martes, 23 de octubre de 2018

PERSPECTIVA SUBALTERNA TRASCONTINENTAL

Luego que echamos a andar el proyecto del COLEGIO SUBALTERNO TRASCONTINENTAL en la edición del XIV SEMINARIO INTERNACIONAL GRAMSCI, 1-5 DE OCTUBRE, con la visita de tres destacados investigadores y colegas, PEDRO KARCZMARCZYCK, MOHAMMAD TAY, Y FRANCISCO MUÑOZ.

Ahora continuamos con la divulgación del problema del éxodo y migraciones globales, cuando en nuestro continente, provenientes de Centroamérica, más de 6.000 marchantes siguen su rumbo hacia los Estados Unidos, en procura de trabajo y cobijo.

En esa línea de investigación, apoyo y denuncia compartimos el escrito del investigador argentino-mexicano Guillermo Almeyra, cuyo artículo nos compartió el colega y compañero mexicano, Alejandro Gálvez.

TRABAJADORES INMIGRANTES, RACISMO Y ESTADO

Guillermo Almeyra


Trump quiere que el gobierno mexicano impida el tránsito por su territorio de trabajadores centroamericanos a quienes, como a los mexicanos, rechaza en su frontera. Al racismo le agrega así la imposición a un país formalmente independiente de resignar sus leyes y su soberanía.

En Brasil, simultáneamente, los venezolanos que buscan trabajo son agredidos y asesinados y en Argentina el gobierno impide trabajar a los senegaleses y discrimina a los paraguayos, bolivianos, chilenos, peruanos y brasileños en los servicios sanitarios y escolares.

El sistema capitalista en su fase actual considera sobrantes a miles de millones de personas y reprime a los millones de trabajadores que emigran por razones climáticas o políticas porque ya no le son necesarios como mano de obra no calificada y barata y como ejército de reserva de fuerza de trabajo. Ni siquiera los acepta para compensar la baja natalidad y fertilidad de los países de acogida pues también en ellos le sobran los ancianos y los desocupados, que considera cargas.

En Europa, en Estados Unidos y en Argentina esos trabajadores de otros países son perseguidos en nombre de la preservación de la “identidad” y la “cultura” nacionales, entendiendo por identidad rasgos étnicos y por cultura la de los sectores de clase dominantes (que son antinacionales, por añadidura).

Para justificar la represión, los gobiernos acusan a esos trabajadores de robarles puestos de trabajo a los ciudadanos nativos (que jamás han trabajado o trabajarán en sectores mal pagados).

Con el objetivo principal de dividir para reinar los grandes medios al servicio del gran capital recurren a una técnica comunicacional simple. Ocultan que los inmigrantes son trabajadores y los menciona sólo como extranjeros; esconden las estadísticas que prueban que los ciudadanos nativos son los responsables de la inmensa mayoría de las infracciones a la ley e informan sobre cada delito de un inmigrado destacando su país de origen para crear la sensación de que provocan un grave problema de inseguridad y para hacer creer que los inmigrantes son delincuentes potenciales.

Por último y sobre todo esos medios de intoxicación escamotean el pasado nacional porque la tan elogiada identidad nacional fue impuesta por el Estado mediante sus instituciones.

Antes que mexicanos, la gente era yaqui, nahua, maya, veracruzano, de Chihuaha o guerrerense y Chiapas se unió a México apenas en 1824. En Brasil la esclavitud fue abolida en 1888 y el concepto de ciudadanía no existía bajo el Imperio y en lo que hoy es Argentina la guerra entre los ejércitos provinciales duró hasta la segunda mitad del siglo XIX.

El país estaba despoblado y recién cambió radicalmente a fines de ese siglo con la llegada de una gran oleada de trabajadores italianos, españoles, franceses, galeses, irlandeses, nórdicos, rusos, árabes, polacos y judíos con sus respectivas lenguas e historias.

La educación, el ejército y las leyes del Estado liberal funcionaron como un corsé de acero para formar la “identidad nacional” e impusieron una lengua oficial dominante. Los ejércitos de la Revolución Francesa transformaron así en franceses a los corsos, normandos o marselleses e impusieron el idioma francés fabricado en la Corte real y que sólo hablaba una minoría del seis por ciento.

