Armando el rompecabezas II.
TIEMPO DE MINGA SOCIAL
Giovanni Mora Lemus (31/03/19)
La mejor conmemoración del mes de
marzo, a propósito de las luchas por los derechos de las mujeres, corrió por
cuenta de la lideresa Aída Quilcué. La minga indígena, campesina y popular o
mejor conocida como minga social del
Suroccidente colombiano, arrancó hace más de veinte días, con el liderazgo de
esta valiente mujer caucana.
Para continuar armando el
rompecabezas del régimen Uribe-Duque es un imperativo preguntarse por el tratamiento
que le va a dar en los próximos años a la protesta social. Hasta ahora los
comuneros y sus líderes han sido ignorados por el presidente. El libreto se
repite, como pasó con las movilizaciones estudiantiles del segundo semestre de
2018. Lo primero es decir que no es posible el dialogo hasta que no cesen las
vías de hecho; lo segundo, que las marchas son peligrosas porque están
infiltradas por “agentes violentos”. Luego la estrategia se repite enviando a
algún ministro o ministra para que hable y desgaste a los subalternos hasta que
se desmovilicen.
Aunque pensándolo bien
Duque innovó en algo el libreto, pues
le achaca a Santos la responsabilidad de la actual crisis. El gobierno pasado,
según él, negoció cosas con los indígenas sin reparar en los límites
presupuestarios del país. ¡Prometió cosas para las que no hay plata! afirmó el
residente de la casa de Nariño.
Como casi siempre pasa la
protesta social es cubierta por los medios masivos de comunicación privados como
una amenaza para el orden público, así que por estos días pululan las noticias
de las consecuencias del paro indígena; desabastecimiento de gasolina, gas,
alimentos y bloqueos en la vía panamericana, pero dicen muy poco sobre las
demandas de nuestros pueblos originarios: territorio, justicia y, sobre todo,
que se cumpla lo ya acordado.
El uso de la fuerza
desproporcionada es algo que está presente, y va a seguir estándolo, en el tratamiento
a la protesta social. Pocos días después que el país rememorara la masacre de los sastres acaecida el 16 de
marzo de 1919 cuando el gobierno conservador de Marco Fidel Suarez y las FFAA,
abrieron fuego a los sastres y artesanos quienes protestaban en Bogotá, se
conoció la muerte de ocho indígenas y cuatro de ellos heridos quienes hacían
parte de la minga. “Presuntamente una persona lanzo un artefacto explosivo”.
La otra pieza del rompecabezas
Es la acérrima defensa del régimen
uribista para que retorne el uso del glifosato contra los cultivos de coca. Según
ellos fue un error del gobierno Santos acordar con las FARC que se dejara de
utilizar este veneno. Pese a lo que sentencian organismos internacionales como
la OMS (Organización Mundial de la salud) sobre los riesgos para la salud y en
particular para nuestras comunidades campesinas el uso del herbicida, Duque
defendió esta propuesta frente a los magistrados de la Corte Constitucional, el
pasado 7 de marzo.
Los terribles reduccionismos del
actual gobierno frente al problema de las drogas retornan a la agenda, pues es sabida
la miopía con que se aborda el tema; atacar la producción de la coca sin
preguntarse por el consumo. La ciudadanía se conoce este otro libreto, fumigar
miles de hectáreas en determinada región para que luego los cultivos de uso
ilícito de desplacen a otra zona y vuelva a iniciarse la aspersión área con
glifosato, en un ciclo de destrucción interminable.
En su patrioterismo paisa Luis
Pérez Gutiérrez, actual gobernador de Antioquia, acuñó una nueva máxima:
“patria o coca”. Sin embargo la mejor imagen, por todo el sentido dantesco que
ella trasmite, nos la dejó Fernando Londoño Hoyos. El “ilustre” político de
Manizales dijo: “glifosato, pero a la lata…que llueva glifosato sobre los
campos”.
Para cerrar el mes, mientras
Duque objetaba la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la senadora uribista
María Fernanda Cabal continua impulsando un proyecto para modificar la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras.
Cuando ya se conoce el nombre de
por lo menos veinticinco empresas privadas que han sido
condenadas a devolver la tierra a sus originales dueños, ahora resulta que las
víctimas empobrecidas, sin recursos para su defensa, deberán si se aprueba este
esperpento, probar judicialmente que las desplazaron y despojaron. La máxima
es: “Respetar los derechos de los segundos ocupantes,” es decir, de quienes se
lucraron con tierra despojada por los actores armados, entre los cuales no
pocos son adherentes del partido de gobierno, el Centro Democrático.
