En esta ocasión, presentamos una reflexión sobre Susana Villarán, alcaldesa de Lima, de filiación de izquierda. Puede ser un buen punto de referencia para el tiempo que le queda a Gustavo Petro al frente de los destinos de Bogotá. Y no se trata solamente de "quebrar huevos", sino de ser claros en los destinos, y efectivos en proponer y estimular la participación decisoria de la ciudadanía, y en particular, la más desfavorecida y desigual. N de la R.
La señora que rompía huevos
“Como bien sabe el presidente Humala, para hacer una tortilla hay que romper los huevos”.
Hace unas semanas, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, respondió un comentario del jefe Estado referido a su obra en la Costa Verde: “Como bien sabe el presidente Humala, para hacer una tortilla hay que romper los huevos”. La frase fue ridiculizada, como toda acción u omisión que por esos días protagonizara la alcaldesa. Sin embargo, este dicho puede ser el que mejor resuma los activos y pasivos de su gestión.
La alcaldesa se atrevió a romper los huevos en una ciudad que ya parecía una tortilla: batida por un embalado crecimiento económico y revuelta por taras añejas. Lima se modernizaba pero crecía también en congestión y desorden, con una criminalidad boyante y pequeñas organizaciones asentadas por décadas en la frontera de la legalidad. En la ciudad de los Reyes y de los Quispe, chocar con Chocano puede ser muy loable, pero hay que saber esquivar y frenar.
La campaña electoral que la llevó al sillón municipal dejó con sangre en el ojo a un sector que había gobernado el país y la ciudad durante los últimos años. Así, el aparato político estuvo listo y con ganas de hacerle pagar caro, mientras a Villarán no le importó abrirse flancos que afrontó con decisión e impericia, con voluntad y torpeza, con temperamento y sin planificación. La alcaldesa transitó el camino inverso al de Humala: con el transcurrir de su gestión fue sumando enemigos.
Villarán se enfrascó en una batalla ineludible en una ciudad con afanes de modernización. Por un lado, se enfrentó a estos pequeños pero poderosos intereses que se anidan en el sector social que define las elecciones y, paradójicamente, es el leitmotiv de la izquierda: los excluidos. Por otro lado, quiso ser coherente con una de las banderas no solo de su campaña sino de su vida: la lucha contra la corrupción. Pero esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y ahí también chocó con intereses muy potentes: los silentes de una burocracia amarradora, los de aquellos que añoraban el pasado y los de sus propios compañeros de ruta, cuyas expectativas no siempre sintonizaron con las de la alcaldesa.
Tajadas
La Municipalidad es un botín o un trampolín político, y por eso mismo no hubo tregua ni contemplación desde fuera ni desde dentro, como lo testimonian varios de los 18 gerentes, quienes afirman que algunos mandos medios y secretarias entorpecieron sus gestiones en la primera etapa, generando un carrusel con los papeles y documentos que fácilmente podían demorar dos meses en llegar a sus manos. No es difícil hacerlo si se conocen las armas de la gestión pública para volver lentos los procesos y aguantar los expedientes. A este boicot se unió la inexperiencia de muchos de los gerentes en gestión pública, que se sigue traduciendo en una serie de errores administrativos.
A los corruptos “propios” se les separó en uan, sin contemplaciones. Los regidores de Fuerza Social Luis Valer y Cayo Tito están siendo investigados por promover cobros en un programa de vivienda que no existía. Además, deben estar continuamente bajo la lupa 48 subgerencias, 34 unidades de gestión y una corporación municipal de 14 empresas autónomas que abarca desde los Servicios de Parques de Lima hasta la Caja Metropolitana, pasando por el Parque de las Leyendas.
Actualmente hay varios casos denunciados por la Procuraduría Municipal que están siendo investigados por el Ministerio Público, sin contar con el más sonado que es Comunicore. Uno involucra a Luis Baca Sarmiento, ex gerente de la Empresa Municipal de Saneamiento, quien solicitó 600 mil soles para contratar personal, pero finalmente decidió utilizarlo para pagarse una gratificación de 100 mil, y repartir el resto entre 14 funcionarios. Se le investiga por peculado.
