COLOMBIA, VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS

LA CHARADA DE AYER, Y EL "PAN" DE HOY.

DE LA DEMOCRACIA AL PLACEBO DE LA LEGITIMIDAD LEGAL.

MIGUEL ANGEL HERRERA ZGAIB

Ayer, viernes 22 de febrero de 2019, desde Cúcuta, se ofreció circo a los asistentes colombo-venezolanos, entre 200 y 300 mil, reunidos en Tienditas para escuchar a 32 artistas, protegidos del sol, en tarima, y la audiencia, al rayo del sol, de clase media y plebeya, durante un cancionero con exhortaciones políticas que duró 8 horas.

No hubo pan para ella y los de abajo concurrentes. Éste se ofrecerá hoy, un día después, provisto por los "caricativos" containers donados por USAID, y otros contribuyentes de "buena voluntad."

PAN Y VELLOCINO NEGRO

El pan del sábado llegará con la ayuda "humanitaria" no pedida, regida por Mr. Trump, quien confisca los fondos del petróleo, y bloquea al gobierno electo de Maduro, a la par que defiende el muro de la ignominia israelí, ocupante, invasor y opresor impune de Palestina, por un lado.

DE otra parte, él es el constructor frustrado, dictador legal mediante decreto presidencial, de otro muro de Berlín, promesa de campaña de otra cortina de hierro, que impida a toda costa el éxodo, el paso libre a los latinoamericanos parias que sufren de desigualdad, pobreza e inseguridad en los países al sur del Río Grande.

Países que han sido el patio trasero de la gran nación americana, genocida de poblaciones indígenas y esclavista de millones de africanos, antes y después de la doctrina Monroe, cuando su dirigencia saboteó el proyecto anfictiónico de Bolívar en Panamá (1826), como lo enseñó el excanciller e historiador liberal Indalecio Liévano Aguirre, en los tiempos del MRL y La Calle.

Los cancerberos de Trump, los halcones John Bolton y Elliot Abrams, que volaron sobre Iraq, ahora planean sobre Venezuela y Colombia, dizque para defender la libertad y la democracia, y tienen como sus procónsules a la comparsa de presidentes reaccionarios.

Sebastián PIñera que no ha sido capaz de condenar el régimen del general carnicero, Augusto Pinochet, entre cuyas responsabilidades, sin castigo se cuenta el asesinato bestial del canta-autor, Víctor Jara.

Iván Duque, el presidente del Centro "Democrático", quien a toda costa insiste en hacer trizas el acuerdo de paz demorando la sanción de la JEP, para hacerle conejo a la exguerrilla de las Farc-Ep con el sirirí que el plebiscito fue derrotado, en efecto, por 52.000 votos.

Pero, en los hechos, Duque es la segunda voz del partido de la guerra en Colombia, porque la primera es la de Álvaro Uribe, quien quiso, y fracasó, aunque utilizó todos los medios a su alcance, además del articulito para hacerse re-elegir por segunda vez, como el demócrata modelo que dice y pregona ser.

El otro mosquetero es Abdo, el presidente del Paraguay, el país donde se puso a prueba la estratagema de emplear el Congreso para "defenestrar" a un presidente electo por voto popular directo, conforme a la usanza manida y remanida de la representación liberal con la que se define a quienes mandan y obedecen.

Es la misma fórmula que se quiso aplicar en Venezuela, a través de la Asamblea cuya mayoría ganó la oposición en 2015, y que cuestiona el hacer del presidente Maduro, y la mayoría que controla los demás poderes.

PRESIDENTES POR ENCARGO Y LEGITIMIDAD

Guaidó y los líderes de la oposición llaman a este juego una dictadura, y señalan que la segunda presidencia de Nicolás es ilegítima, mientras que el supuesto encargo como presidente de Guaidó, ese si es legítimo, porque, según la asamblea, de la que es presidente, lo encargó.

Esto es, que ahora en los presidencialismos latinoamericanos se crea de hecho, una nueva figura: presidencia por encargo, cuando hay un presidente en funciones. Para lo cual se invoca la Constitución Bolivariana vigente, dice la oposición.

Sin embargo, si de legitimidad democrático liberal se trata, Guaidó no ha sido electo directamente por la ciudadanía, sino por un cuerpo intermedio, la mayoría de la asamblea, que no es el constituyente según lo dice la teoría y la práctica del constitucionalismo, sino a lo sumo, el eufemismo del "constituyente derivado".

Quien corona la "charada" democrática es Donald Trump, quien tampoco fue elegido de manera directa por la ciudadanía estadounidense, sino por los colegios electorales, que son un cuerpo intermedio, porque, en efecto, la mayoría votación la obtuvo su rival, Hillary Clinton, con una mayoría superior a los 2 millones de votos.

