Humala y la
represión de los conflictos sociales: ¿Qué hacer y qué no hacer?
Por:
Ollanta
Humala en Japón, acompañado por Roque Bevavides.
A puertas de cumplir su primer año de
gestión, el presidente Ollanta Humala tiene que preocuparse: en estos casi 12 meses
se ha metido en la cárcel a cerca de 12 mil personas, la misma cantidad que los
recluidos durante los cincos años de la gestión anterior. También se ha
duplicado el número de muertos producto de los conflictos sociales: de fines de
junio del 2006 a igual fecha del 2012 los muertos por esta causa han pasado de
6 a 12.
Humala sabe que los conflictos aumentarán
en los meses siguientes, en especial los relacionados con la minería. Según
cifras del Ministerio de Energía y Minas, cerca del 13,59% del territorio del
Perú ha sido concesionado a la minería, no obstante lo cual solo en el
1,07% se desarrolla actividad minera. Existe una gran oportunidad para la
inversión y para los enfrentamientos, especialmente si se considera que la Ley
de Consulta Previa, promulgada y reglamentada, no es retroactiva, lo que quiere
decir que las zonas ya concesionadas no se revisarán. A esto habría que sumar
que, después de mucho tiempo, los precios de los minerales han empezado a bajar
ligeramente y la crisis —aunque de modo lento— se empieza a sentir, de lo que
se colige que hoy más que nunca se necesitará que los proyectos se pongan en
marcha y se garantice la tranquilidad de los inversionistas.
El Presidente tiene conciencia de que no
le bastará con llevar programas sociales a las zonas de posible conflicto y de
que, a pesar de la habilidad de la “progresista” ministra Trivelli, en algún
momento el enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas del orden será
inevitable, como los serán también los heridos de ambos bandos. (Es de esperar
que no haya muertos, como anuncian cada vez que hay un conflicto los
congresistas de la república y muchos medios de comunicación.)
¿Qué hacer para que estos vaticinios no se
cumplan? La recomendación de la mayoría de “especialistas” viene con la alerta
temprana: incentivar la labor proactiva y preventiva del Estado; anticiparse a
los conflictos desde las diferentes instituciones estatales encabezadas por la
Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo
Social; potenciar el trabajo de los servicios de inteligencia de la Policía,
las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Inteligencia, entre otras
medidas. Todas las recomendaciones y cambios que se puedan dar —porque en este
Gobierno ha quedado claro que lo posible está señalado por las empresas
privadas y la gran prensa nacional— no impedirán, sin embargo, el
enfrentamiento entre policías o militares y manifestantes.
¿Qué hacer,
entonces?
Las reformas policiales de fines de la
década desarrolladas en la mayor parte de Latinoamérica, a las que algunos
llaman “democratizadoras”, buscaron profesionalizar los cuerpos policiales
poniendo énfasis en desmilitarizar a la Policía, crear mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas, fomentar la doctrina de policía
comunitaria, combatir la impunidad y aminorar la corrupción transversal de los
cuerpos policiales. No obstante, por diferentes factores, que van desde severas
resistencias de los policías hasta límites presupuestales o el desconocimiento
de la materia de los reformadores, el qué no hacer prima en estas reformas
sobre el qué hacer. Por ejemplo, qué hacer
frente a la “violencia social” o la “violencia política”, cómo controlar a los
manifestantes, cuándo usar armas letales y cuándo no, son temas que la Policía
peruana, como muchas otras en la región, ha ido resolviendo a su manera, en la
práctica, con miles de heridos y ya casi 200 muertos desde que se pusieron en
práctica tales reformas en el gobierno de Alejandro Toledo.
Qué se debe hacer en el momento del
enfrentamiento para ocasionar la menor cantidad de heridos y evitar las
muertes, es un problema que se vive no solo en el país sino también en otros de
América del Sur, aunque con considerables diferencias. El 15 de junio pasado, en
el departamento de Canindeyú, al noreste de Paraguay, un desalojo de campesinos
sin tierra produjo un enfrentamiento que ocasionó la muerte 12 campesinos y 6
policías. A diferencia de lo que suele ocurrir en el Perú, allá se produjo la
renuncia inmediata del Ministro del Interior, y el presidente, Fernando Lugo,
asfixiado por la presión política, anunció en un mensaje a la nación que no
renunciaría al cargo y asumiría los procesos judiciales
correspondientes.
