El profesor e investigador en materia educativa, derechos humanos y juventud, Paulo Molina, nos da a conocer esta información sobre las tareas que una delegación congresional colombiana adelanta ante el paralmento europeo en Estrasburgo. N d la R.

Senadores de la Comisión Primera presentan ley de víctimas en el Parlamento Europeo.

Juan Fernando Cristo, del partido liberal, Luis Carlos Avellaneda del Polo Democrático y Hernán Andrade del Partido conservador han sido los encargados en presentar la ley de víctimas y restitución de tierras en diferentes escenarios políticos del Parlamento Europeo en la Sede de Estrasburgo (Francia)

Durante tres días cumplirán una apretada agenda coordinada por la Embajada de Colombia en Bélgica encabezada por Carlos Holmes Trujillo, que incluye encuentros con europarlamentarios de todos los tintes políticos de la eurocámara, exposición de la ley de víctimas y restitución de tierras ante la delegación Andina del PE, reunión con la Presidencia de la Subcomisión de derechos humanos del ente legislador y con el director para América de la Oficina para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Christian Leffler.

Su primer día tuvo un balance positivo como lo describieron los legisladores colombianos. El liberal Juan Fernando Cristo destacó la sintonía en este tema y afirmó “Hemos encontrado una gran receptividad y la posibilidad que dentro de las conversaciones del Tratado de Libre Comercio y en el marco de la cooperación de la Unión Europea con Colombia, se incorpore este capítulo de implementación de la ley de víctimas en temas tan importantes como la participación de la sociedad civil, de las organizaciones de víctimas, para que sean interlocutaoras del gobierno, en el fortalecimiento del tema de la memoria histórica”

En ese sentido el senador del Polo, Luis Carlos Avellaneda aseveró: “La verdad es que visualizar las víctimas, individualizarlas, reconocerles todos los derechos que les han sido quitados a causa del conflicto armado es una tarea muy importante que conduce a un camino que nos pueda llevar a la paz y es tan cierto es que el presidente Santos lo esta viendo asi” .

Por su parte el Conservador Hernán Andrade se mostrò satisfecho con la receptividad y entendimiento frente al reto que implica poner en marcha la ley de víctimas lo cual, según argumenta, se ilustra compárandolo con lo que pasa en otras naciones: “Ellos entienden la importancia. Las grandes dimensiones porque como comentó el diputado del PP Ignacio Salafranca en España, son mil víctimas frente a 4 millones en Colombia. Para ellos es absolutamente importante en lo que se refiere a las cifras astronómicas, en recursos humanos y monto presupuestal que requiere este propósito . Este es un paso importante y Europa entiende la dimensión, estan perfectamente informados y con esta visita buscamos acabar de complementarlo".

Finalmente el eurodiputado Salafranca del PP español, destacó la importancia de esta visita y lo quiso referenciar como un aporte positivo que le hace al proceso de aprobación final del TLC “Es una señal muy positiva que manda la administración del presidente Santos junto con el resto de las fuerzas políticas del país además teniendo en cuenta que el acuerdo de libre comercio que se está negociando entre Colombia y la UE, no solo tiene un amplio y ambicioso contenido comercial sino que en los aspectos referentes a los DDHH y al reconocimeinto de lo que han sufrido las víctimas es un elemento adicional que pone claramente de manifiesto la voluntad de ese gran país que es Colombia de superar sus dificultades a través de la justicia.”

NESTOR PONGUTA PUERTO
Agregado de Prensa & Comunicaciones
Embajada de Colombia en Bruselas

El amigo economista Luis Mejía sintetiza y aproxima unas reflexiones en torno al poutpourri de la pobreza, que por arte de birli birloque Santos desaparecerá en un santiamén, para colocarnos en el primer mundo, lo cual realizará nuestras mayores fantasías. ¿Que dirán l@s pobres? Averígualo Garzón. N d la R.

