Coyuntura Socio-Política

Un pronunciamiento sobre la intervención militar en el Ecuador

La Indagatoria al hoy candidato presidencial Juan Manuel Santos

Bogotá, Mayo 21 de 2010

Dr.

DANIEL MENDEZ F.

Juez Corte Superior

Sucumbíos- Ecuador

Las Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos, que firmamos esta carta, partimos del hecho de que la independencia judicial es una garantía para los derechos de las personas. El único lugar donde una persona débil que tiene un derecho que le ha sido violado por un poderoso puede reclamarlo y conseguir que se le restablezca su derecho es ante un juez imparcial e independiente.

La independencia judicial es un principio fundamental del estado de derecho en todas las naciones civilizadas, y por eso nuestro deber es respaldar este principio en todas las naciones del mundo. Por esta misma razón respaldamos en particular su decisión de cumplir con su labor imparcial e independiente de investigar los múltiples homicidios que se cometieron en el territorio de su jurisdicción y para lo cual tiene competencia material. Su labor de juez cobra mayor urgencia jurídica al comprobarse la autoría de esos hechos por medio de la confesión de las personas que públicamente le dijeron al mundo que ellos habían ordenado el bombardeo que ocasionó el homicidio de 25 personas. Demostrado el crimen y sus autores, usted no tiene otra alternativa que investigar y condenar a los responsables. No hacerlo sería faltar a su deber como juez independiente.

En la teoría del derecho, el estado sólo es responsable de la conducta de sus funcionarios cuando estos han actuado respetando plenamente las normas jurídicas. Las conductas que se ejecutan por fuera de las normas previamente establecidas no pueden imputarse al estado. En el caso concreto de Ecuador, los hechos en cuestión se realizaron contrariando el derecho internacional no solamente de los tratados, sino el derecho internacional consuetudinario.

Por lo tanto, quienes así actuaron nunca podrán imputar su conducta al estado colombiano. Contrario a lo que afirman, los arquitectos y ejecutores de esas acciones no actuaron como funcionarios del estado sino como particulares.

No es cierto que los funcionarios públicos siempre actúan a nombre del estado, para que actúen a nombre del estado deben respetar el derecho interno y el derecho internacional, cuando actúan sin respeto del derecho internacional o de la Constitución, o lo que es lo más grave violándolos, ya no actúan como funcionarios sino como delincuentes y como particulares y su conducta no puede ser imputable al estado.

Recordemos que las dictaduras militares justificaron sus actos diciendo que los hacían por razones de estado, con esta razón explicaban la tortura, las desapariciones y los asesinatos.

Sin embargo, el gobierno de Colombia, que actuó por fuera del derecho internacional y por lo mismo obró como particular, ha manifestado que no reconoce la competencia y jurisdicción del juez de Ecuador, a pesar de estar obligado por los tratados internacionales a hacerlo y, a falta de ellos, obligado por la legislación penal colombiana que establece el procedimiento para castigar a personas que hayan cometido delitos en el exterior y que se hayan refugiado en nuestro territorio.

El derecho colombiano es garantista de la vida y por lo tanto no contempla la pena de muerte. Por lo tanto, el gobierno de Colombia no puede ofrecer recompensas por asesinatos, ni pueden sus agentes ser autores de asesinatos. Paradójicamente, el mismo gobierno que desconoce las decisiones de jueces como usted frente a los tratados internacionales y el procedimiento penal interno, es el mismo que renuncia a su soberanía en decisiones como la reciente cesión de bases militares colombianas al ejército estadounidense. Los acuerdos que facilitan la presencia militar norteamericana en suelo colombiano extienden inmunidad a miembros del personal militar estadounidense o sus acompañantes civiles que cometan crímenes en territorio de Colombia. De esta manera el gobierno colombiano renuncia a su soberanía jurídica y acepta la jurisdicción de Estados Unidos para que sea ella la que conozca de esos casos.

No creemos que haya crímenes buenos y crímenes malos, sino crímenes que deben ser investigados y esclarecidos para que cese la impunidad. En Colombia, los ocho años del gobierno que está por concluir se caracterizaron por el constante señalamiento y estigmatización a los movimientos sociales y las organizaciones de Derechos Humanos que se comprometieron con la defensa de la vida y la justicia, contra el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad; por la restricción al ejercicio libre e independiente de los poderes públicos y por poner en riesgo la paz entre países hermanos.

Invocando el principio de independencia judicial, afirmando la vigencia de los acuerdos internacionales celebrados en el marco del derecho internacional y estando convencidos de que una condición para la paz interna de nuestro país y para el mantenimiento de la paz con los países vecinos es el esclarecimiento de los delitos cometidos por funcionarios públicos de cualquier estado, los abajo firmantes respaldamos su labor judicial para que crímenes como el señalado no queden en la impunidad sino que sean esclarecidos y que sus perpetradores respondan ante los estrados judiciales.

Cordialmente,

Justicia y Vida, Movimiento Magisterial Dignidad Educativa, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES, Red de Colombianos y Colombianas Unidos por Nuestros Derechos Constitucionales, TJER, AMEN-SD, Circulo del Pensamiento Crítico Latinoamericano, Campaña Prohibido Olvidar, Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, Sintraminergetica, Iglesia Menonita de Berna, Colombianos y Colombianas por la Paz, Asociación de familiares de víctimas de Trujillo Valle, Comisión Ínter Franciscana de Justicia y Paz y Reverencia con la Creación, Movimiento Continental de Cristianos y Cristianas por Justicia y Dignidad, Poder Ciudadano, Mesa contra la Impunidad, Central Unitaria de Trabajadores CUT.

Contacto:

Justicia y Vida

Tel: (57) 1 – 2858912

Cel. 300-521.3830