En el mejor de los casos, la reacción política que encabeza el orden imperial ejercita, eso sí, como dijo hace casi 100 años, el sociólogo alemán, Max Weber, una dominación legal legítima, porque eso dicen las leyes electorales estadounidenses, votadas por sus representantes, nunca por un ejercicio constituyente, a través de las enmiendas.

REPÚBLICA, PARAREPÚBLICA Y DEMOCRACIA

Así lo acordaron, primero, los llamados padres fundadores de la nación americana, cuya mayoría al inicio, prefirió la república en lugar de la democracia. Tal y como lo defendió James Madison y lo apoyó Hamilton, para precaver la libertad de las monorías.

Lo anterior quiere decir, que se prefirió por ellos, en los orígenes de los Estados Unidos, una república aristocrática para imponer el orden de la propiedad privada a las mayorías de plebeyos, mediante un régimen presidencial.

Esto para volver a las clases de derecho y política, que dicen el hoy presidente Duque Márquez, ofrecía en la U. Sergio Arboleda, que consagra la ilustre memoria de un propietario de esclavos, defensor, igualmente, de una república aristocrática de prosapia peninsular.

A hoy, cuando se empieza a celebrar el Bicentenario, se ha querido, igualmente, hacer una revisión reaccionaria de la historia constitucional colombiano, haciendo a un lado la insurrección comunera e indígena, del siglo XVIII.

Se trata de posicionar, de entronizar, poner en lugar de la potencia plebeya, la doble presencia, de estirpe calvinista y peninsular de los criollos, como la base del orden político con que se quiere continuar dizque la "refundación de la patria" con la impronta del régimen parapresidencial en que degeneró el neopresidencialismo establecido en la Constituyente elegida en 1990, y que instituyó el orden reformado de 1991.

Está empezó en Santa fé de Ralito, durante la administración de Andrés Pastrana, y se pretendió sellar con el esperpento de la Ley de Justicia y Paz, preparada en el mismo lugar, bajo el descarado patronato de Álvaro Uribe y Salvatore Mancuso.

Contó con los oficios del fugitivo doctor ternura, Luis Carlos Restrepo, quien prohijó la estafa de la desmovilización paramilitar, Sellada luego con la extradición de los principales cabecillas paramilitares, puestos a buen resguardo del hegemón imperial, el gobierno estadounidense de turno.

Tales son los fundamentos de la Pararepública, que fue la cuota inicial del modelo reaccionario del Estado Comunitario, corporativo, del llamado país de propietarios, que ahora se reedita con el embrujo elitista, versión Duque, de la economía naranja.

Política y religión juntas:
La huella de una revolución intempestiva.

miguel angel herrera zgaib

Behrooz Tabrizi escribe sobre los 40 años de la revolución iraní, que trajo al Ayatollah Jomeini de su exilio en París, a gobernar un inmenso, rico y legendario país que había estado sujeto al capricho del Sha, condicionado por su más poderoso aliado, los Estados Unidos de América.

Ahora bajo el gobierno de sus sucesores, los poderes reales de la Unión Americana no han dejado de castigar y limitar la expansión de Irán en Asia, desde los tiempos en que apoyaron a Saddam Hussein contra el antiguo y poderoso dominio persa, donde la mayoría musulmana es chíita.

En estos 40 años de aniversario conviene volver a repasar la película Persépolis, que con grandes dotes artísticas y sencillez en el relato recuerdo al Irán independiente del primer ministro Mohammad Mossadegh, quien tuvo la pretenciosa idea de nacionalizar los campos y la explotación petrolera de su país; y pagó con su vida y la persecución de su familia y allegados. Mossadegh fue derrocado en 1953, por el general Zahedi, con la participación de la CIA y el M16 británico.

Por este tiempo, el siglo XXI, el petróleo iraní está nacionalizado, el desarrollo de la energía atómica prospera con sus científicos, bajo el celoso cuidado de la inteligencia de EUA y el espionaje israelí y británico. Listos a prevenir cualquier poder adicional que se convierta en riesgo para el cinturón de seguridad tendido en la vecindad de sus fronteras que de suyo, abarcan en conjunto, todo el mundo.

Pero, la revolución iranía con el rosario de contradicciones que la adornan y opacan existió. Pero, la promesa de laicismo es mantenida en espera, por diferentes motivos. Persia fue y ha sido crisol de civilizaciones, y el lugar donde la Grecia de Alejandro se encontró con el reino de Darío y Jerjes, dándole identidad a la cultura helenística.

Hoy Irán es un aliado de la Venezuela de Maduro, con quien comparte el codiciado oro negro que tanto alebresta a las potencias occidentales, que no resisten la tentaciones de extender sus tentáculo hacia el Oriente, dentro y fuera de su esfera de influencia. De esa manera integra el grupo de los países parias, cuyos gobiernos son objeto de toda sospecha y condena de parte del orden imperial encargado de decretar de manera discrecional las "guerras justas".