CONTEO DE POBRES EN COLOMBIA:

Metodología e implicaciones político-sociales de la medida de pobreza en la prensa colombiana

En la última semana se ha desatado en Colombia una controversia muy seria sobre la medición de los niveles de pobreza en el país. El Departamento Administrativo de Planeación Nacional ha definido una nueva metodología para identificar a las clases sociales colombianas según su capacidad económica. El vicepresidente de la República criticó en público la nueva metodología con el resultado favorable de que algunos voceros de opinión pública comenzaron a discutir los aspectos técnicos y la relevancia política de los nuevos métodos y el resultado desfavorable de que otros formadores de opinión decidieron enfocarse en los aspectos personalísimos de quién puede y quién no puede hablar públicamente del asunto.

Para asistir a mis amigos en el estudio del tema les he hecho una recopilación de artículos de prensa publicados recientemente sobre el tema.

Va primero un reporte de El Universal de Cartagena sobre la posición asumida públicamente por el presidente de la república que, podemos presumir, es la que inspira el trabajo del Departamento de Planeación Nacional.

Sigue una entrevista que hizo para El Tiempo Yamid Amat al director del Departamento Administrativo de Planeación en la que este funcionario describe para el público semianalfabeta [que puede ser la mayoría de lectores de prensa a juzgar por lo poco que le exigen a esta] la manera como sus funcionarios van a contar a los pobres de ahora en adelante. Es muy importante leerla para tener una idea elemental del tema de discusión.

Viene a continuación un artículo de Eduardo Sarmiento sobre El Espectador sobre los problemas teóricos y prácticos del conteo de pobres en una sociedad como la nuestra y critica seriamente la inconsistencia y los cambios metodológicos que hacen las agencias del gobierno colombiano en este asunto.

En seguida incluyo la columna de Tola y Maruja para El Espectador en la que discuten los problemas prácticos de vivir con el nivel de ingresos seleccionado por el gobierno colombiano para enterarse y enterarnos de cuantos pobres tiene el país. Zonzo zorongo, Tola y Maruja, sin proponérselo, nos describen una canasta familiar que teóricamente debería ser el sustento empírico de un modelo estadístico de medición de pobreza.

De esta manera apuntan a la falla más seria del trabajo de la agencia gubernamental. La medida de pobreza adoptada por el gobierno se basa en un modelo estadístico que presume la representatividad y completitud de una canasta familiar cuyos componentes han sido fijados por él mismo. Al atacar esa canasta familiar Tola y Maruja hacen explotar el modelo oficial. Y a fé mía que lo logran.

Inserto a continuación un artículo de Alfonso Monsalve para El Mundo de Medellín donde presenta diferentes alternativas para medir la pobreza e identificar el número de colombianos que la sufren. Excelente documento desde ese punto de vista.

Pongo luego un artículo de Alejandro Gaviria para El Espectador en el que colecciona una serie de reacciones encontradas sobre el trabajo del departamento de planeación nacional e incluye palabras que uno podría adjudicar a profesores universitarios, políticos populistas, amas de casa y comentaristas de prensa. Sin orden ni criterio aparente (debido a los límites de longitud impuestos por el jefe de redacción del periódico, probablemente] el artículo suena como una columna de Tola y Maruja a la que se le haya eliminado el humor.

Vienen a continuación dos reportajes excelentes del diario La República de Bogotá. El primero describe en detalle la controversia desatada por lo dicho por el vicepresidente y el segundo se refiere a la utilidad que tienen las medidas de pobreza con respecto a políticas de desarrollo y definición de prioridades del gasto público.

En seguida incluyo los editoriales de La República y El Espectador sobre la pobreza en Colombia. Vale notar la diferencia entre los dos. El primero se enfoca en la metodología para medirla y los remedios para aliviarla. El segundo mezcla consideraciones técnicas muy valiosas sobre metodología con críticas a la intervención vicepresidencial que distraen del tema que es de verdad importante: la superación de la pobreza en Colombia.

Añado un artículo de la revista Portafolio que se enfoca especialmente en las diferencias de metodología usadas por el gobierno colombiano para medir el nivel de pobreza en los últimos años y que al menos hace dos referencias a la disminución del índice reciente de pobreza como resultado del cambio de metodología, lo que tiene mucho sentido pues el nivel de la misma no va a pasar del 40% al 37% en el curso de un año en un país donde no ha ocurrido una revolución social bien pensada y mejor organizada.

