miércoles, 27 de febrero de 2013


EL PARO CAFETERO A TRES VOCES

Miguel  Angel Herrera Zgaib

Profesor Asociado, Ex director
 Ciencia Política y Unijus, Unal.
Presid.y.partic@gmail.com

                                    La jornada de ayer fue la más dura, y cubrió a los departamentos cafeteros. Hubo golpizas, y una persona muerta, como resultado, se alega de uno de los bloqueos, pues una mujer embarazada falleció cuando era transportada en una ambulancia que no le fue permitido el paso.
El supuesto censo cafetero habla de alrededor de 500.000 familias colombianas dedicadas al cultivo del oro verde, cuya producción ha caído de cuatro años para acá, pasando de 12 a 8 millones. Lo cual se ha convertido en el argumento para que Colombia sea, quién lo hubiera pensado, importadora de café fino.

Dignidad Cafetera  y la  Federación.

"El señor Gutiérrez no es cafetero, representa intereses políticos respetables pero no puede considerarse un vocero de los cafeteros". Luis Genaro Muñoz.
"Al año me toca comprar unos 10 bultos de abono, o sea, 800 mil pesos. ¡Ni vendiendo dos cargas alcanzo a comprar el abono!" Alfonso Suárez, caficultor en paro.

                                         El movimiento Dignidad Cafetera, cuyo líder visible es Oscar Gutiérrez Reyes, y a quien el gobierno y el presidente de Fedecafé, señalan como no cafetero, es un dirigente político que pertenece al MOIR, y comparte el quehacer político con el senador Jorge Enrique Robledo, un senador reconocido del PDA, quien se ha destacado también por denunciar los TLC que golpean la agricultura nacional.
Si la contabilidad fuera cierta, habría alrededor de 150.000 cafeteros de diverso origen y procedencia, que no están representados en la Federación. Luego la organización que preside Luis Genaro Muñoz, no puede ignorarlo más. Y está claro que no es una organización democrática, porque la minoría no está representada en el peor de los casos.

Para la versión liberal de la democracia, lo recordaba  James Madison, un padre fundador de los Estados Unidos, la minoría tiene que estar protegida en sus derechos. Los pequeños propietarios de parcelas entre 2 y 4 has, no se sienten más respaldados, y están al borde de aguantar hambre.

El Tiempo consignó el testimonio de uno, Alfonso Suárez, de Quinchía (Risaralda), unido a 800 que protestan en Irra, quien manifiesta que permanecerán en la lucha, y hace la contabilidad de la producción cafetera de los minifundistas, los más perjudicados .

Habla el ministro Restrepo.

"El gobierno no de ahora, ni al remolque de los paros ayuda al gremio cafetero con 5 billones, 1.2 en transferencias, y 3.8 billones en créditos subsidiados". Juan Camilo Retrepo, minagricultura.

                                   Entrevistado en Caracol, el ministro dice, que hay presencia de las Farc en el paro de los cafeteros de Huila, Caquetá, Cauca, y Nariño, de oídas, sin ofrecer pruebas. Pero, él guarda silencio de la presencia del movimiento político y gremial "Dignidad Cafetera", a quien trata de deslegitimar el presidente de la Federación.

El ministro responde que los caficultores en paro reclaman un precio de sustentación de 800.000 por carga. El minhacienda contesta que no hay disponibilidad presupuestal, porque habría que hacerlo para todos los agricultores. Hacerlo hoy costaría un billón, dice Restrepo,

Lo que sí se da es una prima del 15 porciento. En relación con suspender la importación del grano, el ministro contesta que sería el peor negocio para dedicar el café fino colombiano a producir solubles y venderlos en el país.
Al respecto, Oscar Gutiérrez Reyes, líder de los cafeteros en paro, dice, al contrario: "Si el precio internacional está deprimido, qué mejor que los colombianos nos tomemos nuestro café y paguemos alto por él".
Otra exigencia de los paristas es que se detenga la revaluación, se contenga la "enfermedad holandesa". El ministro contesta que no se están monetizando los créditos en dólares, y el Banco de la República comprará de 20 a 30 millones de dólares diarios.

Él nada dijo sobre el control de precios sobre los insumos. En cambio, Gutiérrez señala: "...en el 2002 con un bulto de café comprábamos dos de fertilizantes, y hoy son necesarios dos bultos de café para comprar uno de fertilizantes".

 Gutiérrez  añade acerca del plazo de los créditos, que los bancos no han sido notificados hasta hoy, y menos para proteger a los cafeteros que están en cobro juridico, y los que tuvieron que usar un crédito distinto al agropecuario.

