lunes, 3 de diciembre de 2018


EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL ACUERDO FINAL, 2016-2018. Parte II

Cómo evaluar los resultados del posconflicto

                                    Para poder evaluar los resultados del periodo de dos años, 2017-18, al implementar la paz pactada y ratificada por los Acuerdos de La Habana y Bogotá, a raíz del No del Plebiscito, y la siguiente elección de Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, en la segunda vuelta presidencial de 2018. Recordemos algo de historia, y los acuerdos, porque éstos son la matriz que mide su éxito o fracaso. Tomemos como referencia hechos significativos, en particular, la reglamentación de la JEP, las curules para la ex insurgencia, y el curso de la cuestión campesina.
 Esta es una evaluación provisional y parcial, ausculta, revela de manera indiciaria, tendencial a lo sumo el devenir de la crisis de hegemonía de la que esta paz neoliberal es parte integral. A la vez, ésta es el “fruto prohibido” por no querido, de la emergencia sostenida de la democracia subalterna, porque ella viene acompañada por una cadena de demandas concretas, de satisfacción de intereses históricos de igualdad social y lucha contra la pobreza.
A ella se viene respondiendo de manera episódica, sostenida con el reencauche del régimen para-presidencial que la resiste, prolongándose con la victoria de la reacción uribista, que ahora busca resolver de una vez por todas la disputa hegemónica, sin dizque hacer trizas el acuerdo de paz neoliberal, pactado bajo el comando circunstancial de la oligarquía bogotana, y el respaldo de la presidencia imperial de Obama.
Aquella fracción de la clase dominante y gobernante por dos periodos seguidos se autodefine con Santos como cultora del centro extremo, de inspiración británica, implementando una trasnochada tercera vía, nutrida por el binomio Blair/Giddens. 
Iván Duque y su coalición reaccionaria, la suceden, y suben de nuevo las talanqueras para la  igualdad social, real y efectiva de los colombianos, en las que abreva la paz subalterna, opuesta a la paz neoliberal, primero, y desde antes, a la paz reaccionaria de Uribe Vélez, y su discípulo, Iván Duque.

Porque la igualdad social es una promesa incumplida, sintetizada a lo largo de la historia nacional subalterna, desde los finales de la dominación española, 1780/1781 hasta los acuerdo de San Francisco de la Sombra, por el bloque dominante, en sus diferentes versiones, y de manera particular desde cuando selló la paz con el M19 y otros destacamentos guerrilleros menores, que unidos con la democracia cívica local.
 Estos grupos subalternos, en su diversidad, lograron convertirse en oposición política de éxito relativo en lo electoral antes, en la elección de delegados, y durante el curso de la asamblea constituyente de 1990/91. Enfrentando entonces a la representación del bloque bipartidista dominante, que lideró el liberalismo que condujo Alfonso López Michelsen y su operación avispa en lo electoral,  secundado por los conservadores Pastrana y Gómez.
Ahora, ante el tortuoso devenir de una nueva dejación de armas, esta vez la que correspondió a las Farc-Ep, la más numerosa e influyente insurgencia subalterna rural colombiana, el posconflicto se juzga en el horizonte de una paz estable y duradera.
Esta es de suyo una paz fragmentada, en cualquier caso; más aún sigue afectada por la interrupción de la negociación con el Eln; a la que se suman el estado de guerra permanente contra la disidencia del Epl, localizado principalmente, en la región del Catatumbo, y la rebeldía activa de las disidencias de la Farc, con Gentil Duarte a la cabeza, un contigente de dos mil efectivos con mandos medios y superiores que se separaron de los recientes acuerdos de La Habana, y  su cumplimiento incierto, y no garantizado efectivamente, por la “entrega”  anticipada de las armas.
 Volvamos a los acuerdos. Estos son: 1. Reforma rural integral, 2. Participación política, 3. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas. Este acuerdo incluyó garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, incluidas las sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas, con centro en resarcimiento de las víctimas como centro del acuerdo.
El  sexto punto establece los instrumentos necesarios para darle curso a los anteriores proveídos: Mecanismos de implementación y verificación, a cargo de la comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo final; con la adición de otro mecanismo de acompañamiento, que tiene la activa presencia de la comunidad internacional apoyada por la experticia del Instituto Kroc.

(continua)

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