¿Vuelta al grosero respice polum?

A la fecha, se ha añadido un falso protagonismo internacional de la política colombiana, en la respuesta vergonzante a la crisis venezolana, donde antes Santos, y ahora Duque y su vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, le han dado aprobación al autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.

Es una acción “reparadora” que tiene el apoyo descarado, ilegal del trío Trump/Bolton/Abrams, contrario a las reglas del orden económico mundial, y a la sindéresis global. Extremando el bloqueo comercial y financiero del régimen en el gobierno, a raíz de la toma de posesión de Maduro, triunfador por segunda vez, en la elección de mayo de 2018, se busca verificar un golpe de opinión dizque “incruento”.

A tal punto ha llegado la obsecuencia, el ánimo cipayo del presente gobierno, que se conoció por “accidente”, una anotación de John Bolton, halcón relamido de la administración de Donald Trump, donde habla de 5.000 soldados mercenarios, para ser fletados a Colombia, en caso que se realizara una acción armada contra Venezuela.

Este flash llegó luego que la intentona de golpe de estado contra Maduro fue descubierto y detenido. Guaidó, quien había sido apresado previamente, fue puesto en libertad, siguió. Siendo presidente de la asamblea, se autoproclamó en un acto público presidente; por estos días, ha recibido la garantía de los fondos confiscados por el tesoro estadounidense a la estatal PDVSA.

Enseguida vino el espaldarazo de Pachito, el embajador de Colombia en Estados Unidos, quien conjetura sobre el pensar de Bolton; y hasta ofreció instalaciones de la legación en Washington para alojar a los diplomáticos golpistas. Está la clique reaccionaria repitiendo con descaro lo que ya se ensayó con Carmona, cuando intentaron el golpe contra el comandante Chávez.

Para arreciar en el vergonzoso y vergonzante protagonismo consueta de la alevosa acción imperial, injerencista en la región, que puede conducir a una guerra civil local, el gobierno Duque, y su canciller dan aprobación al nombramiento como embajador al dos veces expresidente de PDVSA, expresidente de la OPEP.

 El antiguo copeyano Humberto Calderón Berti, buen paje de los intereses petroleros estadounidenses, se encuentra residenciado en España, donde ostenta también esa ciudadanía antes de viajar a Bogotá. Sus credenciales más destacadas son haber sido animador de la Coordinadora Democrática contraria a la revolución bolivariana, desde el año 2002. Después, en 2015, fue parte de la Mesa de la Unidad Democrática, que triunfó en la Asamblea electa en 2015, y que reclama legitimidad electoral, que en simultánea niega a la elección de Maduro en en el año 2018.

Instrumentalización reaccionaria y elecciones de 2019

                                      Con esas trayectorias políticas, el bloque reaccionario que insiste en la guerra como instrumento de política, interna y externa, en vez de la negociación, se prepara para las elecciones de octubre, donde se renovarán los poderes locales y regionales, con la expectativa que la para-república, que se entroniza desde fines de los años 90, en tales escenarios, que campea en 200 municipios de control para, encuentre reconocimiento pleno en las urnas, y se extienda como verdolaga a 200 más, donde el orden marcial de la insurgencia llegó a un término con la firma de la paz del Colón.

El CD y sus aliados están montando el tinglado con una nueva edición de la retórica del “estado de opinión” con el fin de obtener el puesto de comando en la nueva sociedad civil colombiana. Buscando, claro está, ganar el favor de la mayoría de los sectores medios, endulzados por los beneficios momentáneos de las remesas que se originan, de modo principal, en los Estados Unidos, con la devaluación continuada del peso, por una parte; y por otra, la llegada de algo más de 1 millón de migrantes pobres, antes residenciados en Venezuela, no pocos conectados con familias colombianas desde hace más de medio siglo, se convierte en un poderoso argumento, no sólo económico sino electoral, al favor del proyecto reaccionario en Colombia.

Hasta el punto, que para corregirle el rumbo a Nicolás Maduro, a su partido el PSUV, disolver la alianza cívico militar, se propicia el desmonte de lo que queda de las conquistas populares del desprestigiado socialismo del siglo XXI, afectado de muerte por una inflación salvaje, inducida por la dura caída de los precios del petróleo, y la errática orientación de la precaria industria venezolana.

Queda entonces, la respuesta de la oposición política nacional, que tiene que unir fuerzas en las elecciones por venir, zanjando la separación que hizo posible la derrota presidencial por la coalición entre reacción, derecha con la complicidad manifiesta del centro político. Ya se han ensayado los primeros lazos de unión en el trámite de la moción de censura contra el Fiscal, con la participación de Angélica Lozano, Jorge Enrique Robledo, y Gustavo Petro, y, sobre todo, con la constitución de la bancada por la paz.