La cultura que se impuso en todas partes fue la de las clases dominantes, desde siempre mundializadas en sus gustos, valores y concepciones del mundo. La cultura popular tiene en cambio raíces comunitarias, campesinas y está anclada en solidaridades obreras tempranas, defensas de las minorías sociales y étnicas y en mestizajes de todo tipo pues entre los pobres no hay alcurnias ni linajes sino orgullo de clase y a nadie le interesa lo que hacía su abuelita o la del vecino.

Si en países como Cuba, que intentaron una revolución democrática, aún se desarrolla el racismo antinegro y el machismo es porque el aparato estatal no comparte los valores de los pobres y mantiene aún los valores capitalistas anteriores a 1959 pero reforzados por las deformaciones introducidas por la influencia de la Unión Soviética.

¿Cómo crear una identidad verdaderamente nacional y latinoamericanista y construir en cada país las bases de un Estado de transición que luche por la superación del capitalismo y el fin de la dependencia nacional?

Desarrollando la autoorganización, la autonomía, la plena participación de los trabajadores en la elaboración y la decisión de las políticas locales y nacionales lo que aumentará su confianza en sí mismos y sus capacidades y confrontará en la práctica a los capitalistas.

Creando con los maestros democráticos fuentes y programas propios de educación no capitalista como los zapatistas chiapanecos. Construyendo cooperativas para explotar racionalmente los recursos locales. Impulsando la solidaridad entre los oprimidos y explotados cualquiera sea su edad, género, etnia, país de origen o color. En otro artículo intentaré dar ejemplos.

almeyraguillermo@gmail.com






domingo, 21 de octubre de 2018

EL CIRCO COLOMBIANO, VENEZUELA Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
miguel angel herrera zgaib
director del grupo Presidencialismo y participación

El 19 de octubre, Sergio Araújo, muy tieso y muy majo, publicó un escrito "¿A defendernos de Maduro?", en el diario capitalino del grupo Sarmiento Angulo, donde se despachó con la siguiente especulación, con el inocultable sabor de las faked news, diciendo:

"En el desespero por apaciguar el descontento ciudadano y para justificar sus desmanes en el frente interno, el régimen bolivariano y un sector de las fuerzas armadas, que tiene rabo de paja ante los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, "podrían tratar de pescar en río revuelto ordenando bombardeos aéreos a blancos estratégicos en territorio colombiano, qu causarían un daño incalculable al funcionamiento del país..."

¿Qué pruebas aduce el descarado columnista para sustentar su asero? Ninguna. Pero, claro, presenta un inventario del armamento del hermano país, para destacar entre éste lo siguiente:
"Sin embargo, la verdadera amenaza son los 23 aviones Sukhoi 30 de última generación que Chávez compró a Rusia..."

Luego el escritor que colabora en "A fondo", en El Tiempo, se desparrama en comentarios dizque de "estrategia", así:
"Los avances en tecnología acabaron con los combates aéreos conocidos como dogfight, por cuanto hoy es posible que un avión porte bombas y misiles inteligentes que pueden impactar un blanco con 5o cms de margen de error..."

Y luego, para completar su novela de "terror" pago, descarta la compra de aviones rusos, o los últimos F-32 y F-22 estadounidenses, porque no tenemos el dinero y porque es improbable que nos los vendan. ¿Por qué? Qué reservas tendría nuestro viejo "mejor amigo"?

El parto de los montes

Esta narrativa llega al punto, se trata de defender, apelando dizque al sentido común, la compra colombiana de un sistema de defensa antiaéreo que inutilice "las armas que pueden lanzar los avanzados aviones de la dictadura".

Para así impedir, dice el "lúcido" columnista, que Maduro ataque "las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, la base aérea de Palanquero, los puentes sobre el río Magdalena, y los edificios militares y de Gobierno de Bogotá."

Para nada se trata de que Sergio nos esté contando una película de guerra hollywoodense. Es alguien que antes fuera senador, y hoy es parte del bloque reaccionario que lidera el CD.
Y bien la presa más codiciada de esta narrativa, justificar la compra de misiles interceptores guiados desde computadores...que eliminen los misiles y bombas guiadas que puedan lanzar aviones enemigos."