Los que protestan y bloquean carreteras reclaman un precio de $850.000, Luis Genaro dice que el precio doméstico "es el resultado de la combinación del precio internacional y la tasa de cambio. La federación no lo fija".

Por lo pronto, ¿qué?

                                                                  Por lo pronto, se calcula en 20.000 los cafeteros en paro. La realidad del café, y la agricultura colombiana, ya no es el motor de la economía nacional, como lo fueran en el pasado. Pero, sí hay millones de colombianos pobres que sobreviven de esta, y no pocos han tenido que refugiarse en la ilegal, como forma de sobrevivencia.

Ahora, quienes comercializan el café, son otros. Y tiene que ser puesto en cifras ese beneficio capitalista, así como el manejo de los futuros, en el mercado especulativo global.

En cualquier caso, tiene que transformarse el gobierno de la Federación, que se diseñó en los años 70. El poder no es democrático, y la constituyente como en la educación son urgentes, pero con suficiente verdad en los hechos que hacen a unos ricos y a otros pobres, a la manera capitalista.

La fórmula de Juan José Echevarría como presidiendo una comisión para resolver el problema en un año, no sirve. Se trata de un debate nacional con medios expeditos, que defina los asuntos   e ilustre al conjunto de Colombia, la que tributa, para redefinir de una vez por todas el  modelo  económico neoliberal,  que hace agua por todos los lados.  Y cambiarle el rumbo a la nación en y con la democracia de l@ much@s afectados.


viernes, 22 de febrero de 2013


ÁREA DE COMUNICACIONES / ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA
PRODUCCIONES EL RETORNO / 2013
http://comunicaciones.acantioquia.org/

ESTO NO PUDO HABER PASADOUn documental realizado por los jóvenes del equipo de comunicaciones de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.


Será emitido este jueves 21 de febrero, 8 años después de la masacre,
a las 9:30PM en la franja Hagamos Memoria del Canal Capital.

http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2011_1/imagen_11_1/Masacre-del-21.jpg
21/05 - No los olvidamos
Masacre del 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
NUEVO VIDEO: http://youtu.be/xwiGOPkjRa8

Han sido muchos los muertos en la lucha de resistencia de esta comunidad campesina, la cronología de una agresión que no distingue entre actores armados y entre las más crueles y denigrantes maneras de represión. Pero el 21 de febrero de 2005 será una fecha imborrable en la memoria de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, hasta las veredas de Mulatos y La Resbalosa llegaron los señores de la muerte, resguardados entre las sombras, para masacrar a un líder histórico del proceso y a 7 personas más, incluyendo tres menores de edad. El paso del tiempo le ha dado la razón a las denuncias de la comunidad que señaló a los militares como coautores de los hechos. Y es que... “Uno de los pilares de la Comunidad de Paz ha sido la memoria, la memoria de las víctimas, ellos siempre han visto en los que han entregado sus vidas en el proceso de la Comunidad de Paz, una fuerza que los mantiene adelante y no los deja echar para atrás". Acompañamos el caminar honesto y sincero que realiza la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por los lugares en los cuales fueron masacradas 8 personas hace 7 años. Nos sumamos a sus exigencias de justicia y a la construcción de memoria como una estrategia para enfrentar la impunidad que nos gobierna.


>> LA PROPIA COMUNIDAD TUVO QUE IR A RECOGER A LOS MUERTOS, cuatro días después del crimen. El Ejército había usado a los paramilitares como guias y había dejado grafitos en las paredes. El gobierno cerró filas en defensa de los militares y los muertos fueron señalados como guerrilleros. Cinco años después de los hechos, los jóvenes del equipo de comunicaciones de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, participantes de la Escuela Juvenil de Realización Audiovisual, realizaron su primer trabajo audiovisual con el cual pretenden contar parte de la barbarie contra su comunidad y re-construir una memoria inolvidable. • Reproduce el documental