Estos intentos son el principio de un posible Frente Común, que no prosperó en ponerle talanqueras a la ley de financiamiento, y que volverá a tensionarse cuando se le da trámite al Plan Nacional de Desarrollo, que ya está a la vista. Aquí el centro progresista, la izquierda y los demócratas pondrán en práctica un curso eficaz de la democracia subalterna en la lucha contra-hegemónica por la conducción de la sociedad civil desde abajo. Porque se trata de ganarle, sin más ni menos, la dirección a la campaña anticorrupción, estancada en el congreso, poniéndole talanquera a la impunidad a todos los niveles como bandera de la verdadera oposición al bloque dominante. 

De no ocurrir esto, estaremos dando con el gobierno de Iván Duque, dos pasos atrás, para avivar los fuegos de la confrontación armada, interna y externa. Y ahondar así, en la consolidación del reparto oligopólico de la riqueza nacional, comprometida también con la voraz avanzada del capital financiero transnacional que está al acecho del derrumbe de la república Bolivariana, agazapado al otro lado de la frontera colombo venezolana. 

El empuje de los subalternos

En los entramados de una paz parcial, Colombia experimenta este “regreso al futuro” malogrado tantas veces; un espacio social de reformas desde abajo, disimulado por los focos de guerra civil regionalizada.

En este panorama se actualiza y ubica el hecho político social de mayor envergadura. El experimento de la nueva lucha política y social, la marcha renovada de la democracia subalterna, que se manifiesta con visos de autonomía creciente en la disputa por la conducción de la sociedad civil moderna. 

Es lo radicalmente nuevo, que marca el pulso por la hegemonía social, define la progresión de una guerra de posición democrática, que toma cuerpo en una lucha contra hegemónica por ganar y conducir los espacios de la sociedad civil.

A esta lucha democrática plural, de amplio espectro, y alcance se la impide nacer todavía, por la reacción y derecha que gobierna, poniendo a la cabeza al joven cancerbero Iván Duque, integrante de la fracción que hegemoniza el bloque de poder oligárquico, que aspira al control monolítico del gobierno de la sociedad política.

Sin embargo, el bloque proclive a la guerra no tiene la fuerza suficiente, porque la oposición progresista y democrática, aunque minoritaria tiene fuerza en las dos cámaras para detener, y hasta cierto punto controlar la estrategia de la reacción y la derecha coaligadas. De ahí que el régimen para-presidencial que no desmontó tampoco el gobierno de Juan Manuel Santos, a toda costa quiera imponer un orden marcial al rumbo de la paz en Colombia. 

Así las cosas, el bombazo que se atribuyó el Eln, contra la Escuela Nacional de Policía, se convirtió en una suerte de manzana envenenada, en procura de tales designios. Pero, la disputa estratégica por la democracia no corrió la misma suerte que la familia Pizano, al denunciar, alertar de la corruptela de Corficolombiana y Odebrecht, cuya asociación con Colombia, data, cuando menos con los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.

Entonces hubo las coimas en beneficio del candidato Oscar Iván Zuluaga, por los servicios del publicista brasileño Duda Mendonca. En ese laboratorio corrupto se probó a Iván Duque, jefe de la campaña presidencial, que evita fugas ingratas como la de Juan Manuel, fracasada la candidatura de Uribito, salpicado y embadurnado por el escándalo de AIS, que cómo no, financiaba la aspiración presidencial del Centro Democrático.

Lo que sí logró ahora, con la financiación mayoritaria de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el binomio Duque/Uribe fue, al fin, el triunfo electoral, consolidado con 10.373.080; y enseguida el saboteo continuado de la negociación con la insurgencia subalterna del Eln, parqueada en La Habana desde agosto de 2018.

A la negativa oficial de retomar la negociación de paz que fue instalada y protocolizada por el gobierno anterior, se unió al insistente torpedeo contra la JEP, y la sindicación de Jesús Santrich como narcotraficante, después de la firma de la paz de diciembre de 2016. Tareas a cargo del fiscal conservador Martínez, alfil de muchos gobiernos, desde los tiempos de la negociación de paz de Pastrana con las Farc, en los tiempos del Caguán.

Esta vez no bastó la tramoya del gobierno estadounidense, orquestada por el Fiscal Humberto Martínez, antes consultor y apoderado de las causas de Sarmiento Angulo, pero sí puso en La Picota, a este caracterizado líder del nuevo partido Farc, e hizo refugiarse a Iván Márquez, quien no se posesionó en el Congreso y al Paisa, a riesgo de correr destinos similares. La primera acusación se derrumbó recientemente, ante la no presentación de las pruebas prometidas y demandadas por la JEP.

