LA EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSITARIA EN ESTADO DE COMA.
NO A LA GUERRA, AL
RESCATE DEL ESTADO SOCIAL.
Miguel Ángel Herrera
Zgaib
Profesor asociado, Ciencia Política, Unal. Ex Rector U. Libre
de Colombia. Director Grupo presidencialismo y participación. UNIJUS/Colciencias.
En este último año, 2018, se incrementó la letanía de la Ley 30 de 1992,
que estableció las bases para el estatuto que rige la educación superior en
Colombia. Ley que volvió a la liza política, una vez que los estudiantes
colombianos, organizados en la Mane impidieron la contra-reforma educativa,
pero no tuvieron la fuerza y el consenso suficiente para darle curso, vía
Congreso, a una reforma progresista a dicho estatuto.
Este estatuto ya había revelado un diseño financiero
inapropiado, en materia de presupuesto para la educación superior, cuando
estableció que el incremento de la financiación estatal quedaba atado al
incremento anual del IPC, mientras que a partir de 1993, al mismo tiempo se
producía un incremento exponencial en la demanda de estudiantes al Sistema
Universitario Estatal, SUE, sin que los recursos tuvieran un aumento siquiera
proporcional a la nueva población estudiantil in crescendo.
La ley 32 decía corresponder a los primeros años de la
reforma del Estado autoritario y excluyente que creado en 1886, el que después
de guerras intestinas, dirigidas por los señores de la tierra, se reproducía,
con poquísimas reformas; ninguna apta para romperle el espinazo a los
privilegios socio-económicos celosamente mantenidos desde la colonia por una
intelectualidad en su gran mayoría obsecuente y sumisa.
Todo esto a pesar de lo sostenido por Darío Echandía,
cancerbero de la reforma del 36, durante los años dorados de “la revolución en
marcha” de Alfonso López Pumarejo, un avezado centenarista a quien la Nacional
rinde homenaje en un espacio rebautizado con su nombre, que hace parte de las que
fueran las residencias Uriel Gutiérrez, cuya parte posterior colapsó hace
varios años, disimulada por un improvisado corral de latas de zinc.
Este grotesco cercamiento simboliza bien el abandono
presupuestal de la principal universidad de la nación, que empezó llamándose
Central, de acuerdo con la Ley de 18 de marzo de 1826, junto a su otras dos
hermanas en el fugaz tiempo de la Gran Colombia, la de Quito y de Caracas, que
aún conservan el nombre original que le dieron los próceres masones e
ilustrados, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, removido de la plaza
central de la Ciudad Blanca, para rebautizarla como Ché hasta nuestros días.
La joya de la corona de la educación pública, bajo el cobijo
de la sentencia latina “omnium potentior est sapientia”, esto es, que “la
sabiduría todo lo puede”; por el contrario, la Nacho ha estado sometida por
largos años a una sequía presupuestal regada por un rosario impenitente,
despiadado de años de desidia y olvido gubernamental, que la tienen en literal
estado de coma, jugándose sus restos.
Tal abandono y postración se encuentran probados de sobra,
hasta el absurdo, para todo el que haga la experiencia de recorrer sus vías,
principales y adyacentes, para descubrir con estupor, que la Nacho, como le
decimos cariñosamente, es un “fractal negativo”, que copia la situación de la
ciudad capital que la aloja.
Este recorrido digno de un camino de herradura, hasta la
fecha no lo hizo, ni el atento presidente de Colombia, Iván Duque, formado en
el exterior, bajo el generoso cobijo del BID, que paga en parte la riqueza
social colombiana, y mucho menos la actual ministra de educación, María
Victoria Angulo, salida de las canteras de la administración distrital,
encargada de hacer “cuentas alegres” con el financiamiento de la educación
superior colombiana herida de muerte.
Sin embargo, en el papel, y para la Ley que rige el gobierno
antidemocrático de la Universidad Nacional, el presidente es quien encabeza el
CSU, la instancia máxima del gobierno universitario, donde el(a) ministr@ del ramo,
lo reemplaza casi de manera inveterada, cuando no un delegado de esta.