>> UNA COMUNIDAD DE PAZ EN UNA ZONA DE GUERRA - Luis Eduardo Guerra sintió sobrevuelos de helicópteros y bombardeos el 20 de febrero y prefirió no ir hasta Mulatos a recoger el cacao. Al día siguiente decidió no esperar más y enfrentarse con la palabra a cualquier actor armado que se encontrara en el camino. Las confesiones progresivas de los victimarios nos han ido descorriendo el telón para mostrarnos las escenas más conmovedoras que sucedieron en Mulatos y La Resbalosa el 21 de febrero de 2005. “Hoy nuestra memoria de estos hechos llega a un umbral de esclarecimiento, de reflexión, de significados y sentidos, y acoge físicamente los despojos de estas hermanas y hermanos nuestros horriblemente sacrificados en este proceso como compañeras y compañeros cercanos, cuya presencia física va a estar recordándonos, reforzando los valores en los cuales ellas y ellos invirtieron lo mejor de sus energías vitales”. • Leer texto completo   • Descargar la crónica en PDF

La historia de resistencia civil de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, su presente y sus apuestas se narran en un nuevo capítulo de este esfuerzo de construcción de memoria audiovisual. En octubre de 2008, en San José de Apartadó, se realizó la presentación de un nuevo trabajo documental que cuenta la historia de resistencia civil de esta comunidad en el urabá antioqueño. 2008 - 30 minutos.

Detrás de los Medios es un reporte del seguimiento al cubrimiento realizado por los medios masivos de comunicación a realidades que atañen, de manera directa, la vida de los procesos comunitarios y de resistencia civil de las comunidades campesinas en Colombia. El primer capítulo de esta serie analiza la manera como fue presentada por los medios audiovisuales la masacre ocurrida el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

• Carta a El Colombiano / Por Javier Giraldo Moreno. S.J. - Fue repulsivo, por ejemplo, el tratamiento que su diario le dio a la masacre del 21 de febrero de 2005, en su mismo editorial (Editorial del viernes 4 de marzo de 2005), en el cual no sólo critica a quienes denuncian a los verdaderos autores del crimen sino que acusa a los denunciantes de querer entorpecer la reelección del Presidente Uribe y aboga por la presencia de la fuerza pública en el caserío, a pesar de los graves señalamientos de ser los autores de la barbarie. Igualmente repulsiva fue la acogida que su diario le dio al falso testigo que los militares buscaron para engañar a la opinión pública (artículo: “Delación, única pista de masacre”, 4 de marzo de 2005, pag. 3 a), tomando sus mentiras como la verdadera versión de los hechos y divulgándolas masivamente sin discernimiento alguno. Causa indignación comprobar que, una vez desenmascaradas las mentiras por la misma “justicia” en la que su diario dice creer, no se dio ninguna autocrítica ni se intentó corregir las falsedades difundidas, ni reparar los daños enormes causados a las víctimas. Uno se pregunta qué conciencia ética puede tener un medio de “información” al que no le preocupa haber servido de instrumento, voluntaria o involuntariamente, para tan atroces ardides. Leer el texto completo de la carta.

 ¿Por qué mataron a los niños? - Revista Semana - En febrero de 2005 Armando Gordillo conoció el paraíso y el corazón de las tinieblas en menos de una semana. El capitán del Ejército estaba en las exuberantes playas de Capurganá, en el mar Caribe, cuidando a las estrellas de televisión que grababan el reality Desafío 2005, cuando recibió una llamada en la que se le ordenaba que saliera para Nueva Antioquia, un paraje cerca de Apartadó, porque se daría inicio a la operación 'Fénix', programada por la Brigada XVII de Urabá. Era el comienzo de uno d e los episodios más sangrientos de la guerra en Colombia: la masacre de Mulatos y La Resbalosa. Leer texto completo.
Foto Luis Eduardo Guerra PBI
LUIS EDUARDO GUERRA / Líder histórico de la Comunidad de Paz - “Nos hemos preguntado, tal vez muchas veces, si Luis Eduardo sería acaso un hombre que despreciaba la vida, pero no, si alguien defendía la vida buscando siempre estrategias nuevas de defensa era Luis Eduardo. Más bien tenía la convicción de que la vida no se podía destruir, ni siquiera con la muerte… Hoy vemos su vida como la de un verdadero líder, un líder que encarnaba lo que es la Comunidad de Paz, su muerte como una presencia viva en la comunidad, su memoria es una energía que nos infunde fuerza a todos”.
>> ESPECIAL SOBRE LA COMUNIDAD DE PAZ EN SURIMAGES - JORGE MATA
UNA COMUNIDAD QUE SE RESISTE A LA VIOLENCIA
 
