Coyuntura Socio-Política

Otros aspectos de la reforma

Parte II

“Ese es el gran reto de cualquier Estado, satisfacer esas necesidades. Buscar cómo podemos hacer rendir más los recursos, cómo podemos hacer más por los pobres, cómo podemos hacer más para mejorar el país.”  J.M. Santos, ET, 4/08/14, p. 3.

                                                             El proyecto de la reforma, radicado el pasado miércoles, también toca con recortarle poderes políticos a la rama jurisdiccional del poder público, en concreto, su facultad nominadora, que se transformó de choque de trenes, en carrusel de auto-nombramiento hasta el hastío de una ciudadanía, que poco se beneficia de su intercambio de prebendas de todo tipo, por las alturas.

Adicionalmente se propone una instancia constituida por el Tribunal de Aforados, que le fije responsabilidades a los togados, cuando quiera que se requiera por sus actuaciones no ajustadas a la ley y a la constitución en materia penal, disciplinaria y fiscal. Todo lo cual a la fecha no es posible. Quedaron bajo su resorte, igualmente, las instituciones de control del Estado. 

El elector de este tribunal de siete integrantes será el Congreso, quien a su turno los investigará. Desaparece la Comisión de acusaciones de la Cámara, al tiempo que el Congreso sigue con la función de enjuiciar políticamente al presidente, pero, sin que haya la menor claridad al respecto todavía, con respecto al régimen anterior.

La mermelada para los congresistas se aumenta en la medida en que el proyecto levanta para ellos las inhabilidades, siempre que renuncien a su curul, con la pérdida del “derecho” de regresar al congreso. El pretexto es dizque conculcar, terminar con la permanencia en el congreso hasta su jubilación, como ocurre con buena parte de los llamados “padres de la patria”.

Nadie ronda a la justicia colombiana, y eso hace tentador el ejercicio de un gobierno de los jueces, en lugar de resultar los garantes de las reglas del juego democrático liberal, bajo los parámetros clásicos de la supercorte estadounidense. Lo cual en tiempos de globalización se ha ido cayendo a pedazos, en particular cuando tuvo que decidir sobre el máximo litigio electoral del año 2000.

El presidente estaba interesado en ampliar el periodo presidencial, y hacer algo similar con otras instancias del poder ejecutivo regional y local. En lugar de la reelección, establecer un periodo de 5 años. Pero ello no prosperó y se mantiene intacto el periodo, entre otras, recordando que hubo un tiempo de experimentación que se extiende hasta el siglo XIX, hasta estabilizarse la fórmula del cuatrenio.

La unificación de periodos no se incluyó en el actual proyecto que deberá cumplir cuatro debates para diciembre de este año, si quiere tener un futuro promisorio. Pero, por fuera, el presidente Santos dijo a los alcaldes que su promesa de campaña es deuda, insiste en que “vamos a presentar una reforma en ese sentido al Congreso”. Dicho lo cual, queda claro, que la reforma política tiene desde ya, un antes, lo que hizo por decreto con el ejecutivo, unificándolo y especializándolo más, y un después, con sus arandelas, como la unificación de periodos de alcaldes, gobernadores y presidente.

Las instituciones de control están en la mira, y en particular la Procuraduría, en la que el actual funcionario se ha enseñoreado, aplicando sus competencias en detrimento del libre juego democrático cuando quiera que le conviene en las rencillas interpartidistas, y con las fuerzas de la oposición no reaccionaria, como en el sonado caso del Alcalde mayor de Bogotá.

La procuraduría no tendrá más reelección, y el presidente escogerá la terna, y el congreso votará en pleno por un determinado candidato. Lo cual, por supuesto, acrecienta los poderes del presidente, que no tendrá control de esta singular institución colombiana, que proviene de los tiempos coloniales, dicen los estudiosos nacionales.  A los contralores se les seleccionará de un concurso público de méritos, coordinado por el legislativo, pero su elección la tendrá, igualmente, el congreso. 

Otro tanto pasa con la Contraloría, cuya directora al terminar su mandato buscó refugio en Italia;  y en parte, algo pasa con la Fiscalía, que en verdad corresponde a la rama jurisdiccional, donde la implementación del sistema acusatorio en materia penal va a marchas forzadas, y define preferencias, a discreción del dictado del ejecutivo de turno.

Se elimina el Consejo superior de la judicatura, el lugar donde se armó la trinca en la que los magistrados se reciclan hasta su jubilación, con la oportunidad de incluir a familiares y amigotes sin ninguna consideración distinta al beneficio del nepotismo rampante de los operadores de la justicia.

Por fin, hay un intento de hacer práctica la promesa de la silla vacía, después de su inicio con la ausencia de Marulanda en la inauguración del tercer intento de negociación de paz con las Farc-ep.  Se plantea, por fin, con alguna claridad la sanción para los partidos de congresistas corruptos, porque aquellos perderán la curul. Se introdujo también una modificación con respecto a la elección de senado, para que no queden departamentos sin representación, como en efecto viene ocurriendo.

En lo electoral fenecerá también la fórmula del voto preferente, con lo cual prosperó la operación avispa, una de las últimas travesuras del estadista liberal, que le cabía el país en la cabeza, López Michelsen, con lo cual pudo neutralizar en parte la emergencia histórica de una tercera fuerza, distinta al bipartidismo, en el tiempo de la primera constituyente exitosa del siglo XX, que le dio existencia a la Constitución de 1991, aquejada por estos días de una enfermedad cuasi mortal.