LA SAGA INCUMPLIDA DE
LA IGUALDAD SOCIAL
La
educación pública superior era, y pretende seguir siéndolo una de las ventanas
para la promoción del principio liberal de la “igualdad de oportunidades”,
tantas veces negado en la práctica, que primero exige para su materialización
igualdad de condiciones básicas en términos de vida, condiciones que nunca ha
ofrecido la maltrecha república nacida en 1819. Para el año 1993, los privilegiados,
porque accedían a los pregrados, eran 159.218, que para el año 2016,
ascendieron a 611.800.
Entonces, el presupuesto asignado a las universidades
públicas era de 1,72 billones, mientras que para el 2016 se incrementó el 2,93
billones, cuando con una operación simple queda claro que la población
estudiantil se triplico en 23 años, el presupuesto para la educación superior
ni siquiera alcanzó a duplicarse. Un estudiante en 1992, recibía en promedio
$10.825.890, mientras que uno que estudiaba en 2016, apenas le correspondía $
4.785.338.
Tal y como lo recordó en una conversación histórica,
Estanislao Zuleta hablándole a la guerrillerada de clase media y popular, al
M19 reunido en las montañas del Cauca, que preparaba con optimismo el frustrado
diálogo nacional de aquel entonces, que la democracia requiere condiciones que
la Colombia ni tiene ni obtiene.
Con este aserto cuantitativo y cualitativo, la gran brecha de
la desigualdad social, no sólo persiste sino que se amplía. La reafirmó con
cifras actualizadas el pasado martes, Alicia Puyana, economista formada en
Praga, en interlocución directa con Ota Sick, y doctorada en Oxford, en las
líneas principales, más sustanciosas del discurso de aceptación de su ingreso
como miembro de número de la Academia Colombiana de Economistas.
Esta realidad se confirmó en la respuesta que le dio la otra
académica, Consuelo Ahumada, quien corroboró su decir, a la vez que resaltaba
el tremendo drama de la desigualdad extrema padecida por las minorías étnicas,
que en número superior a dos millones, prueban que la igualdad social es un
“trágico sueño guajiro”, a pocos días de
la trágica celebración del 12 de octubre de 1492.
Es lo que se establece 27 años después de que se inauguró el
nuevo orden con optimismo circunspecto de los subalternos, de los trabajadores,
de los pobres, de los excluidos, de la insurgencia subalterna. Era el
promisorio debut de la nueva estructura constitucional sancionada en 1991, cuya
arquitectura normativa definía al orden político de Colombia como un estado
social de derecho, con una explícita participación ciudadana, y la protección
efectiva de los derechos humanos fundamentales, que han hecho célebre millones de veces el socorrido derecho de
amparo, la célebre tutela que por estos días quería suprimirse de un plumazo.
A la muerte de la Constitución de 1886, longeva hasta más no
poder, en beneficio de los privilegios decimonónicos del bipartidismo forjado
al calor de heroísmo y cálculo de los “patricios” que hicieron la guerra de
independencia, al frente de sus peones, el ponente de la Ley 30 era el senador
Ricardo Mosquera Mesa, probado antes como rector de la Nacional al final de la
segunda mitad de la década del 80.
Ahora, en la crisis más severa en la existencia de la
Universidad Nacional, de modo paradójico, le toca liderar su salvación en
articulo mortis a una rectora, Dolly Montoya, exposa del rector citado, quien
fuera también activista estudiantil en el año 1971, como ella misma lo ha
recordado, cuando estudiantes y profesores enfrentaron la imposición del modelo
Atcon, de reforma universitaria, y la financiación injerencista de los Estados
Unidos con los fondos entregados con condiciones por la Fundación Ford, entre
otras.
Tal reforma, como la reforma agraria eran parte de la prueba
dizque de la Alianza para el Progreso, apuntalada a comienzos de los años 60,
por la visita de la pareja de John y Jackie, destruida por los tristes augurios
del reino de Camelot. Aquella vez el anfitrión fue Alberto Lleras Camargo,
primer secretario de la OEA, el denominado ministerio de colonias del hegemón
estadounidense.
La reforma de la Universidad
Nacional era prenda de garantía para espantar el fantasma del comunismo,
cuya tormenta ya había barrido a la vecina Isla de Cuba, donde, por al
contrario de Colombia, pronto se estableció la educación pública gratuita. Más
aún se alfabetizó a millones de cubanos pobres, trabajadores, habitantes de la
ciudad y el campo, a pocas millas, con brigadas de voluntarios jóvenes y
adultos movilizados en procura de darle existencia al hombre nuevo que hizo
célebre la prédica de Ernesto Ché Guevara.