Viene luego un reportaje de El País de Cali, al parecer tomado del diario La República, sobre el número de pobladores pobres del territorio nacional y de algunas regiones y ciudades en particular, lo que nos permite visualizar el problema en la puerta de la casa.

Finalmente, y para entretenimiento de mis amigos malpensados, burlones y antropólogos aficionados, incluyo la diatriba de Godofredo Cínico Caspa, de la revista de Internet Kien & Ke, en la que haciéndose pasar por un vocero de la opinión más conservadora de Colombia critica al vicepresidente por sus comentarios sobre la definición de pobre hecha por el departamento de planeación. Es para leer cum granu salis y con una sonrisita de entendimiento.

Espero que no se desanimen con la longitud del material. El tema amerita el tratamiento exhaustivo. Lo que a mí personalmente no me satisface en esta discusión es que el problema de la pobreza lo presentan, del presidente para abajo, como un asunto de vergüenza nacional. Yo creo que es un reto de justicia y que eliminarla o aliviarla substancialmente es una necesidad para una paz de larga duración.

A continuacion les copio los enlaces pero en el documento anexo pueden encontrar el texto completo de todos estos articulos:

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/%E2%80%9Cel-nivel-de-pobreza-en-colombia-es-vergonzoso%E2%80%9D-santos-24892

http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10385604.html

http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-299959-pobreza-ideal-o-real

http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-299943-no-nos-consta

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/que_es_ser_pobre.php

http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-299950-dialogo-de-sordos

http://www.larepublica.co/archivos/ECONOMIA/2011-09-13/el-vicepresidente-esta-en-desacuerdo-con-la-forma-como-se-mide-la-pobreza_137733.php

http://www.larepublica.co/archivos/ECONOMIA/2011-09-14/expertos-destacan-los-aportes-de-la-nueva-medicion-de-pobreza_137780.php#

http://www.larepublica.co/archivos/OPINION/2011-09-12/el-asunto-de-la-pobreza-no-es-un-pendiente_137621.php

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-299311-medicion-de-pobreza-un-debate-desviado

http://www.portafolio.co/economia/mas-11-millones-colombianos-salieron-la-pobreza

http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Mayo012010/1pobreza.html

http://www.kienyke.com/2011/09/15/angelino-es-el-diablo-y-noguera-un-heroe/

Héctor Mondragón es un destacado estudioso de la cuestión agraria en Colombia. Él ha tenido y mantenido un criterio independiente frente a uno de los debates más definitivos y estratégicos en la historia del país, y en el presente un asunto clave por resolver en la presidencia de Juan Manuel Santos. N d la R.

Lo que se dijo y lo que no se dijo

Por: Héctor Mondragón

La gran importancia del debate del 31 de agosto de 2011 en la Cámara de Representantes, fue mostrar al país cómo opera el mecanismo del despojo, mediante el cual las tierras son robadas con violencia a los campesinos para luego ser traspasada a los grupos del gran capital, por los beneficiarios directos del despojo, quienes se embolsillan grandes sumas de dinero.

Las masacres, asesinatos y amenazas que provocan el desplazamiento forzado, van seguidas de sucesivas compra-ventas, que violan todas las normas que supuestamente protegen a los desplazados y lo que es más grave, finalmente se modifica la Ley para sanear toda la historia de muertes y trampas.

Quedó claro que la famosa “flexibilización” de la Unidad Agrícola Familiar, es apenas un mecanismo para facilitar y legalizar el despojo del campesino y el paso de la tierra a manos del capital financiero. El conjunto de argumentos y denuncias presentadas por los citantes, mostró y demostró a cabalidad cuál es la hoja de ruta del despojo.