 La intempestiva participación subalterna

                                                   Ahora me refiero, y cómo no, a los resultados ciudadanos contabilizados en diferentes episodios propios de la disputa hegemónica y contra-hegemónica por la conducción de la sociedad civil en Colombia, que vienen produciéndose desde el año 2011, con la movilizaciones de la intelectualidad universitaria, que retuvo la contra-reforma educativa neoliberal, que sigue buscando en convertir el derecho a la educación superior en un bien económico transable.

Después vino el fementido paro agrario, que negó más de una vez el presidente Santos, ante cuya evidencia tuvo que rendirse el gobierno y celebrar acuerdos, las más de las veces incumplidos. Esta demostración de los subalternos sociales se convirtió como acción plural de masas, en un encuentro creativo entre la ciudad y el campo, y, sin duda, en reservorio para las luchas por la paz, y en el fortalecimiento de las nuevas organizaciones subalternas, en particular, Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos.

Durante estas luchas, urbanas, rurales y mixtas, las minorías indígenas, afro, mujeres por la paz, y víctimas del conflicto armado también se destacaron a través de mingas y formas de resistencia, la mayoría ubicadas en la región Pacífica, pero, no exclusivamente.

En la defensa de la paz negociada entre las cúpulas del gobierno y la guerrilla, presidida de los ciclos de negociaciones secretas de la Habana, que sólo al final se abrieron a delegaciones de víctimas, indígenas, militares, y otras delegaciones, la posterior presencia subalterna en las calles, de modo masivo, impidió que el plebiscito manipulado por la reacción y la derecha condujera a la anulación de la paz negociada con las Farc-Ep.

Herida de muerte por una descarada campaña de desinformación, el plebiscito por la paz estuvo atacado por un rosario de fake news, propaganda sectaria y contraria a las creencias religiosas que uno de sus conductores, Juan Carlos Vélez, del CD, gerente de la campaña reconoció sin empacho alguno, revelando el nombre de los poderosos financiadores del No a la paz.

La masiva movilización y concentración de octubre de 2016, no sólo presionó al despistado y circunspecto Juan Manuel Santos, sino que obligó a la bancada del gobierno a darle aprobación a la paz, incluyendo, eso sí, modificaciones a los acuerdos, que en todo caso recibieron aprobación constitucional ante la Corte, parando la avanzada reaccionaria, que, sin embargo, coleccionó rédito, para el siguiente ciclo electoral, de presidencia y congreso, que se abrió con la saga de las consultas para seleccionar candidatos posibles para 2018.

El despertar, y el avance de la democracia subalterna siguió su curso, en este caso, favoreciendo las aspiraciones de Gustavo Petro, y la coalición de la Colombia Humana, y la fórmula de centro que colocó en la delantera a Sergio Fajardo. No fue posible obtener un acuerdo entre las dos tendencias, y los más de 8 millones de votos cosechados, pero diivididos dieron el primer lugar a Iván Duque, quien para la segunda vuelta triunfó sobre el candidato de la Colombia Humana.

Lo que nadie esperaba, luego de la aprobación por el Congreso de la consulta popular contra la corrupción diera los resultados que consiguió, en efecto. Porque una vez que hasta el nuevo presidente, Iván Duque, dijo que la acataría, en disfonía con su propia coalición, que mascullaba entre bambalinas, sumó  en rechazo a  la corrupción,  11.674.951 votos, aventajando al electo presidente que obtuvo 10.373.080. Hasta convertir la disputa por la hegemonía en el hirsuto territorio de la sociedad civil, en una notoria batalla que libra, de manera pacífica, la fuerza plural de la democracia subalterna movilizada

Sin embargo, la cifra alcanzada, sin precedentes, como lo fueran también los más de 8 millones de votos depositados por la fórmula Petro/Robledo, no resultó suficiente para obligar al Congreso a darle cumplimiento al mandato votado el 26 de agosto de 2018.

Aquel mandato se ha convertido en un referente a comparar con experiencias, anteriores y posteriores, de multitudes subalternas movilizadas contra los gobernantes reaccionarios, o autoritarios. Tal como lo han sido, con signo político heterogéneo, las de la primavera árabe, las del 21 m en España, o la de los chalecos amarillos, por estos días.

La cifra obtenida, 11.674.951 no era suficiente, porque tenía que alcanzarse 12.140.342 votos, que correspondían al 33 por ciento del censo electoral vigente para entonces. Hoy sabemos, como lo recordara, el constitucionalista y académico Juan Carlos Henao, que sería otro el guarismo, luego de conocido el censo nacional de población que contravino la tendencia del crecimiento prospectada, al resultar que la población colombiana, contada a la fecha, apenas si superó los 45 millones de habitantes.