Qué hacer aquí para evitar los muertos es
una pregunta que, parece, no tiene respuesta, aunque, a juzgar por los hechos
de Cajamarca y Espinar, el Gobierno de Ollanta Humala nos ha demostrado qué no hacer.
El Presidente tiene
conciencia de que no le bastará con llevar programas sociales a las zonas de
posible conflicto y de que, a pesar de la habilidad de la “progresista”
ministra Trivelli, en algún momento el enfrentamiento entre los manifestantes y
las fuerzas del orden será inevitable, como los serán también los heridos de
ambos bandos.
Espinar: No es más de lo
mismo, aunque lo parezca
¿Qué cosa somos para que nos mate? Hasta un animal tiene vida. Usted ha dicho en su campaña: te vamos a defender a los pobres de la mina, sus vidas defenderás has dicho. Ahora no queremos esa mina. ¡Que se vaya esa mina! (Video aquí)
¿Qué cosa somos para que nos mate? Hasta un animal tiene vida. Usted ha dicho en su campaña: te vamos a defender a los pobres de la mina, sus vidas defenderás has dicho. Ahora no queremos esa mina. ¡Que se vaya esa mina! (Video aquí)
Cuando apreciamos las imágenes de lo
ocurrido en los enfrentamientos entre Policía y población en Espinar, pareciera
que la situación no ha cambiado mucho en relación con los enfrentamientos
producidos durante el gobierno aprista: manifestantes lanzando piedras a
policías, policías lanzando piedras a manifestantes, uso de armas de fuego por
los policías, policías heridos, muerte de manifestantes, denuncias contra
dirigentes y manifestantes, estado de emergencia. No hay responsables
policiales ni políticos.
En Espinar el enfrentamiento empezó el 21
de mayo, cuando cientos de policías llegaron a la comunidad de Tintaya
Marquiri, a la entrada y alrededores de donde se suscitaría el principal
enfrentamiento: la mina Xstrata Tintaya. Al día siguiente los choques se
suscitaron en la comunidad de Alto Huancané, donde hubo ciudadanos heridos por
arma de fuego. El 23 se desató el primer enfrentamiento en los alrededores de
la mina: piedras, balas de goma, plomo y sangre volverían a tener una
participación en el conflicto. Cinco días después, cuando el diálogo se había
truncado una vez más, los manifestantes hicieron el intento, otra vez, de tomar
la mina; como consecuencia, quedaron dos muertos y cientos de heridos entre
policías y manifestantes. El 29 de mayo, con la provincia de Espinar en estado
de emergencia, la Policía arremetió violentamente en la Municipalidad de Espinar
y capturó al alcalde Oscar Mollehuanca, quien aún mostraba en el rostro las
huellas del enfrentamiento. Con el alcalde, dirigentes y personal de la Vicaría
de Sicuani detenidos, la confrontación violenta no se repitió.
¿Cuál es la diferencia?
El ejercicio del
poder policial en la zona: la forma violenta como fue sacada la autoridad
municipal, los dos muertos por uso de arma de fuego, y el control que han
ejercido los policías en la zona antes, durante y después del estado de
emergencia, marcan la diferencia con el gobierno anterior.
El reclamo de la ciudadana que citamos
párrafos antes, sobre el porqué ese trato con ellos, refiere no solo a los
muertos sino también a toda la actuación de la Policía en la zona de conflicto.
Sus miembros entran en domicilios, repelen con palo y gas lacrimógeno a quienes
consideran revoltosos, y así crean un clima constante de violencia. Las
denuncias contra miembros de la Policía por sembrar pruebas incriminatorias al
personal de la Vicaría de Sicuani y en las camionetas de Serenazgo de la
Municipalidad son muestras del comportamiento policiaco en la zona. Este poder
genera malestar, frustración y rabia en la población; incluso muchos de los que
no participan de la protesta terminan involucrados, con lo que se genera que
más gente se una a ella, en este caso para protestar contra los abusos
policiales. Éste fue el caso del SUTEP en Espinar.
Por otro lado, el accionar de la Policía
no solo se relaciona con el Gobierno, sino principalmente con la empresa
minera, lo que debilita aún más la ya reducida confianza de los pobladores con
la empresa, al punto que se ha acusado a los policías de estar financiados por
la empresa. Luego de terminado o apaciguado el conflicto, el diálogo tiene que
hacerse con muertos y heridos a cuestas, así como con una relación aún más
difícil entre la mina y la población.