Otro está relacionado con el pésimo manejo de la Caja Municipal que casi termina en quiebra. Esa entidad compró vehículos que luego fueron vendidos a los taxistas —las grandes víctimas—, que han terminado pagando uno de los créditos más caro del mundo. En el año 2008, la Superintendencia de Banca y Seguros observó el tipo, monto y costos del crédito. A pesar de eso, la administración de Castañeda continuó con ese programa.
También se ha descubierto corrupción de segunda monta. En el año 2010 tenemos varios ejemplos. El caso del Parque de las Leyendas es ilustrativo: un grupo de funcionarios alquiló stands a unos comerciantes en ese concurrido lugar. Según el contrato, éstos debían depositar determinados montos que se utilizarían en publicidad para el Parque. Nunca ocurrió.
Y, finalmente, hubo corrupción de ripio a través de servicios que nunca se brindaron. Por ejemplo, se contrató un servicio de funcionamiento y monitoreo del sistema informático por 100 mil soles. Los trabajadores de esa área no supieron que se había instalado, porque nunca se concretó.
(Y como anécdota: se descubrió el presupuesto ejecutado de un baño fantasma que nunca se construyó).
De estos chanchullos medianos y pequeños estuvo lleno el año 2010. ¿Alguien adivina por qué ese año se necesitaba hacer caja?
Manos a la obra
Cuando entró a la Municipalidad, la alcaldesa tenía claro que debía marcar diferencia con su antecesor: un alcalde felicitado por sus obras pero cuestionado por temas de corrupción. Villarán decidió hacer de la transparencia una de las características de su gestión: abrió las puertas a las sesiones municipales y decidió prescindir de organizaciones extragubernamentales para la contratación de obras. De ahora en adelante todo sería por la vía regular, con Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Contraloría y todo.
La adjudicación de obras es un tema gravitante en toda gestión de gobierno. La experiencia advierte que es ahí donde se gestan las repartijas. Las autoridades tienen dos caminos para realizar las obras: la vía regular o mediante los organismos internacionales.
El conducto regular a veces es regular nomás. Las obras terminan alargándose. Una contratación puede demorarse tres veces más que las realizadas mediante organismos internacionales. La alcaldesa apostó desde el saque por un camino más seguro y transparente, pero también más largo: acabó con la intermediación de organismos internacionales para la licitación, ejecución y supervisión de las obras.
Argumentos le sobraban para tomar esta decisión. El ex alcalde Castañeda Lossio fue investigado por la millonaria suma que le pagó a la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) para la supervisión de obras. De acuerdo con el informe realizado por la gestión de Villarán, sus antecesores pagaron una comisión de 3,5 % por cada obra. Fueron 180 las obras encargadas a la OIM que le dejaron una friolera de 43 millones de soles. Los millones que ganó este organismo fueron los mismos que dejó de percibir la Municipalidad.
¿Hubo probidad en la relación con la OIM? Existen muchas sospechas, pero es muy difícil corroborarlas. Estos organismos tienen inmunidad diplomática y no pueden ser auditados. Por eso se dice que son la vía más propicia para la corrupción.
Castañeda Lossio ‘tercerizó’ cuanto pudo, y de esa manera debilitó el aparato municipal. En su gestión se llegó al extremo de usar a los organismos internacionales hasta para alquilar una camioneta. Los mismos juicios se ‘tercerizaban’. Estudios jurídicos como el de Rosario Fernández se beneficiaron con muy buenos pagos por los casos que le llevaban a la Comuna mientras los abogados de planta recibían magros salarios.
Un caso de ‘tercerización’ interesante, que grafica la manera cómo se manejaron las cosas en la anterior gestión, fue el riego de los jardines de la Vía Expresa: se encargó a una empresa privada que lo haga, y a los pocos días de iniciada la gestión de Villarán las plantas se fueron secando. Resultó que hacía siete meses que se había dejado de pagar a la empresa. Pero cuando la gente vio que los pastos tornaban de verde a amarillo, le echaron la culpa a la flamante alcaldesa, con el aliento de los medios de comunicación más influyentes.