Pero algo quedó oculto: la propaganda que hace el gobierno cuando afirma que su política y las normas que el Congreso le aprueba, van a provocar un acelerado desarrollo (capitalista) del sector agropecuario, es pura propaganda, como fue solamente propaganda cuando el gobierno anterior aseguró lo mismo y además anunciaba que hasta millones de hectáreas serían sembradas de palma aceitera.

Una cosa es que un empresario o varios grandes empresarios reciban tierra arrebatada a los campesinos y con diferentes prebendas del estado pongan a funcionar allí una floreciente empresa, como sucedió con los consabidos beneficiarios de Agro Ingreso Seguro y otra cosa diferente es que eso desencadene el desarrollo (capitalista) en el campo.

Tampoco han provocado el desarrollo (capitalista) agropecuario, los subsidios a los productores de etanol, ni las exenciones de impuestos ni las leyes que obligan a consumir el etanol, porque una cosa es que los monopolios azucareros se hayan llenado de dinero y otra cosa es que esos monopolistas no logran producir competitivamente ni exportar una gota de etanol ni provocan por tanto el desarrollo (capitalista) acelerado de la agricultura colombiana.

No se ha puesto en evidencia el papel desmesurado que en Colombia tiene la renta de la tierra. Cómo los estudios de la misma SAC demuestra que la tierra en Colombia es más cara que en Brasil, Ecuador o Costa Rica y los estudios de los mismos empresarios agrícolas productores de caña han mostrado que la tierra del Valle del Cauca para caña de azúcar es la más cara del mundo para ese fin.

El desperdicio de 18 millones de hectáreas aptas para la agricultura, es el resultado del latifundio especulativo que se ha fortalecido al extremo en los últimos años y ha concentrado la propiedad de tierra mucha más tierra que la que antes ya concentraba. El despojo violento de los desplazados ha sido funcional a ese latifundio especulativo y la lógica de éste, es la que lleva ahora a expedir las normas que requiere para pasar las tierras de las cuales se apropió, al mercado financiero y aprovechando la coyuntura internacional de altos precios de los cereales, del algodón de los agrocombustibles, de la carne y de otros productos agropecuarios, colocar esas tierras en el mercado financiero mundial. Las tierras, no los productos agropecuarios. Los commodities de Colombia no serán alimentos ni algodón ni agrocombustibles, sino tierras.

No se ha puesto en evidencia que Colombia no es Brasil, ni Argentina, ni siquiera Paraguay, ni Costa Rica, ni Ecuador. Porque con los altos precios de la tierra lo que hay es especulación con la tierra. El inversionista puede ser un gran productor agropecuario en su país de origen, pero en Colombia su mayor ingreso va a ser otro: la especulación con la tierra. Puede ser un capitalista financiero, tal vez hasta piense en mutar en gran productor agropecuario, pero cuando llega y ve cuánto gana con la tierra, muta en latifundista especulativo y pone sus tierras a cotizar en las bolsas de valores. El interés especulativo con la tierra del gran capital va a reforzar la barrera que para la competitividad es el costo de la tierra en Colombia y va a rezagar aun más el desarrollo (capitalista) del campo colombiano, como se rezagó más durante el gobierno anterior.

Porque los latifundistas especuladores sean del país que sean, Colombia no va a volverse como el país de origen de esos inversionistas, como Colombia no se va a parecer a Canadá o a Inglaterra porque las empresas mineras sean canadienses o inglesas. Porque un empresario argentino compre fincas donde tenían tierra los campesinos, no se va a sembrar toda la tierra agrícola como en Argentina.

Las tierras agrícolas desperdiciadas se van a seguir desperdiciando, porque las tierras que van a los grandes capitales, son tierras arrebatadas a los campesinos con violencia o vendidas a bajos precios gracias a la “flexibilización” de la UAF, para que al otro día valgan 10 veces más. Con eso la barrera para la rentabilidad agropecuaria se mantendrá. La agricultura seguirá entre la espada de las importaciones y la pared de la alta renta de la tierra.