A estos resultados, en el segundo semestre de 2018, se sumó una intempestiva y renovada irrupción de la población universitaria movilizada contra la desfinaciación del presupuesto para las instituciones públicas y privadas. Por algo más de dos meses forzaron acuerdos con el gobierno nacional, que parecía no querer dar el brazo a torcer, a través de su ministra de educación que buscó zanjar de modo antidemocrático las demandas universitarias, reunida únicamente con los rectores.

Tales acuerdos fueron cuestionados en las calles, y movilizaciones multitudinarias orientadas por estudiantes y docentes, con el beneplácito de la ciudadanía, obtuvieron mayores compromisos para la financiación, y una especie de tatequieto al desangre descarado de la educación pública superior, con la reedición de la fórmula del “pilo paga”, disfrazada con la aureola de la excelencia, subsidiando, de modo preferencial a las instituciones privadas más cotizadas.

(Continua)

El rumbo prolongado de la crisis orgánica colombiana, 1998-2010.

“El narco cambió por completo la estructura de valores de la sociedad y trae aparejada la corrupción.” Juan Carlos Henao, rector del Externado, ET, 9/12/2018, p. 1.2.

                                              Ahora bien, la crisis de larga duración todavía no se resuelve corrido más de medio siglo, curada por procesos parciales de “revolución pasiva” que impactan mediante la cooptación, el transformismo y el exterminio de los liderazgos subalternos. Estrategia que se viene implementando desde los años 90 del siglo pasado para acá, y con mayor intensidad bajo la degeneración democrática del orden político establecido en 1991. Es la solución definitiva que primero empieza a ensayarse en el departamento bandera, Antioquia, gobernado por Álvaro Uribe Vélez, práctica  piloto de gobernabilidad para-política.

Este proceso de crisis democrático pluralista, a fines de los años 90 se tradujo en la crisis generalizada de legitimidad del orden político que enfrentó al gobierno de turno con los dictados del hegemón continental estadounidense, que descertificó a Colombia dirigida por Ernesto Samper, bajo la dirección del demócrata Bill Clinton, y la secretaria de estado, Madeleine Albright, durante los años 1996 y 1997.

El bloque de poder, a la par, enfrentaba dos fuerzas subalternas disruptoras de signo diferente: la insurgencia subalterna guerrillera, que ganaba potencia ofensiva conforme obtenía recursos financieros y organizaba la resistencia rural; y la otra, el reformismo económico salvaje del narcotráfico, el cultivo sangriento de la hoja de coca, una contra-reforma en vez de la reforma agraria siempre aplazada, negada y combatida que venía produciendo ruina y desarraigo a millones de campesinos desde los tiempos de la Violencia bipartidista.

El trazo contradictorio después de la explosión de la crisis de representación en abril de 1948, prolongada después como crisis de legitimidad del gobierno político bipartidista, animada por el antagonismo social que trató de ocultarse detrás de una guerra irregular con teatro de operaciones en el campo, ganó momento después de 1994, cuando empieza a perfilarse la forma política de la degeneración de-democratizadora, esto es, la corrupción política de la clase política regional y su cacicazgo nacional, administrado por Julio César Turbay, cultor de la corrupción en sus justas proporciones.

Estas son las bases para el régimen parapresidencial, la degeneración del neopresidencialismo que había cubierto la ola democratizante, 1991-1998. El neopresidencialismo tuvo una apoyatura legitimadora en la participación ciudadana de la tercería política, que casi triunfa en la asamblea constituyente, que constituyó la coalición electoral pluralista, Alianza democrática/ M19, hasta convertirla en componente de un episodio de la revolución pasiva con que arranca la de-democratización del nuevo régimen.

A cambio, por esta paz parcial en lo político, se aceptó la apertura neoliberal de la economía impuesta por la administración de César Gaviria, presidente ungido por el hijo mayor del inmolado Luis Carlos Galán, sujeto de antemano a la milimetría oficialista del clientelismo turbayista.

El tránsito de lo excepcional subalterno a la excepcionalidad Para- presidencial.

                              

        En lugar del neopresidencialismo democratizante estrenado en 1991 se impuso en Colombia el presidencialismo de excepción a partir de 1998. A pesar de la prohibición expresa de los regímenes de estado de sitio, impronta nacional desde la Ley de Caballos hasta el Frente Nacional de la fenecida Constitución de 1886.

Así vuelve Colombia al estado de excepción, en el marco de la Constitución de 1991, se instaura, sin prisa pero sin pausa, el régimen para-presidencial, una vez que fracasan de modo sucesivo las negociaciones de paz con la guerrilla insurgente de las Farc-ep, en su penúltima etapa, en la cresta de la recesión económica, siendo presidente Andrés Pastrana, cuando éste ordena el despeje del Caguán que abarcaba 5 municipios del Meta, en un término perentorio de 48 horas, el 20 de febrero de 2002.