UN AÑO DE LA MASACRE
DE OCHO CAMPESINOS
 
LA FUERZA PÚBLICA
EN SAN JOSÉ
  
>> NO LOS OLVIDAMOS - “No podemos decir nada más; el dolor nos embarga tan profundamente que sólo podemos llorar. El estado colombiano, como muestra de su increíble ilegitimidad, ha realizado otra masacre que baña de sangre nuestras tierras. El ejército ha masacrado a LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA, de 35 años de edad, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno desde los inicios del proceso. A su compañera BELLANIRA AREIZA GUZMAN de 17 años, a quien hace tan sólo unos días se había unido, a su hijo DEINER ANDRES GUERRA de 11 años y quien había sido herido el 11 de agosto de 2004 con una granada dejada por el ejército. A ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO de 30 años, líder de Mulatos y miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos. A su compañera SANDRA MILENA MUÑOZ POZO de 24 años y a sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 2 años y a NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ de 6 años”. Pronunciamiento de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el año 2005.
http://comunicaciones.acantioquia.org/imagenes/fotos/sanjose_4.jpg
“Las confesiones progresivas de los victimarios nos han ido descorriendo el telón para mostrarnos las escenas más conmovedoras que sucedieron en la Resbalosa en aquella tarde del 21 de febrero de 2005. Desde el campo de los amigos nadie pudo contarnos realmente lo que paso allí, ni narrarnos los últimos momentos de Alfonso, de Natalia o de Santiago, han sido los mismos victimarios desde sus remordimientos y tormentos de conciencia que nos han dado acceso a lo más horrendo de aquel drama. Nos estremece pensar en los sentimientos de Alfonso cuando regresa a su hogar con el propósito de salvar la vida de los suyos ó correr su misma suerte y encuentra su casa invadida por gente sin alma que se dedican a una macabra orgia de sangre, tiene que contemplar de lejos el cadáver de su esposa, Sandra, tendida en la cocina, mientras sus niños se le abalanzan a abrazarlo en medio de su estupor, de un estupor que su inocencia les impide valorar en sus verdaderas dimensiones. Alfonso le suplica a los victimarios, que discuten en ese momento sobre la inminente ejecución de los niños, que no vayan a cometer ese crimen y que más bien lo maten a él, entre tanto le dice a sus niños que deben prepararse para un viaje muy largo, allí se produce el último rasgo de las más fina y delicada ternura, cuando Natalia empaca algo de ropa para que su hermanito Santiago la lleve en ese misterioso viaje que ella no alcanza a comprender, con ese precioso gesto de inocente ternura se cierra la vida de Natalia, de Santiago y de Alfonso. Segundos después sus cuerpos serian desmembrados y sepultados en pedazos en aquellas dos estrechas fosas, medio escondidas en el cacaotal. Varios de aquellos esclavos de la muerte confesarían después que sintieron revolverse su conciencia y comprendieron que jamás podrían alejar de sí el tormento de esa macabra memoria”. Palabras de Javier Giraldo en la Homilía durante el quinto aniversario de la masacre.
Fotografía: El padre Javier Giraldo en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 19 de febrero de 2010.
La Brigada XVII de Urabá es quizá la unidad militar que más han mencionado los paramiitares en sus versiones libres.  ‘Melaza’ y otros paramilitares dicen que los patrullajes conjuntos de militares y paramilitares eran frecuentes aún después del proceso de paz de las AUC
La Brigada XVII de Urabá es quizá la unidad militar que más han mencionado los paramiitares en sus versiones libres.
‘Melaza’ y otros paramilitares dicen que los patrullajes conjuntos de militares y paramilitares eran frecuentes aún después del proceso de paz de las AUC.

• Información sobre los hechos en Verdad Abierta

http://www.elespectador.com/files/images/3e170063c701cb93ee9c3dc175bb5d25.jpg

Los cabos sueltos de la masacre de San José de Apartadó

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Pese a la condena de 20  años de cárcel contra varios paramilitares, las víctimas piden a la justicia aclarar la participación de miembros del Ejército en esta masacre cometida en febrero de 2005. 

“A quienes se les está resolviendo la situación es a mandos bajos de  la estructura paramilitar, ellos fueron los que participaron en la ejecución, pero no son los que organizaron y planearon los crímenes. El país necesita saber quiénes fueron y persistiremos en exigir mayor justicia”, advierte Molano.

“Me dijo que la plata era para dársela a unos testigos desmovilizados de las Farc que iban a declarar a Bogotá y que iban a decir que la masacre de San José de Apartadó la habían cometido las Farc, no recuerdo para qué mes del 2005, pero lo que sí recuerdo es que eso fue en ese año”, precisó alias ‘HH’ ante los investigadores.