¿Cómo decidir a quién comprar estos artefactos?

Acudir a un experto internacional que aconseje comprar el sistema o sistemas defensivos más móviles, con capacidad de interceptar las armas lanzadas a distancia media."

Esto lo dice un hijo de la oligarquía costeña, que escoge como blanco inmediato al senador Gustavo Petro, porque él, al discutir el presupuesto de la nación que ya se aprobó, y que incluía una partida más o menos disfrazada, para estos menesteres del embeleco de "la guerra regional" entre vecinos, reclamó que el gobierno no puede gastar dinero en armas en vez de invertirlo en educación.

Más aún, don Sergio, le espeta al senador su ignorancia, porque no distingue entre un arma ofensiva y uno de defensa tecnológica, que puede, según él, operar a media distancia, esto es, a tiro de Venezuela o Ecuador, por ejemplo.

Todo lo anterior, este cristiano, lo dice preocupado como está, por "salvar muchas vidas" de compatriotas. Háganos el favor!!!

¿Y el caos presupuestal en la educación pública superior?

La situación de emergencia mortal de la educación pública superior no mueve ni conmueve el menor pensamiento o "especulación" de buena fe de este gacetillero irresponsable.

Las cifras hablan en materia de destinación presupuestal, en uno de los países más desiguales de la tierra. Para alguien que viviendo en Valledupar, no puede desconocer las condiciones de miseria y despojo en que viven millones de costeños, en los alrededores del festival vallenato.

Por lo pronto, el gobierno de Duque, con el que se identifica, no sólo ha tenido el cinismo de destinar migajas para paliar en parte, el sostenimiento del funcionamiento de las universidades públicas, sino que cambiándole el nombre a "ser pilo paga", lo vuelve a relanzar con su obsecuente ministra, para subsidiar, con descaro, a las universidades privadas.

Ante esto,¿ qué queda?

La protesta inteligente, contundente de los muchos, y sus familias, que son millones. Se trata de torcerle el brazo al discurso de la guerra, y al despilfarro en beneficio de unos pocos que se lucran con la muerte y el terror inducidos.

No se puede resistir parando las universidades, en espera de que el gobierno otorgue los 4,5 billones para la vigencia presente. Y que comprometa para los años 2019 y 2020, los desembolsos requeridos y rigurosamente sustentados, Puntos que están resumidos en el pliego presentado por los estudiantes en paro nacional.

Requerimos de una acción rápida y eficaz que cause el menor perjuicios a los ya perjudicados con el abandono de la educación pública superior.

Se trata de pensar en un paro cívico y universitario nacional, que es necesario preparar ya, como medida extrema de desobediencia civil, Invocando el derecho, art. 13. de la Constitución, y la ética de la vida, deber máximo de cualquier gobernante responsable que jura preservar la vida, honra y bienes de todos sus conciudadanos.

Los derechos individuales y sociales cuestan, pero ningún representante político tiene poner discrecional para destinar a voluntad partidas para una hipotética guerra, sin asegurar el .
bienestar del común que está afectado por la más grosera de las desigualdades sociales conocidas.

miércoles, 17 de octubre de 2018

PREPAREMOS LA CONSTITUYENTE EDUCATIVA INTEGRAL.
SALDANDO UNA DEUDA HISTÓRICA.

miguel angel herrera zgaib
profesor asociado, C.Política, Unal.
Ex rector interventor, U. Libre de Colombia.
Director IGS-Colombia.

El divorcio histórico, entre intelectuales y pueblo que Jorge E. Gaitán, advirtió para los tiempos de la generación de los nuevos, se mantiene de modo persistente.

A esta separación han respondido los herederos del grito de Córdoba de 1918, los sectores medios, principalmente, cuando organizaron el paro nacional universitario del año 1971. Allí se acordó el Plan Mínimo de los Estudiantes Colombianos, y se defendió durante un año de "anormalidad" académica en la Universidad Nacional, sede Bogotá..

Era la respuesta universitaria a la reforma Patiño, que no pocos alaban, porque aclimató en últimas la universidad nacional a los imperativos de la modernización capitalista, como un antídoto al socialismo triunfante en Cuba.

