domingo, 27 de octubre de 2013

SERIE DE DOCUMENTOS PARA LAS DELIBERACIONES DEL VIII SEMINARIO INTERNACIONAL A. GRAMSCI. 31 OCTUBRE, NOVIEMBRE 1, 13, 18. UNAL.
Inscripciones: 
presid.y.partic@gmail.com, telefax: 3165000 ext. 10968

ESPECIAL SOBRE ELECCIONES

TRIUNFO DEL SEÑOR DE LAS SOMBRAS.

                                             Ayer después de varias horas de conteo de las votaciones por los tres aspirantes del Uribe Centro Democrático, UCD, reunidos en salones de Corferias; votaciones que aún no está claro cómo se votaba, y que permitían acreditar igual número de delegados para cada candidato, y el resto hasta completar 1.340 delegados, mal asistidos en materia de refrigerios, pero consolados con "mantecada",  arrojaron como resultado "el parto de los montes": la elección como candidato único de Oscar Iván Zuluaga para competir por la presidencia de Colombia.

El tendrá, a la vez, como coequiperos a los otros dos aspirantes, Francisco Santos, y Carlos Holmes, vástagos de la política tradicional, en la sabana Cundiboyacense, el primero, y el segundo en el Valle del Cauca. Esto es el eje geopolítico de la reacción terrateniente-burguesa rentista que juntan tres escenarios: la región antioqueña con colonización incluida, la meseta cundiboyacense, de estirpe caciquil desde los tiempo del mestizaje Muisca/criollo, y  el Valle del Cauca, crisol de culturas y capitales de la agro-industria y la agricultura extensiva con mano de obra esclava e indígena.

Aquí se cocinó el tránsito de encomenderos y explotadores de la mita a grandes empresarios del campo, la industria y las finanzas tal y como los conocemos hoy. Dispuestos, estas fracciones a continuar la guerra colonial de exterminio contra los subalternos insurrectos y rebeldes. Este cuarteto anima con entusiasmo renovado el partido de la guerra.

Pacho no es santo de su devoción

"Solo reconocemos a un enemigo que es el terrrorismo. Oscar.I. Zuluaga

La elección del exministro de hacienda, Oscar Iván Zuluaga, el favorito del gran elector, quien impuso su voluntad sobre la consulta popular, y produjo las lágrimas sinceras de Francisco Santos, emergió de las sombras; y coincidió su embeleco de votación "democrática" con el anticipo de celebrar la noche de los bruj@s.

El ungido empezó su periplo en Pensilvania (Caldas), donde construyeron un exitoso grupo regional que fue conquistando elecciones hace una buena cantidad de años con trabajos de asistencia a la comunidad, pero cuyos orígenes no están suficientemente documentados. De esa misma camada procede la joven estrella Hoyos, que se desempeñó en varios cargos estratégicos del ex presidente Uribe Vélez.

Pero, el vicepresidente de la seguridad democrática quería saltar al solio de Bolívar, y su imagen popular, según las últimas encuestas lo marcaba como favorito. Basta ver lo que registraba César Caballero hace poco. Por eso, a boca de jarro, el mayordomo de la gran hacienda ordenó cambiar las reglas, a lo cual ya quedó mal acostumbrado con el cambio de la Constitución.

El partido de la guerra tiene candidato

"La prensa cita a Colombia entre las víctimas del espionaje de Washington. Pero, a diferencia de otros países, ignoramos la magnitud de la intolerable injerencia, ni qué ha dicho al respecto Estados Unidos." Daniel Samper, Cambalache, El Tiempo, 27.10.13, p. 7.

                                             Lo que sigue, en efecto, es confrontar al centro reaccionario en el país. Avanzar en una doble tarea, derrotarlo como partido de la guerra, impulsando y realizando una asamblea constituyente, que deje prueba fehaciente del compromiso de Colombia con la construcción de una paz con igualdad social, y no una pegada con babas y monsergas. No enredarnos en la fórmula del referendum, que es una forma de adocenar la expresión general de la ciudadanía sin más cuentos o mediaciones.

Pero, de otra parte, quebrar el modelo de régimen para-presidencial, que obra montado sobre la mampara de la excepcionalidad constituida, de derecho y de hecho, a través de las Bacrim y sus auxiliares políticos, de los que la realidad de la Guajira es un ejemplo elocuente y vergonzoso. Pero, no es el único lugar.

Para quebrar el orden autoritario, que se prolonga hasta la presidencia de Santos, con su complacencia, aunque hincha los carrillos hablando de prosperidad "democrática" que no se ve todavía, urge sacar todas las consecuencias del lugar que le asignó el gobierno de Estados Unidos al bloque en el poder de Colombia, desde los tiempos de Andrés Pastrana, ser peón estratégico del vértice monárquico imperial.

Todo lo cual, después del año 2002, cuando se lanzó la guerra contra el terrorismo global se tradujo en el espionaje a todos los niveles orquestado desde la Agencia Nacional de Inteligencia, que ha sido descubierto por las denuncias de Assange, Wikileaks, Manning y últimamente por Edward Snowden, resguardado en Moscú, desde donde siguen hurgando en las sombras glocales, que incluyen al gobierno peón de Colombia y a sus obsecuentes mayordomos, que ya no tienen el carácter de los procónsules de los que habló alguna vez la Segunda Declaración de La Habana.

Por eso, para el análisis presente y retrospectivo cuando se descorra la sombra con el conocimiento de lo denunciado por Snowden, nos cuente lo que ha averiguado la NSA, que hace palidecer el episodio de conversación entre Raúl Reyes y Phillip Chicola en 1988, cuando se reunieron en Costa Rica, atendiendo a la realpolitik que es la verdadera política internacional de la potencia americana desde los tiempos de la doctrina Monroe.

Pero, ya se sabe que Colombia, y sus "liderazgos" son espiados por el sistema PRISM, y sabido es, que como peón de brega, Colombia reemplazó a la desmantelada base de Manta, y los 4.000 y tantos millones de dólares se corresponden con lo que informa NSArchive, y que publica en su artículo Samper, "Colombia, víctima del espionaje de EU:
"Colombia es prioridad principal para EU y allí se registra la mayor actividad de espionaje, seguida por México, Venezuela y Brasil."

Los "convencionistas" de Corferias nada de esto incluyeron en sus 5 puntos programáticos, lo que hace de Uribe y sus prosélitos peón, y a lo sumo mayordomo, del Gran Hermano al otro lado del Río Grande.

sábado, 26 de octubre de 2013

LABORATORIO ELECTORAL COLOMBIANO. PARTE I

DE UNA CONVENCIÓN AMAÑADA A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Miguel Angel Herrera Zgaib.
Director Grupo Presidencialismo y participación, Unal/Colciencias/DIB.


El llamado partido Uribe Centro Democrático se encuentra reunido desde ayer en Corferias, compartiendo espacio ferial con ArtBo, juntos arte crítico, a juzgar por la foto de la obra del cubano Adonis Flores, "Pelotón", que parece recordar el mundial de Argentina, en los tiempos de la dictadura  y política tradicional, que anima en primera persona, como gran patrón clientelista, el dos veces presidente, Álvaro Uribe Vélez.

El despelote de los delegados

Lo que pasó ayer con los convencionistas, que según anuncios superarían los 1300, recordó lo que pasó cuando hubo el segundo y tercer congreso del PDA, cuando éste empezaba a dar pasos de gigante para precipitarse en el abismo de la corrupción que  tuvo su tapa con la alcaldía de Samuel Moreno, quien antes de ser electo no tuvo empacho en decir, que si era necesario "comprar" votos no había problema.

El "convencionista" de nuevo tipo, el ex Uribe, siendo presidente, tampoco tuvo reato de decencia alguno cuando invitaba a los congresistas de la parapolítica a votar sus iniciativas antes que fueran procesados. El que ahora en lugar de Puro Centro Democrático, el proto-partido se llama Uribe Centro Democrático simboliza bien la inclusión de la "impureza" en sus ejecutorias.

Pero, habría que añadir algo más, que sus llamados presidenciales  al "estado de opinión" para llevarse por delante las salvaguardas constitucionales de la democracia liberal, haciendo profesión de fe "populista", ahora se esfumaron de un plumazo suyo, cuando borró del mapa democrático  "la consulta popular", y dejó viendo un chispero a Francisco Santos, que espera competir por el mancillado solio de Bolívar con su primo, JuanMa. Y a esto se pretende todavía llamar democracia.