Jorge Luis Salgado, alias 'Kiko', exparamilitar del Bloque Héroes de Tolová, narró lo sucedido: “Vi que había una mujer muerta en el piso, le reportaron a los comandantes de unos niños que estaban adentro de la casa, creo que estaban debajo de la cama. Los sacaron de allí al patio. Se llegó a la conclusión de que serían una amenaza en el futuro diciendo textualmente que ellos crecían y se volverían guerrilleros. Por ese motivo se ordenó ejecutarlos en silencio”.

Durante el 21 y el 22 de febrero de 2005, un comando de por lo menos 60 paramilitares pertenecientes al bloque Héroes de Tolová, que comandó Diego Fernando Murillo Bejarano,  ' Don Berna' , protegidos por miembros de la  Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 adscrita a la Brigada XVII del Ejército,  asesinó a  Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de edad. Todos fueron desmembrados y enterrados en una fosa común.
21/05 - No los olvidamos
NUEVO VIDEO: http://youtu.be/xwiGOPkjRa8

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ÁREA DE COMUNICACIONES / ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA
 
Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia
PRODUCCIONES EL RETORNO / 2013 - 
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domingo, 17 de febrero de 2013

El corresponsal de MARCHA  nos remite el presente informe sobre Arauca, un departamento rico en recursos naturales, pero azotado por la explotación transnacional y los políticos locales, quienes se mueven de modo regular bajo los móviles del lucro. Ahora la población civil hace causa común para luchar por los recursos naturales, y redireccionar su utlización, a la vez que defender a los trabajadores de las industrias extractivas y a las comunidades indígenas que han logrado sobrevivir a la expoliación y al exterminio. El paro vive su primer gran desafío, y  la policía cumple la triste tarea de reprimir a quienes protestan y resisten. N de la R.



Escuadrón antidisturbios arremete contra comunidades movilizadas en el paro cívico decretado en Arauca

Imágenes integradas 1

Imágenes integradas 2

Luego de dos semanas de movilización pacífica contra la explotación petrolera en Arauca, el 12 de febrero se dio inicio al paro cívico anunciado en días pasados por las organizaciones sociales de ese departamento, como respuesta de las comunidades a los reiterados incumplimientos por parte del gobierno nacional y las empresas transnacionales.

El último intento de diálogo se produjo el lunes 11 de febrero, entre la Comisión vocera (compuesta por delegados de indígenas, campesinos, jóvenes, mujeres, trabajadores y comunales) y representantes del Ministerio del Interior así como de las empresas petroleras que operan en la región, a fin de establecer las condiciones en que se daría cumplimiento a los compromisos que éstos últimos han hecho desde mayo de 2012.

Los incumplimientos reiterados, la dilación del proceso de negociación de los acuerdos por parte del gobierno y las empresas causó el rompimiento de ese espacio de diálogo, ante lo cual se procedió al uso de la fuerza estatal: aproximadamente 1200 efectivos del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) llegaron a desalojar violentamente a las comunidades de los sitios de concentración.

El primer hecho se presentó en la vereda San Isidro, sobre la vía que de Tame conduce a Arauca capital, en el punto de acceso al complejo petrolero Caricare explotado por la transnacional OXY, donde el ESMAD, la Policía y el Ejército agredieron a las comunidades movilizadas incendiando los potreros aledaños, disparando sus armas de dotación, destruyendo bienes civiles (una escuela), saqueando las provisiones de alimentos que tenían los manifestantes en el sitio, golpeando brutalmente y reteniendo a cuatro personas, entre otros hechos violatorios de los derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario.

Como consecuencia de lo anterior, una mujer indígena en estado de embarazo, que transitaba por el lugar, por efectos de los gases lacrimógenos perdió su bebe y debió ser traslada de urgencia a un centro de atención médica.

La fuerza pública ha impedido la labor periodística de los medios de comunicación locales y nacionales, al obstaculizar el paso de corresponsales de CM&, RCN y otros medios locales que se desplazaban hacia Cari Care; el ejército nacional efectuó un retén en el sector del Lipa y determinó que “por razones de seguridad” los periodistas no podían pasar. Cabe recordar que en los hechos del Quimbo (Huila) la fuerza pública también restringió la presencia de los medios de comunicación y se produjo una serie de hechos de violencia y represión estatal de graves consecuencias para la integridad de las personas.