De nuevo, en 2011, el estudiantado en lucha recogió y amplió con lucidez las banderas de 1971. Organizado en la MANE sucumbió ante un Congreso reaccionario, que impidió la prosperidad de una reforma progresiva de la Ley 30 de 1992, a la cual respondieron en el clímax del movimiento universitario. El proyecto quedó sepultado en los cajones del Congreso entonces controlado por el bloque en el poder del reformista neoliberal, Juan Manuel Santos.

La contra-reforma

Siguió, sin embargo, avanzando, a través de la asfixia al presupuesto de las universidades públicas. Drenándolas con el “invento” del programa “ser pilo paga”, que utilizó a los pobres inteligentes y aprovechados, en número superior a 40.000, para con ese pretexto subsidiar groseramente a la universidad privada de élite.

Siete años después, con renovadas banderas, y dos organizaciones estudiantiles nacionales, animadas por dos proyectos políticos de signo diverso, la responsabilidad con la reforma y la salvación de la universidad colombiana, experimentan su prueba de fuego en público y en privado.

En la plaza pública, ante una imponente movilización, se dieron dos indicios contraproducentes. Primero, el intento de impedir la intervención de Jennifer Pedraza, militante del proyecto organizativo de la OCE, del que es animador político el PDA/MOIR. Ella hablaba en nombre del estudiantado como representante electa ante el CSU, de la U. Nacional.

El segundo fue la censura, a posteriori, de la participación de Gustavo Petro, el candidato presidencial de la oposición, senador comprometido con la causa de la educación pública; a la que se sumó la imposibilidad que interviniera la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, que apenas le fue permitido subir a la tarima.

Después de la movilización del 10 de octubre, las 32 universidades están deliberando, y más de 10 han decretado como resultado, un paro hasta el 21 de octubre, al ser notificados de los $500.000 millones que entregará el gobierno nacional para paliar la crisis, cuando el funcionamiento de las universidades públicas requiere $ 4,5 billones para el año 2019.

La nueva manifestación y el horizonte de la Constituyente
Todas las universidades en paro, o en asamblea permanente han convocado a una mega manifestación nacional para el 17 de octubre. Las direcciones del movimiento estudiantil, y en particular, dos, la UNEES, y la ACREES, junto a la tendencia libertaria tienen que rescatar en común la pluralidad, a la vez que corregir los errores del inmediato pasado, ahora cuando han vuelto a la calle con cientos de miles de estudiantes, profesores y padres de familia.

Ellos que encarnan, la parte de los sin parte, tienen que convocar con el ejemplo, sin exclusiones. Para mostrar la madurez del conjunto del movimiento estudiantil, y el empuje de la democracia subalterna. Y convencer a la gran mayoría de la nación que los respalda como respuesta a su efectiva pedagogía ciudadana, azotada como está, por demás, por las afugias producto la crisis del modelo minero energético y agro-exportador impuesto por la vulgata neoliberal.

El curso de este y los siguientes días probará a todos si la intelectualidad joven corrige con audacia e ingenio propositivo el mundo de los mayores; y lo más importante, que está preparada para hacer las reformas urgentes, así como para convocar, si la negativa gubernamental se empecina en quemarle billones a la guerra, en vez de invertirlos en desmontar la desigualdad social, a una Constituyente Educativa.

Ella será el portal de entrada a la Constituyente Social que le de concreción a los acuerdos de paz, que la reacción y la derecha quieren “festinarse” impunemente, como si la nación colombiana aguantara otra guerra.

Mientras el gobierno Duque/Uribe y sus aliados hacen sonar en contravía de la paz los tambores a somatén, que aúpan los sectores medios y populares que siguen atraídos por las prácticas del fascismo social denunciados ya en los años 80, por el profesor Boaventura de Sousa Santos y sus aventajados discípulos nacionales, agrupados hoy en DeJusticia.

domingo, 14 de octubre de 2018


LA EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSITARIA EN ESTADO DE COMA.
NO A LA GUERRA, AL RESCATE DEL ESTADO SOCIAL.

