Duque a través de los discursos

miguel angel herrera zgaib

profesor asociado, C.Política, Unal

Presidente de la IGS-Colombia.

“Estamos en este momento en medio de lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial.” Iván Duque, presidente.

                                         En la evaluación de la gestión presidencial es, igualmente, útil un estudio de estadística textual de los discursos de Iván Duque al cabo de sus 100 días. Es un procedimiento construido y aplicado en la experiencia universitaria francesa. 

En Colombia, este procedimiento es el resultado de una tarea investigativa cumplida por María Fernanda González, Ph.D. de la Sorbonne, a quien conocí años atrás, cuando era estudiante de Ciencia Política en los Andes, que hizo pública el pasado 14 de noviembre, investigación de cuyos resultados voy a valerme enseguida.

El trabajo 

Inventaría las alocuciones presidenciales entre el 7 de agosto y el 12 de noviembre, con un promedio de tres discursos diarios. La mitad de las intervenciones de Duque fueron desde la ciudad capital, y el resto en diferentes zonas, con preponderancia de las ciudades capitales, y en municipios específicos como Soledad, Filandia y Tibú.

Incluye también las participaciones del presidente en foros internacionales, y sus visitas a Ciudad de Panamá, y París, en el centenario del armisticio, donde se encontró con su par, Emmanuel Macron, semanas antes de las manifestaciones del área metropolitana que le inflingieron la primera derrota política de consideración.

Los discursos 

Están clasificados en cuatro áreas de interés: economía, seguridad, aspectos sociales, y política cultural.

En lo económico su bandera es la ley de financiamiento, para cubrir el déficit de 14 billones heredado de la administración Santos, requerida para enjugar los faltantes presupuestales de su antecesor. Él ha insistido mientras tanto en el “desarrollo empresarial, el empleo formal y de calidad, el matrimonio entre inversión  privada y sector público y el impulso al emprendimiento.

En cuanto a seguridad, dos son los ejes, el plan Diamante y la fórmula “El que la hace la paga”, para desarticular y vencer las organizaciones criminales, combatir la extorsión, el secuestro y reducir la criminalidad. Claro con el apoyo de las FF.AA y de la Policía.

En materia social, el verbo conjuga los temas de la desigualdad, en particular, en la Otra Colombia, Guajira, Cauca y Chocó en la mira discursiva. Se refirió, por ejemplo, a “La Guajira profunda, donde solamente el 4 por ciento del área rural tiene acceso al acueducto. O es la Colombia del Casanare profundo, que no tiene ni siquiera las mejores vías terciarias para sacar un potencial agrícola.”

De otra parte aparece el apartado de la política cultural, en función económica, esto es, como componente sustancial de la publicitada economía naranja que interpela a los jóvenes emprendedores. Porque, dice la investigación de González, “Duque le apuesta a las industrias creativas, los nuevos emprendimientos digitales, el turismo y la gastronomía.” (En ET,14/11/18, 1.14)

(continua)

EL SEGUNDO ANIVERSARIO, 2016-2018. Parte IV.

La participación Política

La otra medida de la implementación del posconflicto es la participación política, y en concreto, la de nuevo partido de la Farc. En efecto, fueron reconocidas sus representaciones en Senado y Cámara, pero, no se posesionaron, en efecto, Iván Márquez, y Jesús Santrich. Hay un juicio electoral contra Santrich, y ha sido llamado a audiencia por estos días.

Sin embargo las 16 circunscripciones para víctimas se barajaron en el congreso, y a la postre no las hubo. A la fecha, en el congreso se tramita un proyecto de ley, por los senadores Gaviria y García, que reducen a 8 las circunscripciones, y de estas reclaman 2 para militares víctimas, con diversas interpretaciones y componendas que prueban la confluencia de otros intereses, los de los partidos tradicionales, para hacerse a las nuevas curules, en caso de que se reconozcan, lo cual es bastante peregrino.