Frente a tales hechos, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierrra emitió una ACCIÓN URGENTE mediante la cual manifiesta su preocupación por la detención de las personas, la agresión y brutal violencia ejercida contra campesinos e indígenas, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por la fuerza pública al violentar y destruir instalaciones civiles, el saqueo de víveres destinados a la alimentación de los manifestantes; la Fundación hace un llamado al Estado colombiano a respetar las normas del derecho internaciona,l de los derechos humanos y el DIH, garantizando la vida, integridad y libertad de los manifestantes, así como su derecho a la libre expresión y a la protesta.

En el mismo sentido, la Acción Urgente denuncia una serie de vulneraciones a los derechos de los manifestantes por parte de la fuerza pública, cuyos miembros se han dedicado a fotografiar constantemente a quienes participan de la jornada de protesta, han retenido, interrogado y reseñado a algunos de ellos, han hecho presencia hombres vestidos de civil y armados a altas horas de la noche en cercanías a los lugares de concentración, entre otros casos.

En los demás sitios de concentración de manifestantes, tales como el punto de acceso al complejo petrolero de Caño Limón en el municipio de Arauca, el campo Caricare en Arauquita, la línea del oleoducto bicentenario en Tamacay y el Tigre (Tame) y en Villamaga (Saravena) y la subestación de bombeo de Banadías (Saravena), las autoridades estatales han enviado contingentes del ejército, la policía nacional y el ESMAD, por lo que se teme que ocurran hechos similares a los acontecidos en Caricare.

Es importante anotar que en este momento no se presenta movilidad de personas y vehículos por vía terrestre hacia fuera del departamento de Arauca por las dos únicas vías de acceso (Casanare y Norte de Santander), el comercio y todas las actividades han sido paralizadas por completo en esta región del país.


Informa: Equipo de comunicación regional
Movimiento político de masas de las organizaciones sociales del centro oriente de Colombia
febrero 13 de 2013

martes, 12 de febrero de 2013



 International Committee for the    
Freedom of the Cuban 5  

SEEKING U.S. GOVERNMENT TRANSPARENCY ON THE 1996 BROTHERS TO THE RESCUE SHOOTDOWN 

Gray

The Los Angeles-based Center for Human Rights and Constitutional Law has initiated several requests under the Freedom of Information Act (FOIA) seeking access to records that may show (1) what the U.S. Government knew about the likelihood for a confrontation between Cuba and Brothers to the Rescue (BTTR) planes that were routinely taking off from Florida after filing false flight plans and penetrating Cuban airspace in 1995-96, and (2) what the U.S. Government could have done to prevent the February 24, 1996 incident in which a Cuban MiG shot down two Brothers to the Rescue planes that had illegally penetrated Cuban airspace.

This interview was conducted on February 8, 2013 by the International Committee for the Freedom of the Cuban 5 with Peter Schey, President of the Center for Human Rights and Constitutional Law and lead counsel in the FOIA cases.

IC: When did the Center for Human Rights and Constitutional Law file a federal lawsuit seeking documents from the U.S. National Geospatial Intelligence Agency (NGA)?
PS: The Center filed a federal lawsuit in 2010 under the Freedom of Information Act against the National Geospatial-Intelligence Agency (NGA).
IC: Why did the Center file the lawsuit?