El ministro de Hacienda aseguraba en el debate del Plan de Desarrollo que las nuevas tarifas del predial ayudarían a bajar la renta de la tierra. No es así, como bien se dijo en el debate, porque las tarifas como se diseñaron van a golpear al mediano propietario para que le venda al grande. ¿Por qué? Primero porque la tarifa no es progresiva. Para que golpeara a los grandes debería ser mucho menos para pequeños y medianos, más para grandes y muchísimo más para los de grandes latifundios. Pero además la tarifa debería ser diferencial, más alta para la tierra pura y menor para las mejoras.

El ministro de Hacienda quiso comparar sus nuevas tarifas con el efecto de los impuestos a los latifundistas durante la era Meiji: el desarrollo (capitalista de la agricultura), pero olvidó mencionar el hecho histórico que la película “El último Samurái” ha popularizado: Japón no puso en vigencia el tratado comercial con Estados Unidos y el Emperador destituyó al ministro que quería imponerlo. Así mismo, Brasil o Argentina no han firmado tratados de libre comercio y no lo harán mientras Estados Unidos y Europa no dejen de subsidiar su producción agropecuaria. Pero en Colombia cada vez se importan más alimentos y si se ponen en vigencia los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, la ruina de los productores de granos, aves o leche, va a hacer que los nuevos impuestos prediales solamente sirvan para que se acreciente la concentración especulativa de la propiedad, porque muchos medianos propietarios, incluidos pequeños empresarios, no resistirán.

En resumen siendo excelente el debate para mostrar los mecanismos del despojo, no mostró la falsedad de la propaganda oficial sobre el gran desarrollo empresarial agropecuario. ¿Mostrar esa falsedad significaría que estamos por el modelo de priorizar el desarrollo del gran agronegocio? No, estamos por la vía campesina, por la defensa de la diversidad étnica y cultural y la protección del ambiente y los ecosistemas. Pero debemos saber a qué en concreto se enfrenta el pueblo colombiano: al latifundio especulativo lanzado al mercado financiero transnacional.

María Cristina Orozco, maestra y activista sindical en Girardot y Cundinamarca quiere compartir este escrito de la autoría de José Fernando Ocampo, destacado intelectual del MOIR, experto en temas de educación, quien quiere encarar la problemática de los exámenes del ICFES, en una coyuntura "caliente" a raíz de la contra-reforma en curso de la educación superior en Colombia. N d la R.

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LOS EXÁMENES DEL ICFES: ATROPELLO A LOS ESTUDIANTES

Por José Fernando Ocampo

Las nuevas pruebas de Estado, que comenzó a ensayar el Icfes el año pasado, son una muestra de la irresponsabilidad y la manipulación con que se está manejando el ingreso de los estudiantes colombianos a la educación superior. Es irresponsable que se aplique una teoría sobre la educación y sobre las pruebas de manera improvisada, con unos cuestionarios que carecen de validación alguna, cuyos supuestos ideológicos no resisten una controversia seria. Pero, además, se está manipulando a las instituciones y a los maestros para obligarlos a adoptar la educación por competencias desde la oficina del Icfes. En esta forma convierten a los estudiantes en conejillos de Indias para demostrar, con el fracaso de los resultados, que la educación que actualmente imparten los maestros no sirve y que, por tanto, ellos tampoco.

En efecto, el cambio a pruebas de competencias de las de conocimientos y aptitudes, como eran antes, han mostrado unos resultados catastróficos. Por ejemplo, solamente el 3 ó 4% alcanza puntajes por encima de 80 sobre 100. Es decir, casi nadie obtiene calificaciones altas y menos de 4% está por encima de 70 puntos en las diferentes áreas. Los colegios son clasificados basándose en una de las cuatro formas de calificar los cuestionarios y no por las pruebas mismas. Por eso cunden el desconcierto, la confusión, el caos y la preocupación entre las instituciones, que no alcanzan a comprender por qué sus estudiantes, que antes lograban buenos resultados, hayan fracasado con las nuevas pruebas. Entonces la conclusión de las instituciones, simplemente para proteger a sus estudiantes, es la de moverse hacia una educación por competencias.