Él es el padrino, con su ministro de defensa, Rodrigo Lloreda, de una criatura política contrahecha, antidemocrática engendro de-democratizador del doble uso de la excepción de hecho y de derecho: el régimen político parapresidencial que ampliará, perfeccionará y consolidará su sucesor, Álvaro Uribe Vélez, para librar la guerra que liquide la fuerza narco-terrorista de las Farc-ep.

Él pilotó el modelo de “terror blanco y guerra subterránea”, ensayado con su secretario de gobierno Pedro Juan Moreno, durante la gobernación de Antioquia. Ambos revivieron las autodefensas del segundo gobierno del Frente Nacional, que presidía Guillermo León Valencia. La nueva versión paramilitar, reaccionaria y represiva, obtuvo la mampara inicial de las asociaciones de seguridad privada “Convivir.” Este modelo lo prohijó desde el poder ejecutivo el binomio Samper Botero, enlodados ya con la financiación de la campaña por los dineros del narcotráfico suministrados por el cartel de los hermanos Rodríguez Orejuela.

¿Por qué este viraje reaccionario? 

Para impedir, contener la presencia perturbadora de lo excepcional democrático, encarnado en la fuerza constituyente y destituyente de la multitud ciudadana. Esta singulariza la interrumpida revolución democrática colombiana que reclaman e impulsan los subalternos, insurgentes y sociales.

Ellos confluyen en la constitución del incipiente bloque de la paz neoliberal, aunque los subalternos confluyen en una tendencia sostenida con altibajos, en ámbitos rurales y urbanos desde que se abre la crisis orgánica del orden capitalista dependiente que no sutura ningún estado de compromiso que incluya a millones de pobres, desplazados y excluidos del orden oligárquico.

Así las cosas, primero fue posible un triunfo parcial de la negociación de paz, encabezada por el M-19, la insurgencia subalterna urbana que selló su proyecto popular armado con el desastre militar y político de la toma del palacio de justicia, en demanda de un diálogo nacional y democracia de parte del gobierno de Belisario Betancur.

Con las Farc-Ep vino un segundo, diferente recorrido, separado, igualmente tortuoso, luego que el secretariado fuera bombardeado de improviso, sin éxito en Casa Verde; en simultánea con la elección de delegados para la asamblea constituyente. Este episodio de guerra secreta señaló un proceso de abierta confrontación armada de la insurgencia con el gobierno presidido por César Gaviria.

La nueva paz con la insurgencia subalterna de base campesina fue firmada a regañadientes, por la fracción dominante del bloque en el poder, garantizada por la movilización nacional y popular; a contravía de la fracción reaccionaria del bloque en el poder, liderada por Álvaro Uribe y el Centro Democrático, que la quieren hacer trizas desde que ganó por poquísimo margen el plebiscito convocado por Santos.

Esta paz de factura neoliberal, como lo fue la celebrada por la guerrilla del M-19, y otros grupos de menor influencia, proscriben cualquier reforma del modelo económico y social establecido en 1991. Fue forjada en dos tiempos, entre La Habana y Bogotá, cuando padeció la escaramuza de un plebiscito mal planteado y peor dirigido.

 El vocero ideológico, el gobierno Santos, se identifica como “centro radical”, y su legado quiere ser aplastada a toda costa por la tenaza que junta en su proyecto reaccionario en lo político, neoliberal en lo económico, a grandes terratenientes con capital financiero dedicado a la agricultura a gran escala, la minería y las energías no renovables.

El conductor político es el joven abogado, y funcionario del BID, Iván Duque, que encubre su reaccionarismo político con el embrujo aparente de la economía naranja, que en lo inmediato se ha traducido ya en la doma de la libertad de prensa y el pluralismo mediático que haga posible, y atractivo la neocolonización del capital transnacional dedicada al entretenimiento y el comercio del big data, con migajas de consolación para los emprendimientos de los millenials.

Esta es una estrategia “in progress”, ensayada con fracaso relativo en la radio y la televisión pública, con el episodio denunciado por Santiago Rivas, libretista defenestrado de RTVC que condujo a la salida de Juan Pablo Bieri, de una parte; a la vez resistida en la sociedad civil por incidentes contra los periodistas Daniel Coronell, María Jimena Duzán, y en fecha más reciente, contra Vicky Dávila, acusada  falsamente de recibir pagos del excandidato, y líder de la oposición, Gustavo Petro.

(Continua)

¡ABAJO EL DICTADOR!

Giovanni Mora Lemus (30/01/19)

Profesor Universitario, miembro del Grupo Presidencialismo y participación.

Algunos analistas criollos que siguen con desparpajo el grave conflicto socio-político venezolano, que está llegando a la violencia política, se han sumado a los cantos de sirena que piden la cabeza del tirano.

