Conejo a la Justicia
“La extradición es efectiva en la medida en que se reconozcan las decisiones judiciales de un Estado…Poner en entredicho su validez es el inicio del fin de la extradición como un instrumento fundamental en la lucha contra el crimen organizado.” Procuraduría general, en ET, 19/05/2019, 1.2.
Hace un año, que el Tiresias criollo, Jesús Santrich está en la cárcel La Picota, por cuenta del indictment presentado y acordado por el gobierno estadounidense durante la Fiscalía de Néstor Humberto. Para pescar en el río revuelto de la paz, mediante la afirmación sin pruebas, que el exguerrillero estaba incurso en tráfico de drogas con posterioridad a la firma del acuerdo del Colón, el 1o. de diciembre de 2016.
El indictment (la sindicación) lo autoriza un acuerdo administrativo de cooperación judicial binacional para el ejercicio express de la extradición, que permite trasladar en un santiamén a nacionales para ser juzgados en las cortes estadounidenses.
Este caso se llevaría ante una corte de New York, que enjuiciaría desembuchando las pruebas,” al “narcotraficante” de la Farc, cuya conducta supuestamente delictuosa ocurrió en Colombia, ante un gran jurado de extranjeros que no hablan castellano. Algo parecido a una ordalía cristiana en los tiempos de la inquisición colonial imperial española.
Conviene recordar que está acción administrativa no la respalda ninguna ley de extradición, sino que invoca la extradición, que luego de prohibida en el artículo 35 de la Constitución de 1991, la reincorporó una reforma constitucional express, “patinada” por el expresidente Ernesto Samper sin visa a raíz de la descertificación estadounidense.
Entonces él inició la entrega de los hermanos Rodríguez Orejuela, para congraciarse con el imperio vengador, y de paso, literalmente, “taparle la boca” a los financiadores de elecciones, hasta el solo de los venados. Asistíamos así a los comienzos del régimen para-presidencial por interpuesta persona. El modelo se cocinaba en la gobernación del Departamento de Antioquia, y su genealogía la trazó con elocuencia cuasi-suicida el congresista Gustavo Petro.
Ante el fallo de la sala de revisión de la JEP, instrumento de la justicia transicional, el ministerio público que lidera el procurador Carrillo, uno de los impulsores años atrás de la 7ª papeleta, a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán, apela lo decidido en favor de Santrich, valiéndose de una nueva prueba, un video de 7 minutos hecho a su gusto por Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, informante de la DEA.
El decir de la Procuraduría no repara en los hechos que prueban la conducta delictiva atribuida a Santrich, que la JEP tuvo que revisar con los instrumentos a su alcance, para determinar si la conducta ocurrió después del 1o. de diciembre. No sirven los argumentos jurídicos solos, pero, en todo caso, la Procuraduría apeló el lunes 20/05719.
En cambio, se presenta un argumento de autoridad, que no tiene validez para la justicia transicional: “Tenemos argumentos jurídicos bastante sólidos…La extradición es efectiva en la medida en que se reconozcan las decisiones judiciales de un Estado.”
La garantía de los exguerrilleros desarmados
“No me vengan con leguleyadas”. Palabras de reproche del procónsul estadounidense
Kevin Whitaker contra el representante López de Cambio Radical, durante el desayuno de abril 2.
“La sentencia “demuestra” que los acuerdos con las Farc crearon un cogobierno con el narcotráfico.” El Centro Democrático, CD.
“El acuerdo de paz ya llevó a este tribunal al límite de los beneficios que puede conceder.” Procuraduría general.
Para hacer la dejación de armas, con el antecedente de la paz con el M19, que Antonio Navarro cada vez que puede recuerda, - nunca hubo “entrega” de las mismas -, las extintas Farc-Ep elaboraron, en discusión primero con el gobierno, la justicia para transitar de la guerra a la paz.
Es el fruto de la discordia con las fuerzas coaligadas de la reacción y la derecha conservadora, que no quieren justicia sino venganza contra “sus enemigos,” a quienes quisieron liquidar en la guerra lanzada durante los dos gobiernos de Uribe Vélez.
Para hacer la paz, después de 52 años en armas, la comandancia de las Farc-Ep se asesoró de la mejor manera. Incorporó al equipo de La Habana al jurista español, Enrique Santiago, comunista, diputado electo por Unidas Podemos, y secretario de su partido; y al hijo de Jorge Leyva Urdaneta, ―laureanista disidente del Frente Nacional, candidato presidencial en 1958 y 62―, el conservador Álvaro Leyva Durán.
Álvaro, confidente del sacrificado Gómez Hurtado, se inmiscuyó en procesos de paz con Belisario Betancur, y luego con Andrés Pastrana al negociar con las Farc en el Caguán. Para salvar su vida, se exilió en Costa Rica, entre los años 1998 y 2006.
Con la rejilla de las garantías, para prevenir extradiciones sin fundamento conocido como las de Sonia y Simón Trinidad, la guerrilla desarmada, con los fierros convertidos en piso del anti monumento de Doris Salcedo, la supuesta actuación criminal de Santrich tenía que pasar el filtro de la JEP.
La comisión de revisión, con una votación 3 a 2, dictaminó que no hubo prueba del hecho que Santrich incurriera en conducta susceptible de extradición. Ahora de la apelación conocerán los magistrados Linares, Gamboa, Rojas, Cifuentes y Arango.
En el ínterin el presunto sindicado intentó suicidarse, cortándose las venas, en la celda de la Picota. Pudo ser atendido con prontitud, luego que Santrich, recluido un año, supo que su libertad sería impedida de nuevo, por un dispositivo montado por la Fiscalía con la expedición de una orden de recaptura avalada por una juez que desestimó el argumento de su defensa de no ser competente, al ser Santrich congresista a raíz de lo pactado en los acuerdos de paz.
(continúa)
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