DE LA CONSULTA
ANTICORRUPCIÓN A LA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Cuando el nuevo orden de la participación, cuando la democracia
representantiva, cuando la paz están detenidas, cuando está corrompido el orden
constitucional de 1991 por el repetido incumplimiento de la promesa de promover
de manera inmediata que la igualdad sea real y efectiva.
Vemos en lugar de la democracia participativa como se
entronizó el régimen para-presidencial para hacer la guerra de exterminio
interno de insurgentes y disidentes, quienes rechazan los privilegios
coloniales como pueden.
Por fin, en cascada, desde el año 2017, el conjunto de los
colombianos, y de modo particular, las minorías, cada vez más excluídas, explotadas y oprimidas, se
toman las calles, plazas, y hoy por hoy, las instituciones de educación
superior a través del protagonismo digno, creativo del estudiantado
universitario, con el apoyo manifiesto de los demás grupos subalternos.
Unos y otros desfilaron, como multitud abigarrada, sin
desmanes el pasado miércoles, en las grandes capitales, Bogotá y Medellín, y en
las otras superando de acuerdo a cálculos conservadores el medio millón de
personas. Todos reclaman el futuro en términos de presente a cumplirse, sin
tretas ni engaños.
Así, los jóvenes de toda condición, en Colombia han tomado, cuando no arrebatado
simbólicamente, cuando más lo necesita, la batuta de la transformación social de la mano de sus mayores,
expectantes ante el triunfo electoral de la reacción, la derecha y los tibios
en sordina, pegados como lapa a las vetustas fórmulas bipartidistas ampliadas,
que en la sesión de la cámara, con los rectores a borde, apenas tuvo en el coro
de representantes a 8 de ellos.
Estas minorías del país político siguen saboteando el
tránsito de toda la nación envilecida y desplazada, por millones, de la guerra
civil interna, regionalizada a la paz incluyente con las reformas exigidas.
Prueba fehaciente de ello fue la actitud del presidente del senado, Macías, del
CD, cabeza del bloque reaccionario, hoy dominante, quien descalificó la
intervención de la estudiante Jennifer Pedraza, representante al CSU de la
Universidad Nacional, para sabotear y cortar su intervención, durante el mismo
día en que algo más de 50.000 personas llenaban las principales vías, y copaban
la plaza de Bolívar.
El actual presidente y sus coequiperos, de manera descarada,
vienen aplazando de manera descarada el avance real de los acuerdos propios de
una paz incluyente, porque la paz de Santos, con todo, quedó encerrada en los
postulados neoliberales, que le señalaron una suerte de muerte prematura a
éstos, y a la educación pública superior, desangrando sus presupuestos;
aplicándole el préstamo gota a gota.
En la comisión del presupuesto actual, la senadora Aída
Abella se enteró que los anunciados $500.000 millones para la educación
superior no serían ejecutados, entregados para la vigencia presente de 2018,
donde las universidades públicas están estranguladas, empezando por la
Universidad Nacional. El plan era que esto ocurriera para el año 2019, y con
una orla de exigencias múltiples para su desembolso.
La denuncia pública de la senadora electa por la lista de la
decencia, sobreviviente de la masacre de la UP, y sobre todo, la multitudinaria
presencia estudiantil en las calles, hicieron que al día siguiente el gobierno
de Duque/Uribe cambiara los planes y anunciara que dicha partida, sin afectar
el presupuesto tendrá ejecución inmediata.
Hoy, más que nunca con
el estudiantado movilizado quedó más que claro, que los acuerdos de paz de La
Habana, en sus más de 400 páginas guardaron silencio sobre la suerte del SUE, y
la educación pública estatal, porque en ellos no tuvo la comunidad
universitaria una vocería real, una representación en las negociaciones.
Todo lo cual prueba que la disputa hegemónica de los
subalternos, sociales e insurgentes, adolecía para entonces de una propuesta
que encare el agujero negro de la reforma intelectual y moral, de la que es
pieza maestra la reforma educativa integra, herencia abandonada, por una
modernidad contrahecha como la de Colombia, “conducida” casi sin excepción por
una intelectualidad cosmopolita, separada de los grupos y clases subalternas,
con notables excepciones.
