Coyuntura Socio-Política

JORNADA DE SOLIDARIDAD NACIONAL

¿QUÉ HACER CON LOS CAMIONEROS EN PARO?

miguel angel herrera zgaib

Proyecto @utonomistas

La vuelta al estado de excepción legal?

"Ordené que se abriera una mesa de diálogo...para buscar opciones realistas...no pueden ir en contra de la canasta familiar, del empleo decente, de los campesinos...No voy a permitir que los precios suban de manera permanente por cuenta de este paro." Juan Manuel Santos, alocución radical y televisiva. Palacio de Nariño, 14/07/16.

Pocos recuerdan ya la historia del 7 de enero de 1959, cuando estudiantes y trabajadores pararon el alza en los pasajes en Bogotá que incluyó la quema de buses en la Plaza de Bolívar. Una protesta que fue dirigida por Antonio Larrotta, un universitario de la Javeriana, animador y dirigente principal luego del MOEC, movimiento obrero, estudiantil y campesino.

Larrotta murió en 1963, en una fallida experiencia guerrillera que lo asoció con Aguililla, jefe de una cuadrilla de forajidos, sobreviviente del periodo de la Violencia, quien ordenó su asesinato para congraciarse con autoridades locales y caciques.

Ahora, a tiempo de una nueva negociación de paz, 57 años después, el presidente Santos no resiste la tentación de utilizar la excepcionalidad de derecho, como lo hizo su antecesor, Uribe Vélez, hasta agotarla, y apadrinar luego la de hecho con el concurso permitido, cuando menos, de las Auc en lo electoral. Lo recordó Salvatore Mancuso, jefe político de las AUC. en sus declaraciones ante la justicia de los EUA.

El argumento que esgrime Santos para reprimir el paro camionero que es una protesta legítima es que subirá el precio de la canasta familiar en un 10%. Que la chatarrrización es un foco de corrupción, diciendo que el Fiscal(e) Jorge Perdomo la tiene identificada. Se repite el anuncio que informarán al respecto, pero no lo ha hecho.

El presidente que juega como tahur a la paz neoliberal, dice que estos propietarios agrupados en "La cruzada camionera" son un cartel, y que no defiende a los pequeños y medianos transportadores, y tampoco a los conductores. Pero no da ninguna cifra, o estadísticas. Solo palabras, palabras grandilocuentes.

Santos señala igualmente, en su locución al país que no hay ni habrá tolerancia alguna para la violencia que se está produciendo en las vías. Recordó que el martes, desde la Guajira, ante las acciones de hecho, ordenó que se reforzara la acción de la Fuerza Pública en los focos de conflicto.

Vuelve a insistir en la guarda del interés general frente al interés particular. Enseguida ordena inmovilizar e incautar los vehículos, cancelar las licencias, las matrículas, imponer multas superiores a los $480 millones de pesos a las empresas y gremios, por cada vehículo que siga participando en el paro ilegalmente, esto es, bloqueando las vías.

Anuncia también que autoriza la presencia de particulares para que asuman la carga, esto es, esquiroles del paro camionero, y un centro para la gestión nacional de las medidas extraordinarias, sin demandar el estado de excepción.

Añade que va a colocar más de 50.000 efectivos de las FFAA y de Policía, en las carreteras, una operación de mayor envergadura que el Plan Patriota lanzado contra la guerrilla en la década anterior.

Pero, él insiste en público, que existe voluntad de llegar a acuerdos. Él dice que va en apoyo de los pequeños propietarios, y de los más pobres. En suma, Santos no declara el estado de excepción, ni la emergencia económica en la forma, pero sí en su contenido, si repasamos el historial de Frente Nacional y el Estado de sitio. Es la vuelta al estado de policía bajo el argumento de la "guerra justa"

Con esta medidas, dice el presidente, buscar que los transportadores en rebeldía vuelvan a la mesa de negociación a la fuerza, que entren en razón.El actúa en defensa del interés general, y encuentra apoyo de su vicepresidente, Germán Vargas, vía twitter.

¿Los intereses de pocos?

"Los bienes particulares en perjuicio del bien común" dice Darío Arismendi, en Caracol, en cruzada de defensa del país político y el gran empresariado.

Seguimos en paro indefinido. Contesta Manfred Parra, vocero de camioneros en paro.

Para nada queda claro que es el interés de pocos el que defiende el paro camionero. No hay estadísticas al respecto, pero las medidas ya fueron tomadas.

Estas medidas van contra el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional, que favorece lo reclamado por el sector en rebeldía.

¿Qué pasa con los 2500 vehículos de Impala, 25 casetas de peaje para vías 4G? A quiénes beneficia a los grandes consorcios transnacionales. Tal es la otra cara de la verdad.

Es la hora de la sociedad civil

Estamos ad portas de una movilización social, citada por el sector social y político que lidera Marcha Patriótica que tiene este viernes 15 de julio su día de realización, y a Piedad Córdoba como una de las convocantes más visibles.

Es el momento para que la gente toda salga a apoyar el paro camionero en las calles, sin violencia, sin más intimidaciones. Es el tiempo de ser fiel de la balanza.

Es la oportunidad para contribuir a construir la paz en términos de movilidad social, poniéndole orden a la asimétrica existencia de la industria del transporte. No podemos pasar de agache como ciudadanía.

Es la oportunidad para que la oposición de verdad, la que representa la democracia tome la palabra en las calles, y pare la comedia. No necesitamos más farsa en el manejo de los asuntos públicos.

En procura de la verdad

Urge establecer un Comité de Mediación y Verdad plural, en que concurran especialistas en el sector transporte, con presencia de la Universidad Pública y Privada, que definan los verdaderos términos de la realidad del transporte de carga, y los transportadores en Colombia.

Que rinda un informe a todo el país, utilizando la radio y la televisión pública, a la vez que de a conocer el conjunto de puntos de los acuerdos que el gobierno no ha cumplido, incluido lo dispuesto por la Corte Constitucional.

Entonces sí, vuelta a la mesa de negociación con la presencia de las tres partes, gobierno, transportadores en conflicto, y sociedad civil, más una veeduría internacional que integren delegados de ONU, Cruz Roja Internacional, y OIT.

Será oportunidad para preparar las condiciones adecuadas para el posconflicto, a la vez que darle vocería y pedagogía universal al ejercicio de la ciudadanía del común.