Casi cada actividad humana es una competencia. Por eso las competencias son innumerables. Algunos expertos han identificado más de 30 grupos de ellas y solamente en las laborales señalan más de 350. En las pruebas del Icfes seleccionaron tres: la interpretativa, las argumentativa y la propositiva. Es decir, que el ingreso a la educación superior depende de que los estudiantes demuestren su capacidad en estas tres competencias. Para ello han elaborado cuestionarios que no resisten un análisis riguroso. De aquí surge una serie de preguntas: ¿por qué estas tres competencias definen el ingreso de los estudiantes a la universidad? ¿Qué interpretación le dan los funcionarios del Icfes a cada una de las tres competencias? ¿Cómo se aplican estas competencias a cada una de las disciplinas en las cuales se examina a los estudiantes? ¿Están probando la capacidad de los estudiantes, o lo que se proponen es inducir la implantación de una determinada teoría psicológica en la educación colombiana?

En las áreas de ciencias sociales el cuestionario es absurdo. En primer lugar, todas las opciones de respuesta a las preguntas son pertinentes y la respuesta valedera depende de la particular visión del funcionario del Icfes. ¿Cómo hacen, entonces, los estudiantes para acertar? En segundo lugar, la carga ideológica de las preguntas es insoportable, porque para acertar en la respuesta el estudiante tiene que coincidir con la concepción del interro­gador. Es decir, las preguntas son completamente sesgadas y los estudiantes deben someterse al pensamiento de un in­terrogador que ni conoce. En tercer lugar, la respuesta no depende del conocimiento de los hechos, o sea, de que los hechos hayan sucedido o existan, sino de la manipulación del lenguaje, y lo que los estudiantes interpreten, no importa lo absurdo de la pregunta. En cuarto lugar, la definición de cada una de las tres competencias responde a una concepción lingüística y ética muy particular.

Por ejemplo, la argumentación no es la capacidad de aducir argumentos para sostener una opinión; consiste es «en la acción promo­tora del fortalecimiento de la intersub­jetividad en las decisiones de carácter moral». No tiene sentido, por otra parte, que se cambie la comprensión de un texto por su interpretación, la cual depende de posiciones o situaciones completamente subjetivas o ideológicas. En quinto lugar, la obligación que se les impone a los estudiantes de «proponer» se vuelve imposible cuando se aplica a los hechos históricos o a la geografía física, dos áreas fundamentales del examen.

Pero en las áreas de ciencias naturales las tres competencias son aún más absurdas. Cuando los resultados califican la capacidad de argumentar o proponer en materias como la física, química y biología, una de tres: o se considera que el nivel científico de los estudiantes debe estar a la altura de la más alta investigación para proponer o argumentar; o lo que se quiere es que los estudiantes hagan proposiciones insubstanciales, simplemente con el prurito de que propongan en materias que superarán siempre su preparación de bachillerato o de la misma universidad especializada; o se espera sólo que los estudiantes se refieran a las consecuencias «morales» de aplicaciones científicas o técnicas que no son estrictamente del conocimiento de ellas.

Es muy claro. El Icfes se propone inducir una reforma educativa desde los exámenes de Estado, con una ideología, con una teoría, con una tendencia psicológica de determinada orientación. Ni la ha discutido con nadie, ni la ha puesto a consideración del país, ni la conocen los maestros, ni la han practicado los estudiantes, ni la han aplicado las instituciones educativas. Todo proviene de un grupo de psicólogos intelectuales de la Universidad Nacional—Bogoya, Jurado, Torrado, Acevedo, Solsona y otros—que desprecian a los maestros, que no conocen la educación colombiana, que se basan en la teoría filosófica posmoderna del caos y la incertidumbre, que se confiesan defensores radicales del relativismo científico, que confunden en un mismo saco la ciencia y la moral.

Las pruebas por competencias del Icfes tienen propósitos muy diferentes a los de definir el ingreso de los estudiantes a la educación superior. Basándose en una teoría, en una ideología, en una tendencia psicológica, lo que intentan es imponer la educación por competencias en todas las instituciones, probar que los maestros colombianos no sirven, que la educación pública hay que cambiarla y abrirle camino a la nueva reforma educativa auspiciada por los organismos internacionales de crédito y que se denomina Nuevo Sistema Escolar, hoy experimen­tán­dose en cinco departamentos y 500 colegios.