SALDANDO UNA DEUDA
HISTÓRICA
El
divorcio histórico, entre intelectuales y pueblo que Jorge E. Gaitán, advirtió
para los tiempos de la generación de los nuevos, se mantiene de modo
persistente. A él han respondido los herederos del grito de Córdoba de 1918,
cuando organizaron el paro nacional universitario del año 1971, que acordó el
Plan Mínimo de los Estudiantes Colombianos.
Era la respuesta universitaria a la reforma Patiño, que no
pocos alaban, porque aclimató en últimas la universidad de entonces a los
imperativos de la modernización capitalista, como antídoto al socialismo
triunfante en la Cuba de entonces.
De nuevo, en 2011, el estudiantado en lucha recogió y amplió
con lucidez las banderas de 1971, pero sucumbió ante un Congreso reaccionario,
que impidió la prosperidad de una reforma progresiva de la Ley 30 de 1992, a la
cual respondieron en el clímax del movimiento con un proyecto que quedó
sepultado en los cajones del Congreso entonces controlado por el bloque en el
poder del reformista neoliberal, Juan Manuel Santos.
Esta contra-reforma siguió, sin embargo, avanzando, a través
de la asfixia al presupuesto de las universidades públicas, drenándolas con el
“invento” del programa “ser pilo paga”, que utilizó a los pobres inteligentes y
aprovechados, en número superior a 40.000, para subsidiar groseramente a la
universidad privada de elite.
Ahora, siete años después, con renovadas banderas, y dos
organizaciones estudiantiles nacionales, animadas por dos proyectos políticos
de signo diverso, la responsabilidad con la reforma y la salvación de la
universidad colombiana, experimentan su prueba de fuego en público y en
privado.
En la plaza pública, ante una imponente movilización, se
dieron dos indicios contraproducentes, el intento de impedir la intervención de
Jennifer Pedraza, militante del proyecto organizativo de la OCE, del que es
animador político el PDA/MOIR. Ella hablaba en nombre del estudiantado como
representante electa ante el CSU, de la U. Nacional.
El segundo fue la censura, a posteriori, de la participación
de Gustavo Petro, el candidato presidencial de la oposición, senador
comprometido con la causa de la educación pública; a la que se sumó la imposibilidad
que interviniera la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, que apenas
le fue permitido subir a la tarima.
Después de la movilización del 10 de octubre, las 32
universidades están deliberando, y más de 10 han decretado como resultado, un
paro hasta el 21 de octubre, al ser notificados de los $500.000 millones que
entregará el gobierno nacional para paliar la crisis, cuando el funcionamiento
de las universidades públicas requiere $ 4,5 billones para el año 2019.
Todas las
universidades en paro, o en asamblea permanente han convocado a una mega
manifestación nacional para el 17 de octubre. Las direcciones del movimiento
estudiantil, y en particular, dos, la UNES, y la ACREES tienen que rescatar la
pluralidad, y corregir los errores del inmediato pasado, ahora cuando han
vuelto a la calle con cientos de miles de estudiantes, profesores y padres de
familia.
Ellos que encarnan, la parte de los sin parte, tienen que convocar con
el ejemplo, sin exclusiones. Para mostrar la
madurez del conjunto del movimiento estudiantil, y el empuje de la democracia
subalterna. Y convencer a la gran mayoría de la nación que los respalda como
respuesta a su efectiva pedagogía ciudadana, azotada como está, por demás, por
las afugias producto la crisis del
modelo minero energético y agro-exportador impuesto por la vulgata neoliberal.
El curso de este y los siguientes días nos probarán a todos
si la intelectualidad joven corrige con audacia e ingenio propositivo el mundo
de los mayores, y que está preparada para hacer las reformas urgentes, así como
para convocar, si la negativa gubernamental se empecina en quemarle billones a
la guerra, en vez de invertirlos en desmontar la desigualdad social, a una
Constituyente Educativa.
Ella será el portal de entrada a la Constituyente Social que
le de concreción a los acuerdos de paz, que la reacción y la derecha quieren
“festinarse” impunemente, como si la nación colombiana aguantara otra guerra.
Mientras hacen sonar en contravía de la paz los tambores a somatén, quienes
siguen atraídos por las prácticas del fascismo social denunciados en los años
80, por el equipo académico presidido por el investigador portugués Boaventura
de Sousa Santos en los dos volúmenes publicados con el título El kaleidoscopio
de las justicias, de las que las universidades públicas son el diapasón más
sonoro.