Miguel Ángel Herrera  Zgaib
Profesor asociado, Ciencia Política, Unal. Ex Rector U. Libre de Colombia. Director Grupo presidencialismo y participación. UNIJUS/Colciencias.

                                                             En este último año, 2018, se incrementó la letanía de la Ley 30 de 1992, que estableció las bases para el estatuto que rige la educación superior en Colombia. Ley que volvió a la liza política, una vez que los estudiantes colombianos, organizados en la Mane impidieron la contra-reforma educativa, pero no tuvieron la fuerza y el consenso suficiente para darle curso, vía Congreso, a una reforma progresista a dicho estatuto.

Este estatuto ya había revelado un diseño financiero inapropiado, en materia de presupuesto para la educación superior, cuando estableció que el incremento de la financiación estatal quedaba atado al incremento anual del IPC, mientras que a partir de 1993, al mismo tiempo se producía un incremento exponencial en la demanda de estudiantes al Sistema Universitario Estatal, SUE, sin que los recursos tuvieran un aumento siquiera proporcional a la nueva población estudiantil in crescendo.

La ley 32 decía corresponder a los primeros años de la reforma del Estado autoritario y excluyente que creado en 1886, el que después de guerras intestinas, dirigidas por los señores de la tierra, se reproducía, con poquísimas reformas; ninguna apta para romperle el espinazo a los privilegios socio-económicos celosamente mantenidos desde la colonia por una intelectualidad en su gran mayoría obsecuente y sumisa.

Todo esto a pesar de lo sostenido por Darío Echandía, cancerbero de la reforma del 36, durante los años dorados de “la revolución en marcha” de Alfonso López Pumarejo, un avezado centenarista a quien la Nacional rinde homenaje en un espacio rebautizado con su nombre, que hace parte de las que fueran las residencias Uriel Gutiérrez, cuya parte posterior colapsó hace varios años, disimulada por un improvisado corral de latas de zinc.

Este grotesco cercamiento simboliza bien el abandono presupuestal de la principal universidad de la nación, que empezó llamándose Central, de acuerdo con la Ley de 18 de marzo de 1826, junto a su otras dos hermanas en el fugaz tiempo de la Gran Colombia, la de Quito y de Caracas, que aún conservan el nombre original que le dieron los próceres masones e ilustrados, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, removido de la plaza central de la Ciudad Blanca, para rebautizarla como Ché hasta nuestros días.

La joya de la corona de la educación pública, bajo el cobijo de la sentencia latina “omnium potentior est sapientia”, esto es, que “la sabiduría todo lo puede”; por el contrario, la Nacho ha estado sometida por largos años a una sequía presupuestal regada por un rosario impenitente, despiadado de años de desidia y olvido gubernamental, que la tienen en literal estado de coma, jugándose sus restos.

Tal abandono y postración se encuentran probados de sobra, hasta el absurdo, para todo el que haga la experiencia de recorrer sus vías, principales y adyacentes, para descubrir con estupor, que la Nacho, como le decimos cariñosamente, es un “fractal negativo”, que copia la situación de la ciudad capital que la aloja.

Este recorrido digno de un camino de herradura, hasta la fecha no lo hizo, ni el atento presidente de Colombia, Iván Duque, formado en el exterior, bajo el generoso cobijo del BID, que paga en parte la riqueza social colombiana, y mucho menos la actual ministra de educación, María Victoria Angulo, salida de las canteras de la administración distrital, encargada de hacer “cuentas alegres” con el financiamiento de la educación superior colombiana herida de muerte.

Sin embargo, en el papel, y para la Ley que rige el gobierno antidemocrático de la Universidad Nacional, el presidente es quien encabeza el CSU, la instancia máxima del gobierno universitario, donde el(a) ministr@ del ramo, lo reemplaza casi de manera inveterada, cuando no un delegado de esta.


LA SAGA INCUMPLIDA DE LA IGUALDAD SOCIAL

                                           La educación pública superior era, y pretende seguir siéndolo una de las ventanas para la promoción del principio liberal de la “igualdad de oportunidades”, tantas veces negado en la práctica, que primero exige para su materialización igualdad de condiciones básicas en términos de vida, condiciones que nunca ha ofrecido la maltrecha república nacida en 1819. Para el año 1993, los privilegiados, porque accedían a los pregrados, eran 159.218, que para el año 2016, ascendieron a 611.800.

