Coyuntura Socio-Política

EL DERECHO COMO ESPECTÁCULO
"A LA CHITA CALLANDO": NOTIFICACIONES Y JUICIO MEDIÁTICO

Miguel A. Herrera  Zgaib
Proyecto Política, Derecho y Excepcionalidad
presid.y.partic@gmail.com

                                                   A raíz de la actuación del presidente Santos, quien hizo efectiva la destitución e inhabilidad política institucional de Petro por 15 años, resulta ahora que los modos de notificar no están determinados, sino que según la Procuraduría son discrecionales, según lo dispone el decreto 2591 de 1991, en los artículos 16 y 32:

" (las) providencias se notificarán por el medio que el juez considere más expedito y eficaz."

Para excusar un yerro insaneable

Esta fórmula dictatorial de notificación, la esgrime el Ministerio público para excusar los afanes mediáticos de la magistrada María Claudia Rojas, nada menos, que la presidente del Consejo de Estado, a quien se le olvidó notificar como es debido al alcalde destituido.

Para "subsanar" este vicio de procedimiento la Consejera, que aparecía antes tan prudente, cauta y recatada, embarró, igualmente, a la Procuraduría, que se dispuso a innovar en materia de notificaciones. A la fecha, los dos funcionarios pueden estar incursos en "prevaricato" mayúsculo, y de estar vivos Hernando Devis Echandía, Morales o Pareja, estarían estupefactos.

Un  presidente firmón

Además, "desapareció" la oficina jurídica de la presidencia, tan acuciosa desde los tiempos de Álvaro Uribe Vélez en otros menesteres, como atender a personajes como Tasmania, para encartar a magistrados probos como  Iván Velásquez.

A la oficina de Palacio parece que le bastó con el espectáculo mediático de la magistrada Rojas, que a través de la radio dijo:

"Se levantaron los efectos de la suspensión de la decisión del señor Procurador y, al levantarse la suspensión, el acto ya se puede ejecutar.." Sin embargo, el trámite señala que el auto se tiene que consignar por escrito y notificar al afectado bajo las modalidades establecidas. No se pueden "inventar" otras, y mucho menos a posteriori.

La guarda de lo instituido

Dicho lo cual, conviene recordar lo actuado por el magistrado César Palomino, de la sección segunda del Tribunal administrativo de Cundinamarca, cuyo auto exhorta, y tendrán que responderlo tanto la procuraduría como el consejo de estadom a que expliquen si surtieron en debida forma la notificación de sus decisiones al alcalde Petro Urrego.

Pero, adicionalmente, en el auto de 20 de marzo pasado, se solicita por el mismo magistrado Palomino, "revisar si la tutela concedida inicialmente a favor de Petro, la 2013-7023, fue estudiada y resuelta en segunda instancia" (Ver ET, 24/03/14, p. 10)

Resulta y pasa que dicha tutela la accionó José Sebastián Calderón, estudiante de Derecho de la Uniandes. Y tal parece que dicha tutela sigue viva, porque tampoco hay prueba documental que muestre que fue resuelta en la segunda instancia.

Aunque, por lo pronto, de palabra, se arguye, por una graciosa suerte de "conducta concluyente", se habría respondido in genere el recurso del estudiante Calderón, puesto que 20 magistrados de la sala plena del consejo de estado declararon:

"falta de legitimidad de la causa reclamada: el derecho a elegir." (Ver ET, 24/03/14).

Una ñapa polémica

Adicional a lo dicho, y en particular, con respecto a la falta de legitimidad de la causa, se aduce en forma verbal, que Calderón el recurrente en la tutela era menor de edad para Octubre de 2011, no para el momento en que  ejercitó la tutela. Lo cual impediría que él pudiera accionar, puesto que no votó en la elección del alcalde destituido.

Pero, en gracia de discusión, cualquier ciudadano es titular de la acción de constitucionalidad, si advierte una posible violación de la Carta de 1991, en este caso. Por qué no podría hacerlo ahora, cuando es flagrante la inobservancia tanto del procedimiento como de la sustancia del asunto litigioso.

Lo bueno del asunto ahora, es que  El Tiempo tampoco pudo guardar más silencio sobre este episodio, que de no ser por Canal Capital, y su gerente periodista, Hollman Morris no hubieran comunicado públicamente a la gente de Bogotá, sobre este doble yerro descomunal que obliga a escribir en minúsculas a las instituciones que enlodan la credibilidad de máximas instancias administrativa y de control, por errores inexcusables de sus operadores.

Conviene escuchar, por supuesto, a los colegas abogados practicantes y juristas de la Universidad Nacional, ahora que, por lo demás, está cerca la postulación de aspirantes a decano por esta Facultad, y cuando pareciera que la U. Privada está cosechando triunfos en defensa de las libertades públicas. Y qué bueno que así sea.