Por último, la suerte de la Comisión de la Verdad, que preside el jesuita Francisco de Roux ha sido objeto de carga pesada, en particular, a cargo de Oscar Darío Pérez, del Centro Democrático, que quería restringirle competencia para la obtención de información debida para determinar la verdad del conflicto.

 Pretextaba la bancada del partido de la guerra, el argumento de “información relacionada con seguridad nacional”, proponiendo como sanción la comisión de falta grave, y con ello potencial castigo disciplinario y penal. Esta argucia no prosperó, y De Roux, en su momento no dudó en calificarlo en la exposición de motivos de “falso, injusto y vulnerador de nuestra ética”.

Para estos dos años de posconflicto, el incidente Santrich indica bien la dramática condición de la paz neoliberal, pactada entre la insurgencia subalterna y el gobierno que presidió Juan Manuel Santos. Santrich se encuentra preso hace 7 meses. Se conoce parte de los intrígulis del episodio, protagonizado por agentes encubiertos de la DEA, quienes organizaron una reunión, es lo que dice, en casa de Jesús, con la complicidad del sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, quien al poco tiempo huyó a los Estados Unidos.

Tal encuentro era dizque para hacer una venta de 10.000 kilos de coca, a cambio de 15 millones dólares que se entregarían en Miami. Esto, dice, el Fiscal, consta en audios que ya fueron remitidos a la JEP, con los cuales se probaría  que tales son hechos imputables a Santrich, un casi invidente, ocurridos con posterioridad al 1o. de diciembre.

Por último, está el cambio de guardia en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, al cual renunció de manera irrevocable el historiador Gonzalo Sánchez, director de uno de los informes más relevantes, “¿Basta Ya. Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad! quien fue reemplazado por un intelectual de reconocidas trazas reaccionarias, y vinculado con los centros de pensamiento del Centro Democrático, que obtuvo el nombramiento del presidente Iván Duque.  

El desenlace de la crisis de hegemonía, del cual el posconflicto es pieza fundamental, aun no termina. La participación de la sociedad civil viene adquiriendo cada vez más momentum, y lugares protagónicos, frente a los actores de la sociedad política, del país político, como lo calificaba Gaitán. En el curso de la siguiente semana veremos, cuál tendencia se fortalece.

Luego de la escandalosa e intempestiva presentación del Fiscal de la Nación, acompañado por la troupe del Centro Democrático, con la segunda voz de Cambio Radical. Para tratar de aplastar el asunto de la lucha contra la corrupción política y económico, en torno a Odebrecht, donde política y economía se junta de forma grosera y amenazante. 

Néstor Humberto se presentó como víctima, y adujo, que los citantes, Robledo, Petro y Lozano, tenían, en verdad, móviles políticos, y no una efectiva vocación de lucha contra la corrupción, cuya consulta superó las votaciones individuales de quienes contendieron por la presidencia. Lo que forzó el acompañamiento del presidente Duque, mientras las bancadas que le son afines deshojan impunemente los puntos de la consulta.

El colofón lo ha puesto la CSJ, que ha autorizado el nombramiento de un fiscal ad hoc., de una terna, y cuya escogencia corresponderá en últimas al presidente Duque, quien, como todos saben, estuvo en la visita que al Brasil hicieron al publicista Duda Mendoca, acompañando al entonces candidato de Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga; y este señor, ya es sabido, recibió pagos de la firma Odebrecht. 

Esto ocurre en el país de Jauja, donde la paz y los negocios no riman bien. Por lo que hay que “enderezar” la cargas. En esa tarea están la reacción y la derecha. Mientras que el bloque de la paz, con incipientes acciones como bancada de paz, sufre los golpes propinados a Gustavo Petro, objeto de una denuncia por la senadora Paloma Valencia, quien en la audiencia contra Odebrecht y sus testaferros nacionales, incluida la invitación al Fiscal, que es la pieza maestra en la solución del entuerto, hizo público un video en que el entonces representante Petro recibía dineros que le entregaba un ex copartidario del disuelto M-19, Juan Carlos Montes.  Esto nada tenía que ver con Odebrecht, sino era una maniobra para contaminar el debate, y bloquear la réplica de los proponentes, abriendo otro “campo de batalla”, por el resto de la semana.  