Cajamarca: La
militarización del orden interno
¿Qué te hacen mis ollas, ah?/ ¡Las calles son del pueblo y no de las mineras! (Video aquí)
¿Qué te hacen mis ollas, ah?/ ¡Las calles son del pueblo y no de las mineras! (Video aquí)
La situación que se vive en Cajamarca es
diferente. Aquí el gran enfrentamiento aún no se ha producido, pues se prevé
que ocurrirá cuando Yanacocha reactive el proyecto Conga. Sin embargo, no es
necesario que se produzca el intento de tomar las instalaciones del proyecto
para que estalle la violencia, porque ésta es una constante en todo Cajamarca
como resultado del paro indefinido. No obstante que hay allá solo policías, la
zona está militarizada: en la práctica, es la unidad de la Policía más
militarizada, la DINOES, la que se ha hecho cargo del orden interno en
Cajamarca.
Decenas de policías se aproximaron a donde
estaban las señoras y las ollas, las rodearon y aseguraron la zona. Los gritos
de la gente no se hicieron esperar: “¡Abusivos!”. “¡las calles son del pueblo y
no de las mineras!”. En respuesta, un grupo de policías provistos de escudos y
varas comenzaron a acercarse a los ciudadanos. En ese momento se apreció a una
joven haciendo un gesto de tranquilidad, pero ya era tarde: el enfrentamiento
había comenzado. En grupos de más de 5, los policías empezaron a desplegarse
por la plaza; un grupo de manifestantes les respondió, los policías corrieron
provistos de varas, insultando y golpeando, mostrando su actitud más
autoritaria y represiva.
En pequeños grupos, la Policía golpea a los
manifestantes, los rodea de a uno y luego los mueles a palos; en algunos casos,
como el de un periodista cajarmarquino, lo humilla y lo deja semidesnudo, para
luego atacarlo otra vez con palos y, luego, subirlo a una camioneta policial.
Entre gritos y gases lacrimógenos, un policía patea las ollas de comida. Ése
era, al parecer, el propósito principal de este operativo.
En Cajamarca el enfrentamiento es
constante y se torna cada vez más violento. Los policías toman la iniciativa: a
la menor sospecha, a la menor concentración, se produce una acción policial cada
día más violenta conforme transcurren los días del paro. No existe la
posibilidad de hacer una protesta pacífica: las concentraciones de ciudadanos
son repelidas con balas de salva, gas lacrimógeno y mucho palo.
Como en Espinar, la población de Cajamarca
culpa a la mina del accionar policial; la acusa no solo de comprar a la Policía
sino también de pagar a un grupo de personas disfrazadas de policías para que
se paseen por la ciudad haciendo las labores de ésta. Si bien esta última
aseveración no se puede comprobar, las acusaciones son verosímiles; por
ejemplo, las camionetas en las que se trasladan los policías no pertenecen a la
institución sino son particulares.
Según un trabajo realizado por el ex
ministro del Interior Gino Costa en el 2009 para la mina Yanacocha, el sistema
de seguridad de la empresa está compuesto por tres componentes: un equipo de
seguridad de la propia empresa, la Policía Nacional del Perú y la empresa
privada de seguridad Forza. En lo que se refiere a la Policía, existe un convenio
no público entre ésta y la empresa por el que, por una bonificación especial a
los policías y un aporte a la institución, la PNP se compromete a la protección
de las propiedades y la integridad de sus miembros, al cuidado de las
residencias de sus altos directivos y al acompañamiento de las unidades
vehiculares que transportan bienes y equipos, entre otros. Además, la empresa cuenta con un contingente de
efectivos de élite policial destacado en las instalaciones de la mina.
Otro aspecto de esta militarización del
orden interno consiste en la poca información que transmiten los medios de
comunicación nacionales con respecto a Cajamarca. Estos medios han olvidado que
el abuso de autoridad también es un delito, y no muestran estas imágenes o las
presentan completamente distorsionadas. Es la misma población la que, cámaras
en mano, registra e identifica los abusos y protesta por el grado de insania e
impunidad. El otro registro del conflicto constante de lo acontecido es el de
la Policía: en cada acción hay policía filmando. Este registro de lo que sucede
en pleno conflicto ha causado golpes y agresiones a periodistas y ciudadanos
cajamarquinos por parte de la Policía.
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