tipo de recesión. Así que sea Estado del bienestar o cualquier Estado que sea, siempre puede suceder ese tipo de cosas.
¿Cuál es la diferencia entre cómo administra la crisis España, Japón y Estados Unidos?
Cuando estalló la crisis se elogió a España porque estaba haciendo las cosas muy bien. Los bancos centrales estaban utilizando sus sistemas contra cíclicos que se consideran los mejores. Pero los ahorros españoles se empezaron a ir a Alemania como hizo Inglaterra. Y siguió empeorando la recesión de balance de España. Probablemente los Estados Unidos tomaron la mejor ruta porque no tenían que preocuparse de que los dólares de Estados Unidos se fuesen a otro país. Bernanke y Obama entendieron el problema de esta recesión de balances. Aunque Obama hablaba mucho de reducir el déficit, no hizo mucho al respecto. Y en el Reino Unido el gobierno hablaba de reducir el déficit y lo redujeron, y por eso es que ahora tienen estos problemas económicos horribles y una recesión profunda.
¿Y cómo España podría evitar que los capitales españoles se vayan a Alemania sin caer en una política controlista?No lo pueden hacer según las reglas del mercado único europeo, está prohibido. 
¿Entonces cuál sería la recomendación?Las instituciones supranacionales como el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario tendrían que manejar un mensaje al mundo de que efectivamente España está pasando por una recesión de balance y que el gobierno español tiene que gastar y que estas instituciones van a apoyar a que el gobierno español asuma el gasto. Y una vez que se plantee concretamente las ideas, muchos inversionistas que salieron de España, porque España ha caído en un espiral deflacionaria, podrían cambiar de actitud. De ese punto en adelante, la economía español puede empezar a mejorar, y si es así, por lo menos parte de los fondos que salieron de España, regresarían.
¿Cuál ha sido el secreto del éxito de Alemania?Del 2000 al 2005, Alemania también estuvo en una recesión de balance. Cuando en el año 2000 estalló la burbuja de los puntocom, Alemania era el enfermo de Europa, pero como era una recesión de balance, Alemania necesitaba un estímulo fiscal, pero el tratado de Maastricht no le permitía utilizar el estímulo fiscal, así que se siguió debilitando la economía alemana. Entonces el Banco Central Europeo bajó las tasas de interés a 2%. Era la tasa más baja de la Unión Europea de ese momento. Pero la economía alemana no respondía porque estaba en esta recesión de balance, la gente estaba ahorrando y pagando sus deudas, no estaba tomando crédito. Pero otras economías como España, Portugal, Irlanda no tuvieron ninguna participación en esta crisis de la burbuja de las puntocom. Así que cuando las tasas de interés bajaron al 2% resultó que todos tenían una burbuja. Entonces Alemania exportó a estos países, empezó a exportar y eso ayudó a la recuperación de la economía alemana.
El economista peruano Fernando Villarán ha escrito un libro titulado “La picadura del escorpión” en la que responsabiliza al sistema financiero de la crisis y propone su reforma ¿Qué opina usted?No solo se trata del sector financiero, sino el de la codicia de todo el sector privado en general. Gente que no debió recibir nunca un préstamo hipotecario, los estaba recibiendo. Finalmente se convirtieron en los llamados activos tóxicos, que la gente no podía pagar. Pero en el sector financiero específicamente, las agencias de calificación de riesgo estaban dando triple A a todos estos bonos basura, y eso empeoró la situación. Así que creo que realmente tendríamos que reformar las agencias calificadoras, porque ellos son como el agente de control de calidad del sistema financiero, y el control de calidad desapareció.
¿Qué es lo que América Latina ha hecho bien?Precisamente para eso he venido, para saber qué cosa han hecho bien, cómo lo han hecho. Este es un viaje de aprendizaje para mí, porque ustedes tienen poca inflación, fuerte crecimiento, quiero saber cómo lo logran.
Hay algunos economistas que recomiendan que un país como el Perú no debiera vivir solamente de una sola exportación y recomiendan diversificarlas.Depender de uno o dos recursos es recontra peligroso, pero no va a ser fácil. El gobierno tiene que tener una decisión muy firme de diversificar la economía. El sector minero es tan grande y tiene tanto poder, que puede incluso lograr que se modifique la tasa de cambio. Cuando suben los precios de los productos naturales, la tasa de cambio puede subir, y eso va a hacer que el sector industrial tenga muchos problemas.