Entonces, el presupuesto asignado a las universidades públicas era de 1,72 billones, mientras que para el 2016 se incrementó el 2,93 billones, cuando con una operación simple queda claro que la población estudiantil se triplico en 23 años, el presupuesto para la educación superior ni siquiera alcanzó a duplicarse. Un estudiante en 1992, recibía en promedio $10.825.890, mientras que uno que estudiaba en 2016, apenas le correspondía $ 4.785.338.

Tal y como lo recordó en una conversación histórica, Estanislao Zuleta hablándole a la guerrillerada de clase media y popular, al M19 reunido en las montañas del Cauca, que preparaba con optimismo el frustrado diálogo nacional de aquel entonces, que la democracia requiere condiciones que la Colombia ni tiene ni obtiene.

Con este aserto cuantitativo y cualitativo, la gran brecha de la desigualdad social, no sólo persiste sino que se amplía. La reafirmó con cifras actualizadas el pasado martes, Alicia Puyana, economista formada en Praga, en interlocución directa con Ota Sick, y doctorada en Oxford, en las líneas principales, más sustanciosas del discurso de aceptación de su ingreso como miembro de número de la Academia Colombiana de Economistas.

Esta realidad se confirmó en la respuesta que le dio la otra académica, Consuelo Ahumada, quien corroboró su decir, a la vez que resaltaba el tremendo drama de la desigualdad extrema padecida por las minorías étnicas, que en número superior a dos millones, prueban que la igualdad social es un “trágico sueño guajiro”,  a pocos días de la trágica celebración del 12 de octubre de 1492.

Es lo que se establece 27 años después de que se inauguró el nuevo orden con optimismo circunspecto de los subalternos, de los trabajadores, de los pobres, de los excluidos, de la insurgencia subalterna. Era el promisorio debut de la nueva estructura constitucional sancionada en 1991, cuya arquitectura normativa definía al orden político de Colombia como un estado social de derecho, con una explícita participación ciudadana, y la protección efectiva de los derechos humanos fundamentales, que han hecho célebre  millones de veces el socorrido derecho de amparo, la célebre tutela que por estos días quería suprimirse de un plumazo.

A la muerte de la Constitución de 1886, longeva hasta más no poder, en beneficio de los privilegios decimonónicos del bipartidismo forjado al calor de heroísmo y cálculo de los “patricios” que hicieron la guerra de independencia, al frente de sus peones, el ponente de la Ley 30 era el senador Ricardo Mosquera Mesa, probado antes como rector de la Nacional al final de la segunda mitad de la década del 80.

Ahora, en la crisis más severa en la existencia de la Universidad Nacional, de modo paradójico, le toca liderar su salvación en articulo mortis a una rectora, Dolly Montoya, exposa del rector citado, quien fuera también activista estudiantil en el año 1971, como ella misma lo ha recordado, cuando estudiantes y profesores enfrentaron la imposición del modelo Atcon, de reforma universitaria, y la financiación injerencista de los Estados Unidos con los fondos entregados con condiciones por la Fundación Ford, entre otras.

Tal reforma, como la reforma agraria eran parte de la prueba dizque de la Alianza para el Progreso, apuntalada a comienzos de los años 60, por la visita de la pareja de John y Jackie, destruida por los tristes augurios del reino de Camelot. Aquella vez el anfitrión fue Alberto Lleras Camargo, primer secretario de la OEA, el denominado ministerio de colonias del hegemón estadounidense.

La reforma de la Universidad  Nacional era prenda de garantía para espantar el fantasma del comunismo, cuya tormenta ya había barrido a la vecina Isla de Cuba, donde, por al contrario de Colombia, pronto se estableció la educación pública gratuita. Más aún se alfabetizó a millones de cubanos pobres, trabajadores, habitantes de la ciudad y el campo, a pocas millas, con brigadas de voluntarios jóvenes y adultos movilizados en procura de darle existencia al hombre nuevo que hizo célebre la prédica de Ernesto Ché Guevara.  

