ESCRITO DEL HISTORIADOR Y ANALISTA JORGE ORLANDO MELO
Jorge Orlando nos comparte su reflexión con ocasión de la condena al coronel Plazas Vega, y el espectáculo deprimente que se ha desencadenado con respecto a los hechos del Palacio de Justicia, y las responsabilidades oficiales derivadas de aquellas acciones, la mayoría de las cuales, aun permanecen en la impunidad. Hasta el punto que el Tribunal Superior de Bogotá sugiere la intervención de la Corte Penal Internacional, y voces del Procurador en adelante levantan el cotarro nacional, sin respecto por la verdad histórica, y ligereza supina frente a la tortura, el asesinato y la desaparición de ciudadanos y guerrilleros. N de la R.
De este modo comenta Jorge Orlando, a la vez que invita a que visiten su blog:
ENTRE LA IMPUNIDAD Y LA ARBITRARIEDAD
Vale la pena hacer unas consideraciones, pues la columna es inevitablemente lacónica y elíptica:
1. No me atrevo a juzgar sobre culpabilidades individuales: me leí el fallo del tribunal, pero no todos los elementos probatorios. Ese es un debate que debe darse ante todo en los tribunales mismos.
2. Estoy convencido de que en la acción militar para recuperar el Palacio y en los días siguientes se cometieron excesos y delitos gravísimos.
3. Creo que la responsabilidad del Estado en estos delitos no prescribe: que debe responder ante el país, ante las víctimas y ante la comunidad internacional, por lo que se hizo ese día y por no haber impartido justicia en forma oportuna sobre estos hechos.
4. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que los particulares tengan que responder penalmente por delitos que no estaban definidos como tales en el momento de los hechos, ni en que no se apliquen las normas de prescripción que regían en su momento. Me parece que la defensa histórica del individuo frente a la arbitrariedad del Estado tuvo como un elemento central la lucha por el debido proceso y un punto central era que no podía haber pena sin una ley preexistente.
Hoy, por razones de defensa de derechos humanos, se abre camino una teoría contraria. Yo comparto esta teoría para la responsabilidad estatal, y estoy de acuerdo en que se exija al Estado que responda por los desaparecidos del Palacio, así este delito no existiera entonces en la legislación nacional o en los tratados firmados por el país, y que se busquen todos los mecanismos para que se sepa la verdad, y se pida perdón por los delitos cometidos. Pero creo que si esto se aplica a los particulares, es posible reabrir todos los procesos de la historia colombiana desde los años sesenta y juzgar a las guerrillas, a los militares, a todo el mundo. Asumir la responsabilidad estatal (y tanto del ejecutivo como de la justicia que no actúo a tiempo), y la responsabilidad de la sociedad, es importante, pero también encontrar una forma de limitar temporalmente las responsabilidades penales individuales. De otro modo no habrá posibilidad de parar nunca: hay que ver como hacer compatible un proceso político que lleve a la verdad y con base en esta a la paz, con unos procesos penales rigurosos, pero con límites definidos.
5. Me parece que los argumentos de fondo del fallo, con su teoría de la responsabilidad "mediata" , vuelven muy indefinida la responsabilidad, y los culpables de negligencia, de omisión, de malas decisiones políticas, podrán verse enfrentados a responsabilidades penales. Me parece razonable discutir las responsabilidades de un ministro por las decisiones del Consejo de Ministros, dentro de sus obligaciones políticas y administrativas, pero llegar a considerar a un funcionario civil como parte de una "organización" que actuaba criminalmente, y por lo tanto hacerlo penalmente responsable por lo que hicieron unos militares en forma oculta para torturar a unos detenidos, aunque lógico a la luz de la teoría aducida, me parecería legal, política y moralmente inapropiado.
6. El debate que se ha dado sobre el general Plazas es sin duda político. En el fallo hay argumentos que tienen que ver con la definición del Estado, y que son esenciales para definir responsabilidades. Estos argumentos son políticos, y es imposible que no lo sean. La mayoría de los que controvierten el fallo lo hacen por razones políticas: por solidaridad con el ejército, por la preocupación por el impacto del fallo en la moral militar, por solidaridad con los gobernantes de entonces, por apoyo retrospectivo al gobierno de Uribe, que ha mantenido, por razones también políticas, un apoyo muy fuerte al general Del Rio y otros acusados y condenados, por una visión política muy clara de lo que debe y puede hacer el ejército, y que se empezó a aplicar desde mediados de los noventa en Urabá. Lo curioso es que los que más usan argumentos políticos, más se quejan de los posibles elementos políticos en el juicio de los demás.
Además de este plato indigesto, mando unos enlaces a textos más amables, que he puesto en la página
:Cuatro poemas infantiles de Rafael Pombo y sus originales ingleses: Simón el bobito, El gato bandido. El renacuajo paseador y Pastorcita. En muchos aspectos, Pombo, cuyo bicentenario se celebra este año, mejora los originales, como puede verse en esta publicación bilingüe.