La administración de Solidaridad Nacional debilitó la administración edil, de tal manera que casi el 90% de la contratación, ejecución y supervisión de obras fueron ‘tercerizadas’. Así, cuando entró Fuerza Social y tomó la decisión de fortalecer los órganos municipales, se encontraron con que están menguados y deben partir casi de cero. El aprendizaje demora y Villarán nunca se percató de que estaban jugando contra el reloj desde el primer día.
La decisión de la alcaldesa no fue adoptada a tontas y a locas: se trata de una corriente presente en la administración pública que considera que los organismos gubernamentales no pueden ‘tercerizar’ sus responsabilidades. El 2008, incluso el Estado, a raíz del caso de los “petroaudios”, restringió las funciones que podían encargarse a los organismos internacionales.
Prado bombardeado
De todos los gerentes municipales, el más expuesto mediáticamente y el más controversial ha sido Gabriel Prado, brazo derecho de Susana Villarán y del que ella no estuvo dispuesta a prescindir, a pesar del bombardeo que pedía su cabeza. Prado fue uno de los jóvenes fundadores del partido Fuerza Social y ha acompañado a Villarán en mil y un avatares políticos y laborales, siendo un reconocido experto en seguridad ciudadana.
El cargamontón decreció con el salomónico recambio de Prado de la Gerencia de Seguridad Ciudadana a la de EMAPE, en enero de este año, cargo en el que duró un mes y al que renunció cuando lo administrativo se le fue de las manos: presentó ante la prensa unos carros de Serenazgo con luces y circulinas alquiladas, pero sin placas ni documentos en regla que les permitieran movilizarse. En este caso no ha habido ni delito ni corrupción. Se trata de uno más de esos errores administrativos que les saben a bocado de cardenal a los adversarios de Villarán.
Prado no solo “estuvo pedido” por la oposición revocadora, sino también por la crema y nata del lumpenaje. Desde la turbulenta intervención en La Parada debe andar con seguridad: las amenazas de muerte que recibía han disminuido, pero no han parado. Tiene 23 procesos abiertos por grupos de mayoristas y minoristas que lo acusan de impedirles el derecho al trabajo, y por agentes de seguridad que lo han demandado por abuso de autoridad.
El aparato político estuvo listo y con ganas de hacerle pagar caro, mientras a Villarán no le importó abrirse flancos que afrontó con decisión e impericia, con temperamento y sin planificación. La alcaldesa transitó el camino inverso al de Humala: con el transcurrir de su gestión fue sumando enemigos.
Crash
La dicotomía caos versus control fue estupenda en la serie del Súper Agente 86, y muchos ven el problema del transporte en la capital con esos mismos lentes. Pero acá la realidad es distinta: ni buenos ni malos, solo intereses. Lo extraño sería que los transportistas acepten de buena gana un proceso que va a trastocar su estilo de vida y de negocio.
Es un error pensar en este sector como un grupo homogéneo. Hay al menos tres grupos, y ya con esto estamos generalizando: los dueños de las rutas, los propietarios de los carros y los trabajadores (choferes y cobradores).
Los dueños de las rutas ganan sentados, y no precisamente en el timón. Constituyen empresas que en buena cuenta son cascarones. Solo tienen nombre, razón social y un local (donde a veces ni siquiera guardan sus carros). No necesitan tener una sola combi. Ellos les cobran a los propietarios de los medios de transporte por cada vuelta que realizan.
Esta situación absurda (empresarios sin empresa) se originó durante el gobierno de Fujimori, quien como una forma de compensar a los despedidos —producto de la nueva política económica— liberalizó el mercado de rutas, de carros y de labores.
Los propietarios de los buses (o combis o custers) son el otro sector que sostiene la pirámide. Ellos solo son responsables del carro. Se los alquilan a los trabajadores y responden por las multas. Ellos ganan parados.
Los trabajadores, a su vez, son la base de un triángulo y los que menos se benefician en el reparto. Ganan día por día, vuelta por vuelta, pasajero por pasajero y centavo por centavo. Cuando un chofer se adelanta intempestivamente por un pasajero, o se queda parado 10 minutos en el paradero o, por el contrario, le mete 80 km/h cuando el cartelito le indica un máximo de 60, no lo hace ni por desconocimiento ni por adrenalina ni por maleducado. Lo hace porque el conjunto de esos centavos que le ganará a su colega será su plusvalía. Se trata de un sistema perverso, pero sistema al fin: con reglas y costumbres.