DE LA CONSULTA ANTICORRUPCIÓN A LA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

                                            Cuando el nuevo orden de la participación, cuando la democracia representantiva, cuando la paz están detenidas, cuando está corrompido el orden constitucional de 1991 por el repetido incumplimiento de la promesa de promover de manera inmediata que la igualdad sea real y efectiva.

Vemos en lugar de la democracia participativa como se entronizó el régimen para-presidencial para hacer la guerra de exterminio interno de insurgentes y disidentes, quienes rechazan los privilegios coloniales como pueden.

Por fin, en cascada, desde el año 2017, el conjunto de los colombianos, y de modo particular, las minorías, cada vez  más excluídas, explotadas y oprimidas, se toman las calles, plazas, y hoy por hoy, las instituciones de educación superior a través del protagonismo digno, creativo del estudiantado universitario, con el apoyo manifiesto de los demás grupos subalternos.

Unos y otros desfilaron, como multitud abigarrada, sin desmanes el pasado miércoles, en las grandes capitales, Bogotá y Medellín, y en las otras superando de acuerdo a cálculos conservadores el medio millón de personas. Todos reclaman el futuro en términos de presente a cumplirse, sin tretas ni engaños.

Así, los jóvenes de toda condición, en Colombia han tomado, cuando no arrebatado simbólicamente, cuando más lo necesita, la batuta de la transformación social de la mano de sus mayores, expectantes ante el triunfo electoral de la reacción, la derecha y los tibios en sordina, pegados como lapa a las vetustas fórmulas bipartidistas ampliadas, que en la sesión de la cámara, con los rectores a borde, apenas tuvo en el coro de representantes a 8 de ellos.

Estas minorías del país político siguen saboteando el tránsito de toda la nación envilecida y desplazada, por millones, de la guerra civil interna, regionalizada a la paz incluyente con las reformas exigidas. Prueba fehaciente de ello fue la actitud del presidente del senado, Macías, del CD, cabeza del bloque reaccionario, hoy dominante, quien descalificó la intervención de la estudiante Jennifer Pedraza, representante al CSU de la Universidad Nacional, para sabotear y cortar su intervención, durante el mismo día en que algo más de 50.000 personas llenaban las principales vías, y copaban la plaza de Bolívar.

El actual presidente y sus coequiperos, de manera descarada, vienen aplazando de manera descarada el avance real de los acuerdos propios de una paz incluyente, porque la paz de Santos, con todo, quedó encerrada en los postulados neoliberales, que le señalaron una suerte de muerte prematura a éstos, y a la educación pública superior, desangrando sus presupuestos; aplicándole el préstamo gota a gota.

En la comisión del presupuesto actual, la senadora Aída Abella se enteró que los anunciados $500.000 millones para la educación superior no serían ejecutados, entregados para la vigencia presente de 2018, donde las universidades públicas están estranguladas, empezando por la Universidad Nacional. El plan era que esto ocurriera para el año 2019, y con una orla de exigencias múltiples para su desembolso.

La denuncia pública de la senadora electa por la lista de la decencia, sobreviviente de la masacre de la UP, y sobre todo, la multitudinaria presencia estudiantil en las calles, hicieron que al día siguiente el gobierno de Duque/Uribe cambiara los planes y anunciara que dicha partida, sin afectar el presupuesto tendrá ejecución inmediata.

 Hoy, más que nunca con el estudiantado movilizado quedó más que claro, que los acuerdos de paz de La Habana, en sus más de 400 páginas guardaron silencio sobre la suerte del SUE, y la educación pública estatal, porque en ellos no tuvo la comunidad universitaria una vocería real, una representación en las negociaciones.

Todo lo cual prueba que la disputa hegemónica de los subalternos, sociales e insurgentes, adolecía para entonces de una propuesta que encare el agujero negro de la reforma intelectual y moral, de la que es pieza maestra la reforma educativa integra, herencia abandonada, por una modernidad contrahecha como la de Colombia, “conducida” casi sin excepción por una intelectualidad cosmopolita, separada de los grupos y clases subalternas, con notables excepciones.