Primero, se viola la autonomía escolar de la Ley General de Educación para volver al currículo único, obligatorio y uniforme. Segundo, se atenta contra la libertad de cátedra consagrada en la Constitución Nacional, al imponérsele una determinada concepción ideológica a los maestros. Tercero, se violenta la Constitución Nacional, que sometió la dirección de la educación nacional a las determinaciones de una ley y le quitó al Ejecutivo la función omnímoda de su manejo. Cuarto, los postulados ideológicos de la evaluación por competencias y de la educación por competencias son inmensamente contro­vertibles. Quinto, se convierte en un atropello con los estudiantes sometidos a una experimentación de conejillos de Indias de una prueba improvisada, mal preparada, ambigua, poco comprensible, con cuestionarios absurdos, de todo lo cual depende su ingreso a la educación superior. Sexto, con resultados catastróficos debidos a la prueba, no a la educación, se quiere desacreditar la educación pública y abrirle camino a la privatización del Nuevo Sistema Escolar.

Con los mismos postulados, igual metodología y propósitos idénticos se ha adelantado en Bogotá una evaluación de la calidad de la educación con resultados más catastróficos que los del examen del Icfes. Es allí donde se pone en evidencia el objetivo perverso de estas pruebas por competencias, porque se han utilizado para privatizar la educación, aplicar el Nuevo Sistema Escolar y adelantar una campaña orquestada contra los maestros. El terror hoy recorre el servicio educativo de Bogotá y las instituciones, que, sin mucho criterio o sistematización, acuden a la educación por competencias para ponerse a tono con las imposiciones de la Secretaría de Educación dirigida por Cecilia María Vélez. Esta misma evaluación fracasó en Manizales por la oposición de los maestros, los directivos docentes, el sindicato y los estudiantes.

Fecode rechazó la evaluación por competencias y los exámenes del Icfes en el XVII Congreso celebrado en Santa Marta, el pasado mes de marzo. Igualmente, condenó su aplicación a la educación básica en la capital de la República. Así como en Manizales los maestros y los estudiantes boicotearon la pruebas de calidad de educación, los bachilleres deben hacer lo propio con los exámenes de Estado que adelante actualmente el Icfes con pruebas por competencias.

Invitamos a los estudiantes de últimos años de bachillerato a unirse a este movimiento en contra del atropello que significan estos exámenes.

VOTO CASTIGO
Alpher Rojas

El desastre administrativo de Bogotá no ha sido objeto de un adecuado debate público que permita esclarecer sus orígenes patológicos más allá de las especulaciones mediáticas coyunturales, generalmente contaminadas de morbosidad, y de los efectos derivados de la justicia judicial que se inclina por procesar de manera aislada a los "indiciados" con una lógica formalista y restrictiva que excluye la responsabilidad ideológica.

En estos eventos, analistas y procesalistas no toman en cuenta las características distorsionadoras presentes en el modelo de desarrollo, cuya esencia se cifra en la exclusión económica y social vía la concentración de oportunidades y la maximización de las utilidades privadas, sin reparar en los medios para apropiárselas. Que es lo que un modelo alternativo y democrático, como el que supuestamente pondría en marcha el Polo, tendría que haber cambiado.

Paralelamente, el espectacular bombo sobre el 'carrusel' de la contratación ha tenido, qué duda cabe, la finalidad de ocultar los daños morales y sociopolíticos causados por el gobierno Uribe Vélez al país. A su sombra se viene promoviendo entre incautos la gestión tecnoburocrática Peñalosa-Castro-Mockus como modelo contrastante por seguir, cuando ningún especialista serio puede encontrar allí aciertos notables ni políticas sostenibles que hubieran "partido en dos" la historia de Bogotá, como sí ocurrió con la alcaldía de Virgilio Barco, con su gran salto entre la vieja ciudad y su transición hacia una concepción moderna del urbanismo.