Además de lo dicho, sabemos por los reportes de prensa hablada y escrita lo que ocurrió ayer hasta tarde en la noche con la inscripción de delegados, y en particular los acreditados por los tres aspirantes, Oscar, Carlos y Pacho, a representar al UCD, esto es, a un partido unipersonal, a trochas y mochas, con todo el desparpajo.

El propio mayordomo del proyecto tuvo que llegar en persona, y desgañitarse hasta casi "perder su voz" de culebrero,  sin las comodidades de en un consejo comunitario poner orden a la chalupa a punta de naufragar con dobles inscripciones, y con la prohibición de ingresar al recinto de muchos asistentes, venidos en buses y por otros medios de diversos rincones de Colombia, con o sin para-política en la trastienda.

Votando el programa: el sainete de la otra seguridad

"Si está claro todo que se vote, de lo contrario no." Carlos Holmes.

"Hay que votar hoy." Oscar I. Zuluaga.

"Yo no presiono ni me dejo presionar." Álvaro Uribe Vélez

Ayer, así y las cosas, se alcanzó a votar por dos de los cinco puntos principales de la plataforma, votos que para ser protegidos de cualquier robo, hurto, o asechanza, se pusieron en caja fuerte, urna triclave y bajo vigilancia policial. Prueba de la gran "confianza" que se tiene en los convencionistas y sus invitados especiales.

Para votar, estando en ayunas las garantías, y con esmirriados refrigerios, se estableció que la votación no se haría con escarapelas como identificación sino con la cédula de cada convencionista acreditado.

A las 10 pm., se votaron dos puntos, seguridad democrática y cohesión social, de lo cual la convención misma daba "prueba elocuente" por lo ya dicho. Quedan pendientes tres temas más, para hoy: confianza inversionista, diálogo ciudadano y Estado austero.

Después de las 10 de la noche, el pabellón 8 de Corferias parecía curarse de espantos. Sin embargo, Gabriel Santos, el hijo de Francisco se disponía a atarse a la urna para cuidar los votos de un eventual saqueo, por los rivales eventuales de la candidatura de su padre.

De Convención a Asamblea Constituyente

                                                Por supuesto, la terminología de la Convención, cuando menos nos proyecta al tiempo de la Revolución francesa, y al quehacer de la fracción radical jacobina por la que desfilaron Robespierre, Dantón y Marat, Saint Just.

Por supuesto, estos ciudadanos no se parecen en nada a los cuatro jinetes del "Termidor" nacional, Alvaro, Carlos, Pacho y Oscar, agrupados en el Centro reaccionario, quienes quieren a toda costa evitar cualquier avance democrático, empezando por su propio remedo de partido, que nació muerto en la cuna, para revelar su rancia catadura.

Esta Convención tampoco es la Convención de Aguascalientes en la revolución mexicana, donde se estableció el programa más radical con las figuras de Zapata y Pancho Villa presentes, y que condujeron al impulso del Plan de Ayala, y a su derrota y aplastamiento posterior, cuando las fuerzas de abajo del sur y del norte, a la entrada a Ciudad de México.

Confiaron en el entusiasmo democrático de los "burgueses y propietarios" que capitalizaron la revolución campesina y la adocenaron en el PRI, que vuelve a gobernar a México por estos días. Zapata y Villa terminaron emboscados y asesinados.

La Asamblea Constituyente, y no el referendum será la garantía para salir de la garrulería, el clientelismo hirsuto y variopinto que hace contrapeso desde la vida independiente al reclamo, a la necesidad de democracia e igualdad social que no tenemos, y que tampoco practica ni quiere practicar el "novedoso" Centro democrático, que quiso anteponer a su nombre el apellido Uribe, para obtener el mayor número de votos y congresistas para engrosar las filas del partido de la guerra.

Lo que anuncia la última encuesta

Sin duda, el  2014, es el tiempo de la democracia, de darle alas poderosas a la democracia subalterna, de abajo que exige autonomía en todos los órdenes. La encuesta de César Caballero, hecha a gente que ha votado en los últimos 5 años arroja importantes indicadores.

Porque, a contrario de los cantos de sirena de los publicistas del  UCD, estos no obtendrán los 4 millones de votos con que "cañan" hasta hoy, pero sí conseguirán elegir, si hoy se ponen de acuerdo, sus caciques y capataces, unos 10 senadores. Antonio Navarro y Clara López, por aparte, sumados, alcanzan más del 20 porciento d favoritismo electoral, y la población indecisa es, en verdad, por lo pronto "el partido ganador".


Esta indecisión se irá evaporando a medida que nos acerquemos al mes de marzo. Por lo que es el tiempo del despegue de la izquierda democrática, si es capaz de ponerle tatequieto a los mismos vicios que se muestran en la Convención del Pabellón 8. Es la hora de nona, y el tiempo de acabar con la guerra y la clientela juntas como forma de gobernar a Colombia.

domingo, 20 de octubre de 2013

CECILIA TASCÓN ENTREVISTA A PIEDAD  EN  EL ESPECTADOR.  RESPONDE EL EXMAGISTRADO ALFREDO BELTRÁN  A LO DECIDIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Por varios meses estuvimos a la expectativa de qué decidiría la Corte Constitucional frente a la condena que la Procuraduría  impuso a la exsenadora Piedad Córdoba, en particular, la inhabilidad por  18 años. Sin embargo, la Corte respondió que la procuraduría si es competente, y rehuyó a dar respuesta al respaldo probatorio de la sanción que le fue impuesta en dos procesos disciplinarios diferentes. Piedad como Marcha Patriótica están abocados a hacer política, eventualmente, por fuera del proceso electoral que se avecina, donde se definen muchos asuntos relevantes para el futuro de la paz en Colombia. N de la R.

“NO HAY ORDÓÑEZ QUE ME DETENGA”

Destacado: “Seguiré en la política hasta cuando me entierren”