SALDANDO UNA DEUDA HISTÓRICA

                                           El divorcio histórico, entre intelectuales y pueblo que Jorge E. Gaitán, advirtió para los tiempos de la generación de los nuevos, se mantiene de modo persistente. A él han respondido los herederos del grito de Córdoba de 1918, cuando organizaron el paro nacional universitario del año 1971, que acordó el Plan Mínimo de los Estudiantes Colombianos.

Era la respuesta universitaria a la reforma Patiño, que no pocos alaban, porque aclimató en últimas la universidad de entonces a los imperativos de la modernización capitalista, como antídoto al socialismo triunfante en la Cuba de entonces.

De nuevo, en 2011, el estudiantado en lucha recogió y amplió con lucidez las banderas de 1971, pero sucumbió ante un Congreso reaccionario, que impidió la prosperidad de una reforma progresiva de la Ley 30 de 1992, a la cual respondieron en el clímax del movimiento con un proyecto que quedó sepultado en los cajones del Congreso entonces controlado por el bloque en el poder del reformista neoliberal, Juan Manuel Santos.

Esta contra-reforma siguió, sin embargo, avanzando, a través de la asfixia al presupuesto de las universidades públicas, drenándolas con el “invento” del programa “ser pilo paga”, que utilizó a los pobres inteligentes y aprovechados, en número superior a 40.000, para subsidiar groseramente a la universidad privada de elite.

Ahora, siete años después, con renovadas banderas, y dos organizaciones estudiantiles nacionales, animadas por dos proyectos políticos de signo diverso, la responsabilidad con la reforma y la salvación de la universidad colombiana, experimentan su prueba de fuego en público y en privado.

En la plaza pública, ante una imponente movilización, se dieron dos indicios contraproducentes, el intento de impedir la intervención de Jennifer Pedraza, militante del proyecto organizativo de la OCE, del que es animador político el PDA/MOIR. Ella hablaba en nombre del estudiantado como representante electa ante el CSU, de la U. Nacional.

El segundo fue la censura, a posteriori, de la participación de Gustavo Petro, el candidato presidencial de la oposición, senador comprometido con la causa de la educación pública; a la que se sumó la imposibilidad que interviniera la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, que apenas le fue permitido subir a la tarima.
Después de la movilización del 10 de octubre, las 32 universidades están deliberando, y más de 10 han decretado como resultado, un paro hasta el 21 de octubre, al ser notificados de los $500.000 millones que entregará el gobierno nacional para paliar la crisis, cuando el funcionamiento de las universidades públicas requiere $ 4,5 billones para el año 2019.

 Todas las universidades en paro, o en asamblea permanente han convocado a una mega manifestación nacional para el 17 de octubre. Las direcciones del movimiento estudiantil, y en particular, dos, la UNES, y la ACREES tienen que rescatar la pluralidad, y corregir los errores del inmediato pasado, ahora cuando han vuelto a la calle con cientos de miles de estudiantes, profesores y padres de familia. 

Ellos que encarnan, la parte de los sin parte, tienen que convocar con el ejemplo, sin exclusiones. Para mostrar la madurez del conjunto del movimiento estudiantil, y el empuje de la democracia subalterna. Y convencer a la gran mayoría de la nación que los respalda como respuesta a su efectiva pedagogía ciudadana, azotada como está, por demás, por las afugias producto la crisis del modelo minero energético y agro-exportador impuesto por la vulgata neoliberal. 

El curso de este y los siguientes días nos probarán a todos si la intelectualidad joven corrige con audacia e ingenio propositivo el mundo de los mayores, y que está preparada para hacer las reformas urgentes, así como para convocar, si la negativa gubernamental se empecina en quemarle billones a la guerra, en vez de invertirlos en desmontar la desigualdad social, a una Constituyente Educativa.

Ella será el portal de entrada a la Constituyente Social que le de concreción a los acuerdos de paz, que la reacción y la derecha quieren “festinarse” impunemente, como si la nación colombiana aguantara otra guerra. Mientras hacen sonar en contravía de la paz los tambores a somatén, quienes siguen atraídos por las prácticas del fascismo social denunciados en los años 80, por el equipo académico presidido por el investigador portugués Boaventura de Sousa Santos en los dos volúmenes publicados con el título El kaleidoscopio de las justicias, de las que las universidades públicas son el diapasón más sonoro.