PS: The Center is pursuing this information for several reasons that were explained in the letters sent under the Freedom of Information Act addressed to the NGA and other U.S. agencies seeking disclosure of records relating to the 1996 Brothers to the Rescue (BTTR) shoot down incident. First, the records the Center is trying to obtain are of interest to all persons concerned with the BTTR shoot down and the Cuban Five case. Second, the information the Center is seeking is also relevant to the conviction and life prison sentence of Gerardo Hernandez, and legal and non-legal efforts to have his sentence vacated or reduced.
IC: Can you explain how this lawsuit may be relevant to the life sentence of *Gerardo Hernandez?
PS: Gerardo stands sentenced by a U.S. court to serve life in prison only because of the Brothers to the Rescue shoot down in 1996. There are at least four reasons why it may be helpful to achieve more transparency by the U.S. Government and eventually win a legal or political decision to reconsider Gerardo's conviction or his sentence:
First, all Gerardo allegedly knew before the shoot down was that there would be a "confrontation" with BTTR pilots in February 1996. He had no knowledge whether that might mean an attempted interception and demand that the BTTR pilots land in Cuba to face charges, whether the BTTR planes would be chased out of Cuban airspace (if they entered Cuban air space), whether warning shots may be fired to force the BTTR pilots to leave Cuban airspace (if they entered Cuban air space), or whether the BTTR planes would actually be shot down. We are seeking transparency by the U.S. Government because it is very possible that the U.S.G. possessed more information than was available to Gerardo about the planned confrontation. If the U.S. Government possessed more information than Gerardo about the shoot down before it took place, this would clearly make his life sentence extremely unjust.
Second, it is likely that the U.S. Government was in a position to prevent whatever confrontation may take place, while Gerardo possessed no way to prevent a confrontation. BTTR pilots obviously knew that their illegal penetration of Cuban airspace and flying over the rooftops of Havana would eventually trigger a confrontation with Cuba. If Gerardo had warned them that a confrontation may take place in February 1996, they most likely would have been delighted and kept flying into Cuban airspace precisely to provoke the confrontation. In any event, the Cuban Government knew what planes the BTTR pilots were flying and had radar to track any planes entering Cuban airspace so they didn't need information from Gerardo about the plans of BTTR pilots.
We are seeking transparency by the U.S. Government about reasonable steps it could have taken--but failed to take--to prevent BTTR pilots from filing false flight plans with the U.S. Federal Aviation Administration and using U.S. airports from which to depart to illegally invade Cuban airspace. If the U.S.G. was in a position to prevent the Cuban-BTTR confrontation, but failed to do so, this also makes Gerardo's sentence extremely unjust. Unlike the U.S. Government, Gerardo had no power to avoid the confrontation.
IC: Are there other reasons why you believe seeking these records is important to Gerardo's conviction and life sentence?
PS: Yes. The U.S. Government made clear at Gerardo's trial that the location of the shoot down was critical. It believed Gerardo could only be convicted of conspiracy to commit murder if the shoot down took place in international airspace. However, not a shred of evidence showed that Gerardo, or anyone else including U.S. Government officials, had any knowledge or would have ever predicted, that a confrontation with BTTR planes would take place in international airspace rather than in Cuban airspace. In addition, if transparency by the U.S. Government showed that the shoot down took place in Cuban air space, or may have taken place in Cuban air space, this also would obviously make Gerardo's conviction and sentence completely unjust.
Finally, while Gerardo is serving a life sentence in prison, the U.S. authorities who likely had more information than Gerardo possessed, and were in a position to prevent the shoot down, have shared in none of the responsibility for the incident.
IC: If Gerardo only knew that some kind of confrontation would take place between Cuba and the BTTR in February 1996, why then was Gerardo convicted of conspiracy to commit murder and sentenced to life in prison?
PS: Technicalities of U.S. law and a biased jury allowed Gerardo to be convicted of "conspiracy to commit murder" despite the minimal knowledge he possessed, his inability to change the course of events, and his obvious lack of knowledge that any confrontation may take place in international airspace. The legality of Gerardo's sentence is being addressed in his writ now before the federal courts. Conspiracy has been defined in the U.S. as an agreement of two or more people to commit a crime. The U.S. Government believes the shoot down was a crime because it took place in international airspace, not Cuban airspace. 

But there is no evidence that Gerardo had any idea that any confrontation, or a shoot down, would take place in international airspace.  Under U.S. law someone can be guilty of "conspiracy" even if he or she has no direct involvement in the alleged crime and does not know the identity of the other members of the alleged conspiracy. However, regardless of the technicalities in U.S. law that allowed this conviction to take place and a life sentence to be imposed, the facts in this case make clear that Gerardo's "life" sentence is grossly excessive and should be reconsidered by any U.S. authorities with the authority to reduce the sentence and permit Gerardo to be released.
IC: What is the Center for Human Rights and Constitutional Law plan to do next?
PS: The Center will continue to seek transparency by the U.S. Government using legal methods under the Freedom of Information Act and the Presidential Records Act which may disclose records showing the U.S. Government's level of knowledge about the shoot down before it took place, and why the U.S. Government failed to take reasonable measures to prevent the shoot down long before it happened.
IC: Can you explain where the case stands right now?
PS: The U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit recently reversed the decision of the U.S. District Court in the case entitled Center for Human Rights and Constitutional Law v. National Geospatial-Intelligence Agency, a case we initiated with Len Weinglass before he passed away.
In a unanimous decision issued on January 23, 2013, by Chief Judge KOZINSKI, Circuit Judge McKEOWN and Circuit Judge M. SMITH, the Court of Appeals decided that the lower federal court "erred in granting summary judgment without requiring the National Geospatial-Intelligence Agency to submit a classified declaration for in camera review." 