La gestión edil se concentró en convencer a los transportistas de que la Reforma no solo era inevitable, sino además buena. Lo primero lo entendieron perfectamente y empezaron a sabotearla; lo segundo lo entendieron pocos y mal. El asunto tuvo un capítulo dramático: Julio Rau Rau, el empresario transportista que se paseó por los programas de moda bailando al lado de Gustavo Guerra García, se sintió traicionado. En los tiempos del baile, Rau Rau no se imaginaba que estaba apoyando a quien le iba a malograr el negocio. Guerra García sintió una sensación similar. Creyó que el baile significaba comunión con un proyecto que al parecer no había sabido explicar muy bien.
La Municipalidad se olvidó de los protagonistas: los usuarios. Error. De Norte a Sur, la gente clama por un cambio; tanto es así que los cobradores son blanco de su odio. Pero odiar al cobrador y querer un mejor transporte no significa abrazar y valorar una reforma.
A dos años de la gestión Villarán el usuario no percibe los frutos de la Reforma, salvo la renovación de la flota de algunos buses y el ordenamiento de algunas arterias como Abancay. Esto no significa que no se haya avanzado. El proceso lo están dirigiendo los mejores expertos que tiene el país en la materia. Todo cambio, para ser perdurable, demanda tiempo. (¿Pero cómo se le explica eso a la gente?)
Con la Reforma los choferes y cobradores tendrán un salario fijo, acceso a seguro y un límite de horas de trabajo que podrán ser revertidos en descanso y familia. La contraparte es que su sueldo lo verán 30 días después (lo cual les desbarata su economía de ganancia cotidiana) mochado por seguro médico y AFP; y el límite de horas de trabajo les impedirá tener una ganancia extra. Con eso el entusiasmo cobra un matiz aguafiestero y el conflicto se torna inevitable. Respecto a los propietarios de rutas y de buses, la mayoría de este sector se la tiene jurada a una alcaldesa que les cerró el quiosco.
Hampones de chaira y de formulario
La idea de La Parada romántica de 1945, el último puerto de los camiones provenientes de las provincias, el punto de reunión de los camioneros, la parada obligada para tomar un caldo de gallina que calma la tranca asesina (como cantaba el carreta Jorge Pérez); o la de Víctor Humareda, que creía que las prostitutas de su barrio eran mejores que las parisinas, y que las calles que rodeaban el Hotel Lima eran acogedoras y limpias, mientras que en realidad ya eran una tierra arrasada por las ratas y el hampa, en la que gobierna hasta ahora la banda de Los Malditos de La Parada. Se trataba de una zona altamente peligrosa, de la que salieron los reyes de la papa, a quienes no les quedaba otra que convivir con las mafias que se enriquecían cobrándoles cupos.
Ejemplo: Un camión que traía cebollas de Majes debía hacer una serie de pagos antes de descargarlas. Un grupo de hampones manejaba el sistema de seguridad de La Parada que “chalequeaba” a los camioneros desde que ingresaban al mercado, cuando estibaban y desestibaban, hasta que entregaban el producto al comerciante. Así funcionaba el primer mercado mayorista del Perú, que abastecía a 350 mercados de Lima utilizando a menores de edad que cargaban hasta 100 kilos bajo sus hombros. En la fecha de la intervención había 2.500 carretilleros y llegaban 600 camiones cada día.
La asociación que controlaba el negocio está conformada por 30 personas, y es dirigida por dos taytas (ex convictos de Lurigancho) que diariamente reunían 3.000 soles en coimas. Por el momento se ha roto el núcleo del sistema, pero nadie puede predecir hasta cuándo, porque la recomposición de las mafias es veloz.
El rechazo emocional que ha producido esta intervención se maneja en clave simbólica: se ha violentado un lugar que es parte de la nueva Lima, el lugar de los migrantes. Una vendedora de helados manifestó: “Susana tiene que rendirse”. Ello implica que se acerque a conversar con ellos y que se disculpe con los deudos de las víctimas.