¿Guardaba la esperanza de que la Corte Constitucional tumbara la destitución e inhabilidad por 18 años para ejercer cargos públicos que el procurador le impuso?
Sí, porque mi separación del Congreso es un caso clarísimo de persecución política y no tiene argumento jurídico válido: 1. porque quien me destituye pertenece al espectro político radicalmente opuesto al mío y, como si eso ya no fuera suficiente impedimento para ser mi juez, él no ha disimulado su animadversión hacia mí. 2. Porque la decisión de mi opositor político está basada en pruebas ilegales, declaradas como tal, nada más y nada menos que por la Corte Suprema de Justicia y 3. Porque buena parte de las pruebas solicitadas por mi defensa en la Procuraduría no fueron practicadas o no fueron tenidas en cuenta. En resumen, porque, entre otros derechos fundamentales, se me violó el del debido proceso.
Para usted, entonces, ¿Alejandro Ordóñez no es su juez disciplinario sino su enemigo político?
¿Alguien lo duda? La decisión anunciada por la corte fue “construyéndose”  desde cuando mis enemigos empezaron a crear en el imaginario de la sociedad la falsa idea de que yo pertenezco de las Farc. Me remito a una anécdota: una senadora cuyo nombre me reservó, me contó que había estado en  una comida con el procurador y que habían hablado de mí. Ella le dijo que la Corte Suprema había dictaminado que el computador de Reyes no era prueba válida y que no podía usarse como tal. Ordóñez le respondió, según ella, de la siguiente manera: “vamos a ver si tampoco les sirve el computador del  Mono Jojoy”. ¿Esa es la expresión de un juez o la de un enemigo político?
Se ha dicho en la prensa que el procurador hizo mucha presión sobre los magistrados ¿Cree que es cierto?
Desde hace mucho tiempo supe, por fuentes muy próximas a la corte, que el procurador hacía fuerte cabildeo entre los magistrados pero yo esperaba que unos cuantos fueran inmunes a esas presiones. No creo que todos ellos hayan sido susceptibles a las influencias pero sí flaquearon más de los que creía. Sin embargo, el resultado no es extraño porque lo cierto es que las influencias entre la Procuraduría y la corte van y vienen. Le pongo un solo ejemplo: uno de los magistrados que votó en mi contra, Jorge Pretelt  Chaljub,  tiene (o tuvo) a dos cercanas familiares suyas en altos cargos en la Procuraduría: su esposa Martha Ligia Patrón López y su hermana Martha Cecilia Pretelt Chaljub ¿Con cuál independencia y criterio iba a fallar ese togado?
Usted fue destituida por segunda vez por el procurador por otros hechos ¿Qué opina de esa nueva sanción?
Esa segunda destitución fue un acto de desespero de Ordóñez cuando pensaba que me iba a salvar de la primera. Y este último proceso  sí que fue arbitrario. La medida se tomó a pesar de que nunca hubo ninguna prueba física, verbal o de otra clase contra mí.
¿Qué hará ahora que la corte respaldó a Ordóñez? ¿Se rinde y se recluirá en su casa?
¿Rendirme? No hay ninguna posibilidad. La política no se reduce a una curul ni al Congreso. Después de que salí de allá, hago más política que antes. No voy a abandonar ni mi pasión ni las convicciones que he defendido. La paz y la democracia como fines éticos superiores son parte de  mi razón de ser.  Y aunque por supuesto me afecta, lo que más me preocupa del fallo de la Corte Constitucional es la pérdida que ha sufrido la democracia en cuanto a independencia de la rama legislativa que ahora queda presa del temor de una sanción.  Esta decisión es la derrota del pensamiento libre y del disenso ideológico. En cuanto a mí, le reitero que seguiré en la política hasta cuando me entierren. No hay Ordóñez que me detenga.
Su confirmación de destitución llega, paradójicamente, en momentos en que se conversa de paz con las Farc ¿Incidirá este fallo en la mesa de negociación?
No, para nada. Puede generar cuestionamientos a las garantías que tendrá la  oposición en el país y es posible que cree un clima de desconfianza pero, de cualquier manera, la mesa debe continuar  para garantizar que la paz llegue a buen puerto.  Esto significa que hay que rodear al presidente. Yo, por mi parte, estoy dispuesta a hacerlo.
Se ha puesto de moda pedir asilo o evadir la justicia colombiana solicitando medidas cautelares a la Corte Interamericana ¿lo haría usted?
Jamás. Tengo totalmente claro que soy una lideresa política, que no debo nada y que porque tengo esa certeza, estoy dispuesta a dar la cara y a responder por todos y cada uno de mis actos. Amo e a este país y por él estoy dispuesta a dar hasta la vida. No tengo odios ni rencores, ni afán de venganza ni siquiera contra Alejandro Ordoñez aunque me haya hecho tanto daño. Para lo que corresponda, él tendrá que enfrentarse solo ante su conciencia y ante el Dios que tanto dice respetar, por lo que hace. No necesito intervenir para nada en ese proceso ni voy a desgastarme en emociones negativas. Que cada quien viva con sus cargas.
………………………
Expresidente Corte Constitucional Alfredo Beltrán

“EL CONGRESO QUEDÓ POSTRADO ANTE EL PROCURADOR”

Destacado: “Se llegó a la conclusión de que el nominador (Senado) quedó supeditado a su nominado (el procurador) lo cual es absurdo”

¿Qué opina del fallo de la Constitucional en que se respalda al procurador y se le niega la tutela a Piedad Córdoba?
En primer lugar hay que decir que es una tutela resuelta por la corte con bastante retardo. El procurador produjo la decisión de destitución en 2010 y la tutela fue seleccionada por la corte hace 18 o 20 meses cuando el plazo para definirla era infinitamente menor. En segundo lugar, el debate jurídico de fondo en esta decisión es bien distinto al que la gente se está imaginando.
¿Por qué?
Porque la gente no sabe que el objeto de la tutela fallada por la Corte no era la de definir si la exsenadora era o no auxiliadora de las Farc. Ese punto estaba por fuera del ámbito de interés de la tutela. Lo que se discutía era si el Procurador General tiene o no la potestad de destituir a los miembros del Congreso. Nosotros sostenemos que no la tiene. En una sentencia en la misma corte, pero de hace unos años, el magistrado Alejandro Martínez Caballero dijo que  el procurador puede ejercer esa facultad contra miembros de corporaciones públicas de elección popular, pero circunscrita a miembros de los consejos municipales y de las asambleas departamentales porque esos servidores solo tienen funciones administrativas como las de él, no legislativas como las de los congresistas.
No podría, entonces, el procurador, sancionar a los congresistas.
Así es. Y la razón es clara: el Congreso es la cabeza del poder legislativo como expresión directa de la voluntad popular. Es obvio que para cumplir esa función autónomamente, no puede estar sometido a la destitución por parte de un funcionario administrativo, como el procurador,  entre otras razones porque los senadores son sus electores. Con la decisión de la Corte Constitucional se llega a la conclusión de que el nominador (Senado) queda supeditado a la potestad disciplinaria de su nominado (el procurador) lo cual es absurdo.
Cuando usted dice que este no es un fallo para resolver si Piedad Córdoba tuvo nexos con las Farc, ¿significa que ese punto no fue examinado por la Corte?
Exactamente. El fallo no se refiere a las consideraciones del procurador contra la exsenadora en cuanto a que él cree que ella tiene nexos con la guerrilla. Repito, en la tutela se planteaba solo la discusión sobre si el jefe del Ministerio Público tiene la facultad de destituir a un congresista o no. La corte ha dicho que sí la tiene, lo cual, a mi juicio, es gravísimo para la democracia colombiana siendo él, como lo es, un funcionario administrativo y los miembros del Congreso, los  representantes directos del pueblo. La Carta política sigue siendo la misma y no se puede modificar la interpretación de los principios constitucionales que quedaron en juego en este caso.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este fallo, ya no para Córdoba sino para los parlamentarios actuales y futuros?
Que un funcionario queda con tanto poder que va a estar por encima de la voluntad popular.
Si yo le dijera a los congresistas: “pongan sus barbas a remojar” después de esta confirmación de la facultad de destitución del procurador, ¿estaría exagerando?
Simplemente estaría haciendo una radiografía de la situación actual de postración en que quedó el Congreso frente al Procurador General de la Nación.
El origen de este lío ¿no será la redacción confusa en la Constitución en este punto?
La Carta política tiene normas que deben interpretarse de acuerdo con los principios que la inspiran.  En su preámbulo se dice, claramente, que la República se organiza bajo el valor de la democracia, fundamento que se repite en su artículo primero de manera que no hay lugar a confusión, si uno se apega a la esencia de la misma.
En todo caso, los congresistas deben tener quién los vigile. Si no es el procurador ¿quién cumple esa función?
La propia Constitución instituyó causales de pérdida de investidura para los senadores y representantes quienes, por ciertas faltas, pueden ser retirados del Congreso pero dependiendo del examen de una corporación colegiada, es decir, de un juez plural en cuyas deliberaciones hay variados conceptos. Esa es tarea que la Carta le dio al Consejo de Estado, órgano que sí tiene funciones jurisdiccionales y no administrativas.
Dicho lo anterior, para usted ¿este fallo no es jurídico sino político?
Uno tiene que admitir que los fallos de la Corte Constitucional siempre son político-jurídicos porque interpretan la Carta política. Pero en cuanto a esta decisión en concreto, el asunto es tan delicado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo con claridad, revisando un caso similar al de la exsenadora Córdoba, que a un miembro del legislativo solo se le puede destituir en virtud de una sentencia de carácter penal. Colombia va, entonces, en contravía  del principio universal de la autonomía y la independencia del legislador.
El clima político adverso a Piedad Córdoba ¿pudo influir negativamente en el ánimo de la mayoría de los miembros de la Constitucional?  
Siempre se ha dicho que el juez no puede escaparse a su tiempo porque es un hombre de su sociedad que se encarga de administrar justicia. Es inevitable que el medio circundante influya en sus criterios.
Ahora, refiriéndome a la destitución impuesta por Ordóñez ¿cómo explicar la contradicción entre la decisión de la Corte Suprema  que declaró ilegales las pruebas contra Córdoba, y la posterior sanción del procurador, basada en las mismas pruebas? 
La Corte Suprema ni siquiera encontró elementos de juicio para vincular formalmente a un proceso penal a la exsenadora.  Mucho menos para juzgarla o para condenarla.  De acuerdo con esto, está claro que el procurador no ha debido examinar su conducta disciplinaria con base en las mismas pruebas porque, en efecto, la justicia colombiana ha entrado en contradicción consigo misma. Claro, uno se puede inventar una respuesta: los  procesos son separados y como son separados y quienes juzgan son diferentes, se puede llegar a conclusiones diversas. Pero se oculta el eje del asunto: que están examinando a la misma persona por unos mismos hechos, con conclusiones opuestas.
¿Cómo interpreta usted una segunda sanción de destitución a Córdoba por parte del procurador? ¿Persigue la Procuraduría a la exsenadora?
Solo le digo que es como si después de muerta una persona, vienen por ella para rematarla y así asegurarse de que nunca resucite.
En materia de actividad política ¿qué puede hacer de aquí para adelante Piedad Córdoba en Colombia?
Puede continuar desarrollando todas las acciones políticas que desee sin ser elegida y sin ocupar cargos públicos.
¿Ella puede acudir la Corte Interamericana para que revise su caso?
Sí. Si lo desea, podría acudir a la Corte Interamericana. El punto es que cuando llegue esa decisión será tarde porque no podría ser reintegrada al Senado pues ya habría terminado su periodo. Sin embargo, sería de gran importancia para crear un cuerpo de doctrina a fin de contener los abusos y la desfiguración de la democracia hacia el futuro.
Abultado resultado en contra
La decisión de la Corte Constitucional en el caso de la tutela interpuesta por Piedad Córdoba mediante su apoderado, el exmagistrado de esa misma corte Alfredo Beltrán contra el fallo del procurador Alejandro Ordóñez de separarla del Congreso cuando apenas llevaba unos meses de haber sido elegida, y de inhabilitarla por 18 años para ejercer cargos públicos, estuvo rodeada de toda clase de rumores desde cuando llegó allí, hace más de año y medio. Según las versiones, Ordóñez y sus asesores hicieron lobby permanente ante los magistrados para asegurar que el fallo saliera a su favor aunque se conoce la cercanía de él con la mayoría de los togados. 
En cuanto a la accionante, se dijo que su abogado Beltrán se opuso rotundamente a ejercer algún tipo de presión. El ponente del caso fue el presidente de la corporación Jorge Iván Palacio y su propuesta ante la sala plena triunfó: confirmar la facultad de Ordóñez de ser el juez disciplinario de los congresistas aún cuando los senadores son quienes eligen al Procurador General. Seis de los nueve magistrados se alinearon con Palacio: Nilson Pinilla, Jorge Pretelt, Mauricio González, Luis Guillermo Guerrero,  Alberto Rojas y Gabriel Eduardo Mendoza.  Y dos, conocidos por sus posiciones liberales y de defensa de los derechos ciudadanos, salvaron su voto: Luis Ernesto Vargas y María Victoria Calle.
“Me persiguen por mis ideas”
La  decisión de la Corte Constitucional de respaldar al procurador fue tomada 7 – 2 ¿Qué piensa de esa diferencia?
Que en la corte la mayoría se había alineado  hace rato y que ese resultado se conocía puesto que fue cantado por varios medios, sobre todo después de que el columnista Ramiro Bejarano habló del 7-2 con una semana de anticipación.
Sin embargo ¿esperó que fallaran a su favor?
Sí, aunque me equivoqué porque confiaba en la trayectoria de algunos magistrados y en su apego a la Constitución y a la ley. Estaba tranquila, además, por el reconocimiento mundial que tuvo la corte en el pasado. Y porque mi apoderado era Alfredo Beltrán, un expresidente de esa corporación absolutamente respetuoso del Estado de derecho.
Usted dice que las pruebas en su contra se preconstituyeron ¿A qué se refiere?
A que desde el gobierno Uribe se me viene persiguiendo por mis ideas y a que los fallos en mi contra están contaminados de esa persecución. Recuerde los artículos de prensa, los afiches contra mí en 18 ciudades y el desprestigio a que fui sometida desde las entidades oficiales empezando por  el  Das, varios de cuyos exfuncionarios  confesaron que su trabajo consistía en inventar pruebas contra mí.  Esa operación estatal era para vincularme con el terrorismo y con  las Farc por lo que fui finalmente destituida.

