Coyuntura Socio-Política

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL ACUERDO FINAL DE PAZ, 2016-2018. Parte III.

Un botón de muestra

“Se ha iniciado un diálogo que puede dar lugar  a un proceso de concertación política para la paz.” Antonio Sanguino, Alianza Verde.

“El hecho  de que el partido de gobierno, la Farc y la oposición logren un acuerdo es un paso importante hacia la reconciliación.” Efraín Cepeda,  partido Conservador.

Avanzando en la evaluación, con centro en el punto de las víctimas, y el efectivo castigo a sus victimarios, en particular esta se mide con respecto a la suerte de la JEP, esto es, la justicia especial para la paz. Con ella la nueva sociedad civil juzga la actuación de los antagonistas en la guerra colombiana.

Por supuesto, no podría hacerlo la justicia ordinaria, comprometida como uno de los poderes del régimen para-presidencial, la degeneración democrática que comienza a operar con el pírrico triunfo de Ernesto Samper apoyado desde la trastienda por el cartel de Cali.

La JEP, la nueva instancia creada, como resultado de los Acuerdos, presidida por Patricia Linares, no lograba arrancar, para darle trámite al juzgamiento de los crímenes cometidos durante una guerra, cuyo bestial trasegar se acepta hasta antes del 1o. de diciembre de 2016. Las principales resistencias a estos instrumentos, provenían, y cómo no, de los antagonistas de la insurgencia subalterna, los cuerpos armados, y los financiadores privados de la guerra interna.

La JEP fue bloqueada desde espacios judiciales, con la fiscalía de Humberto Martínez como protagonista, y desde el congreso, a través de la bancada del CD como talanquera principal, expresada a través del proyecto presentado por la senadora Paloma Valencia, contando con la presidencia del senado en cabeza de Ernesto Macías. Ella quería, pretendía una sala especial para juzgar a las fuerzas militares., lo cual no prosperó, entre otras razones, por la presencia de un miembro de la Corte Penal Internacional por aquellas calendas.

En el reclamo por su reglamentación, en particular, se quería borrar lo nuevo de la JEP, y, en cambio, amparar a sus validos, hasta más no poder. Al no lograrlo, por no tener mayorías suficientes, se juntaron a la fuerza, las cabezas de los dos bloques enfrentados políticamente en la instancia legislativa, Uribe y Petro, con la intermediación del senador liberal Velasco. Hubo luz verde, y nuevas modificaciones a la composición de la JEP. El acuerdo, sin embargo, contó con la abstención del PDA y la FARC.

El resultado fue el nombramiento futuro de 14 nuevos magistrados, y mecanismos diversos a los previamente establecidos de las autoincriminaciones que no serán suficiente, esto es, se modificaron las condiciones de la confesión, con todo lo que implica. Esta fue, sin duda, como lo recordó Alexander López, una “modificación estructural y de fondo” de la justicia especial.

Igualmente, se quiere añadir a través de otro proyecto de ley, que cursa en la Cámara, la exclusión de delitos sexuales contra menores cometidos durante la guerra para que no vayan a la JEP.

Estas modificaciones a la acción de la JEP es el fruto amargo de un cambio en la correlación de fuerzas políticas. Operado después de surtido el ciclo electoral de 2018, que se aprovechó del resultado adverso del plebiscito; y porque, en los hehcos la mayoría del centro extremo, con Sergio Fajardo a la cabeza y los liberales capitaneados por César Gaviria prefirieron darle la victoria presidencial al candidato de la reacción, para negársela a Petro, el candidato rival de la Colombia Humana, quien con algo más de 8 millones obtuvo la mayor votación en toda la historia de la oposición colombiana al bipartidismo.

El inmediato resultado de la aprobación de la nueva reglamentación de la JEP se tradujo enseguida en la petición hecha por cinco nuevos generales involucrados en actuaciones criminales durante el tiempo de la guerra, Iván Ramírez, Luis Roberto Pico, Miguel Eduardo Bastidas, José Joaquín Cortés, y Hernando Pérez, y la lista seguirá creciendo.

 En el entretanto, para escarmentar al partido Farc, ha seguido el episodio de la persona de Jesús Santrich, a quien la justicia estadounidense pidió en  extradición, acusado de narcotráfico con posterioridad al 1o. de diciembre de 2016. Actuación que ha contado con la extra diligente actuación del Fiscal Martínez, ficha política de Cambio Radical, contrario a la paz pactada, y que produjo choque abierto con la presidenta de la JEP.

Las diferencias se ventilaron y trataron en reunión propiciada por la comisión de paz del senado, donde los adversarios coincidieron en que hay diferencias de interpretación, a la vez que reconocen independencia y autonomía a ambas instancias. Este es el terreno en que se prepara la decisión acerca de sí  Santrich será extraditado, o no.

En todo caso, la presidenta de la JEP, señala de manera rotunda la prevalencia de su competencia para todas las conductas criminales cometidas con anterioridad al 1o. de diciembre de 2016. Al ser ella interrogada sobre la actividad de la JEP, en los 9 meses de funcionamiento, es contudente en señalar que no se produjo todavía una resolución de conclusiones.

Recuerda también que están en la construcción de macrocasos, e hizo el anuncio que hay cuatro casos abiertos: secuestros y ejecuciones extrajudiciales con prioridad en hechos en Nariño y en Urabá, a la vez que reconoce que hay 33 terceros que presentados voluntariamente fueron ya admitidos en la jurisdicción de la JEP.

(continua)