FRAUDE A LA JUSTICIA,
FALSOS POSITIVOS
Y NUEVO “ACUERDO”
NACIONAL.
Miguel Ángel Herrera
Zgaib
“La honorabilidad de los
miembros de la Fuerza Pública debe ser preservada y no puede ser satanizada.”
Presidente Iván Duque, 18/05/19.
“Estas prácticas sugieren
que el actual Ejército y @mindefensa no han aprendido nada de uno de los
capítulos más oscuros de la historia de Colombia –el de los falsos positivos.”
José Miguel Vivanco, HRW, en ET, 19/05/19.
En las dos últimas semanas de mayo, la realidad política colombiana
entró en un aparente déjà vu, al confrontar
el país político el cumplimiento de los acuerdos de paz, firmados en el teatro
Colón, con el comandante de las Farc-Ep, Rodrigo Londoño, valiéndose la elite
política reaccionaria gobernante de todo tipo de estratagemas jurídicas y
políticas.
El bloque reaccionario tiene
como palafrenero y capataz al presidente Duque y al difamador senador Álvaro
Uribe apoyado por los corifeos del Centro Democrático en el Congreso, donde no
son mayoría. Estos son los más notorios artífices de la tragicomedia nacional.
Preparando
la caída
Bajo los conjuros de un anti Tiresias tropical, el ex Néstor Humberto
Martínez, atrincherado en las catacumbas de la fiscalía general, con el
resguardo de sus más de 15.000 operadores, confrontó en forma directa, sin
cuartel, la aplicación efectiva de la Justicia Especial de Paz que hará posible
la senda de reconciliación entre víctimas y victimarios.
El trompo de poner del
exfiscal, el CD y sus aliados, ha sido la acusación contra Jesús Santrich. Un “hecho” fabricado con inusitada
laboriosidad y perversión con la DEA como aliada principal, como que movilizó a
dos agentes encubiertos, mexicano- americanos, quienes entraron a Colombia sin
identificarse.
Dizque venían a negociar con
el excomandante guerrillero, mediados por el “influenciador” Marlon Marín, hoy
cobijado por las mismas autoridades estadounidenses, porque en verdad era un
tercer informante, la compra de 10 toneladas de cocaína. Jesús, para sellar el
negocio debía darles la pruebita de 5 kilos, y así encartar para siempre al más
talentoso y radical ex integrante de la mesa negociadora de las Farc-Ep en La
Habana.
Era la tramoya armada
binacionalmente por el hijo del maestro Salustiano Tapias, un célebre comediante
nacional, para torpedear la paz hundiéndola en su ejecución, interpelando al
indigesto sentido común colombiano, mediante un nuevo “estado de opinión”
asegurado por los medios de comunicación nacional oligopolizados, porque tanto
la democracia como la izquierda están huérfanos de medios propios de amplio y
eficaz cubrimiento desde los tiempos de la difunta Alternativa.
Denuncia
internacional
La encubridora magia
mediática ofrece en vivo y en directo, sin la interlocución del casi ciego
comandante guerrillero, en el altar sacrificial del escarnio público a un chivo
expiatorio de la paz rechazada y mancillada. A quien después de un año de
incomunicación en La Picota, nadie escuchó hasta ahora. En ese atronador
silencio circula el placebo de la democracia espectáculo que acostumbra la
caterva de leguleyos y rábulas bien pagos que trae y lleva las leyes de la
república a su acomodo.
Pero este primer acto, en
contra de la paz neoliberal ya pactada y sancionada, vino enseguida acompañado
de la liquidación de un rosario sangriento de líderes de la Farc asesinados por
operadores anónimos. La reacción parapresidencial la selló la ejecución
extrajudicial de un militante por el ejército en el Magdalena medio.
Este crimen de estado
encendió la alarma internacional contra la epidemia de los falsos positivos, en
la opinión estadounidense, en primer lugar, a través de la corresponsalía del
New York Times, y luego mediante la declaración de un significativo número de
congresistas demócratas que reclaman el respeto a los DDHH, y el cumplimiento
de los acuerdos de paz en Colombia.
Conejo
a la Justicia
“La extradición es efectiva
en la medida en que se reconozcan las decisiones judiciales de un Estado…Poner
en entredicho su validez es el inicio del fin de la extradición como un
instrumento fundamental en la lucha contra el crimen organizado.” Procuraduría
general, en ET, 19/05/2019, 1.2.
Hace un año, que el Tiresias criollo, Jesús Santrich está en la cárcel
La Picota, por cuenta del indictment
presentado y acordado por el gobierno estadounidense durante la Fiscalía de
Néstor Humberto. Para pescar en el río revuelto de la paz, mediante la afirmación
sin pruebas, que el exguerrillero estaba incurso en tráfico de drogas con
posterioridad a la firma del acuerdo del Colón, el 1o. de diciembre de 2016.
El indictment (la sindicación) lo autoriza un acuerdo administrativo
de cooperación judicial binacional para el ejercicio express de la extradición,
que permite trasladar en un santiamén a nacionales para ser juzgados en las
cortes estadounidenses.
Este caso se llevaría ante
una corte de New York, que enjuiciaría desembuchando las pruebas,” al “narcotraficante”
de la Farc, cuya conducta supuestamente delictuosa ocurrió en Colombia, ante un
gran jurado de extranjeros que no hablan castellano. Algo parecido a una
ordalía cristiana en los tiempos de la inquisición colonial imperial española.
Conviene recordar que está
acción administrativa no la respalda ninguna ley de extradición, sino que
invoca la extradición, que luego de prohibida en el artículo 35 de la Constitución
de 1991, la reincorporó una reforma constitucional express, “patinada” por el
expresidente Ernesto Samper sin visa a raíz de la descertificación
estadounidense.
Entonces él inició la
entrega de los hermanos Rodríguez Orejuela, para congraciarse con el imperio
vengador, y de paso, literalmente, “taparle la boca” a los financiadores de
elecciones, hasta el solo de los venados. Asistíamos así a los comienzos del
régimen para-presidencial por interpuesta persona. El modelo se cocinaba en la
gobernación del Departamento de Antioquia, y su genealogía la trazó con
elocuencia cuasi-suicida el congresista Gustavo Petro.
Ante el fallo de la sala de
revisión de la JEP, instrumento de la justicia transicional, el ministerio
público que lidera el procurador Carrillo, uno de los impulsores años atrás de
la 7ª papeleta, a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán, apela lo decidido en
favor de Santrich, valiéndose de una nueva prueba, un video de 7 minutos hecho
a su gusto por Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, informante de la DEA.
El decir de la Procuraduría
no repara en los hechos que prueban la conducta delictiva atribuida a Santrich,
que la JEP tuvo que revisar con los instrumentos a su alcance, para determinar
si la conducta ocurrió después del 1o. de diciembre. No sirven los argumentos
jurídicos solos, pero, en todo caso, la Procuraduría apeló el lunes 20/05719.
En cambio, se presenta un
argumento de autoridad, que no tiene validez para la justicia transicional:
“Tenemos argumentos jurídicos bastante sólidos…La extradición es efectiva en la
medida en que se reconozcan las decisiones judiciales de un Estado.”
La
garantía de los exguerrilleros desarmados
“No
me vengan con leguleyadas”. Palabras de reproche del procónsul estadounidense
Kevin Whitaker contra el representante López
de Cambio Radical, durante el desayuno de abril 2.
“La sentencia “demuestra”
que los acuerdos con las Farc crearon un cogobierno con el narcotráfico.” El
Centro Democrático, CD.
“El acuerdo de paz ya llevó
a este tribunal al límite de los beneficios que puede conceder.” Procuraduría
general.
Para hacer la dejación de
armas, con el antecedente de la paz con el M19, que Antonio Navarro cada vez
que puede recuerda, - nunca hubo “entrega” de las mismas -, las extintas Farc-Ep
elaboraron, en discusión primero con el gobierno, la justicia para transitar de
la guerra a la paz.
Es el fruto de la discordia
con las fuerzas coaligadas de la reacción y la derecha conservadora, que no
quieren justicia sino venganza contra “sus enemigos,” a quienes quisieron
liquidar en la guerra lanzada durante los dos gobiernos de Uribe Vélez.
Para hacer la paz, después
de 52 años en armas, la comandancia de las Farc-Ep se asesoró de la mejor
manera. Incorporó al equipo de La Habana al jurista español, Enrique Santiago,
comunista, diputado electo por Unidas Podemos, y secretario de su partido; y al
hijo de Jorge Leyva Urdaneta, ―laureanista disidente del Frente Nacional,
candidato presidencial en 1958 y 62―, el conservador Álvaro Leyva Durán.
Álvaro, confidente del
sacrificado Gómez Hurtado, se inmiscuyó en procesos de paz con Belisario
Betancur, y luego con Andrés Pastrana al negociar con las Farc en el Caguán. Para
salvar su vida, se exilió en Costa Rica, entre los años 1998 y 2006.
Con la rejilla de las
garantías, para prevenir extradiciones sin fundamento conocido como las de Sonia
y Simón Trinidad, la guerrilla desarmada, con los fierros convertidos en piso
del anti monumento de Doris Salcedo, la supuesta actuación criminal de Santrich
tenía que pasar el filtro de la JEP.
La comisión de revisión, con una votación 3 a
2, dictaminó que no hubo prueba del hecho que Santrich incurriera en conducta
susceptible de extradición. Ahora de la apelación conocerán los magistrados
Linares, Gamboa, Rojas, Cifuentes y Arango.
En el ínterin el presunto
sindicado intentó suicidarse, cortándose las venas, en la celda de la Picota.
Pudo ser atendido con prontitud, luego que Santrich, recluido un año, supo que
su libertad sería impedida de nuevo, por un dispositivo montado por la Fiscalía
con la expedición de una orden de recaptura avalada por una juez que desestimó
el argumento de su defensa de no ser competente, al ser Santrich congresista a
raíz de lo pactado en los acuerdos de paz.
Se
va el caimán, y torrente de “pruebas”
“Pues
ya están las 7.000 has aquí, en un mes. Y las otras 3.000 has, en un mes y una
semana más (…) Dice Marín a los dos agentes encubiertos en el video recién
filtrado a la opinión pública por desconocidos.
El
“inesperado” resultado de libertad para el guerrillero de las Farc-Ep fue
contestado por la renuncia irrevocable del Fiscal general, quien fuera
interlocutor directo de los acuerdos de La Habana.
Luego Néstor Humberto, el caimán de los Andes, cerebro descubierto de la continuación de la guerra por otros medios; prolongó el asedio a la paz mediante el memorando de 6 objeciones, repetidas por el presidente Duque alegando conveniencia; y así no firmar la reglamentación de la JEP, luego de las marrullas de Ernesto Macías, presidente del Congreso.
Luego Néstor Humberto, el caimán de los Andes, cerebro descubierto de la continuación de la guerra por otros medios; prolongó el asedio a la paz mediante el memorando de 6 objeciones, repetidas por el presidente Duque alegando conveniencia; y así no firmar la reglamentación de la JEP, luego de las marrullas de Ernesto Macías, presidente del Congreso.
Antes, dos magistrados que
no desayunaron con el procónsul Kevin Whitaker, fueron “tallados” con la
supresión de sus visas, Antonio José Lizarazo, ponente del fallo de
exequibilidad; y Diana Fajardo, compañera de Corte. La táctica de los desayunos
se destapó por los representantes López de Cambio Radical, y David Racero de
Colombia Humana, el 2 de abril.
A “fundamentar” las
objeciones presidenciales dedicó los días el fiscal renunciante, mientras de
noche escribía cartas en defensa de Sarmiento Angulo frente al caso Odebrecht,
según decir de Gustavo Petro. La embajada de Estados Unidos, en cabeza del
procónsul Whitaker, continuaba un afanoso y puntilloso lobby institucional.
Antes, el 1o. de abril, los
senadores en el desayunadero Whitaker, con la excepción de Iván Marulanda, le
hacían la voz segunda. Él pensó que no la tendría “fácil” con la cámara baja,
donde la correlación de fuerzas es desfavorable a la reacción y la derecha
conservadora sumada con algunos “independientes”.
Con posterioridad, se supo
que a tres magistrados les habían retirado la visa previamente. El primero,
Antonio José Lizarazo, ponente en la Corte Constitucional del fallo de
exequibilidad de la JEP, se acercó a los servicios consulares, y recuperó su
visa.Una vez “visitaron” la
sesión consular, a dos de los tres les restituyeron el paso a la sede imperial.
Sin embargo, hubo un tercer magistrado, Eyder Patiño, presidente de la sala
penal de la Corte Suprema, quien no aceptó se quedó sin visa.
La
punta del iceberg
“Es pretencioso decirlo así.
Pero dado que tengo el privilegio de mantener diálogo con todos los sectores de
la vida nacional, puedo servir de puente entre ellos”... Entrevista de Néstor
Humberto Martínez con Yamid Amat, en ET, 19/05/19, p. 17.7.
“91 excombatientes y 26
familiares de las Farc asesinados entre 24/11/16 y 23/04/2019, reporta la
Fundación Paz& Reconciliación, mientras que las Farc reporta 131 asesinatos
de guerrilleros con última fecha 14/05/2019.
La
extradición de Santrich es el chivo expiatorio para desacreditar la JEP, y así
cumplir de carambola las “promesas” hechas por Iván Duque. El exfiscal Martínez
es el alfil jurídico de esta maniobra, y cobrará caro, mientras lo anuncia con
cinismo:
“No estoy en el proselitismo político y hoy
mucho menos. No tengo ambiciones de esa naturaleza.”
Sin embargo, otra cosa
piensan las fuerzas de la oposición, y observadores neutrales, su fiscalía ha
sido la más politizada de todas. En goce pleno de la renuncia orquestada con el
bloque reaccionario, corrobora a Yamid Amat la estrategia en la disputa
hegemónica de la sociedad civil: “Es curioso: uno habla con todos los sectores
y todos dicen “queremos la paz”. Bueno, empecemos por la paz política para que
la institucionalidad de la paz funcione” (ET, 19/05/19, 1.6).
Este decir, ¡qué duda deja!
El señor Martínez no solo quiere escabullirse de las trapisondas que armó por
interpuesta persona, en defensa de Odebrecht, sino que da los primeros pasos
como primer aspirante a la candidatura presidencial.
Él quiere asegurar su puesto
en la sucesión, a través de un “nuevo” acuerdo nacional, que parecía fracasar
en el primer convite a manteles con el presidente Iván Duque.
Para que avance, el nuevo
acuerdo nacional, este Frente Nacional tiene que sellar la Pax romana, es
decir, pasar de la paz neoliberal impuesta por Juan Manuel Santos a la
guerrilla,―a cambio de justicia transicional y curules ―, a la paz
reaccionaria, pretextando que el bloque reaccionario derrotó en el plebiscito
por algo más de 42.000 votos, sin contar la abstención superior al total de
votos emitidos.
Oficios
de la Oposición en el casino global
Por fin,
tenemos a una oposición variopinta, que no atiende los dictados del
bipartidismo. Este es, sin embargo, el tiempo de la degeneración democrática,
de la de-democratización, que estudiara el último Paul Tillich, cuando fijó su
atención en las democracias populares del este, luego del derrumbe del llamado
bloque soviético, a partir de 1989.
En Colombia, con la
oposición viva, con los resultados de Gustavo Petro y Colombia Humana, sin
registro electoral, una población ciudadana heterogénea, convencida de la paz
que elimine los privilegios, para cumplir el art. 13 sobre la igualdad real y
efectiva, el desafío es mayúsculo, frente al anunciado fracaso del posconflicto
convertido en un haz de burlas del presidente Duque para abajo.
Ahora, entre la exguerrilla
de Farc, se cruzaron cartas Iván Márquez y Timochenko, el primero arrepentido
de haber entregado las armas, y el segundo haciéndole una requisitoria, a la
cabeza de las negociaciones en La Habana. Entre bambalinas le espetan en
público la responsabilidad de su sobrino, Marlon Marín, el encubierto agente de
la DEA, y contratista de la paz.
Él es protagonista del video
con Santrich, donde hablan “en clave” de compra de televisores. La audiencia en
privado es con los agentes encubiertos, mexicano-americanos, que pretextan después
ser enviados por el capo Caro Quintero, y entregarle al Tiresias criollo un
millonario pago en dólares por la entrega de 5 kilos de cocaína. Lo que afirma
el mismo Marlon que se consumó aquel día.
Después de la espectacular
revelación del nuevo video de siete minutos, de las presiones a Whitaker a la
Corte Constitucional, ésta falla una tutela, con Lizarazo como ponente, que
abre la caja de Pandora a la segunda instancia a procesos ya resueltos desde
concejales para arriba, pasando por Andrés Felipe Arias, quien rehuyó a la
justicia nacional como varios personajes del kínder reaccionario de Álvaro
Uribe.
Puesto que no se establece
un límite de tiempo, permitiría apelaciones hasta 1991, inclusive. El
exmagistrado, Jaime Córdoba Triviño, hizo reparos, pero no al fondo de la
sentencia, que aparece como “coima judicial” de gran calado.
¿Por
qué?
Porque abrirá puertas a los
terceros procesados y condenados por parapolítica, y los que tendrían que
concurrir a la JEP, entre ellos, eventualmente, los hermanos Uribe Vélez. Quieren
sembrar desde ya el camino de garantías para ser exculpados, si después de las
indagaciones e investigaciones llegan hay sentencias condenatorias, y mayorías
favorables en las Cortes.
Si prospera el recurso de
apelación, el modelo presidencialista autoritario amplía la vida del régimen
para-presidencial, que tampoco desmontó el gobierno del nobel de la paz. La respuesta
de la oposición se juega en las calles y en las elecciones de octubre próximo.
Una labor de intensa pedagogía política y de organización de los grupos y
clases subalternos, para detener el quehacer reaccionario en el congreso, y
ganar las elecciones locales y regionales donde es posible.
Por lo pronto, volverá a ser
ponente Antonio José Lizarazo, objeto ya de presiones indebidas, por la embajada
del procónsul Whitaker. Veremos, en muy corto tiempo para dónde va la justicia
en materia de pesos y contrapesos. Porque seguimos en el tiempo de los “articulitos,”
la judicialización de la política, y la vuelta a los “falsos positivos.”
Estos hechos fueron reconocidos y
denunciados por el corresponsal de New York Times, y el consejo editorial del mismo
diario con llamado urgente al gobierno Duque, que cae en popularidad al 32 por
ciento.
A la denuncia siguió la carta de 72 congresistas norteamericanos
protestando contra la barbarie posconflicto, para juntar el horizonte local y
global frente a predicamento de la paz y la guerra colombiana. Y a esto se sumó la columna de Daniel Coronell "Explicación Debida" en la revista Semana, que recordó cómo ésta tenía desde febrero de este año, los mismos documentos que sirvieron al corresponsal del NYT, para que en algo más de una semana, pusiera en cuestión la política pública de guerra de las FF AA.
El gobierno de dientes para afuera dijo que rectificaría la política, y Coronell fue despedido sin explicaciones de la revista en la que estuvo cotribuyendo como columnista durante 14 años. Entre tanto, la promoción del general Nicacio Martínez sigue su marcha en las bancas del senado. A la vez que, después de 14 meses, Jesús Santrich recupera su libertad, y la posibilidad de ocupar su curul según lo decidido en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia.
A su turno, el derrotado gobierno de Duque truena y el presidente se indigna en público ante el auditorio de industriales, en número superior a 500. Él repite que acata las decisiones de la justicia, pero, en cambio, de inmediato insiste en que continuará defendiendo la legalidad, y espeta contra su enemigo declarado, el excomandante guerrillero Santrich, que es un mafioso y debe ser extraditado.