sábado, 12 de octubre de 2013

DOCUMENTOS  Y DEBATE  SOBRE EL PARA-PRESIDENCIALISMO

Este es el texto de la investigadora Claudia López, quien obtuvo notoriedad y celebridad cuando hizo un estudio sobre el voto colombiano en el año 2002, y postuló la fórmula de las votaciones atípicas. Un proceso que permitió, a la larga, probar la realidad de la alianza entre política y paramilitarismo con la complacencia comprobada de quien fuera elegido presidente en dos oportunidades  con su complacencia pública. 

En la carta de Claudia que aquí se reproduce de un envío hecho por el corresponsal Carlos Raúl Gutiérrez, aún se incluye la noción narco-paramilitarismo equiparada con la parapolítica, y que el grupo Presidencialismo y participación denomina desde la publicación del libro El 28 de mayo y el presidencialismo de excepción (2007), el régimen para-presidencial, 2002-2010, que es distinto, en particular, a la denominación de estado mafioso, o para-estado, o captura del Estado, que también han sido empleadas por diversos estudiosos nacionales.     N de la R.

LA CARTA DE CLAUDIA LÓPEZ

"Bogotá, septiembre 30 de 2013

Señor
Luis Alfredo Ramos Botero
Ex ministro, ex senador, ex gobernador, ex candidato presidencial. Actual preso por orden de la Corte Suprema de Justicia bajo cargos de presunto concierto para delinquir con el narcoparamilitarismo, conocidos como parapolítica.
Ciudad.

Señor Ramos Botero:

Enfrenta usted, después de más de 10 años de evidencias, a la justicia. Lo hace gracias a que la Corte Suprema de Justicia, ante la inacción durante años de la Fiscalía y en ejercicio de sus facultades, ha acumulado abundantes y contundentes pruebas de su alianza política y mutuo beneficio con el narco-paramilitarismo.

Las evidencias hoy en manos de la justicia han corroborado con creces los modestos indicios que mi investigación social y periodística reveló hace más de 7 años: que cientos de políticos, entre ellos usted, han sido beneficiarios electorales del narcoparamilitarismo. Hoy la justicia tiene pruebas de que junto con Antonio Valencia Duque, parte de su lista al Senado en 2002, ustedes se beneficiaron del proyecto político del narcoparamilitarismo en Urabá al que llamaban “por una Urabá grande y unida”.

Gracias  a la contribución de esa alianza criminal-electoral su lista al Senado en 2002 obtuvo una alta votación en Antioquia y la mayor votación nacional. Por esos hechos hay varios condenados, entre ellos una de sus fórmulas al Senado en 2002, Antonio Valencia; pero usted sigue impune, hasta ahora.

Gracias a esa misma alianza criminal-electoral, su partido, Equipo Colombia, arrasó en las elecciones locales de 2003 en Urabá y obtuvo un número de votos y alcaldías nunca antes alcanzado por un sector conservador en esa región. Por esos hechos hay otros condenados; pero usted sigue impune, hasta ahora.

En ese mismo año, el 2003, apoyaron con entusiasmo la primera versión de la Ley de Justicia y Paz, llamada de Alternatividad Penal, que concedía impunidad absoluta al narcoparamilitarismo: ni un día de cárcel, ni una gota de verdad, era una amnistía total. Como no pudieron pasar esa versión de la Ley, un año después, en 2004, invitaron a los narcoparamilitares a hablar al Congreso y los recibieron como si fueran héroes de la patria y no como los brutales narcotraficantes y asesinos que son.

Con la legitimidad de esa propaganda, usted y su bancada, como parte de la gran bancada uribista, impulsaron la segunda versión de la Ley de Justicia y Paz que le otorgó por primera vez en la historia de Colombia estatus político al narcoparamilitarismo. También diseñaron un  sofisticado ropaje de legalidad a una impunidad disfrazada, que “reventara la Fiscalía” como se dijo entonces entre el negociador de paz y los narco-paramilitares con quienes se negoció esa Ley, en su afán por calmarlos.

Esa impunidad disfrazada, fue parcialmente desmontada gracias a la presión de la ciudadanía y al control de la Corte Constitucional que fijó los estándares de verdad, penas mínimas y reparación hoy vigentes.

domingo, 6 de octubre de 2013

REPENSANDO LA CUESTIÓN AGRARIA
La politóloga Paula Álvarez Roa comparte con nosotros la información de este importante seminario internacional, en el cual concurren, incluida ella, voces importantes durante tres días en un ejercicio que apoya un conjunto de ongs colombianas. No dudamos en recomendar la participación que aquí se ofrece a los interesados directamente en el tópico, y a la ciudadanía. N de la R.