The Court of Appeals agreed with the Center for Human Rights and Constitutional Law position that the NGA's "unclassified declaration [explaining why it would neither confirm or deny that the requested images of the BTTR shoot-down even exist] failed to provide 'reasonably specific detail' that would show why merely acknowledging the existence of records might reveal intelligence sources or methods, or affect our foreign relations."
The Ninth Circuit Court of Appeals also agreed with the center argument that if the NGA sworn declaration submitted in support of its "Glomar" exemption allowing the agency to neither confirm nor deny that the requested images exist, then "the government would be free to issue a Glomar response in practically every case involving satellite images and records, as well as many other surveillance activities."
The Ninth Circuit decided that the case must be returned to the U.S. District Court where it ordered that the NGA must provide a classified more detailed declaration for "in camera" review by the district court, as it offered to do at the oral argument The U.S. District Court must then "reconsider its summary judgment ruling in light of the information so provided."
IC: Could the NGA appeal the decision of the Ninth Circuit Court of Appeals?
PS: We don't know whether the NGA will seek further review by the Court of Appeals or seek review by the U.S. Supreme Court. The NGA has 45 days to ask the Ninth Circuit panel to reconsider its decision. Second, the NGA could petition the Ninth Circuit Court of Appeals to rehear the case "en banc." 

If the NGA petitions the Ninth Circuit to rehear the case en banc, all judges on the Ninth Circuit vote on the petition and the case will only be reheard en banc if a majority of judges vote that the three-judge decision was wrongly decided. If the case is reheard en banc, it will be reheard before a panel of 11 judges. We believe it is unlikely the NGA will seek reconsideration or en banc review, but even if it does, it is unlikely that a majority of Ninth Circuit judges will vote to rehear the case en banc.
Finally, the NGA has 90 days in which to file a petition asking the U.S. Supreme Court to review the case. We doubt that the NGA will seek review before the U.S. Supreme Court because this could invite a decision that would apply nationwide and would make clear that the NGA cannot respond to every FOIA request for satellite images with a response that refuses to confirm or deny the existence of the requested records.
IC: What do you think will happen next in the NGA case?
PS: We believe it is likely that the NGA will agree that the case should be returned to the U.S. District Court where the NGA will have to submit a more detailed declaration "in camera" to the District Court judge. This means that the more detailed declaration will not be provided to the Center for Human Rights and Constitutional Law or made public. It will be submitted only to the judge for her private review. She will then have to decide if the new declaration provides "reasonably specific detail" that actually shows why "acknowledging the existence of [the requested] records might reveal intelligence sources or methods, or affect [U.S.] foreign relations."
Whatever decision the U.S. District Judge reaches can then again be appealed to the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit by either the Center for Human Rights and Constitutional Law or the NGA. If the district judge's decision is again appealed to the Ninth Circuit Court of Appeals, the "in camera" NGA declaration will be reviewed by the panel of the Ninth Circuit judges to decide whether they agree that it provides reasonably specific detail that shows why acknowledging the existence of the requested BTTR satellite images or related documents may reveal intelligence sources or methods, or affect United States' foreign relations.
We are also pursuing separate FOIA requests to the Clinton Presidential Library, the U.S. Coast Guard, and the U.S. Defense Intelligence Agency. The Center for Human Rights and Constitutional Law will continue to seek transparency by the U.S. Government using legal methods under the Freedom of Information Act and the Presidential Records Act which may disclose records showing the U.S. Government's level of knowledge about the shoot down before it took place, and why it failed to take steps to prevent BTTR pilots from filing false flight plans and using U.S. airports from which to launch illegal and provocative flights into Cuban airspace.

We believe that transparency by the U.S. Government will show that whether or not Gerardo's "conspiracy to commit murder" conviction is technically correct or not, his involvement in the shoot down was so minimal, and his ability to avoid the shoot down so minimal, that his life sentence is grossly unfair and should be reconsidered by appropriate U.S. authorities in both the Judicial and the Executive branches of the government.
IC: What significance do you think that the release of Gerardo Hernandez would have on the general situation of the US/Cuban relations?
PS: First, for the reasons I already explained, we believe that Gerardo's conviction and life sentence are unjust and unfair. Second, President Obama and his foreign policy staff should understand that Gerardo's life prison sentence is of great concern to the Cuban people who view Gerardo as a hero and a political prisoner. Because of the widespread Cuban public sentiment that strongly supports Gerardo, finding a way to achieve his release and return to Cuba may be an essential pre-condition to improvement of Cuban-U.S. relations, and eventually a normalization of relations between the two countries.

*Gerardo Hernández Nordelo, one of the five Cubans imprisoned in the United States for almost 15 years.