Además de eso, prestigiosos literatos como Santiago Gamboa, Piedad Bonnett y el infaltable Héctor Abad, quienes combinan la novela con las columnas de opinión, apoyan la caída inmediata y necesaria de la tiranía. Quieren hacernos creer que el problema venezolano se resuelve con la caída del “dictador”.

Para ellos, junto a algunos políticos profesionales, el intervencionismo norteamericano es solo una ficción mamerta, la excusa perfecta, repiten ellos, para ocultar el fracaso del modelo socioeconómico venezolano y la sanguinaria represión estatal.

Hernán Andrade, miembro del partido conservador colombiano en una lacónica entrevista en la W radio, en esta semana, se unió a los cantos de sirena, invocando la intervención del todo poderoso: “Dios quiera se acabe la dictadura en Venezuela” señaló, pero tras bambalinas la providencia se hace hombre en el anglosajón Trump.

La guerra económica y el cerco financiero dirigidas contra el gobierno y la población venezolana, son males necesarios, que la democracia norteamericana, de cuño occidental, toma para que vuelva la libertad y la paz al país suramericano. Las muertes de hombres y mujeres que se están enfrentando en las calles son sacrificios normales en la lucha por el retorno del orden ¡Qué hipocresía!

Hoy celebran la llegada de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino y el respaldo del injerencismo norteamericano bajo los eufemismos de “la salida democrática”, o “la transición democrática”; esto acompañado del embargo a las cuentas de la petrolera PDVSA, que se traduce en más conflicto social y por ende en menos democracia. ¿Acaso no lo ven nuestros analistas criollos?

Es verdad que la base chavista se ha recortado si la comparamos con los años de gobierno de Hugo Chávez. En las últimas elecciones presidenciales de mayo de 2018 el abstencionismo llego al 54%, esta merma en la participación genera graves problemas de gobernabilidad, el campo de maniobra política se ha reducido para el proyecto bolivariano. Esto es innegable.

Las voces críticas de sectores de izquierda venezolanos distantes del modelo socioeconómico oficial, señalan tremendos problemas de corrupción y de burocratismo mezclados con autoritarismo. Desde afuera se les cuestiona la excesiva dependencia de la renta petrolera y un estilo de gobierno populista. Realidades que cualquier demócrata no puede desconocer. Pero de ahí a apoyar política e intelectualmente la intervención militar hay un abismo.

Por su parte la oposición venezolana no ha sido ni democrática ni pacífica, ha patrocinado y financiado las llamadas guarimbas, grupos de choque que no se caracterizan por su espíritu pacifista y conciliador. Carece de liderazgo y de proyecto político, perdieron la oportunidad de cogobernar cuando ganaron la Asamblea Nacional y se dedicaron más bien a desconocer sistemáticamente al ejecutivo y a calentar el vecindario.

Es conveniente que algunos intelectuales, literatos y políticos criollos estudien el libro de Antonio Negri y Michael Hardt titulado Multitud. Según estos teóricos de la política, el siglo XXI se empieza a caracterizar por un estado de guerra global.

Los escenarios de guerra a nivel mundial son a la larga nichos de acumulación para el capital transnacionalizado. Afganistan e Irak, donde las fuerzas de la OTAN intervinieron en pro de la defensa de la democracia, son un claro ejemplo de lo rentable que resulta invertir en la guerra y de la necesidad que ésta sea interminable.

En el 2011, los acontecimientos de Siria y Libia nos lo presentaban como parte de la llamada primavera árabe, ese ciclo de protestas ciudadanas que reivindicaban la democracia y que pretendían derrocar a los tiranos. Hoy son dos países destruidos por la guerra civil, porque la intervención militar de Occidente solo generó el aumento del conflicto bélico, y nunca llegó la paz y la prosperidad que era lo prometido…

Pero sigamos con Negri y Hardt. Ellos sostienen que la guerra global permanente se convierte en la norma y no en la excepción, transmuta a una relación social permanente. Somalia por ejemplo, en este momento sufre bombardeos por parte de EEUU y por si fuera poco, islamistas, milicias apoyadas por sus vecinos Etiopia y Kenia se enfrentan en una guerra interminable.

Por su parte, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos bombardean indiscriminadamente a su vecino Yemen, los muertos se cuentan por millares ¿En realidad los literatos criollos no valoran los riesgos para Suramérica que se prenda la mecha en Venezuela?

Por último, conviene recordar la carta que firmaron intelectuales y académicos norteamericanos, entre ellos Noam Chomski y que fue dirigida al presidente Trump. Las exigencias son muy concretas a todos los gobiernos que apoyan el golpe y la intervención militar en Venezuela, entre ellos Colombia; primero, no polaricen más a la población venezolana desde el exterior, y segundo la única salida viable es la negociación.