El desafío de repensar el campo en Colombia 
Seminario internacional: concentración y acaparamiento de tierras, desarrollo rural y derecho a la alimentación 
Expertos internacionales, académicos colombianos, organizaciones rurales de base, instituciones estatales, gremios y sectores empresariales y comunidad internacional estarán sentados en un mismo espacio durante tres días para dialogar  y reflexionar sobre las problemáticas sociales derivadas del modelo de concentración y acaparamiento de tierras y desarrollo rural que rige actualmente en el país. 
“Este Seminario es único porque por primera vez van a estar todos los sectores implicados en el desafío de repensar el campo, lo que aportará un análisis más articulado e integral frente a lo que está pasando con el campo en Colombia, lo que amplía y nutre los debates académicos al respecto. El evento coincide con una coyuntura sensible motivada por el paro agrario, pero que hasta ahora lo hemos visto a través de los medios de comunicación de manera fragmentada y lo que nosotros estamos proponiendo es un análisis integral que pasa tanto por el modelo de desarrollo, las dinámicas de uso de la tierra, concentración y acaparamiento y que en conjunto nos afectan a todos”, señala Juan Carlos Morales, director ejecutivo de FoodFirst Information and Action Network, FIAN Colombia, coorganizador den evento junto a la Universidad Externado de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 
El Seminario internacional: concentración y acaparamiento de tierras, desarrollo rural y derecho a la alimentación, se realizará del 9 al 11 de octubre de 2013 en la Universidad Externado de Colombia, con la participación de importantes expertos de Brasil, Chile, Holanda, Argentina, México, Camboya, Francia y Colombia, el evento también es apoyado por CINEP, ILSA, IFEA, la Embajada de Francia y Forum Syd.
 La discusión generada a partir del Seminario también busca llamar la atención sobre el proceso de paz que se adelanta actualmente en la Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, “la negociación se ha dado espaldas de la sociedad. El tema agrario, que fue el primero de la agenda, nadie sabe realmente qué fue lo que se negoció y se está desconociendo la voz y las propuestas de los sectores rurales y más cuando muchos sectores de la ruralidad no se sienten representados ni por el Estado ni por la guerrilla, es un tema en el que debería participar activamente la sociedad, por lo que significa el gran desafío de repensar el campo”,menciona Morales. 
Además, las organizaciones sociales compartirán sus experiencias de lucha y denuncia contra el acaparamiento de tierras y recursos, las violaciones de derechos humanos generadas por estas dinámicas afectando el derecho a la alimentación, y la relación del actual modelo de desarrollo rural y el acaparamiento con el conflicto social en Colombia. A través del seminario, las comunidades rurales compartirán sus propuestas de resistencia en el marco de una comprensión global del fenómeno y sus particularidades a escala nacional, regional y local. 
Por su parte, los expertos internacionales invitados cuentan con una amplia trayectoria en el estudio de las dinámicas globales del fenómeno de acaparamiento y concentración de tierra, “este Seminario nos ha brindado la oportunidad de escuchar expertos como el filipino holandés Juan Borras quien conoce del caso de Colombia y la ubica dentro del análisis geopolítico que ha venido investigando frente a la problemática de acaparamiento y concentración de tierra.Sin embargo, es difícil indicar cuál será la ponencia más destacada, porque realmente todos los invitados son grandes expertos que abordarán temas muy interesantes”, concluye el director de FIAN Colombia. 
En el marco del seminario se realizarán cinco paneles de discusión con expertos sobre: 1) Características y efectos del acaparamiento global de tierras. Experiencias de regulación de la propiedad y de reforma agraria, 2) Desarrollo rural, extractivismo y acaparamiento. Efectos y respuestas en Colombia, 3) Acaparamiento, concentración de tierras y expansión del agronegocio en América Latina. Impactos y alternativas, 4) Desarrollo, extractivismo y concentración de tierras: repercusiones en la seguridad, soberanía y autonomías alimentarias y en el derecho a la alimentación, 5) Políticas comerciales y cooperación, problemática agraria y desarrollo. 
Igualmente se desarrollará un Foro público sobre concentración y acaparamiento de tierras en Colombia, además de la Cátedra Abierta de Asuntos Rurales de la Universidad Externado sobre desafíos para el campo y la economía colombiana ¿cómo producir nuestro pan de cada día? 
A lo largo de los tres días de seminario se convocaron cuatro mesas de trabajo sobre: a)Ordenamiento territorial, acceso y tenencia de la tierra y reforma agraria en Colombia, b)Acaparamiento de tierras y sus repercusiones en la seguridad, soberanía y autonomías alimentarias como ámbitos de realización del derecho a la alimentación, c) Extractivismo y economías de enclave como factores de la concentración y extranjerización de la tierra, y d) Conflicto armado, paz, acaparamiento de tierras y acción colectiva. 
Asistencia libre y gratuita
La inscripción y asistencia a los paneles, foro, cátedra abierta y mesas de trabajo durante los tres días del seminario es GRATUITA, no obstante es necesario inscribirse previamente en el siguiente enlace: http://georaizal.org/seminario/index.php/como-asistir 
Para mayor información sobre e el evento consulte:
Página web: georaizal.org/seminario 
Conozca los perfiles de los expertos invitados
Argentina
Diego Domínguez. Sociólogo, investigador del Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos del Instituto de  Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de  Ciencias Sociales (UBA) y jefe de Trabajos Prácticos de la materia Sociología Rural de la misma facultad. Su tesis doctoral aborda los conflictos por la tierra en Argentina. 
Pablo Sabatino. Sociólogo, miembro del Área de Estudios Rurales del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de  la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). 
Chile
Marcos Orellana Cruz. Abogado de la U. Católica de Chile. Doctor of Juridical Science (SJD) de colegio de abogados de la American University. Director de los programas sobre Derechos Humanos y Ambiente, y Comercio y Desarrollo Sustentable en el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) en Washington DC. Profesor en el Washington College of Law de la American University. 
Sergio Gómez,  sociólogo de la Universidad Católica de Chile, con maestría en sociología de la Universidad de Essex y doctorado en sociología de la U. de Sao Paulo, Brasil. Consultor de la oficina regional de la FAO en Chile en reforma agraria y desarrollo territorial rural. 
México
Armando Bartra Vergés. Investigador con estudios y publicaciones que le han dado reconocimiento internacional, equivalentes al grado de doctor. Líneas de investigación: estudios regionales y sociopolíticos del movimiento campesino, contradicciones tecnológicas del capital. Departamento de Relaciones Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Holanda
Jun Borras. Es doctor en Estudios sobre Desarrollo del Institute of Social Studies (ISS), La Haya. Es un académico  muy activo vinculado con los movimientos sociales rurales de las Filipinas y el resto del mundo. Desde principios de los años ochenta, formó parte del principal equipo organizador que estableció el movimiento campesino internacional La Vía Campesina y fue miembro de su Comisión Coordinadora Internacional (CCI) entre 1993 y 1996. Su labor académica y política ha estado centrada, entre otras cosas, en cuestiones territoriales y en movimientos agrarios (transnacionales. Jun es también miembro asociado del think tank Food First, y forma parte de la Junta Consultora Internacional de la revista Journal of Agrarian Change. 
Francia
Gérard Chouquer. Profesor de historia y director de investigación del CNRS. Historiador de catastro y cuestiones de la tierra, es fundador del observatorio de la tierra en el mundo, editor de la revista Estudios Rurales hasta 2013. Participa en los trabajos de reflexión de la Asociación de Agrimensores-expertos. Es miembro de la Comisión Técnica y de Desarrollo Territorial del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos y de la Agencia Francesa de Desarrollo. Regularmente participa en la Federación Internacional de Agrimensores. Actualmente está terminando un libro sobre la apropiación y el acaparamiento de la tierra. Propiedad estatal, comunidad y propiedad de la tierra. 
Guatemala
Daniel Pascual Hernández. Comité de Unidad Campesina de Guatemala. Líder campesino de Guatemala. Encabeza iniciativas de exigencia y reivindicación de derechos territoriales, propuestas y negociación de la ley de Desarrollo Rural e Integral, desde un proyecto campesino e indígena basado en el acceso y uso de la tierra desde el pensamiento Maya y del buen vivir. Hace parte de las comisiones de diálogo con el gobierno guatemalteco y estuvo presente en las negociaciones y propuestas de la Ley de Catastro, de Seguridad Alimentaria y Nutricional agrarias en el marco de los Acuerdos de Paz. Coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC) desde 2005. 
Estados Unidos
Peter Rosset. Investigador del Centro para el Estudio del Cambio en el Campo en México (CECCAM), co-coordinador de la Red de Investigación -Acción sobre la Tierra (LRAN) y miembro de la Vía Campesina. 
Reino Unido
Gaby Drinkwater. Oficial de Políticas Públicas e incidencia para América Latina y el Caribe de Christian Aid. Presentará una ponencia sobre la relación entre el acaparamiento de tierras y las políticas de desarrollo en los programas de gobierno (principalmente los gobiernos Colombiano y Británico) y las implicaciones que estas tienen para las comunidades. 
Colombia
Yamile Salinas Abdala. Asesora académica de Indepaz. Abogada independiente con amplia experiencia en derecho público, ambiental, agrario, étnico, cultural y en derechos humanos con énfasis en los derechos de comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas y víctimas. Es investigadora del Centro de Memoria Histórica. 
Darío Fajardo Montaña. Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magister de la Universidad de California, Berkeley. Investigador de la problemática agraria en Colombia y profesor de la Universidad Externado Actualmente es consultor de la FAO en Colombia. Autor de múltiples publicaciones sobre el tema agrario en Colombia. Es reconocido como uno de los gestores de la figura de las Zonas de Reserva Campesina. 
Ana María Ibáñez. Decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Economista de la Universidad de los Andes y doctora en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la Universidad de Maryland en College Park. 
Gustavo Montañez Gómez. Ingeniero geógrafo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Especialista en Estudios Latinoamericanos y doctor en geografía de la Universidad de la Florida. Sus áreas de investigación son la geografía ambiental, los estudios regionales, y la relación sociedad y territorio. 
Rodrigo Arce Oliver. Director de País de Forum Syd para Colombia. Exdirector Regional de Forum Syd  para América Latina en los  últimos 10 años.
Tiene estudios de Ingeniería Hidrológica en la UAM-Iztapalapa en México. Estudios de Derechos Humanos en el Departamento de Investigación sobre Paz y el Desarrollo de la Universidad de Gotemburgo, Padrigu en Suecia. Trabajó como Observador de Derechos Humanos en la Misión de Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA. Participó en la verificación de la desmovilización de la Policía Militar Ambulante, PMA, Comisionados militares, Patrullas de Auto Defensa Civil, PAC y combatientes y milicianos de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, el último periodo de su trabajo verificó los Acuerdos de Paz sobre Situación Agraria y los derechos Económicos Sociales y Culturales en el País teniendo énfasis el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Cuenta también con experiencias de búsqueda de la Paz y mediación en el conflicto en el Sahara Occidental. 
Davide Bocchi. Secretario Técnico Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia – PODEC 
Alfredo Molano Bravo. Escritor, sociólogo y periodista. Ha dedicado su vida a recorrer las zonas rurales de Colombia y publicar textos fundamentales en los que se muestra los orígenes y desarrollos de las problemáticas rurales en el país. 
Paula Álvarez Roa. Politóloga, coordinadora área Comercio y Ambiente del Grupo Semillas. Lidera seguimiento a políticas públicas en temas ambientales y rurales, investigación sobre el desarrollo de proyectos agroindustriales, conflictos socio- ambientales en la producción de agrocombustibles. Ha trabajado el problema de mercado y extranjerización de tierras particularmente en la Altillanura colombiana. 
C