Jorge Orlando nos comparte su reflexión con ocasión de la condena al coronel Plazas Vega, y el espectáculo deprimente que se ha desencadenado con respecto a los hechos del Palacio de Justicia, y las responsabilidades oficiales derivadas de aquellas acciones, la mayoría de las cuales, aun permanecen en la impunidad. Hasta el punto que el Tribunal Superior de Bogotá sugiere la intervención de la Corte Penal Internacional, y voces del Procurador en adelante levantan el cotarro nacional, sin respecto por la verdad histórica, y ligereza supina frente a la tortura, el asesinato y la desaparición de ciudadanos y guerrilleros. N de la R.
De este modo comenta Jorge Orlando, a la vez que invita a que visiten su blog:
ENTRE LA IMPUNIDAD Y LA ARBITRARIEDAD
Vale la pena hacer unas consideraciones, pues la columna es inevitablemente lacónica y elíptica:
1. No me atrevo a juzgar sobre culpabilidades individuales: me leí el fallo del tribunal, pero no todos los elementos probatorios. Ese es un debate que debe darse ante todo en los tribunales mismos.
2. Estoy convencido de que en la acción militar para recuperar el Palacio y en los días siguientes se cometieron excesos y delitos gravísimos.
3. Creo que la responsabilidad del Estado en estos delitos no prescribe: que debe responder ante el país, ante las víctimas y ante la comunidad internacional, por lo que se hizo ese día y por no haber impartido justicia en forma oportuna sobre estos hechos.
4. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que los particulares tengan que responder penalmente por delitos que no estaban definidos como tales en el momento de los hechos, ni en que no se apliquen las normas de prescripción que regían en su momento. Me parece que la defensa histórica del individuo frente a la arbitrariedad del Estado tuvo como un elemento central la lucha por el debido proceso y un punto central era que no podía haber pena sin una ley preexistente.
Hoy, por razones de defensa de derechos humanos, se abre camino una teoría contraria. Yo comparto esta teoría para la responsabilidad estatal, y estoy de acuerdo en que se exija al Estado que responda por los desaparecidos del Palacio, así este delito no existiera entonces en la legislación nacional o en los tratados firmados por el país, y que se busquen todos los mecanismos para que se sepa la verdad, y se pida perdón por los delitos cometidos. Pero creo que si esto se aplica a los particulares, es posible reabrir todos los procesos de la historia colombiana desde los años sesenta y juzgar a las guerrillas, a los militares, a todo el mundo. Asumir la responsabilidad estatal (y tanto del ejecutivo como de la justicia que no actúo a tiempo), y la responsabilidad de la sociedad, es importante, pero también encontrar una forma de limitar temporalmente las responsabilidades penales individuales. De otro modo no habrá posibilidad de parar nunca: hay que ver como hacer compatible un proceso político que lleve a la verdad y con base en esta a la paz, con unos procesos penales rigurosos, pero con límites definidos.
5. Me parece que los argumentos de fondo del fallo, con su teoría de la responsabilidad "mediata" , vuelven muy indefinida la responsabilidad, y los culpables de negligencia, de omisión, de malas decisiones políticas, podrán verse enfrentados a responsabilidades penales. Me parece razonable discutir las responsabilidades de un ministro por las decisiones del Consejo de Ministros, dentro de sus obligaciones políticas y administrativas, pero llegar a considerar a un funcionario civil como parte de una "organización" que actuaba criminalmente, y por lo tanto hacerlo penalmente responsable por lo que hicieron unos militares en forma oculta para torturar a unos detenidos, aunque lógico a la luz de la teoría aducida, me parecería legal, política y moralmente inapropiado.
6. El debate que se ha dado sobre el general Plazas es sin duda político. En el fallo hay argumentos que tienen que ver con la definición del Estado, y que son esenciales para definir responsabilidades. Estos argumentos son políticos, y es imposible que no lo sean. La mayoría de los que controvierten el fallo lo hacen por razones políticas: por solidaridad con el ejército, por la preocupación por el impacto del fallo en la moral militar, por solidaridad con los gobernantes de entonces, por apoyo retrospectivo al gobierno de Uribe, que ha mantenido, por razones también políticas, un apoyo muy fuerte al general Del Rio y otros acusados y condenados, por una visión política muy clara de lo que debe y puede hacer el ejército, y que se empezó a aplicar desde mediados de los noventa en Urabá. Lo curioso es que los que más usan argumentos políticos, más se quejan de los posibles elementos políticos en el juicio de los demás.
Además de este plato indigesto, mando unos enlaces a textos más amables, que he puesto en la página
:Cuatro poemas infantiles de Rafael Pombo y sus originales ingleses: Simón el bobito, El gato bandido. El renacuajo paseador y Pastorcita. En muchos aspectos, Pombo, cuyo bicentenario se celebra este año, mejora los originales, como puede verse en esta publicación bilingüe.
Una María de armas tomar Un cuento sobre los amores de Pedro Nisser y María Martínez de Nisser, una mujer de Sonsón nacida en 1812 que se enroló en el ejército para liberar a su marido preso. Nisser, entre otras cosas, se fue a Australia y fundó allí, en 1867, con gran optimismo globalizador, Antioqueño Association for the Working of Gold Mines in Australia.
Jorge Orlando Melo
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