La publicitada tripleta no redujo los índices de miseria, desempleo o delincuencia, y la movilidad quedó en un atasco sin solución; la institucionalidad distrital ha tenido que ser sometida a varias operaciones de rediseño; los vendedores retornaron a las aceras porque "la transformación" no tocó las raíces socioculturales de la informalidad y dejó casada una guerra entre inmobiliarias y ambientalistas en la ciudad que, después de ellos, siguió siendo "grande, sucia y atormentada".

Si bien es cierto que en términos judiciales las responsabilidades son individuales y, en el caso del sub júdice alcalde de la capital, cada día se evidencia con mayor claridad la descompuesta ejecución del presupuesto público, el juicio político viene radicándose en cabeza del Polo como colectividad, con desconocimiento de su estructura de matices, con lo cual se desvanece la culpabilidad de la Anapo, una famiempresa electoral de derecha.

Da pena con personalidades como el maestro Carlos Gaviria, el senador Jorge Robledo y el concejal Jaime Caicedo, por cuyas calidades éticas la ciudadanía esperaba severos pronunciamientos autocríticos. Pero uno de los tantos pruritos de nuestra intelectualidad es negarse a pensar las 'realidades feas', según la afortunada referencia de Francisco Gutiérrez Sanín.

En esa acusación generalizada hay un fondo de razón, pues, en ejercicio de su "disonancia disciplinaria", los polistas distinguieron con su confianza política a radicales antagonistas en posiciones centrales de la administración para reorientar el gasto público: Rudolf Hommes, en la Junta Directiva del IDU, y Ricardo Ortega, en la Secretaría de Hacienda, ambos alfiles de la economía neoclásica, al tiempo que la mayoría de sus directivos hacía oídos sordos a las denuncias del ex senador Petro y del concejal de Roux sobre la presencia de mafias contratistas en la administración distrital.

Pero su inacción no se redujo a alzarse de hombros frente al escándalo, fue más allá: conformaron una mayoría burocrática para solucionar tensiones internas y blindar su gobernabilidad en crisis. Por ese camino eludieron la responsabilidad -planteada por el Instituto del Pensamiento Liberal en el acuerdo programático "liberales con Samuel" (08-31-07)-, de superar el déficit de ciudadanía y profundizar un sistema participativo para llevar a la práctica los ideales fundamentales de la democracia local y estimular la emergencia de un pensamiento crítico que contribuyera a reducir el umbral de tolerancia con la inmoralidad administrativa.

Sin embargo, no contaron las propuestas de los intelectuales de la izquierda liberal, y la promesa ética a la ciudadanía fue trucada por la colonización de nóminas y el desgreño presupuestal. Sus principales actores malgastaron la legitimidad política alcanzada, no se diferenciaron del modus operandi de la política tradicional ni desarrollaron estrategias democráticas transformadoras. Tarde llegó a la administración el profesor Ricardo Sánchez Ángel, una notable figura intelectual de la izquierda, con talla ministerial.

Con los recursos científicos y técnicos de sus académicos e investigadores, el Polo hubiera podido desarrollar un modelo de productos culturales, de oportunidades de participación, de fluidez social inspirado en Pôrto Alegre (Brasil); de democracia en profundidad, como en Keralia (India), o de prevención en criminalidad, como en Chicago (EE. UU.), que le hubiera servido para crecer políticamente y reproducirse en todo el país. Se hubiera convertido en deseada alternativa de poder nacional. Pero aquí lo ideal y lo real se mostraron en completa contradicción.

Por ello se ve venir un enorme voto-castigo que afectará al instruido Aurelio, a quien el silencio estratégico de su sector -el Moir- en la crisis ética, le dejó un dramático 'handicap' que está impactando negativamente su candidatura.

Sin duda, el voto-premio masivo acompañará al progresista candidato Gustavo Petro, quien se atrevió a marcar la diferencia y a salirse previsiva y estruendosamente del foco de corrupción. Lo demuestran las enormes manifestaciones populares que viene presidiendo y su reiterado primer lugar en las encuestas.

* Analista político e investigador social