Veremos qué ocurrirá el próximo martes, con la paz y los negocios de la guerra. Los subalternos, una vez más, pueden ser protagónicos en el posconflicto. En el horizonte se dibuja la alternativa de un paro nacional cívico, ciudadano y universitario que anude todas las reivindicaciones de la hora, y precise un programa viable y efectivo, que garantice que la paz tenga dientes.

 Porque su rumbo actual es sinuoso y dolorosamente siniestro, atenazada por la reacción y la derecha, y un centro extremo que pone cara de yo no fui. La nueva intelectualidad universitaria, y las regiones tienen la palabra, y no es un asunto de poca monta, sino definitivo en el desenlace de la crisis de hegemonía colombiana.

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL ACUERDO FINAL DE PAZ, 2016-2018. Parte III.

Un botón de muestra

“Se ha iniciado un diálogo que puede dar lugar  a un proceso de concertación política para la paz.” Antonio Sanguino, Alianza Verde.

“El hecho  de que el partido de gobierno, la Farc y la oposición logren un acuerdo es un paso importante hacia la reconciliación.” Efraín Cepeda,  partido Conservador.

Avanzando en la evaluación, con centro en el punto de las víctimas, y el efectivo castigo a sus victimarios, en particular esta se mide con respecto a la suerte de la JEP, esto es, la justicia especial para la paz. Con ella la nueva sociedad civil juzga la actuación de los antagonistas en la guerra colombiana.

Por supuesto, no podría hacerlo la justicia ordinaria, comprometida como uno de los poderes del régimen para-presidencial, la degeneración democrática que comienza a operar con el pírrico triunfo de Ernesto Samper apoyado desde la trastienda por el cartel de Cali.

La JEP, la nueva instancia creada, como resultado de los Acuerdos, presidida por Patricia Linares, no lograba arrancar, para darle trámite al juzgamiento de los crímenes cometidos durante una guerra, cuyo bestial trasegar se acepta hasta antes del 1o. de diciembre de 2016. Las principales resistencias a estos instrumentos, provenían, y cómo no, de los antagonistas de la insurgencia subalterna, los cuerpos armados, y los financiadores privados de la guerra interna.

La JEP fue bloqueada desde espacios judiciales, con la fiscalía de Humberto Martínez como protagonista, y desde el congreso, a través de la bancada del CD como talanquera principal, expresada a través del proyecto presentado por la senadora Paloma Valencia, contando con la presidencia del senado en cabeza de Ernesto Macías. Ella quería, pretendía una sala especial para juzgar a las fuerzas militares., lo cual no prosperó, entre otras razones, por la presencia de un miembro de la Corte Penal Internacional por aquellas calendas.

En el reclamo por su reglamentación, en particular, se quería borrar lo nuevo de la JEP, y, en cambio, amparar a sus validos, hasta más no poder. Al no lograrlo, por no tener mayorías suficientes, se juntaron a la fuerza, las cabezas de los dos bloques enfrentados políticamente en la instancia legislativa, Uribe y Petro, con la intermediación del senador liberal Velasco. Hubo luz verde, y nuevas modificaciones a la composición de la JEP. El acuerdo, sin embargo, contó con la abstención del PDA y la FARC.

El resultado fue el nombramiento futuro de 14 nuevos magistrados, y mecanismos diversos a los previamente establecidos de las autoincriminaciones que no serán suficiente, esto es, se modificaron las condiciones de la confesión, con todo lo que implica. Esta fue, sin duda, como lo recordó Alexander López, una “modificación estructural y de fondo” de la justicia especial.

Igualmente, se quiere añadir a través de otro proyecto de ley, que cursa en la Cámara, la exclusión de delitos sexuales contra menores cometidos durante la guerra para que no vayan a la JEP.

Estas modificaciones a la acción de la JEP es el fruto amargo de un cambio en la correlación de fuerzas políticas. Operado después de surtido el ciclo electoral de 2018, que se aprovechó del resultado adverso del plebiscito; y porque, en los hehcos la mayoría del centro extremo, con Sergio Fajardo a la cabeza y los liberales capitaneados por César Gaviria prefirieron darle la victoria presidencial al candidato de la reacción, para negársela a Petro, el candidato rival de la Colombia Humana, quien con algo más de 8 millones obtuvo la mayor votación en toda la historia de la oposición colombiana al bipartidismo.

El inmediato resultado de la aprobación de la nueva reglamentación de la JEP se tradujo enseguida en la petición hecha por cinco nuevos generales involucrados en actuaciones criminales durante el tiempo de la guerra, Iván Ramírez, Luis Roberto Pico, Miguel Eduardo Bastidas, José Joaquín Cortés, y Hernando Pérez, y la lista seguirá creciendo.

 En el entretanto, para escarmentar al partido Farc, ha seguido el episodio de la persona de Jesús Santrich, a quien la justicia estadounidense pidió en  extradición, acusado de narcotráfico con posterioridad al 1o. de diciembre de 2016. Actuación que ha contado con la extra diligente actuación del Fiscal Martínez, ficha política de Cambio Radical, contrario a la paz pactada, y que produjo choque abierto con la presidenta de la JEP.

Las diferencias se ventilaron y trataron en reunión propiciada por la comisión de paz del senado, donde los adversarios coincidieron en que hay diferencias de interpretación, a la vez que reconocen independencia y autonomía a ambas instancias. Este es el terreno en que se prepara la decisión acerca de sí  Santrich será extraditado, o no.

En todo caso, la presidenta de la JEP, señala de manera rotunda la prevalencia de su competencia para todas las conductas criminales cometidas con anterioridad al 1o. de diciembre de 2016. Al ser ella interrogada sobre la actividad de la JEP, en los 9 meses de funcionamiento, es contudente en señalar que no se produjo todavía una resolución de conclusiones.

Recuerda también que están en la construcción de macrocasos, e hizo el anuncio que hay cuatro casos abiertos: secuestros y ejecuciones extrajudiciales con prioridad en hechos en Nariño y en Urabá, a la vez que reconoce que hay 33 terceros que presentados voluntariamente fueron ya admitidos en la jurisdicción de la JEP.

(continua)

EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL ACUERDO FINAL, 2016-2018. Parte II

Cómo evaluar los resultados del posconflicto

                                    Para poder evaluar los resultados del periodo de dos años, 2017-18, al implementar la paz pactada y ratificada por los Acuerdos de La Habana y Bogotá, a raíz del No del Plebiscito, y la siguiente elección de Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, en la segunda vuelta presidencial de 2018. Recordemos algo de historia, y los acuerdos, porque éstos son la matriz que mide su éxito o fracaso. Tomemos como referencia hechos significativos, en particular, la reglamentación de la JEP, las curules para la ex insurgencia, y el curso de la cuestión campesina.

 Esta es una evaluación provisional y parcial, ausculta, revela de manera indiciaria, tendencial a lo sumo el devenir de la crisis de hegemonía de la que esta paz neoliberal es parte integral. A la vez, ésta es el “fruto prohibido” por no querido, de la emergencia sostenida de la democracia subalterna, porque ella viene acompañada por una cadena de demandas concretas, de satisfacción de intereses históricos de igualdad social y lucha contra la pobreza.

A ella se viene respondiendo de manera episódica, sostenida con el reencauche del régimen para-presidencial que la resiste, prolongándose con la victoria de la reacción uribista, que ahora busca resolver de una vez por todas la disputa hegemónica, sin dizque hacer trizas el acuerdo de paz neoliberal, pactado bajo el comando circunstancial de la oligarquía bogotana, y el respaldo de la presidencia imperial de Obama.

Aquella fracción de la clase dominante y gobernante por dos periodos seguidos se autodefine con Santos como cultora del centro extremo, de inspiración británica, implementando una trasnochada tercera vía, nutrida por el binomio Blair/Giddens. 

Iván Duque y su coalición reaccionaria, la suceden, y suben de nuevo las talanqueras para la  igualdad social, real y efectiva de los colombianos, en las que abreva la paz subalterna, opuesta a la paz neoliberal, primero, y desde antes, a la paz reaccionaria de Uribe Vélez, y su discípulo, Iván Duque.

Porque la igualdad social es una promesa incumplida, sintetizada a lo largo de la historia nacional subalterna, desde los finales de la dominación española, 1780/1781 hasta los acuerdo de San Francisco de la Sombra, por el bloque dominante, en sus diferentes versiones, y de manera particular desde cuando selló la paz con el M19 y otros destacamentos guerrilleros menores, que unidos con la democracia cívica local.

 Estos grupos subalternos, en su diversidad, lograron convertirse en oposición política de éxito relativo en lo electoral antes, en la elección de delegados, y durante el curso de la asamblea constituyente de 1990/91. Enfrentando entonces a la representación del bloque bipartidista dominante, que lideró el liberalismo que condujo Alfonso López Michelsen y su operación avispa en lo electoral,  secundado por los conservadores Pastrana y Gómez.

Ahora, ante el tortuoso devenir de una nueva dejación de armas, esta vez la que correspondió a las Farc-Ep, la más numerosa e influyente insurgencia subalterna rural colombiana, el posconflicto se juzga en el horizonte de una paz estable y duradera.

Esta es de suyo una paz fragmentada, en cualquier caso; más aún sigue afectada por la interrupción de la negociación con el Eln; a la que se suman el estado de guerra permanente contra la disidencia del Epl, localizado principalmente, en la región del Catatumbo, y la rebeldía activa de las disidencias de la Farc, con Gentil Duarte a la cabeza, un contigente de dos mil efectivos con mandos medios y superiores que se separaron de los recientes acuerdos de La Habana, y  su cumplimiento incierto, y no garantizado efectivamente, por la “entrega”  anticipada de las armas.

 Volvamos a los acuerdos. Estos son: 1. Reforma rural integral, 2. Participación política, 3. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas. Este acuerdo incluyó garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, incluidas las sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas, con centro en resarcimiento de las víctimas como centro del acuerdo.

El  sexto punto establece los instrumentos necesarios para darle curso a los anteriores proveídos: Mecanismos de implementación y verificación, a cargo de la comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo final; con la adición de otro mecanismo de acompañamiento, que tiene la activa presencia de la comunidad internacional apoyada por la experticia del Instituto Kroc.

(continua)

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL ACUERDO FINAL, 2016-2018. Parte I

Miguel Angel Herrera Zgaib

Profesor asociado, U. Nacional. Ex rector U. Libre. Director Grupo Presidencialismo y participación, Unijus/Colciencias. Presidente IGS-Colombia.

Crisis de hegemonía, y Paz con la insurgencia subalterna.

A dos años del comienzo de la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, cualquier estudioso del tema, o un ciudadano del común interesado en conocer lo pactado en La Habana, tendrá a la vista para repasar el contenido de los seis acuerdos que desarrollan igual número de puntos.

Cualquier interesado tendrá, igualmente, que repasar lo correspondiente al mecanismo de acompañamiento que hace posible garantizar la pluralidad de acuerdos firmados, así como su verificación respectiva, con el concurso técnico del proyecto que elaboró el Instituto Kroc de Estudios Internacionales, con asiento en la católica Universidad de Notre Dame, especializada en conflictos alrededor del mundo, y con sede principal en los Estados Unidos.

A lo antes dicho deberá sumarle la Ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, cuyo contenido está repartido en 59 artículos, firmada a los 24 días de noviembre de 2016 en Bogotá, por Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y Timoleón Jiménez, comandante del estado mayor central de las Farc-Ep.

El material arriba recordado comprende un total de 376 páginas, incluidos el preámbulo y la introducción que constituyen un robusto libro cuyas consideraciones, prescripciones y normativa se viene poniendo a prueba a lo largo de estos dos años de posconflicto.

Este tránsito de la guerra interna, con notables enclaves regionales, a la paz abarca los gobiernos de Juan Manuel Santos, con quien la insurgencia inició el Encuentro exploratorio realizado en La Habana, entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012, que siguió el espectacular anuncio hecho el día de su posesión el 7 de agosto de 2010; ante un antecesor circunspecto, Álvaro Uribe Vélez, quien tuvo que oir de su díscolo exministro de defensa que las llaves de la paz no estaban perdidas.

Después, el 18 de octubre de 2012, en Oslo, Noruega, donde se entregan los premios nobel de paz, se instaló la mesa de conversaciones, con cubrimiento mundial, con amplia y paritaria presencia de ambas partes. Luego, tales delegaciones viajaron a La Habana, donde con sus asesores, y la incorporación de diversas expresiones de la sociedad civil colombiana, en diferentes momentos, que continuaron, sin solución de continuidad, hasta la suscripción del nuevo Acuerdo Final.

Lo cual, a la postre, vino a ocurrir en el Teatro Colón, luego del significativo traspiés experimentado en el trámite de aquella paz, cuando se perdió el plebiscito del 2 de octubrenden2017, con origen en el gobierno Santos, por algo más de 52.000 votos.

La intempestiva victoria coronó la resistencia activa de la reacción política comandada por el Centro Democrático, el partido creado por el expresidente Uribe Vélez, quien prometió liquidar a la insurgencia subalterna de las Farc-Ep. La reacción fue contestada eficazmente en la calle por una multitudinaria, diversa, plural movilización de mujeres, jóvenes, víctimas, sindicalistas, organizaciones sindicales, minorías étnicas, quienes reiteraron su inquebrantable voluntad de paz.

Asistía la sociedad civil de Colombia al renacer de la negociación de la paz que en San Vicente del Caguán llegó a un punto muerto, significado entonces por el Acuerdo de reformas sellado en San Francisco de la Sombra, que el gobierno de Andrés Pastrana Arango no estaba dispuesto a cumplir por nada del mundo.

Esto ocurría después de obtener de su principal aliado, el gobierno estadounidense con el demócrata Bill Clinton, signatario del Plan Colombia, una vasta operación contra insurgente, con dizque pretensiones de combatir eficazmente el narcotráfico, orquestada desde la propia administración del conservador Pastrana, para responder a la cuasi exitosa escalada militar de la guerrilla que cerró la toma de Mitú.

(continua)

Otro mundo, otra América Latina, otra Colombia, y otra Universidad son posibles y deseables. 

Un especial del Semanario Virtual, en el cual tuve la grata oportunidad de contribuir con uno de los ensayos que en él se presentan motiva estas breves líneas de invitación a leerlo en nuestro sitio de Facebook. 

Al mismo tiempo tenemos al frente el escándalo de Odebrecht, con un fiscal que no quiere irse, porque protege la espalda de la corrupción política y económica, y una ciudadanía movilizada, en procura de una democracia subalterna que rescate la paz del marasmo y el descarado incumplimiento.

Con los estudiantes en primera línea, sin arredrarse por las amenazas y agresiones, en torno a la causa de la educación pública superior, y la amenaza de imponer sobre los subalternos la rapacidad y depredación ejercidas de manera impune por los pocos, el 1% de Colombia, como es la vergonzosa impronta de América Latina, la región con mucho la más desigual del mundo. 

Así se recordó y argumentó en la multitudinaria peregrinación de Clacso a la Argentina, donde a los pocos días se reunieron  los mayores gobiernos plutocráticos de la tierra, responsables de no domar la crisis capitalista global y el asalto a la naturaleza.

Es el tiempo para el ajuste de cuentas, y esa vocería ha venido desde el sur, este mismo sábado, durante la posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, con quien se cerró el significativo ciclo de los progresismos, que casi sin excepción, se realizó sin la activa presencia de los subalternos en el gobierno de los países en que triunfó una coalición de izquierda.

OBSERVATORIO SUBALTERNO

CRISIS UNIVERSITARIA NACIONAL

Convocatoria y Programa.

2do Encuentro Nacional de Profesores de Universidades Públicas.

¡Por la defensa de la educación superior!

1. Convocatoria formal:

a. Objetivos:

i. Articular las propuestas de corto, mediano y largo plazo que

han surgido desde las Asambleas, Mesas y Comisiones

Profesorales, en el marco de la actual movilización nacional por

el presente y futuro de la Universidad Pública, con el propósito

de consolidar agendas comunes y agendas regionales.

ii. Crear estrategias de acompañamiento, apoyo técnico y

comunicación a la Mesa de dialogo con el gobierno nacional,

para construir soluciones a las problemáticas que afectan la

educación superior pública.

iii. Fortalecer la Mesa Amplia por la Educación Superior.

2. Metodología:

a. Primer día:

i. Mañana:

1. Informe de la Mesa de Diálogo.

2. Informe de las propuestas elaboradas en las

Universidades Públicas.

3. Nombrar responsables para las moderaciones

(Propender participación de las diversas Universidades).

ii. Tarde:

1. Discusiones y propuestas por mesas sobre ejes

temáticos:

a. Financiación.

b. Democracia y autonomía.

c. Normatividad.

b. Segundo día:

i. Mañana:

1. Socialización de las discusiones y las propuestas.

2. Compromisos y tareas.

ii. Tarde:

1. Redacción del Comunicado del 2do Encuentro Nacional

Profesoral.

2. Definición de las acciones de unidad.

3. Lugar y Fecha.

a. Auditorio Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia – Universidad

Nacional de Colombia Sede Bogotá.

b. Viernes 09 y sábado 10 de noviembre.

c. Hora: 08:00 am.

4. Participantes

a. Profesoras/es de las Universidades Públicas (Ocasionales, de

Cátedra y de Planta).

PERSPECTIVA SUBALTERNA TRASCONTINENTAL

Luego que echamos a andar el proyecto del COLEGIO SUBALTERNO TRASCONTINENTAL en la edición del XIV SEMINARIO INTERNACIONAL GRAMSCI, 1-5 DE OCTUBRE, con la visita de tres destacados investigadores y colegas, PEDRO KARCZMARCZYCK, MOHAMMAD TAY, Y FRANCISCO MUÑOZ.

Ahora continuamos con la divulgación del problema del éxodo y migraciones globales, cuando en nuestro continente, provenientes de Centroamérica, más de 6.000 marchantes siguen su rumbo hacia los Estados Unidos, en procura de trabajo y cobijo.

En esa línea de investigación, apoyo y denuncia compartimos el escrito del investigador argentino-mexicano Guillermo Almeyra, cuyo artículo nos compartió el colega y compañero mexicano, Alejandro Gálvez.

TRABAJADORES INMIGRANTES, RACISMO Y ESTADO

Guillermo Almeyra

Trump quiere que el gobierno mexicano impida el tránsito por su territorio de trabajadores centroamericanos a quienes, como a los mexicanos, rechaza en su frontera. Al racismo le agrega así la imposición a un país formalmente independiente de resignar sus leyes y su soberanía.

En Brasil, simultáneamente, los venezolanos que buscan trabajo son agredidos y asesinados y en Argentina el gobierno impide trabajar a los senegaleses y discrimina a los paraguayos, bolivianos, chilenos, peruanos y brasileños en los servicios sanitarios y escolares.

El sistema capitalista en su fase actual considera sobrantes a miles de millones de personas y reprime a los millones de trabajadores que emigran por razones climáticas o políticas porque ya no le son necesarios como mano de obra no calificada y barata y como ejército de reserva de fuerza de trabajo. Ni siquiera los acepta para compensar la baja natalidad y fertilidad de los países de acogida pues también en ellos le sobran los ancianos y los desocupados, que considera cargas.

En Europa, en Estados Unidos y en Argentina esos trabajadores de otros países son perseguidos en nombre de la preservación de la “identidad” y la “cultura” nacionales, entendiendo por identidad rasgos étnicos y por cultura la de los sectores de clase dominantes (que son antinacionales, por añadidura).

Para justificar la represión, los gobiernos acusan a esos trabajadores de robarles puestos de trabajo a los ciudadanos nativos (que jamás han trabajado o trabajarán en sectores mal pagados).

Con el objetivo principal de dividir para reinar los grandes medios al servicio del gran capital recurren a una técnica comunicacional simple. Ocultan que los inmigrantes son trabajadores y los menciona sólo como extranjeros; esconden las estadísticas que prueban que los ciudadanos nativos son los responsables de la inmensa mayoría de las infracciones a la ley e informan sobre cada delito de un inmigrado destacando su país de origen para crear la sensación de que provocan un grave problema de inseguridad y para hacer creer que los inmigrantes son delincuentes potenciales.

Por último y sobre todo esos medios de intoxicación escamotean el pasado nacional porque la tan elogiada identidad nacional fue impuesta por el Estado mediante sus instituciones.

Antes que mexicanos, la gente era yaqui, nahua, maya, veracruzano, de Chihuaha o guerrerense y Chiapas se unió a México apenas en 1824. En Brasil la esclavitud fue abolida en 1888 y el concepto de ciudadanía no existía bajo el Imperio y en lo que hoy es Argentina la guerra entre los ejércitos provinciales duró hasta la segunda mitad del siglo XIX.

El país estaba despoblado y recién cambió radicalmente a fines de ese siglo con la llegada de una gran oleada de trabajadores italianos, españoles, franceses, galeses, irlandeses, nórdicos, rusos, árabes, polacos y judíos con sus respectivas lenguas e historias.

La educación, el ejército y las leyes del Estado liberal funcionaron como un corsé de acero para formar la “identidad nacional” e impusieron una lengua oficial dominante. Los ejércitos de la Revolución Francesa transformaron así en franceses a los corsos, normandos o marselleses e impusieron el idioma francés fabricado en la Corte real y que sólo hablaba una minoría del seis por ciento.

La cultura que se impuso en todas partes fue la de las clases dominantes, desde siempre mundializadas en sus gustos, valores y concepciones del mundo. La cultura popular tiene en cambio raíces comunitarias, campesinas y está anclada en solidaridades obreras tempranas, defensas de las minorías sociales y étnicas y en mestizajes de todo tipo pues entre los pobres no hay alcurnias ni linajes sino orgullo de clase y a nadie le interesa lo que hacía su abuelita o la del vecino.

Si en países como Cuba, que intentaron una revolución democrática, aún se desarrolla el racismo antinegro y el machismo es porque el aparato estatal no comparte los valores de los pobres y mantiene aún los valores capitalistas anteriores a 1959 pero reforzados por las deformaciones introducidas por la influencia de la Unión Soviética.

¿Cómo crear una identidad verdaderamente nacional y latinoamericanista y construir en cada país las bases de un Estado de transición que luche por la superación del capitalismo y el fin de la dependencia nacional?

Desarrollando la autoorganización, la autonomía, la plena participación de los trabajadores en la elaboración y la decisión de las políticas locales y nacionales lo que aumentará su confianza en sí mismos y sus capacidades y confrontará en la práctica a los capitalistas.

Creando con los maestros democráticos fuentes y programas propios de educación no capitalista como los zapatistas chiapanecos. Construyendo cooperativas para explotar racionalmente los recursos locales. Impulsando la solidaridad entre los oprimidos y explotados cualquiera sea su edad, género, etnia, país de origen o color. En otro artículo intentaré dar ejemplos.

almeyraguillermo@gmail.com