martes, 20 de febrero de 2018

Observatorio del Posconflicto

¿LA FORTUNA SECRETA DE LAS FARC-EP?
INTEMPESTIVO SAQUEO DE SUPERMERCADOS EN GIRARDOT Y TOLIMA.

Ayer, lunes 19 de febrero. hubo saqueos intempestivos y masivos, cuando se conoció de la acción de la Fiscalía contra SuperCundi, Mercatodos, MerKandrea y Mercafusa, de propiedad de la familia Mora Urrea, sindicada de ser los hermanos Alirio, Uriel y Edna, testaferros del Antiguo Frente Oriental de las Farc-Ep, y en particular de haber estado vinculados con tres de sus frentes de guerra, 51,53 y 55.

A estos más que prósperos empresarios, los Mora Urrea, les fueron incautados 60 locales y bienes en tres departamentos , Tolima, Meta y Cundinamarca, por valores superiores a los $650.000 millones de pesos.

Saqueos y asonada nocturna

En la mañana del lunes pasado, todo marchaba en aparente calma, pero en la tarde noche, cuando se acercaba el cierre de algunos de estos establecimientos hubo intentos de asonada y saqueos, en particular en Girardot, y en poblaciones del Tolima, Saldaña, El Guamo y Espinal, entre otras.

Viandantes y pobladores entraron a los almacenes y empezaron como hormigas cuanta cosa pudieron. En Girardot, los reportes dicen que la avalancha pudo empezar entre las 7 y las 8 de la noche del lunes. Eran las 10, y todavía no terminaba la refriega y la represión policial de la gente haciendo su febrero, y la alteración del orden público se extendió hasta la madrugada.

Para los habitantes de la zona aledaña a SuperCundi, que está ubicada en Girardot, en la carrera 9, entre calles 14-16, la algarabía y el despelote fue de notables proporciones.

Hoy, todavía, en las horas de la tarde, hay dispositivos policiales, el Esmad, los policías motorizados, y vuelo de helicópteros sobre la zona intervenida.

Las dimensiones del saqueo a Supercundi

No se conocen estimativos efectivos. Tampoco nada de quiénes avisaron a la gente, y cómo operaron. Todos son cuestiones que se investigan por las autoridades competentes.

Girardot vivió, y vive todavía momentos de tensión en una zona muy cercana al centro, colindante casi con su principal vía, el Camellón del Comercio. La zona sigue acordonada y bajo estricta vigilancia policial. No se tiene el reporte total de detenidos, y si hubo herido o contusos durante el saqueo.

Todos los negocios que abastecen a la población girardoteña del barrio San Miguel y el Centro, están bajo una especie estado de excepción parcial, con los locales de la Olímpica/Sao, Ara, San Andresito cerrados, así como los negocios de calzado, el Sanandresito, y las quincallerías y las vías de acceso bloqueadas por la policía que inspecciona la zona por tierra y aire.

Lo que sí se conoce, por el informe de Andrea Malagón, directora de Extinción del Dominio de la Fiscalía, que citó El Tiempo en su edición de este martes, y quien luego fue entrevistada en la mañana en las cadenas de radio Caracol y RCN, dice que junto con los supermercados entraron en proceso de extinción cinco sociedades de los hijos de Ana Bertilda Urrea.

De la matrona del llamado Clan Mora Urrea, la calificad funcionaria afirma que era la amiga de Jorge Briceño, el Mono Jojoy, a quien dicen los girardoteños, haberlo visto en el puerto en visitas esporádicas, en camionetas blindadas en sus "años de gloria". Con las sociedades entraron también en poder de la Fiscalía 70 cuentas bancarias, 7 casalotes, 4 predios rurales, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, 3 casas, 7 locales comerciales y 27 vehículos que se encontraban localizados en 23 municipios de los tres departamentos.

Los hermanos Mora Urrea, ya capturados, y Norberto que sigue en libertad, sin que se sepa de su paradero, tendrán que responder desde ya por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nada se dice, por lo pronto, de la madre, Ana Bertilda. Todos ellos estaban bajo la mira de la Fiscalía desde el año 2016, que estuvo revisando su incremento patrimonial inusitado, exhorbitante.



Los informes de prensa hablada y escrita dicen, que entre 2006 y 2016, uno solo de sus supermecados pasó de $1500 millones en ventas a $ 30.000 millones, que prendió las alarmas de la dirección de extinción de dominio a cargo de Andrea Malagón, quien se convirtió en el personaje del día, restándole importancia al proveído inhibitorio en favor de Iván Cepeda, por parte de la Corte Suprema, en su sala plena, y la orden de investigar a su principal denunciante, el senador Álvaro Uribe Vélez.

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