viernes, 4 de octubre de 2013


DOCUMENTOS ACERCA DE LA GENEALOGÍA DEL RÉGIMEN PARA-PRESIDENCIAL

Proyecto Historia Política y Social de los Grupos y Clases Subalternas
Grupo Presidencialismo y  Participación

Semillero de investigación  “La historia de Colombia en CONTRAVÍA”.

Documento  01

Comunicado de Prensa Tribunal Superior de Medellín y la investigación a Álvaro Uribe Vélez
Domingo 8 de septiembre de 2013

La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín leyó, durante los días 4 ,5 y 6 de septiembre, el auto de control de legalidad de cargos contra siete postulados del Bloque Cacique Nutibara. La decisión firmada por los Magistrados Rubén Darío Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón Jaramillo, tuvo salvamento de voto del doctor Juan Guillermo Cárdenas Gómez.
“… En busca del tiempo perdido …”
La providencia, dividida temáticamente, desarrolló los antecedentes procesales, la reconstrucción de la verdad histórica en la conformación del paramilitarismo, en el contexto nacional y regional, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de los postulados, los hechos cometidos por éstos y la resolución.
1. Reconstrucción de la Verdad histórica
1.1. Contexto Nacional
Con relación al contexto nacional, la Sala mayoritaria inició con la pregunta: ¿cómo es posible que el régimen político colombiano haya conservado una apariencia democrática, a pesar de padecer una de las tragedias humanitarias más graves del orbe en los últimos 30 años y sin lugar a dudas la más grave de América Latina en ese período?. ¿Y cómo el gobierno ha seguido funcionando con elecciones aparentemente libres, con cambios de Presidente y alternación de los partidos y
promulgación y vigencia de las leyes, como cualquier régimen democrático, a pesar de vivir las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a todo lo largo y ancho de la geografía nacional?.
Para responder esta pregunta, la Sala hizo una análisis de la génesis del paramilitarismo, las causas que lo produjeron, los gestores políticos, económicas y militares que lo promovieron, las alianzas de diversos sectores –incluyendo el narcotráfico- que hicieron posible la transformación de autodefensas a paramilitares y su expansión en todo el territorio nacional, y cuyas conclusiones fueron, entre otras, las siguientes:
Del  origen y desarrollo
“El surgimiento y expansión de los grupos paramilitares, a diferencia de lo que se ha sostenido en muchos sectores, no obedece a la ausencia del Estado […]. Por el contrario, nacieron y crecieron allí donde había presencia del Estado y de las Fuerzas Militares y de la mano de éstas […]”.
“Las convivir y COOSERCOM fueron una estrategia del Estado en la lucha contrainsurgente y el control social de la población. Ambos fueron una fuente o cantera de los grupos paramilitares y en más de un caso una herramienta para encubrir sus actividades […]”.
De la vinculación de la Fuerza Pública con las autodefensas y grupos paramilitares
“La promoción, organización y apoyo de las convivir y los paramilitares no fue la conducta de algunos sectores o miembros aislados de las Fuerzas Militares, y en especial del Ejército Nacional, como quizá pudo ser en sus comienzos. […], con el tiempo se convirtió en una política trazada, auspiciada o permitida y facilitada desde los altos mandos de las Fuerzas Militares […]”.
“Todo ello demuestra la estrecha relación entre el ejército, las convivir y los grupos paramilitares y la identidad de sus fines y objetivos e indica que hubo una política de guerra sucia para combatir a los grupos insurgentes, a los disidentes políticos y a ciertos movimientos y líderes sociales. En ese proceso participaron amplios sectores de las clases dirigentes, la empresa privada y el narcotráfico, en una asociación o alianza criminal de intereses, objetivos, recursos y medios que los hace
responsables”.
De la participación de los sectores económicos
“Los empresarios privados de muy distintos sectores (industriales, ganaderos, comerciantes, mineros, bananeros, etc.) y en muy distintos niveles promovieron y financiaron las convivir y los grupos paramilitares. Detrás de éstos estuvieron también amplios sectores del narcotráfico”.
De la relación del Estado con el paramilitarismo
“No sólo el Ejército estuvo vinculado […], sino que el Estado sabía de su existencia y de la vinculación de los altos mandos militares a éstos desde 1.983 y lo supo durante los largos años de su funcionamiento, pues así lo están revelando los informes del DAS de 1.989 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 14 de octubre de 1.993, antes de que se iniciará su proceso de expansión por todo el país”.
“Las convivir y los grupos paramilitares, aunque contaron con su apoyo, actuaron paralelamente al Estado o a un lado de éste […]”.
“Los grupos paramilitares fueron fruto de una política de Estado. Su creación y expansión fue un propósito común de amplios sectores de éste, las fuerzas militares y la sociedad civil y fue posible gracias a la financiación de la empresa privada y el narcotráfico y la alianza entre todos ellos. Los demás fueron complacientes o condescendientes con ese fenómeno y lo toleraron. Sólo de esa manera se explica que en el corto lapso de unos pocos años coparan todo el país”.
De la responsabilidad de la Fiscalía 