Se ha afectado a 1.200 minoristas, a quienes se les ha prometido un mercado en óptimas condiciones en la Tierra Prometida, en Santa Anita. Se ha afectado a los vecinos que iban a hacer el mercado con 2 soles, a las mujeres que venden la chauchilla (la sobra de la sobra). Y, por el otro lado, han sido perjudicados los traficantes de mujeres y niños de la red de bares y cantinas que funcionan en los alrededores, así como los vendedores de alcohol rectificado.
Otras ingratas tareas de cierres y desalojos se han sucedido en el espacio del Cercado de Lima, un universo súper poblado donde viven 250 mil personas, y que además está atiborrado por el ir y venir de 3 millones de transeúntes. En el medio del movimiento se encuentra el Mercado Central, con sus laberínticas galerías que son una bomba de tiempo.
Unas cuadras más allá, en una enorme hoyada producida por la construcción de un edificio que quedó paralizada, se encuentra El Hueco, un centro comercial que desde hace 28 años está en proyecto de construcción con plazos siempre vencidos. Solo cuenta con dos escaleras de salida: un embudo de la muerte tomando en cuenta que en la hora pico el espacio soporta a 1.800 personas.
El Hueco ha evadido todos los controles, sus extinguidores están inoperativos (o no habidos), no cuenta con detectores de humo, sus instalaciones eléctricas están sobrecargadas, sus estructuras metálicas son inestables y en las columnas de concreto resaltan fisuras de formas caprichosas. Y así, precario e inseguro como ninguno, es el emporio de la música pirata, de los zapatos con yaya, de los útiles escolares reciclados, de las medicinas bamba.
La última intervención de la Municipalidad se realizó en octubre del año pasado, previa ronda de negociaciones con la asociación, conformada por alrededor de 1.500 socios, todos comerciantes con pasado ambulante. En esa oportunidad se les ordenó que construyeran cuatro salidas, que pusieran extintores y establecieran las vías de evacuación. Después de un proceso de convencimiento, seguido por una clausura de dos meses en la que levantaron las observaciones, el centro comercial reabrió en medio de celebraciones con bandas de música y aplausos para la autoridad municipal.
¿Cómo así este socavón en medio de la avenida Abancay ha pasado controles y evadido cierres durante casi 30 años? La respuesta está en las “bolsas” que se les reparten a los funcionarios del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Como es sabido, para que un establecimiento comercial funcione tiene que tener un certificado de Defensa Civil. Los inspectores de ese organismo trabajan en coordinación con los agentes municipales que otorgan las licencias de funcionamiento. Se vuelven omnipotentes y todopoderosos y, como no hay una estandarización en las normas, las aplican de acuerdo con su criterio (o conveniencia).
Señalan las fallas y ponen un plazo para levantar las observaciones. En el intermedio, lo que ocurre es que el inspector le propone al angustiado negociante el nombre de una empresa que lo ayudará a levantar todas las observaciones. Y ¡oh sorpresa!, esa empresa es de algún socio, familiar o amigo cercano. A esto hay que añadir la coima directa que es solicitada por alguno de los técnicos encargados de la señalización o de la electricidad.
El último eslabón de la corrupción está en el servicio de Serenazgo y la coima de a sol. En la primera etapa fueron despedidos un promedio de 20 serenos cada mes, cuando la Gerencia descubrió que la corrupción era un sistema que también funciona a cuentagotas. Cada uno de ellos hacía “su bolsita” con el sol que le daba la vendedora de chicha, la de peluches o la de humitas para que se hiciera de la vista gorda. Los despedidos conforman otro grupo que se la tiene jurada a la actual administración.
***
La situación para los activistas y patrocinadores del “No” es difícil. Las ideas sembradas por los revocadores desde el día siguiente de la victoria de Susana se han enraizado en buena parte de la población capitalina. La batalla se le presenta cuesta arriba, pero aún no está perdida, y nada está definido todavía. Pase lo que pase este 17 de marzo, la alcaldesa no debe desesperarse. Lo que hoy es miel mañana es hiel, y viceversa. Es mucho lo que Villarán podría capitalizar en caso de derrota. En caso de victoria, le tendrá que dar trámite a mucho de lo que hoy está transando. Nada termina en marzo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario