LA EXIGENCIA DE UNA PAZ DEMOCRÁTICA

Anderson Hernández

Politólogo

Universidad Nacional de Colombia

El país finaliza un conflicto interno que ha durado más de cinco décadas. En medio de todos los avatares históricos, el Gobierno y el grupo guerrillero de las FARC-EP elaboran un acuerdo mediante los diálogos de la Habana-Cuba, con el objeto de ponerle término a la confrontación armada en la disputa por un proyecto alternativo de país.

Sin embargo, esta oportunidad le llegó incompleta al país, cuando en un frenesí de demagogia y de afanes hay, a todas luces, olvido tanto de la historia, como de los acuerdos mismos; es decir no se toma como una negociación que tiene muchas aristas, mucho menos se observan como merecen ser vistas. Primero dentro de un contexto socio-histórico, segundo, sopesándolas en el marco de sus posibilidades, es decir, sin perder de vista que ante todo es un acuerdo entre dos rivales, el Gobierno y las FARC-EP.

Hechos 

Ahora queridos lectores, en la realidad, se enfatiza primero en la demagogia, cuando el señor Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No del Centro Democrático, en la entrevista para el periódico “La República” se ufana de la gran estrategia que llevó a cabo para salir victorioso junto con sus contratantes; es decir, hacerse especialista en desinformar además de “emputar” a los ciudadanos, juntando a un Álvaro Uribe llamando a los colombianos a votar NO, con el fin de impedir el “castrochavismo” o la “dictadura gay”, por más absurdas que estás afirmaciones parecieran:

La campaña del Sí fue basada en la esperanza de un nuevo país,

¿Cuál fue el mensaje de ustedes?

La indignación. Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca…

Hicimos una etapa inicial de reactivar toda la estructura del Centro Democrático en las regiones repartiendo volantes en las ciudades. Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación.

En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios.

En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en las víctimas. (Vélez, 2016)

Nos llegó la Posverdad 

Así se demuestra un engaño y la falla de los procesos democráticos, combinados con una tendencia a la demagogia y un olvido de la historia, como la deuda no saldada del estado en función de la participación política. Por algún misterioso motivo a los medios mainstream, y especialmente a la campaña del SI se les olvidó mencionar que en la década de los ochenta hubo posibilidad de este tipo de participación por parte de las FARC-EP, tanto con el PCC (Partido Comunista Colombiano), como con la constitución de la UP, Unión Patriótica. 

Aquella experiencia política electoral tuvo buena acogida de parte de los sectores populares, pero, enseguida no tarda en convertirse en blanco de asesinatos, primero selectivos y luego generalizados, a mediados de la década de los ochenta y principios de los noventa, hasta convertirse en un genocidio con posterior sanción internacional. 

Recordando este episodio de exterminio se tiene la propuesta de conceder la participación política a los integrantes de las FARC, con la condición de la entrega de armas y dejar la violencia como una herramienta de acción política. Mientras que de parte de la reacción se insiste con los mismos medios empleados en la campaña del plebiscito. 

Estamos delante de una amnésica campaña del SI, llena de afanes, con el grueso de la ciudadanía indiferente, y por último, una masa “verraca,” sectarizada en sus temores, que vota por el NO. Este es el antecedente de la receta perversa, pero exitosa, que apunta al fracaso de las negociaciones de paz surtidas en suelo cubano. 

En medio de esta primera tormenta de engaños descarados, salieron a relucir por boca del mismo Vélez, los patrocinadores campaña del NO, que ahora niegan los más, o aceptan los menos haber donado a tales campañas. Entre ellos, cómo no destacarlo, tenemos a los dueños de los medios de comunicación. Establecido lo cual se puede inferir que ahí está un posible motivo del olvido consentido, y antes mencionado.

…la campaña costó cerca de $1.300 millones que aportaron 30 personas naturales y 30 empresas, entre ellas la Organización Ardila Lülle, Grupo Bolívar, Grupo Uribe, Colombiana de Comercio (dueños de Alkosto) y Codiscos, cuyos presidentes y propietarios respectivamente son Carlos Ardila, José Alejo Cortés, Manuel Santiago Mejía Carlos Gilberto Uribe y la familia Díaz, los tres últimos empresarios antioqueños cercanos al presidente Uribe.

Las declaraciones de Vélez, cayeron muy mal entre su partido y entre los empresarios que había acordado ayudar a la campaña pero de forma confidencial.

Se recuerda que después de la negación de Ardila Lule, y su no aparición en los registros. Claudia Gurisatti directora de noticias RCN, quedó desempleada sin más razones. 

La contra-respuesta de la democracia subalterna 

La buena noticia es que al final, con la pérdida del plebiscito, a través del engaño a la opinión pública, valiéndose del sentido común dominante, con su cadena de prejuicios, se generaron a partir de los grupos de presión como los estudiantes, profesores universitarios, y en especial las víctimas del conflicto, una contra-respuesta, que aprovechó el escándalo de la campaña del NO, para presionar la firma pública del tan anhelado acuerdo de paz, Sin embargo, el precio pagado fue la modificación de aspectos importantes con más restricciones para la insurgencia subalterna y más micos a la democracia, y a la justicia internacional. 