domingo, 9 de diciembre de 2012



LOS MANES DE LA JUSTICIA GLOBAL  EN SITUACIÓN
El maestro Julián Bonilla envía este escrito del académico Antonio José Rengifo, estudioso de los temas del derecho internacional , quien escribió también para UN Periódico, a raíz de lo decidido en materia de delimitación de áreas marinas y submarinas entre Colombia y Nicaragua. Un asunto litigioso que los dos países resolvieron no arreglar de modo directo, y con pasión santanderista decidieron someter al fuero global, bajo cobijo de la Onu.
El propio autor del escrito que aquí se reproduce había sido muy elocuente en la entrevista publicada en Semana, y ahora se muestra más cauteloso y reflexivo, comoquiera que el mismo es un cultor de la técnica jurídica, a la que no pocos le han tratado de otorgar la dignidad de Ciencia Jurídica, lo que ni siquiera se atrevió a hacer Hans Kelsen, que a lo máximo que llegó fue a denominarla Teoría Pura del Derecho, con variadas rectificaciones y enmiendas posteriores.
El archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa Catalina, y un rosario de islotes y cayos está cuando menos desde 1928 al cuidado soberano de Colombia. Pero, la verdad sea dicha, como a la mayor parte de los antes llamados territorios nacionales, poca o ninguna atención efectiva se la ha brindado, como tampoco se hizo con el Itsmo de Panamá, después que fuera sede la Congreso Anfictiónico preparado por Simón Bolívar, para contrarrestar el  nuevo y desalmado reparto del mundo, que para entonces tenía ya como principales agentes a Gran Bretaña y a Estados Unidos.
Se insiste en que Colombia perdió la soberanía sobre el mar, que ahora pasa dizque a ser propiedad de Nicaragua, lo cual no es cierto en ninguno de los casos. Lo que se perdió fue el derecho a la explotación económica que se tuvo hasta hace pocos días. 
Se alega que Nicaragua ahora va a explotar el petróleo que descansa en el fondo del mar, como si pasa en el Golfo de Coquibacoa. Pero, un colombiano, especialista en la materia, dice que las sedimentaciones que produjeron petróleo en el mundo, son suelos que datan entre 100 y 50 millones de años. Y el mar que se disputa para entonces era un mar sumamente profundo que le impidió albergar ese codiciado proceso. 
La plataforma marina de Colombia y Nicaragua se debió al alzamiento del fondo del océano que no tiene más de 5 o 6 millones de años. Además se han hecho sísmica y perforaciones en varias oportunidades en el pasado que indican que el fondo que comparten ambos países no alberga el preciado oro negro que tantas guerra produjo y produce en la superficie.
Dice Rodolfo Segovia Salas, que los pescadores artesanales de las Islas, censados, no superan las 200 personas hasta hoy, por lo que pueden y deben recibir protección y asistencia para sus vidas, y para una mejora en la explotación de su oficio, como efectivo cuidado, añadimos, las operaciones depredadores de las flotas pesqueras de otros países que azotan la riqueza ictiológica cada vez que pueden y se les deja.
El meridiano 82, antes y ahora era una línea imaginaria, como lo fuera la trazada en el Tratado de Tordesillas, pero rota esta imaginería es necesario pensar las relaciones globales de otro modo, y el derecho del mar también, pasar a la construcción inteligente de un derecho común que no entregue lo propio, y hermane a los latinoamericanos vecinos en una faena conjunta por hacernos mejores sin tener como bandera el lucro individual que todo lo enturbia en beneficio de la rapacidad del capitalismo global. N de la R.

El fallo en el Caso de Nicaragua contra Colombia: acatamiento crítico
Dec. 08 de 2012
Por:Antonio José Rengifo Lozano, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia
La sentencia de la CIJ es cuestionable no por patriotismo ni porque sea de difícil ejecución a la luz de la Constitución política, sino porque se aparta del método tradicional que el derecho del mar establece para trazar las delimitaciones marítimas.
El fallo con que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) puso fin a la controversia territorial y marítima propuesta por Nicaragua contra Colombia dejará registrado el 19 de noviembre de 2012 como un día aciago para la historia nacional y de los sanandresanos.

