LAS NEGOCIACIONES DE PAZ, EL CONFLICTO ENTRE LAS
FARC-EP y la dirigencia indígena Nasa.
El juicio público
realizado por las autoridades indígenas del Cauca, donde tuvo un papel
protagónico Feliciano Valencia, ahora candidato presidencial por el
agrupamiento “País Común”, condujo a la sanción proferida contra 6 indígenas, tres de los
cuales fueron vinculados con las estructuras de las Far-Ep. Aquí está la
respuesta del Bloque Occidental Alfonso Cano a lo acontecido entre el 28 y 29 de abril
Sin perjuicio de
cargos y descargos no queda duda que existen contradicciones entre unos y
otros, y urge que entre ellos se resuelva tal conflictividad en el marco de las
negociaciones de paz, que hoy arrancan su noveno ciclo en La Habana.
Reproducimos este
documento que circula públicamente para los interesados en el estudio presente
de la Historia política y social de la subalternidad en Colombia y la Región
Andino-Amazónica, y para quienes están preocupados y comprometidos con el
propósito de liberarnos de la guerra. N de la R.
– 12/05/2013/
Señores voceros de la Asociación de
cabildos indígenas del Norte del Cauca y el consejo regional indígena del
Cauca. El Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC EP, en relación
con los sucesos del 28 y el 29 de Abril de 2013 en San Francisco Toribío nos
permitimos hacer las siguientes precisiones.
1. Las FARC-EP desde su
nacimiento ha estado comprometida con las luchas populares, incluida la justa y
valerosa lucha indígena por la tierra, encarnada por importantes representantes
de su etnia a lo largo de la historia, entre ellos José Gonzalo Sánchez, Manuel
Quintín Lame, Eutiquio Timoté, Juan De la Cruz Perafán, Álvaro Ulcué Chocué y
Avelino Ul, entre otros.
2. Esta política está
consagrada de la siguiente manera en el punto 6 del programa Agrario del
movimiento guerrillero, firmado el 20 de Julio de 1964: “se protegerán las
comunidades indígenas otorgándoles tierras auto suficientes para su desarrollo,
devolviéndoles las que le han usurpado los latifundistas y modernizando sus
sistemas de cultivo […] las comunidades indígenas gozaran de todos los
beneficios de la reforma agraria revolucionaria. Al mismo tiempo se
estabilizara la organización autónoma de las comunidades, respetando sus cabildos,
sus formas de vida interna, su cultura, su lengua propia y sus formas de
organización”.
3. Las políticas de
las FARC EP en favor del pueblo colombiano guardan coherencia con los
principios revolucionarios y con las conclusiones emanadas de nuestras
conferencias y plenos del Estado Mayor Central, así como con las disposiciones
y orientaciones del Secretariado Nacional.
Rechazamos enfáticamente la
calumniosa, pérfida y provocadora sindicación al Comandante Matías de estar
desarrollado un “plan sistemático de exterminio físico y cultural del
movimiento indígena colombiano. Nunca han
respondido al capricho y querer de determinados comandantes, como lo sugiere el
comunicado de la ACIN y CRIC leído el 29 de abril de 2013, con ocasión del
juicio adelantado contra seis comuneros del resguardo de San Francisco.
5. Hoy como en todas las
épocas, el movimiento popular, y en particular el movimiento indígena es
traicionado por algunos de sus dirigentes que dejan de lado el sentir y las
aspiraciones de las comunidades humildes, para plegarse al Estado, adquiriendo
compromisos con organismos de seguridad y, en ocasiones, con el
paramilitarismo.
Es el caso del señor Alcibíades Ulcué
quien, como ha sido de amplio conocimiento público, entregaba a los
paramilitares dineros destinados a resolver los problemas de salud de las
comunidades indígenas mientras estuvo presidiendo la dirección de la empresa de
Salud de los pueblos indígenas (AIC). En la actualidad es quien facilita el
reclutamiento de jóvenes y mayores NASA para vincularlos a la guerra como
informantes del ejército en los territorios indígenas.
6. Resultados de esta política
es el “juicio” adelantados el 29 de Abril en el resguardo de San Francisco en
contra de 6 comuneros indígenas y los pronunciamientos verbales y escritos
hechos con ocasión del mismo. En el juzgamiento resultaron condenados a 40 años
de cárcel 3 comuneros indígenas de manera injusta (sin pruebas y sin
garantizarles plenamente el derecho a la defensa). Este veredicto emitido por
un grupo minúsculo en una asamblea manipulada por la ACIN y la “amenaza” de
detener a milicianos y guerrilleros para entregarlos al INPEC y hacer que purguen
largas condenas en las cárceles del régimen, le
mereció al señor Feliciano Valencia el reconocimiento y felicitación publica
por parte del comandante de la 3 división del ejército. Justamente, el ejército
y los organismos de inteligencia del Estado tienen en la actual dirigencia de
la ACIN una eficaz avanzada contrainsurgente.
8. Hacemos un llamado a
las autoridades indígenas que aún les queda sensatez y no se han comprometido
con los organismos de seguridad del Estado, a que reflexionen en bien de las
comunidades y asuman posiciones consecuentes con sus intereses, dejando de lado
el discurso y la actitud belicista y macartista contra sus propios hermanos, y buscando la unidad y el
reconocimiento como sujetos de derecho a todos los comuneros NASA, para luchar
mancomunadamente contra las injusticias de que han sido víctimas por quienes
detentan el poder desde siglos.
9. Reiteramos el respeto
a los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía; nos solidarizamos
con las reivindicaciones de las comunidades indígenas; reafirmamos nuestra
voluntad por atender y solucionar de manera dialogada las dificultades que se
puedan presentar entre nosotros y la comunidad indígena.
10. El conflicto armado
colombiano tiene cobertura nacional, con raíces en la problemática social, y
por tanto la solución del mismo debe ser también nacional. En consecuencia
mientras el conflicto no se resuelva ni se cambien las estructuras económicas,
el régimen político ni las políticas de despojo articuladas al modelo agro
industrial y extractivo destinado a la exportación que tiene el gobierno para
el campo colombiano, tampoco los indígenas, como ningún otro sector popular
podrán resolver su problemática de forma estructural.
11. Nuestra presencia no
representa una amenaza para los intereses de los pueblos indígenas. La aplicación
de las normas que rigen la actividad de los guerrilleros de la FARC protege a
las comunidades indígenas, campesinas y afros. Mantenemos nuestro espíritu unitario y nuestra disposición de lograr
acuerdos concertados porque estamos convencidos que es el pueblo el mayor
afectado por los enfrentamientos entre organizaciones populares.
12. Nuestra lucha armada
es histórica y ha sido sostenida por la vinculación a nuestra organización de
campesinos, indígenas, afros y mestizos; toda una amalgama de pueblo con su
esfuerzo y sangre ha contribuido al logro de buena parte de las
reivindicaciones del movimiento popular. Como forma de lucha asumida por el pueblo
colombiano, y en particular por el pueblo NASA, debe ser respetada por quienes
también se proclaman luchadores populares.
13. Mantenemos nuestra disposición de
dialogar con las autoridades indígenas que tengan legitimidad en sus bases, en
un espíritu de mutuo respeto, con el objetivo de superar de manera concertada
las contradicciones y de llegar a un acuerdo en relación con la humanización de
la guerra.
Bloque Occidental Comandante Alfonso
Cano
Compañías del Suroccidente
Colombiano.
Mayo de 2013
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