El presente es un acuerdo que apelando a aquello que llaman soberanía permite que la comunidad internacional quede fuera, sumado a los problemas a nivel interno para implementar el acuerdo tras la negación, por algo más de 50.000 votos del plebiscito en las urnas que se esgrime por la activa vocería de la reacción cada que puede, para convertirlo en bandera de cara a la próxima elección presidencial. 

Esto sucede, porque las decisiones que tocan con la soberanía de Colombia son al final las decisiones de la soberana elite colombiana. Baste nombrar una situación solo para ejemplificar lo dicho; podemos recordar la prohibición del toreo en la plaza de Santamaría en la capital colombiana que por capricho, o tal vez ganas de una demostración de poder, ahora tienen reabierto este espectáculo. Ignorando la protesta anti-taurina, que resultó no solo señalada de terrorista, sino cuyos protestantes fueron golpeados inmisericordemente por los cuerpos policivos, quienes atendían a los señalamientos que los taurinos hacían de los otros en las inmediaciones de la plaza el día de las protestas. 

Hilando fino, pese a todo 

El primer Acuerdo de Paz establece una serie de políticas que garanticen la participación y se proteja el pluralismo político con el fin de hacer de la de Colombia democracia más profunda. Para ello trabajo un grupo de expertos, quienes en comisión evalúan el sistema electoral, y pronto, en abril, entregarán sus recomendaciones para hacerlo más transparente. Entonces vendrá la aprobación de la reforma vía fast track, a través del Congreso. 

Al respecto de la implementación del Acuerdo se crearon los mecanismos de verificación tales como:

Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa. (OFICINA ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, 2016)

Esta comisión incluye a la comunidad internacional que colabora desde ya con el acompañamiento para garantizar el cumplimiento y la puesta en marcha de lo acordado. 

Pero se puede ver, que gracias a esa soberanía popular, con el chantaje del No del Plebiscito, existe un proceso de implementación con menos garantías. No solo por la falta de veedores internacionales, sino porque entidades que se crearon a partir de la firma del proceso, quedan sin piso operativo. En particular, enseguida, conviene resaltar que

En el nuevo acuerdo, lo primero que se cambió fue el período del director o directora de la Unidad Especial de Investigación: ya no van a ser seis años — dos más que el período del fiscal— sino cuatro. Y se especificó cómo será elegido quien ocupe este cargo: lo o la seleccionará el fiscal “de una terna de candidatos/as que proponga el mecanismo de selección y nombramiento de magistrados y otros funcionarios judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Luego de estas modificaciones, la Unidad se quedó sin directora. (Durán Núñez Diana, 2017)

Esas garantías son necesarias para que líderes de regiones remotas, junto con personas que luchan por su modus vivendi, no le sean arrebatadas, u obstaculizadas sus acciones, cuando chocan contra los grandes capitales que influyen en la política patria. Por ejemplo cuando una empresa, un conglomerado brasileño como Organización Odebrecht, soborna a la clase política y económica, para establecer políticas en pro de esta firma. Es lo que permite sucesos como lo denunciado por un líder popular de Aguachica: 

…William Quiroz, quien tuvo que salir del pueblo por amenazas de muerte, está dispuesto a aportar pruebas que comprobarían que las comunidades y sus protestas sociales fueron utilizadas por Odebrecht para demandar a la Nación por 700 mil millones de pesos. (Noticias UNO, 2017)

Ahora los líderes sociales que cuidan la tierra y que han trabajado en procesos son desplazados o mueren sin responsables, en crecientes números, y con el macabro sello de la impunidad.

Un llamado de alerta inmediata 

En este orden de ideas se nombran, después de hacer un barrido a la decisión del NO y sus efectos en la paz pactada con las Farc-Ep, como grandes responsables a esa elite política y económica criolla reaccionaria en lo político, y la elite neoliberal comandada por el presidente reelecto que permitió primero, y propició luego una mala implementación del proceso de paz. 

Este ha sido un proceso lleno de afanes, los que no han permitido madurar bien la idea de la paz en, de y para los colombianos; aclarando con su concurso los puntos y los apoyos que reclama la paz. Es decir, tal y como se descubre ahora, no es posible ver este proceso de paz real más allá de un “banderazo” político. 

Hoy está a la vista en la otra esquina, el rostro oscuro de la clase política, llena de demagogia, con la reacción en la retaguardia, que aún huele a sangre paramilitar y a conservadurismo, porque el régimen para-presidencial no acabó de desmontarse, después, con las dos presidencias de Juan Manuel Santos. 

Entre tanto, los de abajo siguen “pagando” con muertes y desplazamiento las rencillas del gran capital, nuevo y viejo, que ni siquiera propone una reforma que les de cabida a los pequeños y medianos propietarios del campo establecidos, sino más bien se pelean por seguir con el despojo de las finquitas recuperadas. 

Por último y no hay que olvidar mencionar a esa comodidad miedosa de la sociedad indolente que pide justicia, pero que desea venganza sin siquiera ser doliente del conflicto. Concluyendo el NO de ese plebiscito es una de las causas de peso de esas muertes, junto con ese orden político colombiano y nadie quiere verlo.