Ese día quedó roto el embrujo que, durante un siglo, ejerció el meridiano 82 en el imaginario colectivo de los colombianos y que nos había convencido de que la CIJ no se saldría del referente establecido por ese semicírculo del geoide terrestre, con ligeras variaciones de unas pocas millas al oeste, otras al este; un quiebre al sur, una curva al norte y caso concluido.

Nada de eso podría resultar. A partir del momento en que el país compareció ante la Corte, el meridiano perdió sentido jurídico y quedó así en lo que es, línea imaginaria, y la ecuación marítima giró a favor de Nicaragua.

Desde la otra perspectiva, el fallo terminó con el “encierro” en que, según Daniel Ortega, Colombia habría sumido a Nicaragua; argumento simplista que pretende soslayar la cesión de soberanía de la Costa Mosquitia por parte de nuestro país a favor del país centroamericano mediante el Tratado Esguerra-Bárcenas.

La sentencia hizo evidente que Colombia no estaba preparada para reaccionar a los escenarios eventuales de la CIJ, que debieron ser previstos por los responsables a cargo y cuya confusión se hizo patente en las reacciones manifestadas en el marco del defendible derecho fundamental a la libertad de expresión: muchas puramente emocionales y no exentas de tintes patrióticos; muy pocas realmente informadas sobre las complejidades de la decisión y los entreveros de una nueva delimitación.

Una primera lectura del fallo permite, en este breve espacio, presentar sus fundamentos e implicaciones más esenciales. Se trata de señalar también algunas inconsistencias de la estrategia de Colombia en ese caso y de sugerir, sin entrar en detalles, alguna salida conforme al derecho internacional y a los intereses nacionales y de los sanandresanos.

Delimitación
La zona económica exclusiva es el espacio marítimo que se extiende 200 millas náuticas (370 kilómetros) a partir de la línea costera. En esta a los Estados costeros les son reconocidos, básicamente, derechos especiales para explotar y usar los recursos naturales (vivos y no vivos), incluida la producción de energía a partir del agua y el viento.

Los demás países, acatando las normas y leyes del Estado costero, tienen libertad de navegación y sobrevuelo y pueden instalar oleoductos y cables en esa área.

La demarcación de fronteras marítimas entre dos o más Estados en las zonas reconocidas por el derecho del mar (mar territorial, zona contigua, plataforma continental y zona económica exclusiva) es un proceso complejo, para el cual se reconocen dos grandes métodos.

El primero consiste en la línea equidistante, o línea media equidistante, trazada con respecto a los puntos más cercanos a las costas.

El segundo atiende a principios de equidad y busca remediar las inequidades que pudieran surgir del trazado de la línea equidistante. Siguiendo el derecho consuetudinario y la Convención sobre el Derecho del Mar (CDM), cuando es aplicable, la CIJ, por lo general, utiliza ambos métodos.

Una de las mayores preocupaciones del derecho del mar ha consistido en evitar que en el proceso de delimitación marítima intervengan, por vía de la sutil y etérea equidad, elementos subjetivos por parte de quienes tienen la responsabilidad de trazarla.

Es pertinente mencionar que, en relación con los elementos subjetivos, en otra instancia judicial internacional, pero también en un caso de demarcación marítima (caso de Bangladesh contra Myanmar, tramitado ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar), los jueces Dolliver Nelson, Chandrasekhara Rao y Jean-Pierre Cot, en marzo de 2012, alertaron sobre las graves consecuencias de introducir elementos distintos a la regla de equidistancia y circunstancias relevantes; pues equivale a reintroducir elementos subjetivos, con los menoscabos evidentes de la debida seguridad jurídica para los Estados.

La decisión

En su sentencia del 19 de noviembre, la CIJ decidió que los cayos pertenecientes a las islas mayores del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina estaban bajo soberanía colombiana.

El observador desprevenido podrá preguntarse si ameritaba, para el país, comparecer en un proceso de once años, por el cual incurrió en altos costos financieros y políticos, para que la Corte dijera que son de Colombia las islas y los cayos sobre los cuales nuestro país ha ejercido soberanía durante toda su historia (tal como corroboró dicho tribunal).

En la segunda parte de la decisión, la CIJ trazó la delimitación marítima presentada en el mapa (véase gráfico). Reconoció a Nicaragua un área marina, alrededor de los territorios insulares de Colombia, estimada en más de 80.000 kilómetros cuadrados (un área equivalente a cuatro veces el departamento del Valle del Cauca), que pasan a constituir una zona económica exclusiva de Nicaragua.

Las áreas marítimas reconocidas a ese país contienen recurso abundante en pesca y otras especies marinas, presentan prospección para la explotación de petróleo y gas y abrigan una zona declarada internacionalmente como Reserva de Biósfera. Muy probablemente existen también naufragios históricos, complejo asunto respecto del cual siguen vigentes las tensiones que han venido produciéndose en los últimos años en el escenario internacional.

Lo que nadie pudo prever fue el excesivo rigor aplicado por la Corte y el alcance de su decisión respecto de terceros Estados.

Faltaría más para que un Estado no pudiese reaccionar al cercenamiento de una parte considerable de su espacio marítimo y que una decisión excesiva y altamente cuestionable no pudiera ser cuestionada. Hacerlo es una obligación.

Baste solo mencionar, como dato indicador, que la decisión presenta una opinión disidente del juez Hisashi Owada (Japón), dos opiniones separadas (jueces de Francia y Estados Unidos) y cuatro declaraciones de un número igual de jueces.

El fallo es cuestionable no por algún sentimiento patriótico, sino porque introduce elementos subjetivos que van más allá del método que el derecho internacional del mar dicta a la CIJ para establecer una delimitación marítima. De esa manera, la Corte le da un giro a la evolución jurisprudencial en esta materia.

En Colombia parece estar abriéndose paso una argumentación según la cual el fallo sería de difícil ejecución a la luz de la Constitución política. Ese argumento es difícilmente sustentable, por dos razones.

En primer lugar, por cuanto algunas corrientes del constitucionalismo moderno reconocen la supremacía del derecho internacional, admitida por la comunidad de Estados que aceptan libremente la superioridad y complementariedad de instancias judiciales como la CIJ, la Corte Penal Internacional y las Cortes de derechos humanos. Esta última dinámica es irreversible y es preciso mantenerla a efectos de la protección eficaz de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH).

En segundo lugar, la misma Constitución colombiana reconoce una supremacía relativa y moderada del derecho internacional (artículos 9 y 101) que la Corte Constitucional ha desarrollado acogiendo las doctrinas que tienden a conciliar el derecho internacional con el derecho interno y que, incluso, podría permitir acatar la decisión de la CIJ sin necesidad de celebrar un tratado con Nicaragua.

El fallo es cuestionable frente al derecho internacional y es en el escenario internacional donde cobrarían eficacia las objeciones de Colombia.

¿Pacto o no pacto?

El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, llamado Pacto de Bogotá, fue adoptado con los escombros aún humeantes de abril de 1948. Ha sido objeto de fuertes críticas, principalmente por su estructura desueta, por sus dispositivos oscuros –algunos de difícil ejecución— y por la poca acogida entre los países de la región.

El retiro de Colombia de ese pacto, “muy poco muy tarde”, amerita tres comentarios muy breves en este espacio.

Primero, Colombia pudo haber sustentado su retiro con base en las críticas legitimas al Pacto, incluso liderando su reforma, de suerte que el retiro habría tenido más contundencia y no habría aparecido como una reacción de inseguridad o como la consecuencia inevitable de una derrota que pudo ser evitada.

Segundo, aunque tardío, el retiro confirma que este es un mecanismo legítimo que tienen los Estados para evitar comparecer ante la Corte y que pudo haber sido utilizado por Colombia eficazmente y con sólidos argumentos geográficos y jurídicos hace diez, quince o, incluso, veinte años. Ahora es muy poco el tiempo por cuanto no blinda a Colombia de forma absoluta respecto de compromisos y controversias nuevas que podrían venir en el futuro.

Tercero, es de suponer que Colombia contempló, recientemente, mecanismos que pudieron haber mantenido su vinculación al Pacto de Bogotá, permitiendo el retiro o exclusión de aplicación de todos los procedimientos de que tratan los artículos 33 y 34 (para los casos de cosa juzgada y solución de controversias por vía de tratados), como de forma previsiva lo expresó Perú en su reserva al firmar dicho pacto.

El acatamiento de los fallos de la CIJ es obligatorio. Pero acatamiento aquí no debe ser sinónimo de docilidad. Los mecanismos de revisión y de interpretación, con las limitaciones que impone su Estatuto, no dejan mayores espacios para que se pueda prever un cambio en su posición.

Lo que debería quedar bien claro es que las objeciones y las resistencias de Colombia a la decisión son legítimas y pueden ser bien sustentadas y presentadas en el escenario internacional ante las instancias que corresponde. No es aceptable que un Estado se quede impasible frente a un despojo de espacio marítimo de esas proporciones. O desproporciones.

Colombia debe salir más hacia el escenario internacional. Hay que explicar, persuadir, convencer a los países vecinos, a los países afectados indirectamente por la decisión, a las academias colombianas y extranjeras. Hay que ganar aliados. El fallo de la Corte provocará inseguridad e inquietud en otros países con conflictos de fronteras. Las reacciones no van a tardar. Colombia no está sola. Ahora es imperativo sustentar bien las inconsistencias y excesos jurídicos.

Colombia, país concentrado en los Andes, ha tenido por horizonte infinito sus montañas, no al espacio liso, abierto y ondulante del océano. Colombia, se ha dicho ya, no ha desarrollado una conciencia marítima. Es un país con amplias salidas a espacios marítimos que solo hasta hace poco pasaron a figurar en los documentos de su política exterior.

Ahora aprenderá, a sus expensas, a atender, con mucha precaución, a su mar y a sus océanos, como también a las controversias y litigios que se desprendan del ejercicio de soberanía sobre esos espacios.

En conclusión, lo que permitirá a Colombia implementar el fallo de la CIJ en condiciones más propicias es la sustentación crítica de los excesos de la Corte, desde el derecho internacional y frente a la comunidad de Estados, con alianzas eficaces; y no según las dificultades que presenta nuestra Constitución política, argumentación fácilmente rebatible y de poco sustento frente al derecho internacional.

La implementación de esa sentencia tomará años y en ese proceso deberán tener parte los sanandresanos.

Mientras tanto, el artista sigue hilvanando el lamento de sus coplas: “este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra; ¡ay, país, país, país!”. ¿Cómo estarán rimando sus coplas los sanandresanos?


Edición:
UN Periodico Impreso No. 162

viernes, 7 de diciembre de 2012

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El diligente y talentoso colega Oscar Delgado selecciona  este intercambio entre juristas estadounidenses sobre el refuerzo, la garantía a los derechos sociales en Colombia y USA. 

Son apartados ilustrativos y apropiados para los tiempos por venir, en el marco de las auspiciosas negociaciones de paz, que tendrán un escenario propicio para la sociedad civil colombiana  en este diciembre de novenario por la paz sin aguinaldos con los descarados anuncios de la reforma tributaria. N d la R.

The Reality of Social Rights Enforcement

By David Landau
David Landau is an Assistant Professor of Law, Florida StateUniversity College of Law.
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Despite the lack of socio-economic rights in the U.S. Constitutionand the absence of political will to enforce them, the vast majority ofconstitutions around the world now include these rights, and courtsare enforcing them in increasingly aggressive and creative ways.

Scholars have produced a large and theoretically rich literature onthe topic. Virtually all of this literature assumes that social rightsenforcement is about the advancement of impoverished,marginalized groups. Moreover, the consensus recommendation ofthat literature, according to scholars like Cass Sunstein and MarkTushnet, is that courts can enforce socio-economic rights butshould do so in a weak-form or dialogical manner, whereby theypoint out violations of rights but leave the remedies to the political branches.

These scholars argue that by behaving this way, courts can avoidsevere strains on their democratic legitimacy and capacity. Basedon an indepth case study of Colombia, which draws on myextensive fieldwork within that country, and on evidence from othercountries including Brazil, Argentina, Hungary, South Africa, and India,

I argue that both the assumption and the consensusrecommendation are wrong. In fact, most social rights enforcementhas benefitted middle- or upper-class groups, rather than the poor.

Courts are far more likely to protect pension rights for civil servantsor housing subsidies for the middle class than they are to transformthe lives of marginalized groups.

Moreover, the choice of remedy used by the court has a huge effecton whether impoverished groups feel any impact from theintervention.

Super-strong remedies like structural injunctions are the most likelyways to transform bureaucratic practice and to positively impact thelives of poorer citizens. The solution to the socio-economic rightsproblem is to make remedies stronger, not weaker.

* This excerpt does not include citations. To read the entire article,including supporting notes, please download the PDF.
Article also available at (subscription required): HeinOnline |LexisNexis | Westlaw

________________________A Response to David Landau
By Mark Tushnet
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Mark Tushnet is the William Nelson Cromwell Professor of Lawat Harvard Law School.

Suggested Bluebook citation: Mark Tushnet, A Response toDavid Landau, 53 Harv. Int'l L.J. Online 155 (2012),http://www.harvardilj.org/2012/04/online_53_tushnet/

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David Landau’s article, The Reality of Social Rights Enforcement,[1]is an important contribution to a growing literature on the judicial role in enforcing social and economic rights.

He joins others in noting that debate has ended over whetherconstitutions should include such rights and whether, if included,those rights should be judicially enforceable.[2] Not “whether,” but“how” is the question now on the table among serious scholars and judges.

Landau’s article presents the “how” question in a new light. Drawingtogether numerous strands in the literature, he helpfully identifiesfour remedial forms—individual actions primarily seekingindividual-level affirmative relief,[3] negative injunctions, weak-formreview, and structural injunctions—and assesses their likely effectson the distribution of the material goods that social and economicrights are designed to secure.[4] Proponents of such rights seekthem primarily to ensure that the least advantaged in society live in material conditions consistent with basic human dignity.

As Landau observes, effective implementation of social andeconomic rights for the least advantaged faces formidableobstacles.[5] Many of the world’s poorest nations have severelylimited internal economic resources.[6]

Political obstacles are substantial even when resources areavailable or could be made available through tax increases.

Those already advantaged typically have a favored position innational politics, allowing them to block redistributive initiatives(whether from the legislature or from the courts). The leastadvantaged may be quite numerous, but they face resourceconstraints in mobilizing politically or in litigation.

The prospects for achieving substantial improvements in thematerial conditions of the least advantaged through political orjudicial action are inevitably small.[7]

One might think that judicial resources should be husbanded foruse in the most favorable conditions for enforcing social andeconomic rights. Yet, as Landau persuasively argues, individualactions are likely to provide social and economic rights primarily forthose in the middle classes, not for the least advantaged.[8]

The reason is that those in the middle classes are more likely thanthe least advantaged to have the ability to mobilize the legal systemin an individual action. They have the requisite knowledge and haveaccess to legal assistance to bring these actions. In short, theyhave a better “support structure” for securing rights, to use politicalscientist Charles Epp’s term.[9]

Landau acknowledges that nongovernmental organizations and similar agencies, some associated with the state itself, can provideeducation about legal rights and legal assistance to the leastadvantaged.[10]However, the resources devoted to such efforts areunlikely to overcome the structural advantages the middle classeshave in individual actions.



[1] David Landau, The Reality of Social Rights Enforcement, 53Harv. Int’l L.J. 189 (2012).
[2] The United States is an exception for two perhaps relatedreasons. First, the U.S. Constitution is an old one, written before thepolitical and ideological developments that fueled the inclusion ofsocial and economic rights (and, now, cultural and environmentalrights) in more recently written ones. Its text provides fewerresources for developing constitutional arguments for judiciallyenforceable social and economic rights. “Fewer,” though, does notmean “none,” and Cass Sunstein has suggested that only RichardNixon’s narrow victory over Hubert Humphrey in 1968 prevented theSupreme Court from crafting a substantial jurisprudence of socialand economic rights. Cass R. Sunstein, The Second Bill of Rights:FDR’s Unfinished Revolution and Why We Need It More Than Ever149–72 (2004). Second, the general weakness of the socialdemocratic tradition in the United States, which is both political andideological, has meant that advocacy of judicially enforceable socialand economic rights has been limited.
[3] I assume that individual damage actions would havecharacteristics similar to those Landau associated withindividual-level affirmative relief.
[4] Landau, supra note 1, at 201.
[5] See generally Landau, supra note 1.
[6] For that reason, typical formulations of social and economicrights refer to their progressive realization within availableresources.
[7] I note that fairly strict market-oriented policies might be the bestones to achieve the progressive realization of social and economicrights, at least on the level of political and economic theory.Advocates for social and economic rights usually reject thattheoretical case. Notably, even that case might commend somejudicial intervention in support of market-oriented policies—of thesort typically associated in the United States with Lochner v. NewYork, 198 U.S. 45 (1905).
[8] Landau, supra note 1at 202–29.
[9] Charles R. Epp, The Rights Revolution: Lawyers, Activists, andSupreme Courts in Comparative Perspective ch. 3 (1998).
[10] See Landau, supra note 1, at 227.