“La Fiscalía General de la Nación ha sido omisiva en la investigación y acusación de las estructuras y redes que promovieron, auspiciaron, financiaron y apoyaron los grupos paramilitares […]”.
De Álvaro Uribe Vélez
El nombre del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado en este texto a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos. A manera de recapitulación, está detrás de Pedro Juan Moreno Villa, quien fue su Secretario de Gobierno mientras se desempeñó como Gobernador de Antioquia y quien no sólo concibió y desarrolló el proyecto de COOSERCOM como un laboratorio del paramilitarismo, sino que ha sido señalado como uno de los 6 ó 12 líderes que definían y orientaban la política de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
Conjuntamente con éste, está detrás de la promoción, impulso y apoyo de las Convivir en Antioquia, que van a ser un germen del paramilitarismo, entre las cuales se cuenta la Convivir Papagayo, la más emblemática de todas, y a las que tenía el deber de hacerles seguimiento, de conformidad con los decretos de ley. Está detrás de la hacienda Guacharacas, donde se asentó la Convivir El Cóndor y que, al decir de Jhon Fredy González Isaza, eran los mismos paramilitares y cuyo administrador era un colaborador de éstos.
Está detrás de la pacificación de Urabá durante su período como Gobernador, que el exaltó y promovió como un ejemplo nacional, realizada de la mano del General Rito Alejo del Río y los paramilitares de la región. Está detrás del homenaje de desagravio realizado en el Hotel Tequendama a dicho General, después de haber sido retirado por sus vínculos con los paramilitares, para el cual vino exclusivamente desde el exterior y actuó como oferente y orador.
Está detrás de las omisiones en la masacre del Aro, de la cual fue informada la Gobernación a su cargo desde su comienzo y que no se le pudo ocultar por la gravedad de la situación y a cuya comunidad no le brindó apoyo durante 7 días y luego desmintió las denuncias. Está detrás de la Operación Orión y la toma de la Comuna 13, realizada concertadamente con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara con el fin de eliminar el último bastión de las milicias urbanas y consolidar el dominio de dicho bloque, como lo reconoció Diego Fernando Murillo Bejarano, que él ordenó y a cuya iniciación y despliegue asistió.
Está detrás de la negociación con los grupos paramilitares una vez llegó a la Presidencia, con cuyos votos salió elegido como confesaron varios comandantes y del proyecto de alternatividad penal presentado originalmente al Congreso que aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, mientras le declaraba la guerra total a las demás organizaciones armadas ilegales.
Está detrás del General Mauricio Santoyo, a su servicio como Gobernador de Antioquia y luego como su
Oficial de Seguridad en la Presidencia de la República, cuyos vínculos con los paramilitares están ya establecidos y que no pudo ser su asesor de seguridad sin su asentimiento. Está detrás de los Directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes.
No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia.
                                                     
Por supuesto, hay también testimonios en ese sentido, como los de Pablo Hernán Sierra, conocido como Alberto Sierra, comandante del Bloque Cacique Pipintá y Aldides de Jesús Durango, conocido como René, comandante del Bloque Suroeste y otros más.
Pero, la cuestión no es de testimonios. Es de lógica y lógicas. Como en alguna ocasión dijo el Director de El Espectador, no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse.
Por lo tanto, se ordenará expedir copias por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como Presidente de la República”.
De Ernesto Samper 

“La expansión de los grupos paramilitares coincidió con el gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano. La Sala no tiene suficientes elementos todavía para ordenar la investigación de éste, pero será una materia que deberá profundizar la Fiscalía y rendir cuentas de ello y un motivo de preocupación de la Sala”.

1.2. Contexto Regional 


En el contexto regional, la decisión señaló las causas y los motivos por los cuales surgieron los grupos paramilitares en Medellín y el Área Metropolitana, primero de la mano del Bloque Metro y luego del Bloque Cacique Nutibara, los responsables que tuvieron participación en la consolidación y expansión de los mismos, la relación con la Oficina de Envigado y la utilización, cooptación y por último control de las bandas criminales, los hechos cometidos por este Bloque y específicamente por los postulados y el efecto que tuvo en la ciudad. La Sala identificó, igualmente, los patrones de los delitos, de las víctimas y los objetivos.
1.2.1 Caracterización de las víctimas
“Los hechos confesados por los postulados y verificados por la Sala, […] revelan que los delitos cometidos por el Bloque Cacique Nutibara tenían motivos y víctimas específicos. La gran mayoría iban dirigidos contra las mujeres y los hombres más pobres y menos educados de la población […]. Entre éstos, se dirigían y concentraban particularmente en los jóvenes con antecedentes o investigaciones judiciales, adictos a las drogas o con un comportamiento social que no se adecuaba a unos cánones morales de conducta fijados arbitrariamente por el grupo armado ilegal o a las reglas impuestas por ellos […] etc. Pero, también tenían como objeto a quienes se oponían a sus designios o denunciaban sus actos criminales, o incluso los de sus amigos y familiares, de tal modo que pusieran en entredicho su dominio y a manera de represalia o castigo.[…]”.
1.2.2 Patrones en la ejecución
“Los delitos se cometían en público, a la vista de todos, como una exhibición de su poder y control, que refrendaban con letreros alusivos al grupo armado ilegal o a los motivos del hecho. Pero, no enfrentaban a sus víctimas, ni a sus adversarios, pues lo característico es que a la mayoría los asesinaban con disparos en la cabeza, a corta distancia y en situación de indefensión con el fin de asegurar el resultado con el menor riesgo para ellos.
La Sala también tiene evidencia de que la
desaparición forzada de personas fue un medio utilizado para no aumentar los índices de homicidio de la ciudad, como una forma de colaboración con la Fuerza Pública, y especialmente la Policía, porque los desaparecidos no contaban y los cadáveres sí. Y para ese efecto se desmembraban los cadáveres sin ningún respeto por el cuerpo humano. En algunos casos, realizaron masacres y operaciones masivas con exhibición de fuerza, allanamiento de viviendas, retención de personas y despojo de bienes. Éste, en múltiples casos asociado al desplazamiento forzado, fue una práctica generalizada como veremos más adelante”.
1.2.3. Objetivos
“Detrás de esos actos había una política con un claro objetivo. El dominio territorial de las distintas zonas de la ciudad y el ejercicio de control social sobre la población, como en su momento lo habían hecho las milicias. La sustitución de la autoridad, administrativa y judicial, la ley del silencio, las represalias y castigos y la llamada “limpieza social” fueron una técnica de control social de la población para imponer y mantener su dominio […].
En esos actos hay también una sustitución de la autoridad, es el grupo armado ilegal el que impone las reglas y la ley, el que establece y ejecuta los castigos y las represalias, el que resuelve conflictos y ejerce justicia por su propia mano, el que controla el ingreso de los residentes y el que los expulsa o hay quizás una delegación de parte de la autoridad, que renuncia a ejercer esas funciones y las deja en manos de los grupos armados para controlar esas expresiones, pues la Sala tiene evidencia creíble y confiable de que las más altas autoridades militares y de policía de la ciudad, y aún personajes civiles, se concertaron con el Bloque Cacique Nutibara o toleraron sus actos y los miraron con indiferencia. No es posible que una organización ilegal llegue a controlar todos los barrios, toda la criminalidad y todas las rentas ilícitas de la ciudad de Medellín sin contar con la complacencia de las
autoridades encargadas de impedirlo”.
Detrás hay también una cultura que auspicia el enriquecimiento, a cualquier costo. En ella el espacio para el ser humano se reduce y se convierte en una cosa u objeto. A los hombres se les da de baja, como si se tratara de hacer el arqueo de las mercancías de un inventario. El cuerpo se desmiembra sin compasión y sin miramiento, como si fuera simplemente un objeto. Es la negación del ser
humano y el aliento que habitó en él.
1.2.4. De la Responsabilidad de la sociedad
“La cuestión es que también la sociedad se dejó permear de ese fenómeno y en más de un caso refrendó el dominio y control de la organización ilegal y acudió o se aprovechó de ellos como si fueran la autoridad legítima para ejecutar represalias y castigos por los motivos indicados más arriba”.

2. Cumplimiento los Requisitos de elegibilidad.
La Sala concluyó “De lo expuesto se desprende no sólo que la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara fue aparente y ficticia, sino que no cumplió con los objetivos y requisitos de elegibilidad consagrados en la Ley de Justicia y Paz. Por lo tanto, como los postulados se desmovilizaron con ese bloque de manera colectiva, deben ser excluidos de dicho proceso por esa causa.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la Sala de Conocimiento, de manera oficiosa, debe verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en la ley para que el postulado sea merecedor de los beneficios de la pena alternativa e, incluso, excluirlo oficiosamente del proceso de justicia y paz.

“Las solicitudes elevadas por los postulados de ser excluidos del trámite y los beneficios de la ley de justicia y paz –ha dicho la Corte-, y las decisiones por adoptar de oficio o a petición de parte por incumplimiento de los presupuestos procesales para conceder la pena alternativa, deben ser proferidas con estribo en lo dispuesto por los artículos 19, parágrafo 1, 21 de la ley 975 de 2004 y 1 del decreto 2898 de 2006. En los casos de solicitud voluntaria del postulado, por el Fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, en tanto, por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Distrito
Judicial correspondiente en cualquier estadio procesal de oficio, o a petición de parte, por no concurrir alguno de los presupuestos legales para obtener la pena alternativa”.
3. Decisión
La Sala resolvió: “1. Excluir del proceso de justicia y paz a Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, alias Bertico o Cañitas, Néstor Eduardo Cardona Cardona, alias el Mono o Alpinito, Juan Fernando Chica Atehortúa, Édgar Alexander Erazo Guzmán, alias Alex el Bonito, Mauro Alexander Mejía Ocampo, alias El Aguacate o Mauro, Juan Mauricio Ospina Bolívar, alias el Rolo y Wander Ley Viasus Torres, todos ellos desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara y postulados por el Gobierno Nacional.
Comuníquesele al Gobierno Nacional y demás autoridades correspondientes para los efectos legales pertinentes.
Los postulados quedarán a disposición de las autoridades judiciales que vigilan actualmente la ejecución de su pena o a cuyas órdenes se encuentran o de las autoridades que lo requieran.
2. Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes para investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez por su participación en la promoción, organización y apoyo a grupos paramilitares y asociaciones Convivir ligadas a ellos directamente, por acción y omisión y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y como Presidente de la República. Por lo tanto, las copias se enviarán a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
3. Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes para investigar a la ex Fiscal Viviane Morales Hoyos, al Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Eberto Rodríguez Hernández, el (a) Fiscal 28 de la Unidad Delegada de Fiscalía contra el Terrorismo de la época (2.009 - 2.011) y el (a) Fiscal 7 Delegado ante la Corte, enunciados en las consideraciones, por el posible delito de prevaricato por omisión, por su omisión en la investigación y juicio de los
generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón y de los demás generales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
4. Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes para investigar a los Comandantes de las unidades y los militares mencionados a lo largo de esta decisión, entre ellos a los Generales Oscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño e Iván Ramírez, al Teniente Coronel John Jairo Cardona Chaparro y al Coronel Germán Morantes Hernández por promover, organizar y apoyar a los grupos paramilitares y/o concertarse con éstos, si no estuvieren siendo investigados por esos hechos. La Sala ya ordenó copias para investigar al General Alejandro Navas Ramos, pero la fiscalía deberá informar a esta Sala de todas las investigaciones que se adelantan contra generales y altos oficiales de las Fuerzas Militares y del estado de su proceso, incluidos los mencionados en el párrafo anterior,
e identificar a los que aún no lo han sido plenamente en esta decisión.
5. Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes para investigar al Teniente de la Estación de Policía de San Antonio de Prado por el caso del joven Jorge Mario Monsalve Guarín.
6. La Fiscalía deberá investigar e informar a esta Sala de los procesos que se adelantan contra los empresarios privados que se mencionan en esta decisión y los demás comprometidos en la promoción, organización, financiación y apoyo de grupos paramilitares y el estado de la respectiva investigación.
7. Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes para investigar a la Fiscal 6 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz, Oher Hadith Hernández Roa; al Fiscal 64 Delegado, Javier Girón Rodríguez; al Fiscal 90 Delegado, Hernando Antonio Bustamante Triviño; al Fiscal 129 Delegado, Hugo Alberto Gómez Lemus; al Fiscal 3 Delegado, Carlos Alberto Rico Correa; al Fiscal 113 Delegado, Milton Javier Rodríguez; al Fiscal Primero Delegado, Rafael Antonio Vargas Gallo; al Fiscal 14 Delegado, Guillermo Alonso Uribe Rueda y la Fiscal 51 Delegada, Ana Lucia Jiménez Zapata para investigar su conducta y omisiones en la investigación de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y al funcionario de policía judicial identificado como Australia Cuatro, al que se hizo alusión en el hecho 5.14 del postulado Édgar Alexander Erazo por el delito de concierto para delinquir.
8. Expedir copia de esta decisión con destino al Fiscal General de la Nación para que evalué el cumplimiento de sus funciones de los demás fiscales mencionados en ella entre ellos el Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz Albeiro Chavarro Ávila y de los fiscales Juan Guillermo Jiménez Moreno; María del Pilar Vélez Estrada; Elizabeth Chilamak Neira, Fiscal 89 Delegada; Matilde Cardona, Fiscal 22 Delegada; Alexandra Vélez Rincón, Fiscal 104 Delegada y a Diana Builes González, Fiscal 23 Delegada.
9. Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes con destino a la investigación que se le adelanta a Luis Pérez Gutiérrez por el concierto con las bandas o grupos armados ilegales en las elecciones del 2.007 y de 2.011 y los delitos electorales cometidos por éstos.
10. Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes para investigar a Jacinto Alberto Soto Toro, ya no por concierto para delinquir, sino por la promoción y financiación de grupos paramilitares y uno de los máximos responsables de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y las responsabilidades derivadas de esa condición.
11. Expedir copia de esta decisión con destino a la Fiscal de la Corte Penal Internacional para efectos de la evaluación y seguimiento que adelanta de la situación de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia.
12. Expedir copia de esta decisión y de las pruebas ordenadas por la Sala y presentadas por la Fiscalía sobre el contexto de los crímenes y los requisitos de elegibilidad con destino a los casos de los demás postulados del Bloque Cacique Nutibara y de su comandante Diego Fernando Murillo Bejarano.
13. Solicitar al Director Seccional de la Administración Judicial, en un término de 30 días, los recursos necesarios para expedir las copias indicadas en los numerales anteriores.
14. Reconocer como víctimas del Bloque Cacique Nutibara […]” Ver lista en la decisión completa.
15. El Alcalde de Medellín, en asocio de las autoridades competentes, y en cumplimiento de los compromisos y deberes internacionales del Estado, tiene el deber de adelantar y tomar las acciones y medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros en los sitios conocidos y delimitados como la Escombrera y la Arenera de Medellín y rehabilitar esas zonas de tal manera que constituyan un acto de memoria y dignificación de las víctimas y de los desaparecidos que fueron sepultados en esa zona, con audiencia y opinión de las víctimas. La Sala lo exhorta a cumplir ese deber y le hará seguimiento a esas medidas y al cumplimiento de ese deber.
16. Las autoridades de la ciudad, como la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal tienen el deber de adoptar e implementar mecanismos eficaces para garantizar la búsqueda y protección de los desaparecidos, los cuales han sido ineficaces. La Sala los exhorta a cumplir ese deber y le hará seguimiento a esas medidas.
17. La Fiscalía deberá intentar de nuevo la prospección e exhumación de sus restos del joven Alberto Miguel Pérez Reyes.
18. Los demás actos de colaboración eficaz de los postulados podrán tramitarlos ante la justicia ordinaria conforme a los artículos 369 A y siguientes del Código de Procedimiento Penal.
19. A manera de reparación, la Unidad de Atención a las Víctimas del Ministerio de Justicia y Derecho publicará el numeral 5. En busca del tiempo perdido. La política detrás de los crímenes, del titulo II del Contexto de los crímenes y los numerales 9. La estrategia del Bloque Cacique Nutibara, 10. La confesión de los postulados y 11. Las graves omisiones de la Fiscalía del titulo III Los hechos atribuidos a los postulados.
20. La presente decisión se notifica en estrados y contra ella proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación.”
4. Salvamento de Voto. Se publicará con la decisión completa.
ALBA LUCÍA VANEGAS YEPES
Relatora